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Evan Wolfson habla sobre libertad religiosa, matrimonio igualitario
Fundador de Freedom to Marry viajó a Costa Rica este mes

Evan Wolfson, el fundador de Freedom to Marry, asistió este mes a un congreso en Costa Rica enfocado en matrimonio igualitario en América Latina. (Foto del Washington Blade por Michael Key)
Nota del editor: Esta nota fue traducida al español por Alejandro Piercy.
SAN JOSÉ, Costa Rica — El fundador de Freedom to Marry dice que los esfuerzos de impulsar medidas y litigios anti-LGBT basados en la libertad religiosa no son “nada nuevos.”
“Es parte del patrón clásico del avance de los derechos civiles en la historia americana,” Evan Wolfson le dijo al Washington Blade el 10 de noviembre durante una entrevista en San José, la capital de Costa Rica. “Los opositores a la igualdad y la inclusión tratan de bloquear los avances del bloque de los derechos civiles y cuando fallan en bloquearlos, tratan de subvertirlos usando esta táctica de la supuesta libertad religiosa. Esto no es nada nuevo.”
“Las personas gays no son las primeras en experimentar esto,” agregó. “Las personas trans no son las primeras en experimentar esto. Todavía lo vemos aquí mismo con las mujeres en un esfuerzo para corroer el acceso a los derechos reproductivos en el cuidado de la salud.”
Wolfson habló con el Blade menos de un mes antes que la Corte Suprema (de los EEUU) tuviera programado escuchar los argumentos orales en un caso sobre si la Primera Enmienda le permite a Masterpiece Cakeshop en Colorado rehusarse a hornear pasteles de boda para parejas entre personas del mismo sexo, en razón de sus creencias religiosas.
El mes pasado, el Fiscal General de EEUU Jeff Sessions emitió una directriz general que dice que individuos y empresas pueden actuar con base en su libertad religiosa sin miedo a represalias del gobierno.
La ley de libertad religiosa de Misisipí que cuyos críticos aseguran que permite discriminación en contra de personas LGBT en el estado entró en vigor el mes pasado. Una orden ejecutiva sobre libertad religiosa que el presidente Trump firmó en mayo no contenía ninguna referencia LGBT específica.
“Es parte de una lucha en la cual progresamos, pero la oposición no nada más se derrite,” dijo Wolfson, quien ha presentado un escrito amicus en el caso Masterpiece. “Tratan de subvertirlo y esta es una técnica muy, muy común que utilizan.”
“La libertad religiosa es un escudo, no una espada,” agregó. “La libertad religiosa pretende proteger derechos muy importantes de las personas de libertad de culto, de orar y hablar como elijan y tener sus propias canciones dentro de sus templos, pero no es una espada para llevar al mercado y decir quiero todos los beneficios de participar en la esfera pública, pero no voy a seguir la ley, quiero una licencia para discriminar y sí, soy una empresa que pone un rótulo afuera que dice que está abierta al público, pero no voy a estar abierta al público.”
Wolfson le dijo al Blade que las personas y las cortes de Estados Unidos “han rechazado” este argumento “una y otra vez.”
“Aunque estamos en una especie de momento político disfuncional donde la oposición es más feroz de lo que en realidad es representativo del pueblo estadounidense, aún así estoy confiado que vamos a hacer retroceder estos ataques,” dijo. “No vamos a ganar todas las batallas, pero sí vamos a hacer retroceder estos ataques porque el pueblo estadounidense comprende esto como una gran amenaza a la democracia, ya que si cada quien se vuelve ley en sí mismo y puede simplemente decir ‘no quiero’ como defensa contra una ley sobre derechos civiles, abre una caja de pandora que asesta perjuicio real en personas reales, pero que además socava el estado de derecho y la cohesión misma de nuestra democracia y por todas estas razones creo que venceremos.”
‘Tenemos que aprender mutuamente’
Wolfson conversó con el Blade en el Congreso de Matrimonio Civil Igualitario, el cual fue el primero en su especie en América Latina y que estuvo enfocado exclusivamente en el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo.
Herman Duarte de Fundación Igualitos, un grupo de defensores del matrimonio igualitario basado en Costa Rica, organizó la conferencia junto con HduarteLex, su firma legal la cual lucha en contra de la discriminación por orientación sexual. Dos grupos de abogacía costarricenses — Acceder y Asociación Costarricense de Derecho Internacional — fueron coanfitriones del evento que atrajo más de 100 activistas provenientes de todo hemisferio occidental.
“Estamos aquí para aprender mutuamente,” dijo Wolfson.
En 2015 Wolfson presentó un testimonio a favor de los derechos maritales de las parejas entre personas del mismo sexo ante la Corte Constitucional de Colombia.
Ha presentado un escrito ante la Corte Suprema de Panamá a favor de la parte actora en un caso de matrimonio entre personas del mismo sexo. Wolfson además trabaja con dos grupos de abogacía LGBT Chilenos — Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y Fundación Iguales — que trabajan para impulsar el asunto en el país.
“En ninguno de estos países … lo estoy manejando todo”, le dijo al Blade. Estoy aconsejando y compartiendo y tratando de ayudar y alentar y darle a las personas la experiencia y los elementos que puedan adoptar.”
En 2016, Wolfson se reunió con defensores en Cuba que promueven el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo en el país. También se ha reunido con activistas, dirigentes de empresas y oficiales de gobierno en Suiza, Austria, Alemania, Japón, Sudáfrica y otros países desde el 2015 cuando la Corte Suprema de los EEUU emitió su sentencia hito en el caso Obergefell.
Wolfson señaló que 1,100 millones de personas al rededor del mundo habitan en jurisdicciones donde parejas entre personas del mismo sexo pueden casarse legalmente. Conversó con el Blade a menos de dos semanas antes que oficiales australianos anunciaran que la mayoría de votantes que participaron de un plebiscito no vinculante sobre si los gays y lesbianas deberían poder casarse dijo que “sí.”
“Esto refuta los alegatos de la oposición de que cosas malas van a suceder,” dijo Wolfson, refiriéndose al creciente número de jurisdicciones que permiten el matrimonio igualitario. “Esto es parte importante del caso que tenemos que presentarle a la corte de la opinión pública, así como en las cortes de derecho en estos países. Pero también suministra esta montaña de experiencia y evidencia que puede traerse a las discusiones, ya sea con el público o con quienes toman las decisiones. Esta no es una nueva pregunta.”
“No estamos en los Estados Unidos en 1972. Estamos en Costa Rica en 2017,” señalando que el 70 por ciento de la población total de América Latina viven en jurisdicciones que han extendido el derecho al matrimonio para las parejas entre personas del mismo sexo. “Entonces, ¿Por qué no deberían tener los pueblos de Costa Rica, o del Perú, o Panamá o sigue la lista lo que todos sus hermanos y hermanas a través del continente — o alrededor del mundo — ya tienen.”
Rehoboth Beach
BLUF leather social set for April 10 in Rehoboth
Attendees encouraged to wear appropriate gear
Diego’s in Rehoboth Beach hosts a monthly leather happy hour. April’s edition is scheduled for Friday, April 10, 5-7 p.m. Attendees are encouraged to wear appropriate gear. The event is billed as an official event of BLUF, the free community group for men interested in leather. After happy hour, the attendees are encouraged to reconvene at Local Bootlegging Company for dinner, which allows cigar smoking. There’s no cover charge for either event.
District of Columbia
Celebrations of life planned for Sean Bartel
Two memorial events scheduled in D.C.
Two celebrations of life are planned for Sean Christopher Bartel, 48, who was found deceased on a hiking trail in Argentina on or around March 15. Bartel began his career as a television news reporter and news anchor at stations in Louisville, Ky., and Evansville, Ind., before serving as Senior Video Producer for the D.C.-based International Brotherhood of Electrical Workers union from 2013 to 2024.
A memorial gathering is planned for Friday, April 10, 11:30 a.m.-1:30 p.m. at the IBEW International Office (900 7th St., N.W.), according to a statement by the DC Gay Flag Football League, where Bartel was a longtime member. A celebration of life is planned that same evening, 6-8 p.m. at Trade (1410 14th St., N.W.).
Puerto Rico
The ‘X’ returns to court
1st Circuit hears case over legal recognition of nonbinary Puerto Ricans
Eight months ago, I wrote about this issue at a time when it had not yet reached the judicial level it faces today. Back then, the conversation moved through administrative decisions, public debate, and political resistance. It was unresolved, but it had not yet reached this point.
That has now changed.
Lambda Legal appeared before the 1st U.S. Court of Appeals in Boston, urging the court to uphold a lower court ruling that requires the government of Puerto Rico to issue birth certificates that accurately reflect the identities of nonbinary individuals. The appeal follows a district court decision that found the denial of such recognition to be a violation of the U.S. Constitution.
This marks a turning point. The issue is no longer theoretical. A court has already determined that unequal treatment exists.
The argument presented by the plaintiffs is grounded in Puerto Rico’s own legal framework. Identity birth certificates are not static historical records. They are functional documents used in everyday life. They are required to access employment, education, and essential services. Their purpose is practical, not symbolic.
Within that framework, the exclusion of nonbinary individuals does not stem from a legal limitation. Puerto Rico already allows gender marker corrections on birth certificates for transgender individuals under the precedent established in Arroyo Gonzalez v. Rosselló Nevares. In addition, the current Civil Code recognizes the existence of identity documents that reflect a person’s lived identity beyond the original birth record.
The issue lies in how the law is applied.
Recognition is granted within specific categories, while those who do not identify within that binary structure remain excluded. That exclusion is now at the center of this case.
Lambda Legal’s position is straightforward. Requiring individuals to carry documents that do not reflect who they are forces them into misrepresentation in essential aspects of daily life. This creates practical barriers, exposes them to scrutiny, and places them in a constant state of vulnerability.
The plaintiffs, who were born in Puerto Rico, have made clear that access to accurate identification is not symbolic. It is a basic condition for moving through the world without contradiction imposed by the state.
The fact that this case is now being addressed in the federal court system adds another layer of significance. This is not a pending policy discussion or a legislative proposal. It is a constitutional question. The analysis is not about political preference, but about rights and equal protection under the law.
This case does not exist in isolation.
It unfolds within a broader context in which debates over identity and rights have increasingly been shaped by the growing influence of conservative perspectives in public policy, both in the United States and in Puerto Rico. At the local level, this influence has been reflected in legislative discussions where religious arguments have begun to intersect with decisions that should be grounded in constitutional principles. That intersection creates tension around the separation of church and state and has direct consequences for access to rights.
Recognizing this context is not an attack on faith or religious practice. It is an acknowledgment that when certain perspectives move into the realm of public authority, they can shape outcomes that affect specific communities.
From within Puerto Rico, this is not a distant debate. It is a lived reality. It is present in the difficulty of presenting identification that does not match one’s identity, and in the consequences that follow in workplaces, schools, and government spaces.
The progression of this case introduces the possibility of change within the applicable legal framework. Not because it resolves every tension surrounding the issue, but because it establishes a legal examination of a practice that has long operated under exclusion.
Eight months ago, the conversation centered on ongoing developments. Today, there is already a judicial finding that identifies a violation of rights. What remains is whether that finding will be upheld on appeal.
That process does not guarantee an immediate outcome, but it shifts the ground.
The debate is no longer theoretical.
It is now before the courts.
