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Las ‘garrapatillas’ de Mariela Castro
Hija del expresidente de Cuba critica de nuevo a sus críticas
Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Este editorial salió en su sitio web el 6 de mayo.
LA HABANA — Mariela Castro Espín provocó otra polémica este martes cuando inauguró en línea, para respetar el aislamiento, la jornada anual contra la homofobia y la transfobia que organiza desde 2008 el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
Durante la transmisión que hizo en compañía del abogado Manuel Vázquez Seijido y del periodista Francisco Rodríguez Cruz, la diputada, funcionaria y activista LGBTI aprovechó para calificar de “baratijas” y de “garrapatillas” a quienes hacen activismo fuera de las instituciones estatales en Cuba.
En la tradición de la revolución cubana, quien habla sin amparo oficial es descalificado por prejuicio y a la primera. Para el anticastrismo militante, desde la orilla de enfrente, cualquiera que hable desde las instituciones también queda descalificado.
Para no seguir ese juego al ocuparme de Mariela Castro y por mostrarla como merece, hay que decir que ha impulsado los derechos LGBTI en todas las instancias donde pudo influir y que ha peleado por ellos en el parlamento cubano, tan cerrado a cualquier debate. El prestigio que tiene entre las organizaciones internacionales que promueven esta agenda, se lo ha ganado.
Los servicios de asesoramiento jurídico, educativo y de salud ofrecidos por Cenesex favorecen decisivamente la aspiración de igualdad de la comunidad gay, lesbiana y trans en un país que ha tenido políticas más homofóbicas y transfóbicas que otras naciones occidentales, en particular después de la revolución cubana.
Para la comunidad LGBTI, el trabajo de esa institución y los espacios de discusión que ha propiciado fueron una revolución. Desde lejos y con otras perspectivas se les ha calificado de “pinkwashing”. Aquí, en la vida cotidiana, Mariela ha sido percibida, por ese liderazgo carismático que ejerce en tono de mujer “pajarera”, como un hada madrina todopoderosa.
El nombre de Mariela es un talismán para los maricones arrestados en un sitio de encuentro o para las trans rechazadas a la hora de pedir empleo. Es una “jefa” que inspira una devoción, a su escala, como la que la mayoría del pueblo cubano dedicaba a Fidel Castro.
Esa especie de culto no es saludable para el funcionamiento de las instituciones, pero está naturalizado en Cuba y la gente lo justifica, de seguro por falta de otras experiencias de participación política. No sé cómo se ve ella misma ni si critica, aunque sea a ratos, cuando más revolucionaria se pone, ese modelo.
Donde Cenesex y Mariela Castro no aportaron nada al activismo LGBTI fue en materia de horizontalidad, transparencia y coherencia, algunas de las condiciones que el movimiento, cada vez más crecido y ambicioso, exige.
Que una persona heterosexual y cisgénero, no pájara, no tuerca, no travesti, sea la activista más conocida y autorizada del país, revela la incoherencia sobre la que se levanta el activismo oficial.
Mariela Castro también acostumbra a presentarse como una heredera acrítica de un proyecto social que excluyó la disidencia sexual. Cuando ha tenido que tomar partido, como pasó en 2018 cuando los políticos cubanos suprimieron el artículo sobre el matrimonio igualitario y acordaron someterlo a consulta dentro de dos años, se alineó con la posición oficial y pidió a sus seguidores que se traicionaran por seguir leales al sistema y que la imitaran.
Hay un momento que sella la suerte de Mariela Castro como activista y deja intacta a la funcionaria. Ese dilema en el que vivió por años quedó resuelto el 11 de mayo de 2019, el día que centenares de personas LGBTI y sus aliadas marcharon por La Habana para protestar por la cancelación de una de las iniciativas callejeras que la propia Mariela promovió durante una década.
Tuvo que hablar en la televisión y le salió voz de funcionaria. Dijo entonces, con la activista ya negada y sin aportar evidencias, que la marcha independiente no fue legítima, que la pagaron los enemigos del gobierno y que no merece figurar, a diferencia de lo que piensan quienes la calificaron como “el Stonewall cubano”, en la memoria LGBTI de la isla y del mundo.
Su actitud ante el 11 de mayo, la única que podía tener una funcionaria, liquidó el prestigio de Mariela como activista. Las imágenes violentas que están en la memoria de todos fueron la respuesta del gobierno para la ciudadanía LGBTI.
Algunas de las “garrapatillas” aludidas ayer tuvieron que exiliarse después del 11 de mayo. Otras siguen en Cuba y se esfuerzan por trabajar con independencia a pesar de los límites legales que les impone el propio gobierno cuando les impide asociarse legalmente y gestionar fondos, como hace Cenesex.
La metáfora de las “garrapatillas” recuerda otras frases polémicas de Mariela con ese mismo sabor popular y es muy precisa en este caso. Los activistas fuera de control son bichos que pican. La diputada, intoxicada como está de activismos desobedientes, quiere usar un insecticida. El 11 de mayo terminó con arrestos. La plaga se trata con spray.
Ayer Mariela atribuyó falta de “cultura política” al activismo LGBTI independiente, pero debe leerse solo como falta de adhesión al proyecto social autoritario del Partido Comunista de Cuba. Entre esos activistas hay liberales y simpatizantes de las sanciones estadounidenses, pero también anarquistas, comunistas libertarios y anticapitalistas.
Mariela da la respuesta tradicional que tenía la clase política en Cuba para la oposición conservadora como si no tuviera otra que dar y se hubiera quedado sin palabras adecuadas para los “elvispreslianos” que decía Fidel.
¿Qué tiene que decir Mariela Castro a quienes desaprobamos la injerencia estadounidense en los asuntos de Cuba y además rechazamos el estilo autoritario del gobierno cubano?
Esta respuesta anacrónica, esta incomprensión, como si fueran pocas sus anteriores pifias y metáforas insultantes, le sale más cara que el silencio ante las «baratijas» que ya marcharon por La Habana, contra la tradición, sin la Casa Blanca y sin la Plaza de la Revolución.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
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