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Evan Wolfson habla sobre libertad religiosa, matrimonio igualitario
Fundador de Freedom to Marry viajó a Costa Rica este mes

Evan Wolfson, el fundador de Freedom to Marry, asistió este mes a un congreso en Costa Rica enfocado en matrimonio igualitario en América Latina. (Foto del Washington Blade por Michael Key)
Nota del editor: Esta nota fue traducida al español por Alejandro Piercy.
SAN JOSÉ, Costa Rica — El fundador de Freedom to Marry dice que los esfuerzos de impulsar medidas y litigios anti-LGBT basados en la libertad religiosa no son “nada nuevos.”
“Es parte del patrón clásico del avance de los derechos civiles en la historia americana,” Evan Wolfson le dijo al Washington Blade el 10 de noviembre durante una entrevista en San José, la capital de Costa Rica. “Los opositores a la igualdad y la inclusión tratan de bloquear los avances del bloque de los derechos civiles y cuando fallan en bloquearlos, tratan de subvertirlos usando esta táctica de la supuesta libertad religiosa. Esto no es nada nuevo.”
“Las personas gays no son las primeras en experimentar esto,” agregó. “Las personas trans no son las primeras en experimentar esto. Todavía lo vemos aquí mismo con las mujeres en un esfuerzo para corroer el acceso a los derechos reproductivos en el cuidado de la salud.”
Wolfson habló con el Blade menos de un mes antes que la Corte Suprema (de los EEUU) tuviera programado escuchar los argumentos orales en un caso sobre si la Primera Enmienda le permite a Masterpiece Cakeshop en Colorado rehusarse a hornear pasteles de boda para parejas entre personas del mismo sexo, en razón de sus creencias religiosas.
El mes pasado, el Fiscal General de EEUU Jeff Sessions emitió una directriz general que dice que individuos y empresas pueden actuar con base en su libertad religiosa sin miedo a represalias del gobierno.
La ley de libertad religiosa de Misisipí que cuyos críticos aseguran que permite discriminación en contra de personas LGBT en el estado entró en vigor el mes pasado. Una orden ejecutiva sobre libertad religiosa que el presidente Trump firmó en mayo no contenía ninguna referencia LGBT específica.
“Es parte de una lucha en la cual progresamos, pero la oposición no nada más se derrite,” dijo Wolfson, quien ha presentado un escrito amicus en el caso Masterpiece. “Tratan de subvertirlo y esta es una técnica muy, muy común que utilizan.”
“La libertad religiosa es un escudo, no una espada,” agregó. “La libertad religiosa pretende proteger derechos muy importantes de las personas de libertad de culto, de orar y hablar como elijan y tener sus propias canciones dentro de sus templos, pero no es una espada para llevar al mercado y decir quiero todos los beneficios de participar en la esfera pública, pero no voy a seguir la ley, quiero una licencia para discriminar y sí, soy una empresa que pone un rótulo afuera que dice que está abierta al público, pero no voy a estar abierta al público.”
Wolfson le dijo al Blade que las personas y las cortes de Estados Unidos “han rechazado” este argumento “una y otra vez.”
“Aunque estamos en una especie de momento político disfuncional donde la oposición es más feroz de lo que en realidad es representativo del pueblo estadounidense, aún así estoy confiado que vamos a hacer retroceder estos ataques,” dijo. “No vamos a ganar todas las batallas, pero sí vamos a hacer retroceder estos ataques porque el pueblo estadounidense comprende esto como una gran amenaza a la democracia, ya que si cada quien se vuelve ley en sí mismo y puede simplemente decir ‘no quiero’ como defensa contra una ley sobre derechos civiles, abre una caja de pandora que asesta perjuicio real en personas reales, pero que además socava el estado de derecho y la cohesión misma de nuestra democracia y por todas estas razones creo que venceremos.”
‘Tenemos que aprender mutuamente’
Wolfson conversó con el Blade en el Congreso de Matrimonio Civil Igualitario, el cual fue el primero en su especie en América Latina y que estuvo enfocado exclusivamente en el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo.
Herman Duarte de Fundación Igualitos, un grupo de defensores del matrimonio igualitario basado en Costa Rica, organizó la conferencia junto con HduarteLex, su firma legal la cual lucha en contra de la discriminación por orientación sexual. Dos grupos de abogacía costarricenses — Acceder y Asociación Costarricense de Derecho Internacional — fueron coanfitriones del evento que atrajo más de 100 activistas provenientes de todo hemisferio occidental.
“Estamos aquí para aprender mutuamente,” dijo Wolfson.
En 2015 Wolfson presentó un testimonio a favor de los derechos maritales de las parejas entre personas del mismo sexo ante la Corte Constitucional de Colombia.
Ha presentado un escrito ante la Corte Suprema de Panamá a favor de la parte actora en un caso de matrimonio entre personas del mismo sexo. Wolfson además trabaja con dos grupos de abogacía LGBT Chilenos — Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y Fundación Iguales — que trabajan para impulsar el asunto en el país.
“En ninguno de estos países … lo estoy manejando todo”, le dijo al Blade. Estoy aconsejando y compartiendo y tratando de ayudar y alentar y darle a las personas la experiencia y los elementos que puedan adoptar.”
En 2016, Wolfson se reunió con defensores en Cuba que promueven el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo en el país. También se ha reunido con activistas, dirigentes de empresas y oficiales de gobierno en Suiza, Austria, Alemania, Japón, Sudáfrica y otros países desde el 2015 cuando la Corte Suprema de los EEUU emitió su sentencia hito en el caso Obergefell.
Wolfson señaló que 1,100 millones de personas al rededor del mundo habitan en jurisdicciones donde parejas entre personas del mismo sexo pueden casarse legalmente. Conversó con el Blade a menos de dos semanas antes que oficiales australianos anunciaran que la mayoría de votantes que participaron de un plebiscito no vinculante sobre si los gays y lesbianas deberían poder casarse dijo que “sí.”
“Esto refuta los alegatos de la oposición de que cosas malas van a suceder,” dijo Wolfson, refiriéndose al creciente número de jurisdicciones que permiten el matrimonio igualitario. “Esto es parte importante del caso que tenemos que presentarle a la corte de la opinión pública, así como en las cortes de derecho en estos países. Pero también suministra esta montaña de experiencia y evidencia que puede traerse a las discusiones, ya sea con el público o con quienes toman las decisiones. Esta no es una nueva pregunta.”
“No estamos en los Estados Unidos en 1972. Estamos en Costa Rica en 2017,” señalando que el 70 por ciento de la población total de América Latina viven en jurisdicciones que han extendido el derecho al matrimonio para las parejas entre personas del mismo sexo. “Entonces, ¿Por qué no deberían tener los pueblos de Costa Rica, o del Perú, o Panamá o sigue la lista lo que todos sus hermanos y hermanas a través del continente — o alrededor del mundo — ya tienen.”
State Department
Democracy Forward files FOIA request for State Department bathroom policy records
April 20 memo outlined anti-transgender rule
Democracy Forward on Tuesday filed a Freedom of Information Act request for records on the State Department’s new bathroom policy.
A memo titled “Updates Regarding Biological Sex and Intimate Spaces, Including Restrooms” that the State Department issued on April 20 notes employees can no longer use bathrooms that correspond with their gender identity.
“The administration affirms that there are two sexes — male and female — and that federal facilities should operate on this objective and longstanding basis to ensure consistency, privacy, and safety in shared spaces,” State Department spokesperson Tommy Piggot told the Daily Signal, a conservative news website that first reported on the memo. “In line with President Trump’s executive order this provides clear, uniform guidance to the department by grounding policy in biological sex as determined at birth.”
President Donald Trump shortly after he took office in January 2025 issued an executive order that directed the federal government to only recognize two genders: male and female. The sweeping directive also ordered federal government agencies to “effectuate this policy by taking appropriate action to ensure that intimate spaces designated for women, girls, or females (or for men, boys, or males) are designated by sex and not identity.”
Democracy Forward’s FOIA request that the Washington Blade exclusively obtained on Tuesday is specifically seeking a copy of the memo that details the State Department’s new bathroom policy. Democracy Forward has also requested “all” memo-specific communications between the State Department’s Bureau of Global Public Affairs and the Daily Signal from April 1-21.
Federal Government
House Republicans push nationwide ‘Don’t Say Gay’ bill
Measures would restrict federal funding for LGBTQ-affirming schools
Republicans have been gaining ground in reshaping education policy to be less inclusive toward LGBTQ students at the state level, and now they are turning their focus to Capitol Hill.
Some GOP lawmakers are pushing for a nationwide “Don’t Say Gay” bill, doubling down on their commitment to being the party of “traditional family values” by excluding anyone who does not identify with their sex at birth.
The largest anti-LGBTQ education legislation to reach the House chamber is House Bill 2616 — the Parental Rights Over the Education and Care of Their Kids Act, or the PROTECT Kids Act. The PROTECT Kids Act, proposed by U.S. Rep. Tim Walberg (R-Mich.), and co-sponsored by U.S. Reps. Burgess Owens (R-Utah), Mary Miller (R-Ill.), Robert Onder (R-Mo.), and Kevin Kiley (R-Calif.), would require any public elementary and middle schools that receive federal funding to require parental consent to change a child’s gender expression in school.
The bill, which was discussed during Tuesday’s House Rules Committee hearing, would specifically require any schools that get federal money from the Elementary and Secondary Education Act of 1965 — which was created to minimize financial discrepancies in education for low-income students — to get parental approval before identifying any child’s gender identity as anything other than what was provided to the school initially. This includes getting approval before allowing children to use their preferred locker room or bathroom.
It reads that any school receiving this funding “shall obtain parental consent before changing a covered student’s (1) gender markers, pronouns, or preferred name on any school form; or (2) sex-based accommodations, including locker rooms or bathrooms.”
LGBTQ rights advocates have criticized both national and state efforts to require parental permission to use a child’s preferred gender identity, as it raises issues of at-home safety — especially if the home is not LGBTQ-affirming — and could lead to the outing of transgender or gender-curious students.
A follow-up bill, HB 2617, proposed by Owens, one of the bill’s co-sponsors, prevents the use of federal funding to “advance concepts related to gender ideology,” using the definition from President Donald Trump’s 2025 Executive Order 14168, making that an enshrined definition in law of sex rather than just by executive order. There is also a bill making its way through the senate with the same text— Senate Bill 2251.
Advocates have also criticized this follow-up legislation, as it would restrict school staff — including teachers and counselors — from acknowledging trans students’ identities or providing any support. They have said that this kind of isolation can worsen mental health outcomes for LGBTQ youth and allows for education to be politicized rather than being based in reality.
David Stacy, the Human Rights Campaign’s vice president of government affairs, called this legislation out for using LGBTQ children as political pawns in an ideology fight — one that could greatly harm the safety of these children if passed.
“Trans kids are not a political agenda — they are students who deserve safety and affirmation at school like anyone else,” Stacy said in a statement. “Despite the many pressing issues facing our nation, House Republicans continue their bizarre obsession with trans people. H.R. 2616 does not protect children. It targets them. This bill is cruel, and we’re prepared to fight it.”
This is similar to Florida House Bills 1557 and 1069, referred to as the “Don’t Say Gay” bill and “Don’t Say They” bill, respectively, restricting classroom discussions on sexual orientation and gender identity, prohibiting the use of pronouns consistent with one’s gender identity, expanding book banning procedures, and censoring health curriculum.
The American Civil Liberties Union is tracking 233 bills related to restricting student and educator rights in the U.S.
Botswana’s government has repealed a provision of its colonial-era penal code that criminalized consensual same-sex sexual relations.
The country’s High Court in 2019 struck down the provision. The Batswana government in 2022 said it would abide by the ruling after country’s Court of Appeals upheld it.
The government on March 26 announced the repeal of the penal code’s “unnatural offenses” section that specifically referenced any person who “has carnal knowledge of any person against the order of nature” and “permits any other person to have carnal knowledge of him or her against the order of nature.”
Lesbians, Gays and Bisexuals of Botswana, a Batswana advocacy group known by the acronym LEGABIBO, challenged the criminalization law with the support of the Southern Africa Litigation Center. LEGABIBO in a statement it posted to its Facebook on April 25 welcomed the repeal.
“For many, these provisions were not just words on paper — they were lived realities,” said LEGABIBO. “They affected access to healthcare, safety, employment, and the freedom to love and exist openly.”
“LEGABIBO believes that the deletion of these sections is a necessary and long-overdue step toward restoring dignity and aligning our legal framework with constitutional values of equality and human rights,” it added. “It is a clear message that LGBTIQ+ persons are not criminals, and that their lives and relationships deserve protection, not punishment.”
LEGABIBO further stressed that “while this does not erase the harm of the past, it creates space for healing, inclusion, and continued progress toward full equality.”
