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Evan Wolfson habla sobre libertad religiosa, matrimonio igualitario
Fundador de Freedom to Marry viajó a Costa Rica este mes

Evan Wolfson, el fundador de Freedom to Marry, asistió este mes a un congreso en Costa Rica enfocado en matrimonio igualitario en América Latina. (Foto del Washington Blade por Michael Key)
Nota del editor: Esta nota fue traducida al español por Alejandro Piercy.
SAN JOSÉ, Costa Rica — El fundador de Freedom to Marry dice que los esfuerzos de impulsar medidas y litigios anti-LGBT basados en la libertad religiosa no son “nada nuevos.”
“Es parte del patrón clásico del avance de los derechos civiles en la historia americana,” Evan Wolfson le dijo al Washington Blade el 10 de noviembre durante una entrevista en San José, la capital de Costa Rica. “Los opositores a la igualdad y la inclusión tratan de bloquear los avances del bloque de los derechos civiles y cuando fallan en bloquearlos, tratan de subvertirlos usando esta táctica de la supuesta libertad religiosa. Esto no es nada nuevo.”
“Las personas gays no son las primeras en experimentar esto,” agregó. “Las personas trans no son las primeras en experimentar esto. Todavía lo vemos aquí mismo con las mujeres en un esfuerzo para corroer el acceso a los derechos reproductivos en el cuidado de la salud.”
Wolfson habló con el Blade menos de un mes antes que la Corte Suprema (de los EEUU) tuviera programado escuchar los argumentos orales en un caso sobre si la Primera Enmienda le permite a Masterpiece Cakeshop en Colorado rehusarse a hornear pasteles de boda para parejas entre personas del mismo sexo, en razón de sus creencias religiosas.
El mes pasado, el Fiscal General de EEUU Jeff Sessions emitió una directriz general que dice que individuos y empresas pueden actuar con base en su libertad religiosa sin miedo a represalias del gobierno.
La ley de libertad religiosa de Misisipí que cuyos críticos aseguran que permite discriminación en contra de personas LGBT en el estado entró en vigor el mes pasado. Una orden ejecutiva sobre libertad religiosa que el presidente Trump firmó en mayo no contenía ninguna referencia LGBT específica.
“Es parte de una lucha en la cual progresamos, pero la oposición no nada más se derrite,” dijo Wolfson, quien ha presentado un escrito amicus en el caso Masterpiece. “Tratan de subvertirlo y esta es una técnica muy, muy común que utilizan.”
“La libertad religiosa es un escudo, no una espada,” agregó. “La libertad religiosa pretende proteger derechos muy importantes de las personas de libertad de culto, de orar y hablar como elijan y tener sus propias canciones dentro de sus templos, pero no es una espada para llevar al mercado y decir quiero todos los beneficios de participar en la esfera pública, pero no voy a seguir la ley, quiero una licencia para discriminar y sí, soy una empresa que pone un rótulo afuera que dice que está abierta al público, pero no voy a estar abierta al público.”
Wolfson le dijo al Blade que las personas y las cortes de Estados Unidos “han rechazado” este argumento “una y otra vez.”
“Aunque estamos en una especie de momento político disfuncional donde la oposición es más feroz de lo que en realidad es representativo del pueblo estadounidense, aún así estoy confiado que vamos a hacer retroceder estos ataques,” dijo. “No vamos a ganar todas las batallas, pero sí vamos a hacer retroceder estos ataques porque el pueblo estadounidense comprende esto como una gran amenaza a la democracia, ya que si cada quien se vuelve ley en sí mismo y puede simplemente decir ‘no quiero’ como defensa contra una ley sobre derechos civiles, abre una caja de pandora que asesta perjuicio real en personas reales, pero que además socava el estado de derecho y la cohesión misma de nuestra democracia y por todas estas razones creo que venceremos.”
‘Tenemos que aprender mutuamente’
Wolfson conversó con el Blade en el Congreso de Matrimonio Civil Igualitario, el cual fue el primero en su especie en América Latina y que estuvo enfocado exclusivamente en el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo.
Herman Duarte de Fundación Igualitos, un grupo de defensores del matrimonio igualitario basado en Costa Rica, organizó la conferencia junto con HduarteLex, su firma legal la cual lucha en contra de la discriminación por orientación sexual. Dos grupos de abogacía costarricenses — Acceder y Asociación Costarricense de Derecho Internacional — fueron coanfitriones del evento que atrajo más de 100 activistas provenientes de todo hemisferio occidental.
“Estamos aquí para aprender mutuamente,” dijo Wolfson.
En 2015 Wolfson presentó un testimonio a favor de los derechos maritales de las parejas entre personas del mismo sexo ante la Corte Constitucional de Colombia.
Ha presentado un escrito ante la Corte Suprema de Panamá a favor de la parte actora en un caso de matrimonio entre personas del mismo sexo. Wolfson además trabaja con dos grupos de abogacía LGBT Chilenos — Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y Fundación Iguales — que trabajan para impulsar el asunto en el país.
“En ninguno de estos países … lo estoy manejando todo”, le dijo al Blade. Estoy aconsejando y compartiendo y tratando de ayudar y alentar y darle a las personas la experiencia y los elementos que puedan adoptar.”
En 2016, Wolfson se reunió con defensores en Cuba que promueven el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo en el país. También se ha reunido con activistas, dirigentes de empresas y oficiales de gobierno en Suiza, Austria, Alemania, Japón, Sudáfrica y otros países desde el 2015 cuando la Corte Suprema de los EEUU emitió su sentencia hito en el caso Obergefell.
Wolfson señaló que 1,100 millones de personas al rededor del mundo habitan en jurisdicciones donde parejas entre personas del mismo sexo pueden casarse legalmente. Conversó con el Blade a menos de dos semanas antes que oficiales australianos anunciaran que la mayoría de votantes que participaron de un plebiscito no vinculante sobre si los gays y lesbianas deberían poder casarse dijo que “sí.”
“Esto refuta los alegatos de la oposición de que cosas malas van a suceder,” dijo Wolfson, refiriéndose al creciente número de jurisdicciones que permiten el matrimonio igualitario. “Esto es parte importante del caso que tenemos que presentarle a la corte de la opinión pública, así como en las cortes de derecho en estos países. Pero también suministra esta montaña de experiencia y evidencia que puede traerse a las discusiones, ya sea con el público o con quienes toman las decisiones. Esta no es una nueva pregunta.”
“No estamos en los Estados Unidos en 1972. Estamos en Costa Rica en 2017,” señalando que el 70 por ciento de la población total de América Latina viven en jurisdicciones que han extendido el derecho al matrimonio para las parejas entre personas del mismo sexo. “Entonces, ¿Por qué no deberían tener los pueblos de Costa Rica, o del Perú, o Panamá o sigue la lista lo que todos sus hermanos y hermanas a través del continente — o alrededor del mundo — ya tienen.”
District of Columbia
‘No Kings’ protests set for D.C.
Anti-Trump demonstrations to take place across country on Saturday
As President Donald Trump and his administration escalate rhetoric targeting transgender youth and student athletes, push efforts to restrict voting access for millions of Americans, and pursue foreign policy decisions that critics say bypass congressional authority, organizers across the country are once again mobilizing in protest.
For many LGBTQ advocates, the moment feels especially urgent.
In recent months, activists have pointed to a surge in anti-trans legislation, attacks on gender-affirming care, and efforts to roll back nondiscrimination protections as direct threats to the safety and visibility of queer and trans communities. Organizers say the demonstrations are not just about policy, but about defending the right of LGBTQ people — particularly trans youth and people of color — to live openly and safely.
Thousands of “No Kings” protests are planned nationwide, with multiple demonstrations set to take place in D.C.
One of the primary events, “No Kings Washington,” will be held in Anacostia, an overwhelmingly Black area of D.C. that is often at the center of conversations around racial justice, policing, and access to resources in the nation’s capital.
The protest in Anacostia is focused on what organizers describe as the “power behind the throne,” specifically Stephen Miller, the White House Deputy Chief of Staff for Policy and Homeland Security Advisor. Miller has been closely associated with the administration’s “zero tolerance” immigration policy, including the family separation practice that resulted in thousands of children being separated from their parents at the Southern border.
Activists have also linked immigration enforcement policies to broader concerns about LGBTQ migrants, including queer asylum seekers who often face heightened risks of violence and discrimination both in their home countries and within detention systems.
Anacostia protest details:
Participants are asked to gather starting at 1:30 p.m. on the southeast side of the Frederick Douglass Bridge. The closest Metro station is Anacostia on the Green Line, about an 8-minute walk from the starting point. Organizers strongly encourage attendees to use public transportation, as street parking is limited.
The march will proceed past Fort McNair and conclude near the Waterfront Metro station.
D.C. icon and LGBTQ activist Rayceen Pendarvis is set to speak at the protest around 2 p.m.
Kalorama protest details:
A separate protest will take place earlier in the day in Kalorama, a neighborhood long associated with political power and home to presidents, cabinet officials, and foreign ambassadors. Demonstrators are expected to gather at 10 a.m., with a march running until approximately noon near the intersection of Connecticut Avenue and Kalorama Road.
Arlington/National Mall protest details:
Another group is expected to assemble at Memorial Circle near Arlington National Cemetery at 10 a.m. before crossing the Memorial Bridge into D.C., passing the Lincoln Memorial and continuing on to the Washington Monument. Organizers say the march is intended to defend “American democracy, the rule of law, and a healthy planet.”
Unlike last June — when organizers discouraged large-scale demonstrations in D.C. due Trump’s military/birthday parade — activists are now explicitly calling on people to show up in the nation’s capital and surrounding areas.
The protests also coincide with Transgender Day of Visibility weekend, which includes additional gatherings and celebrations on the National Mall. At the same time, peak bloom for the National Cherry Blossom Festival is expected to draw large crowds to the city. With multiple major events happening simultaneously, officials and organizers anticipate significant congestion, increased traffic, and crowded public transit throughout the weekend.
Organizers are urging participants to plan ahead and come prepared.
“Bring your signs, noisemakers, music, and creative ideas, and gather in joyful, nonviolent protest,” they said. “Children are very welcome.”
For more information, visit nokings.org.
Pennsylvania
Pa. House passes bill to codify marriage equality in state law
Governor supports gay state Rep. Malcolm Kenyatta’s measure
The Pennsylvania House of Representatives on Wednesday passed a bill that would codify marriage equality in state law.
House Bill 1800 passed by a 127-72 vote margin. Twenty-six Republicans voted for the measure.
The Republican-controlled Pennsylvania Senate will now consider the bill that state Rep. Malcolm Kenyatta (D-Philadelphia), who is the first openly gay person of color elected to the state’s General Assembly, introduced. Democratic Gov. Josh Shapiro supports the measure.
“Here in Pennsylvania, we believe in your freedom to marry who you love,” said Shapiro on Wednesday. “Today, the House has stepped up to protect that right.”
BREAKING: The Pennsylvania House just passed @RepKenyatta's bill to codify marriage equality into law in PA — and they did it with broad bipartisan support.
— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) March 25, 2026
Here in Pennsylvania, we believe in your freedom to marry who you love. Today, the House has stepped up to protect that…
Florida
DeSantis signs emergency bill that restores Fla. ADAP funding
Temporary funds to last through June 30
After the Florida Department of Health made huge cuts to the AIDS Drug Assistance Program in January, Republican Gov. Ron DeSantis has signed emergency legislation restoring HIV access to more than 12,000 Floridians.
Two months ago, as the Washington Blade reported, the Sunshine State cut the vast majority of those in ADAP by shifting the income levels required for eligibility — without following standard procedure when changing government policy outside of legislative or executive action.
The bill, signed by DeSantis on Tuesday, passed both chambers of the Florida Legislature unanimously and appropriates $30.9 million in emergency bridge funding through June 30, 2026. It restores Florida’s ADAP income eligibility to 400 percent of the Federal Poverty Level — the level it was prior to the January cuts. The legislation also requires the FDOH to submit detailed monthly financial reports to legislative leadership beginning April 1.
Under the old policy, eligibility would have been limited to those making no more than 130 percent of the federal poverty level, or $20,345 per year.
“For 10 weeks, 12,000 Floridians living with HIV did not know if they could fill their next prescription. Today, they can,” Esteban Wood, director of advocacy and legislative affairs at AIDS Healthcare Foundation, said in a statement.
The detailed reports now required to be sent to legislative leadership must include all federal revenues and expenditures, including manufacturer rebates; enrollment figures by county and insurance status; prescription utilization by drug class; and any projected funding shortfalls. This is the first time the Legislature has required this level of financial transparency from the program.
DeSantis signed the legislation one day after a Leon County Circuit Court judge denied AIDS Healthcare Foundation’s request for an injunction to block the significant changes the DeSantis administration is making to the program, which it claims faces a $120 million shortfall for calendar year 2026.
AIDS Healthcare Foundation, a national organization focused on protecting and expanding HIV healthcare access and prevention methods, filed a lawsuit over the change in eligibility, arguing the Florida Department of Health did not follow the laid out path for formally changing policy and was acting outside established procedures.
Typically, altering eligibility for a statewide program requires either legislative action or adherence to a multistep rule-making process, including: publishing a Notice of Proposed Rule; providing a statement of estimated regulatory costs; allowing public comment; holding hearings if requested; responding to challenges; and formally adopting the rule. According to AIDS Healthcare Foundation, none of these steps occurred.
The long-term structure of ADAP will be determined by the 2026–2027 fiscal year state budget, something that lawmakers have until June 30 to finish.
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