News
Evan Wolfson habla sobre libertad religiosa, matrimonio igualitario
Fundador de Freedom to Marry viajó a Costa Rica este mes

Evan Wolfson, el fundador de Freedom to Marry, asistió este mes a un congreso en Costa Rica enfocado en matrimonio igualitario en América Latina. (Foto del Washington Blade por Michael Key)
Nota del editor: Esta nota fue traducida al español por Alejandro Piercy.
SAN JOSÉ, Costa Rica — El fundador de Freedom to Marry dice que los esfuerzos de impulsar medidas y litigios anti-LGBT basados en la libertad religiosa no son “nada nuevos.”
“Es parte del patrón clásico del avance de los derechos civiles en la historia americana,” Evan Wolfson le dijo al Washington Blade el 10 de noviembre durante una entrevista en San José, la capital de Costa Rica. “Los opositores a la igualdad y la inclusión tratan de bloquear los avances del bloque de los derechos civiles y cuando fallan en bloquearlos, tratan de subvertirlos usando esta táctica de la supuesta libertad religiosa. Esto no es nada nuevo.”
“Las personas gays no son las primeras en experimentar esto,” agregó. “Las personas trans no son las primeras en experimentar esto. Todavía lo vemos aquí mismo con las mujeres en un esfuerzo para corroer el acceso a los derechos reproductivos en el cuidado de la salud.”
Wolfson habló con el Blade menos de un mes antes que la Corte Suprema (de los EEUU) tuviera programado escuchar los argumentos orales en un caso sobre si la Primera Enmienda le permite a Masterpiece Cakeshop en Colorado rehusarse a hornear pasteles de boda para parejas entre personas del mismo sexo, en razón de sus creencias religiosas.
El mes pasado, el Fiscal General de EEUU Jeff Sessions emitió una directriz general que dice que individuos y empresas pueden actuar con base en su libertad religiosa sin miedo a represalias del gobierno.
La ley de libertad religiosa de Misisipí que cuyos críticos aseguran que permite discriminación en contra de personas LGBT en el estado entró en vigor el mes pasado. Una orden ejecutiva sobre libertad religiosa que el presidente Trump firmó en mayo no contenía ninguna referencia LGBT específica.
“Es parte de una lucha en la cual progresamos, pero la oposición no nada más se derrite,” dijo Wolfson, quien ha presentado un escrito amicus en el caso Masterpiece. “Tratan de subvertirlo y esta es una técnica muy, muy común que utilizan.”
“La libertad religiosa es un escudo, no una espada,” agregó. “La libertad religiosa pretende proteger derechos muy importantes de las personas de libertad de culto, de orar y hablar como elijan y tener sus propias canciones dentro de sus templos, pero no es una espada para llevar al mercado y decir quiero todos los beneficios de participar en la esfera pública, pero no voy a seguir la ley, quiero una licencia para discriminar y sí, soy una empresa que pone un rótulo afuera que dice que está abierta al público, pero no voy a estar abierta al público.”
Wolfson le dijo al Blade que las personas y las cortes de Estados Unidos “han rechazado” este argumento “una y otra vez.”
“Aunque estamos en una especie de momento político disfuncional donde la oposición es más feroz de lo que en realidad es representativo del pueblo estadounidense, aún así estoy confiado que vamos a hacer retroceder estos ataques,” dijo. “No vamos a ganar todas las batallas, pero sí vamos a hacer retroceder estos ataques porque el pueblo estadounidense comprende esto como una gran amenaza a la democracia, ya que si cada quien se vuelve ley en sí mismo y puede simplemente decir ‘no quiero’ como defensa contra una ley sobre derechos civiles, abre una caja de pandora que asesta perjuicio real en personas reales, pero que además socava el estado de derecho y la cohesión misma de nuestra democracia y por todas estas razones creo que venceremos.”
‘Tenemos que aprender mutuamente’
Wolfson conversó con el Blade en el Congreso de Matrimonio Civil Igualitario, el cual fue el primero en su especie en América Latina y que estuvo enfocado exclusivamente en el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo.
Herman Duarte de Fundación Igualitos, un grupo de defensores del matrimonio igualitario basado en Costa Rica, organizó la conferencia junto con HduarteLex, su firma legal la cual lucha en contra de la discriminación por orientación sexual. Dos grupos de abogacía costarricenses — Acceder y Asociación Costarricense de Derecho Internacional — fueron coanfitriones del evento que atrajo más de 100 activistas provenientes de todo hemisferio occidental.
“Estamos aquí para aprender mutuamente,” dijo Wolfson.
En 2015 Wolfson presentó un testimonio a favor de los derechos maritales de las parejas entre personas del mismo sexo ante la Corte Constitucional de Colombia.
Ha presentado un escrito ante la Corte Suprema de Panamá a favor de la parte actora en un caso de matrimonio entre personas del mismo sexo. Wolfson además trabaja con dos grupos de abogacía LGBT Chilenos — Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y Fundación Iguales — que trabajan para impulsar el asunto en el país.
“En ninguno de estos países … lo estoy manejando todo”, le dijo al Blade. Estoy aconsejando y compartiendo y tratando de ayudar y alentar y darle a las personas la experiencia y los elementos que puedan adoptar.”
En 2016, Wolfson se reunió con defensores en Cuba que promueven el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo en el país. También se ha reunido con activistas, dirigentes de empresas y oficiales de gobierno en Suiza, Austria, Alemania, Japón, Sudáfrica y otros países desde el 2015 cuando la Corte Suprema de los EEUU emitió su sentencia hito en el caso Obergefell.
Wolfson señaló que 1,100 millones de personas al rededor del mundo habitan en jurisdicciones donde parejas entre personas del mismo sexo pueden casarse legalmente. Conversó con el Blade a menos de dos semanas antes que oficiales australianos anunciaran que la mayoría de votantes que participaron de un plebiscito no vinculante sobre si los gays y lesbianas deberían poder casarse dijo que “sí.”
“Esto refuta los alegatos de la oposición de que cosas malas van a suceder,” dijo Wolfson, refiriéndose al creciente número de jurisdicciones que permiten el matrimonio igualitario. “Esto es parte importante del caso que tenemos que presentarle a la corte de la opinión pública, así como en las cortes de derecho en estos países. Pero también suministra esta montaña de experiencia y evidencia que puede traerse a las discusiones, ya sea con el público o con quienes toman las decisiones. Esta no es una nueva pregunta.”
“No estamos en los Estados Unidos en 1972. Estamos en Costa Rica en 2017,” señalando que el 70 por ciento de la población total de América Latina viven en jurisdicciones que han extendido el derecho al matrimonio para las parejas entre personas del mismo sexo. “Entonces, ¿Por qué no deberían tener los pueblos de Costa Rica, o del Perú, o Panamá o sigue la lista lo que todos sus hermanos y hermanas a través del continente — o alrededor del mundo — ya tienen.”
Virginia
Arlington LGBTQ bar Freddie’s celebrates 25th anniversary
Owner asks public to support D.C.-area gay bars
An overflowing crowd turned out Sunday night, March 1, for the 25th anniversary celebration of Freddie’s Beach Bar, the LGBTQ bar and restaurant located in the Crystal City section of Arlington, Va.
The celebration began as longtime patrons sitting at tables and at the bar ordered drinks, snacks, and full meals as several of Freddie’s well-known drag queens performed on a decorated stage.
Roland Watkins, an official with Equality NoVa, an LGBTQ advocacy organization based in the Northern Virginia areas of Arlington, Alexandria, and Fairfax County, next told the gathering about the history of Freddie’s Beach Bar and the role he said that owner Freddie Lutz has played in broadening the bar’s role into a community gathering place.
“Twenty-five years ago, opening a gay bar in Arlington was not a given,” Watkins told the crowd from the stage. “It took courage, convincing, and a deep belief that our community belongs openly, visibly, and proudly,” he said. “And that belief came from Freddie.”
Watkins and others familiar with Freddie’s noted that under Lutz’s leadership and support from his staff, Freddie’s provided support and a gathering place for LGBTQ organizations and a place where Virginia elected officials, and candidates running for public office, came to express their support for the LGBTQ community.
“Over the past 25 years, Freddie’s has become more than a bar,” Watkins said. “It has become a community maker.”
Lutz, who spoke next, said he was moved by the outpouring of support from long-time customers. “Thank you all so much for coming tonight and thank you all so much for your support over the past 25 years,” he said. “I can’t tell you how much that means to me and how much it’s kept me going.”
But Lutz then said Freddie’s, like many other D.C. area gay bars, continues to face economic hard times that he said began during the COVID pandemic. He noted that fewer customers are coming to Freddie’s in recent years, with a significant drop in patronage for his once lucrative weekend buffet brunches.
“So, I don’t want to be the daddy downer on my 25-year anniversary,” he said. “But this was actually the worst year we’ve ever had,” he added. “And I guess what I’m asking is please help us out. Not just me, but all the gay bars in the area.” He added, “I’m reaching out and I’m appealing to you not to forget the gay bars.”
Lutz received loud, prolonged applause, with many customers hugging him as he walked off the stage.
The Comings & Goings column is about sharing the professional successes of our community. We want to recognize those landing new jobs, new clients for their business, joining boards of organizations and other achievements. Please share your successes with us at [email protected].
Congratulations to Gil Pontes III on his recent appointment to the Financial Advisory Board for the City of Wilton Manors, Fla. Upon being appointed he said, “I’m honored to join the Financial Advisory Board for the City of Wilton Manors at such an important moment for our community. In my role as Executive Director of the NextGen Chamber of Commerce, I spend much of my time focused on economic growth, fiscal sustainability, and the long-term competitiveness of emerging business leaders. I look forward to bringing that perspective to Wilton Manors — helping ensure responsible stewardship of public resources while supporting a vibrant, inclusive local economy.”
Pontes is a nonprofit executive with years of development, operations, budget, management, and strategic planning experience in 501(c)(3), 501(c)(4), and political organizations. Pontes is currently executive director of NextGen, Chamber of Commerce. NextGen Chamber’s mission is to “empower emerging business leaders by generating insights, encouraging engagement, and nurturing leadership development to shape the future economy.” Prior to that he served as managing director of The Nora Project, and director of development also at The Nora Project. He has held a number of other positions including Major Gifts Officer, Thundermist Health Center, and has worked in both real estate and banking including as Business Solutions Adviser, Ironwood Financial. For three years he was a Selectman, Town of Berkley, Mass. In that role, he managed HR and general governance for town government. There were 200+ staff and 6,500 constituents. He balanced a $20,000,000 budget annually, established an Economic Development Committee, and hired the first town administrator.
Pontes earned his bachelor’s degree in political science from the University of Massachusetts, Dartmouth.
Kansas
ACLU sues Kansas over law invalidating trans residents’ IDs
A new Kansas bill requires transgender residents to have their driver’s licenses reflect their sex assigned at birth, invalidating current licenses.
Transgender people across Kansas received letters in the mail on Wednesday demanding the immediate surrender of their driver’s licenses following passage of one of the harshest transgender bathroom bans in the nation. Now the American Civil Liberties Union is filing a lawsuit to block the ban and protect transgender residents from what advocates describe as “sweeping” and “punitive” consequences.
Independent journalist Erin Reed broke the story Wednesday after lawmakers approved House Substitute for Senate Bill 244. In her reporting, Reed included a photo of the letter sent to transgender Kansans, requiring them to obtain a driver’s license that reflects their sex assigned at birth rather than the gender with which they identify.
According to the reporting, transgender Kansans must surrender their driver’s licenses and that their current credentials — regardless of expiration date — will be considered invalid upon the law’s publication. The move effectively nullifies previously issued identification documents, creating immediate uncertainty for those impacted.
House Substitute for Senate Bill 244 also stipulates that any transgender person caught driving without a valid license could face a class B misdemeanor, punishable by up to six months in jail and a $1,000 fine. That potential penalty adds a criminal dimension to what began as an administrative action. It also compounds the legal risks for transgender Kansans, as the state already requires county jails to house inmates according to sex assigned at birth — a policy that advocates say can place transgender detainees at heightened risk.
Beyond identification issues, SB 244 not only bans transgender people from using restrooms that match their gender identity in government buildings — including libraries, courthouses, state parks, hospitals, and interstate rest stops — with the possibility for criminal penalties, but also allows for what critics have described as a “bathroom bounty hunter” provision. The measure permits anyone who encounters a transgender person in a restroom — including potentially in private businesses — to sue them for large sums of money, dramatically expanding the scope of enforcement beyond government authorities.
The lawsuit challenging SB 244 was filed today in the District Court of Douglas County on behalf of anonymous plaintiffs Daniel Doe and Matthew Moe by the American Civil Liberties Union, the ACLU of Kansas, and Ballard Spahr LLP. The complaint argues that SB 244 violates the Kansas Constitution’s protections for personal autonomy, privacy, equality under the law, due process, and freedom of speech.
Additionally, the American Civil Liberties Union filed a temporary restraining order on behalf of the anonymous plaintiffs, arguing that the order — followed by a temporary injunction — is necessary to prevent the “irreparable harm” that would result from SB 244.
State Rep. Abi Boatman, a Wichita Democrat and the only transgender member of the Kansas Legislature, told the Kansas City Star on Wednesday that “persecution is the point.”
“This legislation is a direct attack on the dignity and humanity of transgender Kansans,” said Monica Bennett, legal director of the ACLU of Kansas. “It undermines our state’s strong constitutional protections against government overreach and persecution.”
“SB 244 is a cruel and craven threat to public safety all in the name of fostering fear, division, and paranoia,” said Harper Seldin, senior staff attorney for the ACLU’s LGBTQ & HIV Rights Project. “The invalidation of state-issued IDs threatens to out transgender people against their will every time they apply for a job, rent an apartment, or interact with police. Taken as a whole, SB 244 is a transparent attempt to deny transgender people autonomy over their own identities and push them out of public life altogether.”
“SB 244 presents a state-sanctioned attack on transgender people aimed at silencing, dehumanizing, and alienating Kansans whose gender identity does not conform to the state legislature’s preferences,” said Heather St. Clair, a Ballard Spahr litigator working on the case. “Ballard Spahr is committed to standing with the ACLU and the plaintiffs in fighting on behalf of transgender Kansans for a remedy against the injustices presented by SB 244, and is dedicated to protecting the constitutional rights jeopardized by this new law.”
