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Evan Wolfson habla sobre libertad religiosa, matrimonio igualitario

Fundador de Freedom to Marry viajó a Costa Rica este mes

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Evan Wolfson, gay news, Washington Blade

Evan Wolfson, el fundador de Freedom to Marry, asistió este mes a un congreso en Costa Rica enfocado en matrimonio igualitario en América Latina. (Foto del Washington Blade por Michael Key)

Nota del editor: Esta nota fue traducida al español por Alejandro Piercy.

SAN JOSÉ, Costa Rica — El fundador de Freedom to Marry dice que los esfuerzos de impulsar medidas y litigios anti-LGBT basados en la libertad religiosa no son “nada nuevos.”

“Es parte del patrón clásico del avance de los derechos civiles en la historia americana,” Evan Wolfson le dijo al Washington Blade el 10 de noviembre durante una entrevista en San José, la capital de Costa Rica.  “Los opositores a la igualdad y la inclusión tratan de bloquear los avances del bloque de los derechos civiles y cuando fallan en bloquearlos, tratan de subvertirlos usando esta táctica de la supuesta libertad religiosa. Esto no es nada nuevo.”

“Las personas gays no son las primeras en experimentar esto,” agregó. “Las personas trans no son las primeras en experimentar esto. Todavía lo vemos aquí mismo con las mujeres en un esfuerzo para corroer el acceso a los derechos reproductivos en el cuidado de la salud.”

Wolfson habló con el Blade menos de un mes antes que la Corte Suprema (de los EEUU) tuviera programado escuchar los argumentos orales en un caso sobre si la Primera Enmienda le permite a Masterpiece Cakeshop en Colorado rehusarse a hornear pasteles de boda para parejas entre personas del mismo sexo, en razón de sus creencias religiosas.

El mes pasado, el Fiscal General de EEUU Jeff Sessions emitió una directriz general que dice que individuos y empresas pueden actuar con base en su libertad religiosa sin miedo a represalias del gobierno.

La ley de libertad religiosa de Misisipí que cuyos críticos aseguran que permite discriminación en contra de personas LGBT en el estado entró en vigor el mes pasado. Una orden ejecutiva sobre libertad religiosa que el presidente Trump firmó en mayo no contenía ninguna referencia LGBT específica.

“Es parte de una lucha en la cual progresamos, pero la oposición no nada más se derrite,” dijo Wolfson, quien ha presentado un escrito amicus en el caso Masterpiece. “Tratan de subvertirlo y esta es una técnica muy, muy común que utilizan.”

“La libertad religiosa es un escudo, no una espada,” agregó. “La libertad religiosa pretende proteger derechos muy importantes de las personas de libertad de culto, de orar y hablar como elijan y tener sus propias canciones dentro de sus templos, pero no es una espada para llevar al mercado y decir quiero todos los beneficios de participar en la esfera pública, pero no voy a seguir la ley, quiero una licencia para discriminar y sí, soy una empresa que pone un rótulo afuera que dice que está abierta al público, pero no voy a estar abierta al público.”

Wolfson le dijo al Blade que las personas y las cortes de Estados Unidos “han rechazado” este argumento “una y otra vez.”

“Aunque estamos en una especie de momento político disfuncional donde la oposición es más feroz de lo que en realidad es representativo del pueblo estadounidense, aún así estoy confiado que vamos a hacer retroceder estos ataques,” dijo. “No vamos a ganar todas las batallas, pero sí vamos a hacer retroceder estos ataques porque el pueblo estadounidense comprende esto como una gran amenaza a la democracia, ya que si cada quien se vuelve ley en sí mismo y puede simplemente decir ‘no quiero’ como defensa contra una ley sobre derechos civiles, abre una caja de pandora que asesta perjuicio real en personas reales, pero que además socava el estado de derecho y la cohesión misma de nuestra democracia y por todas estas razones creo que venceremos.”

‘Tenemos que aprender mutuamente’

Wolfson conversó con el Blade en el Congreso de Matrimonio Civil Igualitario, el cual fue el primero en su especie en América Latina y que estuvo enfocado exclusivamente en el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo.

Herman Duarte de Fundación Igualitos, un grupo de defensores del matrimonio igualitario basado en Costa Rica, organizó la conferencia junto con HduarteLex, su firma legal la cual lucha en contra de la discriminación por orientación sexual. Dos grupos de abogacía costarricenses — Acceder y Asociación Costarricense de Derecho Internacional — fueron coanfitriones del evento que atrajo más de 100 activistas provenientes de todo hemisferio occidental.

“Estamos aquí para aprender mutuamente,” dijo Wolfson.

En 2015 Wolfson presentó un testimonio a favor de los derechos maritales de las parejas entre personas del mismo sexo ante la Corte Constitucional de Colombia.

Ha presentado un escrito ante la Corte Suprema de Panamá a favor de la parte actora en un caso de matrimonio entre personas del mismo sexo. Wolfson además trabaja con dos grupos de abogacía LGBT Chilenos — Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y Fundación Iguales — que trabajan para impulsar el asunto en el país.

“En ninguno de estos países … lo estoy manejando todo”, le dijo al Blade. Estoy aconsejando y compartiendo y tratando de ayudar y alentar y darle a las personas la experiencia y los elementos que puedan adoptar.”

En 2016, Wolfson se reunió con defensores en Cuba que promueven el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo en el país. También se ha reunido con activistas, dirigentes de empresas y oficiales de gobierno en Suiza, Austria, Alemania, Japón, Sudáfrica y otros países desde el 2015 cuando la Corte Suprema de los EEUU emitió su sentencia hito en el caso Obergefell.

Wolfson señaló que 1,100 millones de personas al rededor del mundo habitan en jurisdicciones donde parejas entre personas del mismo sexo pueden casarse legalmente. Conversó con el Blade a menos de dos semanas antes que oficiales australianos anunciaran que la mayoría de votantes que participaron de un plebiscito no vinculante sobre si los gays y lesbianas deberían poder casarse dijo que “sí.” 

“Esto refuta los alegatos de la oposición de que cosas malas van a suceder,” dijo Wolfson, refiriéndose al creciente número de jurisdicciones que permiten el matrimonio igualitario. “Esto es parte importante del caso que tenemos que presentarle a la corte de la opinión pública, así como en las cortes de derecho en estos países. Pero también suministra esta montaña de experiencia y evidencia que puede traerse a las discusiones, ya sea con el público o con quienes toman las decisiones. Esta no es una nueva pregunta.”
 
“No estamos en los Estados Unidos en 1972. Estamos en Costa Rica en 2017,” señalando que el 70 por ciento de la población total de América Latina viven en jurisdicciones que han extendido el derecho al matrimonio para las parejas entre personas del mismo sexo. “Entonces, ¿Por qué no deberían tener los pueblos de Costa Rica, o del Perú, o Panamá o sigue la lista lo que todos sus hermanos y hermanas a través del continente — o alrededor del mundo — ya tienen.”

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Florida

Fla. Senate passes ‘Anti-Diversity’ bill that could repeal local LGBTQ protections

Bipartisan coalition urges Florida House to reject ‘extremism’ measure

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The Florida Capitol (Washington Blade photo by Yariel Valdés González)

The Florida Senate on March 4 voted 25-11 to approve an “Anti-Diversity in Local Government” bill that critics have called a sweeping and extreme measure that, among other things, could repeal local LGBTQ rights protections.

According to Equality Florida, a statewide LGBTQ advocacy organization, if approved by the Florida House of Representatives and signed by Republican Gov. Ron DeSantis, the bill “would ban, repeal, and defund any local government programming, policy, or activity that provides ‘preferential treatment or special benefits’ or is designed or implemented’ with respect to race, color, sex, ethnicity, sexual orientation, or gender identity.”

In a March 4 statement, Equality Florda added that the bill would also threaten city and county officials with removal from office “for activities vaguely labeled as DEI,” with only limited exceptions.

The Florida House was scheduled to vote on the bill on Monday, March 9, with opponents hopeful that a broad coalition of both Democratic and Republican lawmakers would secure enough votes to defeat the bill.

“Once again, Gov. DeSantis and Florida lawmakers are advancing one of the most sweeping and extreme bills in the country — this time threatening decades of local progress supporting diverse communities, including the LGBTQ community,” said Equality Florida Senior Political Director Joe Saunders. “This legislation is a sledgehammer aimed at cities and counties that recognize and address the diversity of the people they serve,” he said.

Among the LGBTQ organizations that could be adversely impacted by the bill is the highly acclaimed Stonewall National Museum, Archives and Library located in Fort Lauderdale.

Robert Kesten, the Stonewall organization’s president and CEO, told the Washington Blade the organization receives some funding from Broward County, in which Fort Lauderdale is located, and the city of Fort Lauderdale has provided support by purchasing tables at some of the museum’s fundraising events.

“Based on this legislation, hose things would be gone,” he said. “We also are based in a government building. So, we don’t know what potential side effects that could have.” He noted that the building in question is owned by Broward County and leased by Fort Lauderdale, with the bill’s vaguely worded provision making it unclear whether Stonewall would be forced to leave its building.

“It’s unknown, and we’re really in unchartered waters,” he said.

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Uganda

Ugandan activist named Charles F. Kettering Foundation fellow

Clare Byarugaba founded PFLAG-Uganda

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Clare Byarugaba (Photo via X)

The Charles F. Kettering Foundation has named a prominent Ugandan LGBTQ activist as one of its 2026 fellows.

Clare Byarugaba, founder of PFLAG-Uganda, is one of the foundation’s five 2026 Global Fellows.

Byarugaba, among other things, has been a vocal critic of Uganda’s Anti-Homosexuality Act. Byarugaba in 2024 met with Pope Francis — who criticized criminalization laws during his papacy — at the Vatican.

The foundation on its website says it “is dedicated to bringing research and people together to make the promise of democracy real for everyone, everywhere.”

“Clare is the kind of hero who rushes toward the emergency to help,” said PFLAG CEO Brian K. Bond in a Feb. 27 statement to the Washington Blade. “She founded PFLAG-Uganda as the country pushed to criminalize homosexuality and those who support LGBTQ+ people. Yet, she never hesitated in her courage, telling us that families wanted to organize to keep their LGBTQ+ loved ones safe, and PFLAG was the way to do it. Clare Byarugaba not only deserves this honor, but she will use her compassion and experience to teach the world about LGBTQ+ advocacy as a Kettering Global Fellow.”

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National

13 HIV/AIDS activists arrested on Capitol Hill

Protesters demanded full PEPFAR funding

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(Washington Blade photo by Michael Key)

U.S. Capitol Police on Thursday arrested 13 HIV/AIDS activists in the Cannon House Office Building Rotunda.

The activists — members of Housing Works, Health GAP, and the Treatment Action Group — joined former PEPFAR staffers in demanding full funding of the program that President George W. Bush created in 2003. They chanted “AIDS cuts kill, PEPFAR now!” and unfurled banners from the Rotunda’s second floor that read “Trump and (Office of Management and Budget Director Russell) Vought kill people with AIDS worldwide,” “Over 200,000 deaths since January 2025,” and “Hands off PEPFAR” before their arrest.

(Washington Blade video by Michael K. Lavers)

This protest is the latest against the Trump-Vance administration’s HIV/AIDS policies since it took office.

Secretary of State Marco Rubio on Jan. 28, 2025, issued a waiver that allowed PEPFAR and other “life-saving humanitarian assistance” programs to continue to operate during a freeze on nearly all U.S. foreign aid spending. HIV/AIDS service providers around the world with whom the Washington Blade has spoken say PEPFAR cuts and the loss of funding from the U.S. Agency for International Development, which officially closed on July 1, 2025, has severely impacted their work.

The State Department last September announced PEPFAR will distribute lenacapavir in countries with high prevalence rates. Zambia is among the nations in which the breakthrough HIV prevention drug has arrived.

The New York Times last summer reported Vought “apportioned” only $2.9 billion of $6 billion that Congress set aside for PEPFAR for fiscal year 2025. (PEPFAR in the coming fiscal year will use funds allocated in fiscal year 2024.)

Bipartisan opposition in the U.S. Senate prompted the Trump-Vance administration last July withdraw a proposal to cut $400 million from PEPFAR’s budget. Vought on Aug. 29, 2025, said he would use a “pocket rescission” to cancel $4.9 billion for HIV/AIDS prevention and global health programs and other foreign aid assistance initiatives that Congress had already approved.

The White House in January announced an expansion of the global gag rule to ban U.S. foreign aid for groups that promote “gender ideology.” President Ronald Reagan in 1985 implemented the original regulation, also known as the “Mexico City” policy, which bans U.S. foreign aid for groups that support abortion and/or offer abortion-related services. The Council for Global Equality and other groups say the expanded rule will adversely impact HIV prevention efforts around the world.

A press release that Housing Works and Health GAP issued on Thursday notes more than $977 million “in appropriated PEPFAR funding for HIV prevention and treatment was unspent by the end of fiscal year (FY) 2025 — triple amount unspent at the end of FY 2024.”

“Activists predict this backlog will worsen rapidly in FY 2026 unless Congress immediately reasserts its Constitutionally-mandated oversight authority,” notes the press release.

The press release also indicates funding for the Centers for Disease Control and Prevention’s PEPFAR programs “will run out” by April 1 because “only 45 percent of their FY26 funding has been transferred from the State Department.

“Unless funding is transferred immediately, CDC’s global HIV programs across sub-Saharan Africa, Asia and the Caribbean will grind to a halt,” notes the press release.

The activists demanded Trump, Vought, Rubio, and Congress do the following:

  • Activists are calling for full obligation of appropriated PEPFAR funds and rejection of growing political interference in global and domestic HIV programs 
  • Immediately release already-appropriated, unobligated PEPFAR funds 
  • Break the blackout on PEPFAR data, so Congress and people with HIV know how funding is being spent and can program based on data  
  • Activists are calling for full obligation of appropriated PEPFAR funds and rejection of growing political interference in global and domestic HIV programs.

“PEPFAR has saved more than 26 million lives and changed the trajectory of an epidemic,” said Housing Works CEO Charles King. “However, the Trump administration’s decision, over the objection of Republicans in Congress, to freeze PEPFAR funding has caused decades of progress to come undone and has been a death sentence for people with HIV relying on life-saving treatment. The U.S. must immediately restore PEPFAR funding and regain our standing in the global fight against HIV.”

King is among the activists who were arrested.

(Washington Blade video by Michael K. Lavers)

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