News
Evan Wolfson habla sobre libertad religiosa, matrimonio igualitario
Fundador de Freedom to Marry viajó a Costa Rica este mes

Evan Wolfson, el fundador de Freedom to Marry, asistió este mes a un congreso en Costa Rica enfocado en matrimonio igualitario en América Latina. (Foto del Washington Blade por Michael Key)
Nota del editor: Esta nota fue traducida al español por Alejandro Piercy.
SAN JOSÉ, Costa Rica — El fundador de Freedom to Marry dice que los esfuerzos de impulsar medidas y litigios anti-LGBT basados en la libertad religiosa no son “nada nuevos.”
“Es parte del patrón clásico del avance de los derechos civiles en la historia americana,” Evan Wolfson le dijo al Washington Blade el 10 de noviembre durante una entrevista en San José, la capital de Costa Rica. “Los opositores a la igualdad y la inclusión tratan de bloquear los avances del bloque de los derechos civiles y cuando fallan en bloquearlos, tratan de subvertirlos usando esta táctica de la supuesta libertad religiosa. Esto no es nada nuevo.”
“Las personas gays no son las primeras en experimentar esto,” agregó. “Las personas trans no son las primeras en experimentar esto. Todavía lo vemos aquí mismo con las mujeres en un esfuerzo para corroer el acceso a los derechos reproductivos en el cuidado de la salud.”
Wolfson habló con el Blade menos de un mes antes que la Corte Suprema (de los EEUU) tuviera programado escuchar los argumentos orales en un caso sobre si la Primera Enmienda le permite a Masterpiece Cakeshop en Colorado rehusarse a hornear pasteles de boda para parejas entre personas del mismo sexo, en razón de sus creencias religiosas.
El mes pasado, el Fiscal General de EEUU Jeff Sessions emitió una directriz general que dice que individuos y empresas pueden actuar con base en su libertad religiosa sin miedo a represalias del gobierno.
La ley de libertad religiosa de Misisipí que cuyos críticos aseguran que permite discriminación en contra de personas LGBT en el estado entró en vigor el mes pasado. Una orden ejecutiva sobre libertad religiosa que el presidente Trump firmó en mayo no contenía ninguna referencia LGBT específica.
“Es parte de una lucha en la cual progresamos, pero la oposición no nada más se derrite,” dijo Wolfson, quien ha presentado un escrito amicus en el caso Masterpiece. “Tratan de subvertirlo y esta es una técnica muy, muy común que utilizan.”
“La libertad religiosa es un escudo, no una espada,” agregó. “La libertad religiosa pretende proteger derechos muy importantes de las personas de libertad de culto, de orar y hablar como elijan y tener sus propias canciones dentro de sus templos, pero no es una espada para llevar al mercado y decir quiero todos los beneficios de participar en la esfera pública, pero no voy a seguir la ley, quiero una licencia para discriminar y sí, soy una empresa que pone un rótulo afuera que dice que está abierta al público, pero no voy a estar abierta al público.”
Wolfson le dijo al Blade que las personas y las cortes de Estados Unidos “han rechazado” este argumento “una y otra vez.”
“Aunque estamos en una especie de momento político disfuncional donde la oposición es más feroz de lo que en realidad es representativo del pueblo estadounidense, aún así estoy confiado que vamos a hacer retroceder estos ataques,” dijo. “No vamos a ganar todas las batallas, pero sí vamos a hacer retroceder estos ataques porque el pueblo estadounidense comprende esto como una gran amenaza a la democracia, ya que si cada quien se vuelve ley en sí mismo y puede simplemente decir ‘no quiero’ como defensa contra una ley sobre derechos civiles, abre una caja de pandora que asesta perjuicio real en personas reales, pero que además socava el estado de derecho y la cohesión misma de nuestra democracia y por todas estas razones creo que venceremos.”
‘Tenemos que aprender mutuamente’
Wolfson conversó con el Blade en el Congreso de Matrimonio Civil Igualitario, el cual fue el primero en su especie en América Latina y que estuvo enfocado exclusivamente en el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo.
Herman Duarte de Fundación Igualitos, un grupo de defensores del matrimonio igualitario basado en Costa Rica, organizó la conferencia junto con HduarteLex, su firma legal la cual lucha en contra de la discriminación por orientación sexual. Dos grupos de abogacía costarricenses — Acceder y Asociación Costarricense de Derecho Internacional — fueron coanfitriones del evento que atrajo más de 100 activistas provenientes de todo hemisferio occidental.
“Estamos aquí para aprender mutuamente,” dijo Wolfson.
En 2015 Wolfson presentó un testimonio a favor de los derechos maritales de las parejas entre personas del mismo sexo ante la Corte Constitucional de Colombia.
Ha presentado un escrito ante la Corte Suprema de Panamá a favor de la parte actora en un caso de matrimonio entre personas del mismo sexo. Wolfson además trabaja con dos grupos de abogacía LGBT Chilenos — Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y Fundación Iguales — que trabajan para impulsar el asunto en el país.
“En ninguno de estos países … lo estoy manejando todo”, le dijo al Blade. Estoy aconsejando y compartiendo y tratando de ayudar y alentar y darle a las personas la experiencia y los elementos que puedan adoptar.”
En 2016, Wolfson se reunió con defensores en Cuba que promueven el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo en el país. También se ha reunido con activistas, dirigentes de empresas y oficiales de gobierno en Suiza, Austria, Alemania, Japón, Sudáfrica y otros países desde el 2015 cuando la Corte Suprema de los EEUU emitió su sentencia hito en el caso Obergefell.
Wolfson señaló que 1,100 millones de personas al rededor del mundo habitan en jurisdicciones donde parejas entre personas del mismo sexo pueden casarse legalmente. Conversó con el Blade a menos de dos semanas antes que oficiales australianos anunciaran que la mayoría de votantes que participaron de un plebiscito no vinculante sobre si los gays y lesbianas deberían poder casarse dijo que “sí.”
“Esto refuta los alegatos de la oposición de que cosas malas van a suceder,” dijo Wolfson, refiriéndose al creciente número de jurisdicciones que permiten el matrimonio igualitario. “Esto es parte importante del caso que tenemos que presentarle a la corte de la opinión pública, así como en las cortes de derecho en estos países. Pero también suministra esta montaña de experiencia y evidencia que puede traerse a las discusiones, ya sea con el público o con quienes toman las decisiones. Esta no es una nueva pregunta.”
“No estamos en los Estados Unidos en 1972. Estamos en Costa Rica en 2017,” señalando que el 70 por ciento de la población total de América Latina viven en jurisdicciones que han extendido el derecho al matrimonio para las parejas entre personas del mismo sexo. “Entonces, ¿Por qué no deberían tener los pueblos de Costa Rica, o del Perú, o Panamá o sigue la lista lo que todos sus hermanos y hermanas a través del continente — o alrededor del mundo — ya tienen.”
Florida
AIDS Healthcare Foundation sues Fla. over ‘illegal’ HIV drug program cuts
Tens of thousands could lose access to medications
Following the slashing of hundreds of thousands of dollars from Florida’s AIDS Drug Assistance Program, AIDS Healthcare Foundation filed a lawsuit against the Florida Department of Health over what it says was an illegal change to income eligibility thresholds for the lifesaving program.
The Florida Department of Health announced two weeks ago that it would make sweeping cuts to ADAP, dramatically changing how many Floridians qualify for the state-funded medical coverage — without using the formal process required to change eligibility rules. As a result, AHF filed a petition Tuesday in Tallahassee with the state’s Division of Administrative Hearings, seeking to prevent more than 16,000 Floridians from losing coverage.
The medications covered by ADAP work by suppressing HIV-positive people’s viral load — making the virus undetectable in blood tests and unable to be transmitted to others.
Prior to the eligibility change, the Florida Department of Health covered Floridians earning up to 400 percent of the federal poverty level — or $62,600 annually for an individual. Under the new policy, eligibility would be limited to those making no more than 130 percent of the federal poverty level, or $20,345 per year.
The National Alliance of State and Territorial AIDS Directors estimates that more than 16,000 patients in Florida will lose coverage under the state’s ADAP because of this illegal change in department policy. Florida’s eligibility changes would also eliminate access to biktarvy, a widely used once-daily medication for people living with HIV/AIDS.
Under Florida law, when a state agency seeks to make a major policy change, it must either follow a formal rule-making process under the Florida Administrative Procedure Act or obtain direct legislative authorization.
AHF alleges the Florida Department of Health did neither.
Typically, altering eligibility for a statewide program requires either legislative action or adherence to a multistep rule-making process, including: publishing a Notice of Proposed Rule; providing a statement of estimated regulatory costs; allowing public comment; holding hearings if requested; responding to challenges; and formally adopting the rule. According to AHF, none of these steps occurred.
“Rule-making is not a matter of agency discretion. Each statement that an agency like the Department of Health issues that meets the statutory definition of a rule must be adopted through legally mandated rule-making procedures. Florida has simply not done so here,” said Tom Myers, AHF’s chief of public affairs and general counsel. “The whole point of having to follow procedures and rules is to make sure any decisions made are deliberate, thought through, and minimize harm. Floridians living with HIV and the general public’s health are at stake here and jeopardized by these arbitrary and unlawful DOH rule changes.”
AHF has multiple Ryan White CARE Act contracts in Florida, including four under Part B, which covers ADAP. More than 50 percent of people diagnosed with HIV receive assistance from Ryan White programs annually.
According to an AHF advocacy leader who spoke with the Washington Blade, the move appears to have originated at the state level rather than being driven by the federal government — a claim that has circulated among some Democratic officials.
“As far as we can tell, Congress flat-funded the Ryan White and ADAP programs, and the proposed federal cuts were ignored,” the advocacy leader told the Blade on the condition of anonymity. “None of this appears to be coming from Washington — this was initiated in Florida. What we’re trying to understand is why the state is claiming a $120 million shortfall when the program already receives significant federal funding. That lack of transparency is deeply concerning.”
Florida had the third-highest rate of new HIV infections in the nation in 2022, accounting for 11 percent of new diagnoses nationwide, according to KFF, a nonprofit health policy research organization.
During a press conference on Wednesday, multiple AHF officials commented on the situation, and emphasized the need to use proper methods to change something as important as HIV/AIDS coverage availability in the sunshine state.
“We are receiving dozens, hundreds of calls from patients who are terrified, who are confused, who are full of anxiety and fear,” said Esteban Wood, director of advocacy, legislative affairs, and community engagement at AHF. “These are working Floridians — 16,000 people — receiving letters saying they have weeks left of medication that keeps them alive and costs upwards of $45,000 a year. Patients are asking us, ‘What are we supposed to do? How are we supposed to survive?’ And right now, we don’t have a good answer.”
“This decision was not done in the correct manner. County health programs, community-based organizations, providers across the state — none of them were consulted,” Wood added. “Today is Jan. 28, and we have just 32 days until these proposed changes take effect. Nearly half of the 36,000 people currently on ADAP could be disenrolled in just over a month.”
“Without this medication, people with HIV get sicker,” Myers said during the conference. “They end up in emergency rooms, they lose time at work, and they’re unable to take care of their families. Treatment adherence is also the best way to prevent new HIV infections — people who are consistently on these medications are non-infectious. If these cuts go through, you will have sicker people, more HIV infections, and ultimately much higher costs for the state.”
“Patients receiving care through Ryan White and ADAP have a 91 percent viral suppression rate, compared to about 60 percent nationally,” the advocacy leader added. “That’s as close to a functional cure as we can get, and it allows people to live healthy lives, work, and contribute to their communities. Blowing a hole in a program this successful puts lives at risk and sets a dangerous precedent. If Florida gets away with this, other states facing budget pressure could follow.”
The lawsuit comes days after the Save HIV Funding campaign pressed Congress to build bipartisan support for critical funding for people living with or vulnerable to HIV. In May of last year, President Donald Trump appeared to walk back his 2019 pledge to end HIV as an epidemic, instead proposing the elimination of HIV prevention programs at the Centers for Disease Control and Prevention and housing services in his budget request to Congress.
House appropriators, led by the Republican majority, went further, calling for an additional $2 billion in cuts — including $525 million for medical care and support services for people living with HIV.
While Senate appropriators ultimately chose to maintain level funding in their version of the spending bills, advocates feared final negotiations could result in steep cuts that would reduce services, increase new HIV infections, and lead to more AIDS-related deaths. The final spending package reflected a best-case outcome, with funding levels largely mirroring the Senate’s proposed FY26 allocations.
“What the state has done in unilaterally announcing these changes is not following its own rules,” Myers added. “There is a required process — rule-making, notice and comment, taking evidence — and none of that happened here. Before you cut 16,000 people off from lifesaving medication, you have to study the harms, ask whether you even have the authority to do it, and explore other solutions. That’s what this lawsuit is about.”
China
Two Chinese men detained over AI-generated picture of pandas engaging in same-sex behavior
Arrests part of increased online surveillance, LGBTQ rights crackdown
Chinese authorities have detained two men after they shared an artificially altered image that linked queer identity with a specific city.
The Washington Post on Jan. 21 reported the men — who are 29 and 33 — circulated an AI-generated picture depicting pandas engaging in same-sex behavior in Chengdu, a major city in southwestern China often referred to as the “panda capital” due to its association with giant panda conservation. Local officials described the sharing of the image as “malicious,” and police in Chengdu took the men into custody.
Authorities also suspended the two men’s social media accounts, accusing them of spreading misinformation presented as legitimate news. According to the Post, the artificially generated image was posted alongside a fabricated headline, giving the appearance of an authentic news report. The image depicted two male pandas mating.
According to an official police report, police said the fabricated image was presented in the format of a legitimate news article and accompanied by a false headline. The caption read, “Chengdu: Two male Sichuan giant pandas successfully mate for the first time without human intervention,” authorities said.
Chinese regulators have in recent years tightened oversight of AI and online content.
Under the Interim Measures for the Administration of Generative Artificial Intelligence Services, issued in 2023, providers and users of generative AI systems are required to comply with existing laws, adhere to social and ethical standards, and refrain from producing or disseminating false or misleading information. Additional rules that took effect on Sept. 1, 2025, require online platforms to clearly label AI-generated content, a measure authorities have said is intended to curb misinformation and maintain order in digital spaces.
Police under Chinese law are permitted to impose administrative detention of up to 15 days for offenses deemed to disrupt public order, a category that includes the fabrication or dissemination of false information online. Such cases are handled outside the criminal court system and do not require formal prosecution.
According to a statement the Chengdu Public Security Bureau’s Chenghua branch released, police opened an investigation after receiving public reports that online accounts were spreading false information about the city. Authorities said officers collected evidence shortly afterward and placed the two individuals under administrative detention.
The detentions are not an isolated case.
The Washington Blade in July 2025 reported a Chinese female writer was arrested and subjected to a strip search after publishing gay erotic fiction online. At least 30 other writers — most of them women in their 20s — in the months that followed publicly described similar encounters with law enforcement, including home raids and questioning related to their online writing.
ShanghaiPRIDE, a Chinese LGBTQ advocacy group that organized annual Pride events in the city, has remained indefinitely suspended since 2021. In the same period, dozens of LGBTQ-focused accounts have been removed from WeChat, China’s largest social media platform, as authorities intensified oversight of online content related to sexual orientation and gender identity.
Authorities in 2021 detained the founder of LGBT Rights Advocacy China. They later released them on the condition that he shut down the organization, which ceased operations shortly afterward.
China decriminalized homosexuality in 1997 when it removed consensual same-sex sexual relations from the country’s criminal code. The Chinese Society of Psychiatry in 2001 formally removed homosexuality from its list of mental disorders. Despite those changes, same-sex relationships remain unrecognized under Chinese law, and there are no legal protections against discrimination based on sexual orientation or gender identity. Public advocacy for LGBTQ rights remains tightly restricted, with authorities continuing to limit community organizing, public events and online expression related to sexual minority issues.
Within China’s LGBTQ community, transgender and gender non-conforming people remain among the most vulnerable. Under current regulations, access to gender-affirming surgery is subject to strict requirements, including being at least 18 years old, unmarried, obtaining parental consent and having no criminal record — procedures that are required in order to legally change one’s gender on official documents.
China’s system of online governance places responsibility on both users and platforms to prevent the spread of prohibited content. Social media companies are required to conduct real-name verification, monitor user activity and remove posts that violate regulations, while individuals can be punished for content authorities determine to have caused public misunderstanding or social disruption.
“Actually, at least three similar incidents have occurred in Chengdu recently, all involving netizens posting on social media linking Chengdu with homosexuality, resulting in legal repercussions. This isn’t just about giant pandas. I think the local police’s reaction was somewhat excessive,” said Renn Hao, a Chinese queer activist. “The content was actually praising Chengdu’s inclusivity, and there was no need to punish them with regulations like ‘maliciously spreading false information.’”
“This situation reflects the strict censorship of LGBT related content in the area,” they added. “This censorship makes LGBT-related content increasingly invisible, and people are even more afraid to post or mention it. This not only impacts the LGBTQ+ community in China but also hinders public understanding and awareness of this group.”
National
Federal authorities arrest Don Lemon
Former CNN anchor taken into custody two weeks after Minn. church protest
Federal authorities on Thursday arrested former CNN anchor Don Lemon in Los Angeles.
CNN reported authorities arrested Lemon after 11 p.m. PT while in the lobby of a hotel in Beverly Hills, Calif., while he “was leaving for an event.” Lemon’s lawyer, Abbe Lowell, in a statement said his client was in Los Angeles to cover the Grammy Awards.
Authorities arrested Lemon less than two weeks after he entered Cities Church in St. Paul, Minn., with a group of protesters who confronted a pastor who works for U.S. Immigration and Customs Enforcement. (An ICE agent on Jan. 7 shot and killed Renee Good, a 37-year-old Minneapolis woman who left behind her wife and three children. U.S. Customs and Border Protection agents on Jan. 24 shot and killed Alex Pretti, a 37-year-old nurse who worked for the Department of Veterans Affairs, in Minneapolis.)
Lemon insists he was simply covering the Cities Church protest that interrupted the service. A federal magistrate last week declined to charge the openly gay journalist in connection with the demonstration.
“Don Lemon was taken into custody by federal agents last night in Los Angeles, where he was covering the Grammy awards,” said Lowell in his statement. “Don has been a journalist for 30 years, and his constitutionally protected work in Minneapolis was no different than what he has always done. The First Amendment exists to protect journalists whose role it is to shine light on the truth and hold those in power accountable.”
“Instead of investigating the federal agents who killed two peaceful Minnesota protesters, the Trump Justice Department is devoting its time, attention and resources to this arrest, and that is the real indictment of wrongdoing in this case,” Lowell added. “This unprecedented attack on the First Amendment and transparent attempt to distract attention from the many crises facing this administration will not stand. Don will fight these charges vigorously and thoroughly in court.”
Attorney General Pam Bondi on X confirmed federal agents “at my direction” arrested Lemon and three others — Trahern Jeen Crews, Georgia Fort, and Jamael Lydell Lundy — “in connection with the coordinated attack on Cities Church in St. Paul, Minnesota.”
Fort is also a journalist.
At my direction, early this morning federal agents arrested Don Lemon, Trahern Jeen Crews, Georgia Fort, and Jamael Lydell Lundy, in connection with the coordinated attack on Cities Church in St. Paul, Minnesota.
More details soon.
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 30, 2026
Lemon, who CNN fired in 2023, is expected to appear in court in Los Angeles on Friday.
“Freedom of the press is a cornerstone of a free society; it is the tool by which Americans access the truth and hold power to account. But Donald Trump and Pam Bondi are at war with that freedom — and are threatening the fundamentals of our democracy,” said Human Rights Campaign President Kelley Robinson on Friday in a statement. “Don Lemon and Georgia Fort were doing their jobs as reporters. Arresting them is not law enforcement it is an attack on the Constitution at a moment when truthful reporting on government power has never been more important. These are the actions of a despot, the tactics of a dictator in an authoritarian regime.”
-
Opinions5 days agoICE agents murder another American citizen in Minneapolis
-
Honduras5 days agoCorte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
-
Books5 days ago‘The Director’ highlights film director who collaborated with Hitler
-
LGBTQ Non-Profit Organizations4 days agoTask Force urges renewed organizing amid growing political threats
