Connect with us

News

Evan Wolfson habla sobre libertad religiosa, matrimonio igualitario

Fundador de Freedom to Marry viajó a Costa Rica este mes

Published

on

Evan Wolfson, gay news, Washington Blade

Evan Wolfson, el fundador de Freedom to Marry, asistió este mes a un congreso en Costa Rica enfocado en matrimonio igualitario en América Latina. (Foto del Washington Blade por Michael Key)

Nota del editor: Esta nota fue traducida al español por Alejandro Piercy.

SAN JOSÉ, Costa Rica — El fundador de Freedom to Marry dice que los esfuerzos de impulsar medidas y litigios anti-LGBT basados en la libertad religiosa no son “nada nuevos.”

“Es parte del patrón clásico del avance de los derechos civiles en la historia americana,” Evan Wolfson le dijo al Washington Blade el 10 de noviembre durante una entrevista en San José, la capital de Costa Rica.  “Los opositores a la igualdad y la inclusión tratan de bloquear los avances del bloque de los derechos civiles y cuando fallan en bloquearlos, tratan de subvertirlos usando esta táctica de la supuesta libertad religiosa. Esto no es nada nuevo.”

“Las personas gays no son las primeras en experimentar esto,” agregó. “Las personas trans no son las primeras en experimentar esto. Todavía lo vemos aquí mismo con las mujeres en un esfuerzo para corroer el acceso a los derechos reproductivos en el cuidado de la salud.”

Wolfson habló con el Blade menos de un mes antes que la Corte Suprema (de los EEUU) tuviera programado escuchar los argumentos orales en un caso sobre si la Primera Enmienda le permite a Masterpiece Cakeshop en Colorado rehusarse a hornear pasteles de boda para parejas entre personas del mismo sexo, en razón de sus creencias religiosas.

El mes pasado, el Fiscal General de EEUU Jeff Sessions emitió una directriz general que dice que individuos y empresas pueden actuar con base en su libertad religiosa sin miedo a represalias del gobierno.

La ley de libertad religiosa de Misisipí que cuyos críticos aseguran que permite discriminación en contra de personas LGBT en el estado entró en vigor el mes pasado. Una orden ejecutiva sobre libertad religiosa que el presidente Trump firmó en mayo no contenía ninguna referencia LGBT específica.

“Es parte de una lucha en la cual progresamos, pero la oposición no nada más se derrite,” dijo Wolfson, quien ha presentado un escrito amicus en el caso Masterpiece. “Tratan de subvertirlo y esta es una técnica muy, muy común que utilizan.”

“La libertad religiosa es un escudo, no una espada,” agregó. “La libertad religiosa pretende proteger derechos muy importantes de las personas de libertad de culto, de orar y hablar como elijan y tener sus propias canciones dentro de sus templos, pero no es una espada para llevar al mercado y decir quiero todos los beneficios de participar en la esfera pública, pero no voy a seguir la ley, quiero una licencia para discriminar y sí, soy una empresa que pone un rótulo afuera que dice que está abierta al público, pero no voy a estar abierta al público.”

Wolfson le dijo al Blade que las personas y las cortes de Estados Unidos “han rechazado” este argumento “una y otra vez.”

“Aunque estamos en una especie de momento político disfuncional donde la oposición es más feroz de lo que en realidad es representativo del pueblo estadounidense, aún así estoy confiado que vamos a hacer retroceder estos ataques,” dijo. “No vamos a ganar todas las batallas, pero sí vamos a hacer retroceder estos ataques porque el pueblo estadounidense comprende esto como una gran amenaza a la democracia, ya que si cada quien se vuelve ley en sí mismo y puede simplemente decir ‘no quiero’ como defensa contra una ley sobre derechos civiles, abre una caja de pandora que asesta perjuicio real en personas reales, pero que además socava el estado de derecho y la cohesión misma de nuestra democracia y por todas estas razones creo que venceremos.”

‘Tenemos que aprender mutuamente’

Wolfson conversó con el Blade en el Congreso de Matrimonio Civil Igualitario, el cual fue el primero en su especie en América Latina y que estuvo enfocado exclusivamente en el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo.

Herman Duarte de Fundación Igualitos, un grupo de defensores del matrimonio igualitario basado en Costa Rica, organizó la conferencia junto con HduarteLex, su firma legal la cual lucha en contra de la discriminación por orientación sexual. Dos grupos de abogacía costarricenses — Acceder y Asociación Costarricense de Derecho Internacional — fueron coanfitriones del evento que atrajo más de 100 activistas provenientes de todo hemisferio occidental.

“Estamos aquí para aprender mutuamente,” dijo Wolfson.

En 2015 Wolfson presentó un testimonio a favor de los derechos maritales de las parejas entre personas del mismo sexo ante la Corte Constitucional de Colombia.

Ha presentado un escrito ante la Corte Suprema de Panamá a favor de la parte actora en un caso de matrimonio entre personas del mismo sexo. Wolfson además trabaja con dos grupos de abogacía LGBT Chilenos — Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y Fundación Iguales — que trabajan para impulsar el asunto en el país.

“En ninguno de estos países … lo estoy manejando todo”, le dijo al Blade. Estoy aconsejando y compartiendo y tratando de ayudar y alentar y darle a las personas la experiencia y los elementos que puedan adoptar.”

En 2016, Wolfson se reunió con defensores en Cuba que promueven el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo en el país. También se ha reunido con activistas, dirigentes de empresas y oficiales de gobierno en Suiza, Austria, Alemania, Japón, Sudáfrica y otros países desde el 2015 cuando la Corte Suprema de los EEUU emitió su sentencia hito en el caso Obergefell.

Wolfson señaló que 1,100 millones de personas al rededor del mundo habitan en jurisdicciones donde parejas entre personas del mismo sexo pueden casarse legalmente. Conversó con el Blade a menos de dos semanas antes que oficiales australianos anunciaran que la mayoría de votantes que participaron de un plebiscito no vinculante sobre si los gays y lesbianas deberían poder casarse dijo que “sí.” 

“Esto refuta los alegatos de la oposición de que cosas malas van a suceder,” dijo Wolfson, refiriéndose al creciente número de jurisdicciones que permiten el matrimonio igualitario. “Esto es parte importante del caso que tenemos que presentarle a la corte de la opinión pública, así como en las cortes de derecho en estos países. Pero también suministra esta montaña de experiencia y evidencia que puede traerse a las discusiones, ya sea con el público o con quienes toman las decisiones. Esta no es una nueva pregunta.”
 
“No estamos en los Estados Unidos en 1972. Estamos en Costa Rica en 2017,” señalando que el 70 por ciento de la población total de América Latina viven en jurisdicciones que han extendido el derecho al matrimonio para las parejas entre personas del mismo sexo. “Entonces, ¿Por qué no deberían tener los pueblos de Costa Rica, o del Perú, o Panamá o sigue la lista lo que todos sus hermanos y hermanas a través del continente — o alrededor del mundo — ya tienen.”

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

National

Advocacy groups issue US travel advisory ahead of World Cup

Renee Good’s death in Minneapolis among incidents cited

Published

on

(Photo by fifg/Bigstock)

More than 100 organizations have issued a travel advisory for the U.S. ahead of the 2026 World Cup.

The World Cup will take place in the U.S., Canada, and Mexico from June 11-July 19.

“In light of the deteriorating human rights situation in the United States and in the absence of meaningful action and concrete guarantees from FIFA, host cities, or the U.S. government, the undersigned organizations are issuing this travel advisory for fans, players, journalists, and other visitors traveling to and within the United States for the June 2026 FIFA Men’s World Cup. World Cup games will be played in 11 different cities across the United States, which, like many localities, have already been the target of the Trump administration’s violent and abusive immigration crackdown,” reads the advisory that the Council for Global Equality and other groups that include the American Civil Liberties Union issued on April 23.  “The impacts of these policies vary by locality.”

“While the Trump administration’s rising authoritarianism and increasing violence pose serious risks to all, those from immigrant communities, racial and ethnic minority groups, and LGBTQ+ individuals have been and continue to be disproportionately targeted and affected by the administration’s policies and, as such, are most vulnerable to serious harm when traveling to and/or within the United States,” it adds. “This travel advisory calls on fans, players, journalists, and other visitors to exercise caution.”

The advisory specifically mentions Renee Good.

A U.S. Immigration and Customs Enforcement agent on Jan. 7 shot and killed her in Minneapolis. Good, 37, left behind her wife and three children.

The full advisory can be read here.

Continue Reading

Rehoboth Beach

Rehoboth’s Blue Moon sold; new owners to preserve LGBTQ legacy

‘They don’t want to change a thing’

Published

on

The Blue Moon in Rehoboth Beach was sold. (Washington Blade photo by Michael Key)

The iconic Blue Moon restaurant and bar in Rehoboth Beach, Del., has been sold to new owners who have pledged to keep it an LGBTQ-affirming space, according to longtime owner Tim Ragan.

Ragan and his partner Randy Haney sold the Blue Moon to Dale Lomas and Mike Subrick, owners of Atlantic Liquors on Route 1. 

“They don’t want to change a thing,” Ragan said. “They’re local people, they live here. Dale worked his first job at Dolle’s.”

Ragan and Haney did not sell the business, only the real estate. The deal includes a 10-year lease with renewal options under which Ragan and Haney will continue to operate the Moon. He noted that the couple could opt to sell the business at any time.

“It’s going really well so I’m not in any hurry,” Ragan told the Blade. “It’s hard to run a business and manage a property that’s 120 years old — now someone else has to fix the air conditioning. Our responsibility will be to run the business.”

Ragan offered reassurances that the Moon will continue to be a gay-friendly destination.

“Dale’s comment was that Rehoboth has been good to us and we just want to give back. The Moon is part of Rehoboth’s history and we want to preserve that.”

He said there are no immediate changes planned for the structure, apart from a new roof in the atrium that was damaged in a hail storm. Ragan noted that the property comes with several apartment rental licenses that they have never exercised and the new owners may decide to rent those out.

The Blue Moon business, at 35 Baltimore Ave., dates to 1981 and is an integral part of Rehoboth’s LGBTQ community, hosting countless entertainment events, drag shows, and more over 45 years. Local residents have celebrated birthdays, anniversaries, weddings, and other special occasions in the acclaimed restaurant. 

The two buildings associated with the sale were listed by Carrie Lingo at 35 Baltimore Ave., and include an apartment, the front restaurant (6,600 square feet with three floors and a basement), and a secondary building (roughly 1,800 square feet on two floors). They were listed for $4.5 million. The bar and restaurant business were being sold separately. 

But then, earlier this year, the Blue Moon real estate listing turned up on the Sussex County Sheriff’s Office auction site. The auction was slated for Tuesday, April 21 but hours before the sale, the listing changed to “active under contract” indicating that a buyer had been found but the sale was not yet final.

Ragan said the issue was the parties couldn’t resolve how much was owed due to a disagreement with the bank. “We didn’t owe $3 million,” he said. “We said we’re not paying any more until we sell.” 

The sale contract was written five months ago. It took three attorneys to get a payoff amount agreed to by the bank, he added.

“No one wanted to buy both things. We now have a longterm lease. We couldn’t be happier.”

Continue Reading

Philippines

Filipino HIV/AIDS group questions US, Philippines health agreement

Country’s epidemic disproportionately impacts MSM, trans people

Published

on

(Photo by argus456/Bigstock)

A new health agreement between the U.S. and the Philippines has raised questions among HIV/AIDS service providers.

A joint declaration signed by the U.S. and the Philippines on April 7 sets out a plan for closer health cooperation, aimed at transitioning the Philippines toward greater autonomy and “self-reliance” in its health systems, according to a State Department statement released.

In practice, “self-reliance” in health systems refers to a country’s ability to fund, manage, and deliver care without heavy dependence on external donors. In the Philippines, programs serving LGBTQ people — particularly those focused on HIV prevention, testing and treatment — have relied in part on international funding and technical support, including from the U.S., according to UNAIDS. 

The Philippine Department of Health has led the national response to the pandemic.

The joint declaration of intent was signed under the Trump-Vance administration’s “America First Global Health Strategy.” The State Department said the agreement would involve co-funding of mutually agreed global health objectives under bilateral health cooperation between the U.S. and the Philippines in the near future.

The declaration also outlines areas of cooperation beyond financing: workforce development, health information systems, and emergency preparedness. The State Department said the framework is intended to strengthen coordination between U.S. and Philippine institutions while supporting the Philippines’ capacity to manage public health challenges independently over time. The statement does not specifically address LGBTQ health.

Similar agreements in other regions have drawn scrutiny from LGBTQ advocacy groups. 

In Africa, community organizations have warned that a shift from donor-funded, community-led health programs to government-to-government frameworks could affect access for marginalized populations, including LGBTQ people. The Washington Blade found that such changes may reduce reliance on specialized clinics that have historically provided stigma-free care, raising concerns about discrimination, privacy, and continuity of services.

Desi Andrew Ching, president of HIV & AIDS Support House in the Philippines, said the partnership presents a significant opportunity, but added that, like any large-scale international agreement, its success for the LGBTQ community will depend on how it is implemented on the ground.

“On one hand, it’s a positive move. Increased cooperation on health systems can lead to better technical support and potentially more resources for HIV/AIDS prevention and mental health — areas that deeply impact our community,” Ching told the Blade. “If the government and civil society work closely together, we could see some real progress.”

Ching said community concerns often center on where those resources ultimately go. Ching added there is a risk funds could remain within “usual” government-aligned channels or traditional implementers that may not have the trust or reach of grassroots LGBTQ organizations.

The Philippines is facing one of the fastest-growing HIV epidemics in the Asia-Pacific region, with UNAIDS statistics indicating new infections increased by about 543 percent between 2010 and 2023.

The epidemic is concentrated among key populations, particularly men who have sex with men and transgender women who account for a vast majority of new infections. A 2023 analysis found that key populations represented about 92 percent of new HIV cases in the country, underscoring the disproportionate impact on LGBTQ communities. At the same time, stigma, limited access to testing and gaps in healthcare delivery continue to shape outcomes for these groups.

Ching said that for the partnership to be effective, support would need to be closely targeted to reach those most at risk, including individuals who often avoid government facilities because of stigma and fear of judgment. 

“If the partnership prioritizes ‘community-led’ monitoring and direct support to local organizations, it will be a game-changer. If it stays at the top tier of administration, we might just see the same results as before,” Ching said.

Community-led organizations have been central to the Philippines’ HIV response, particularly in reaching LGBTQ populations often underserved by formal healthcare systems. UNAIDS notes groups such as LoveYourself have expanded testing and treatment access through community-based clinics and online outreach, including during the COVID-19 pandemic, when movement restrictions limited access to government facilities.

“To be honest, in these high-level agreements, ‘guarantees’ are hard to come by on paper. The real safeguards lie in the mechanics of implementation,” said Ching. “From the community’s perspective, we believe the best way to prevent services from being diluted is through direct involvement in the planning phase. We would like to see the funding groups and government stakeholders sitting at the same table as the community to game out the specific work plans. It should not be a top-down approach; it needs to be co-designed.”

Ching said oversight would be a critical layer of protection, adding that a dedicated point of contact, such as a U.S Agency for International Development technical lead or a similar monitor, would be needed to track how funds are used.

USAID officially shut down on July 1, 2025, after the Trump-Vance administration dismantled it.

Ching added community-led monitoring would also be necessary in addition to government oversight. He said safety and trust cannot be guaranteed by policy alone but must be built through experience, noting that community-led organizations have consistently reached the most marginalized populations. 

“Safety and trust aren’t things you can just write into a policy; they have to be built through experience,” Ching said, adding that community-based sites are often seen as more accessible and safer because they are “for us, by us.” 

He said the partnership should direct substantial support to grassroots organizations that have demonstrated an ability to overcome stigma, while strengthening coordination with government clinics. The most effective approach, he added, would combine government infrastructure with community-led delivery, allowing trusted local groups to serve as the primary point of access.

’We want a seat at the table’

According to a report by the World Health Organization on the Philippines, prevention efforts account for only about 6 percent of total HIV spending, despite a sharp rise in cases. The report said the gap has been compounded by a recent pause in U.S. funding, which has delayed the development and implementation of prevention programs and community-led responses.

Asked whether community-led LGBTQ organizations would be funded and included in implementation or sidelined under a government-led approach, Ching said that remained the central question for the community, adding that no detailed plan has yet been made public.

“But we have to be realistic about the politics — both within the government and even within civil society — that can sometimes slow things down,” said Ching. “A good baseline to look at is the UNAIDS 30-80-60 targets. These milestones are specifically designed to put community-led responses at the center of the HIV fight. If we’re being honest, as a country, we are still finding our footing in meeting those specific targets. There is a very real risk of being sidelined if the execution defaults to a standard ‘government-only’ approach.”

The UNAIDS set global targets to guide the HIV response, most notably the “95-95-95” goals for 2025. 

The framework calls for 95 percent of people living with HIV to know their status, 95 percent of those diagnosed to receive sustained treatment and 95 percent of those on treatment to achieve viral suppression. The targets were designed to reduce transmission and improve health outcomes, while also highlighting gaps in access to testing, treatment, and prevention services.

“We view this new partnership with the U.S. as a chance to course-correct. If the intention is to end AIDS as a public health threat, the data shows it simply cannot be done without the community in the driver’s seat for service delivery,” said Ching. “Our hope is that the implementation isn’t just government-led, but government-enabled. We want a seat at the table not just for the sake of being there, but to ensure the resources are actually hitting the ground where they matter most. We’re looking for a partnership that honors those 2025 milestones by making community-led organizations formal, funded partners in this roadmap.”

Continue Reading

Popular