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Evan Wolfson habla sobre libertad religiosa, matrimonio igualitario
Fundador de Freedom to Marry viajó a Costa Rica este mes

Evan Wolfson, el fundador de Freedom to Marry, asistió este mes a un congreso en Costa Rica enfocado en matrimonio igualitario en América Latina. (Foto del Washington Blade por Michael Key)
Nota del editor: Esta nota fue traducida al español por Alejandro Piercy.
SAN JOSÉ, Costa Rica — El fundador de Freedom to Marry dice que los esfuerzos de impulsar medidas y litigios anti-LGBT basados en la libertad religiosa no son “nada nuevos.”
“Es parte del patrón clásico del avance de los derechos civiles en la historia americana,” Evan Wolfson le dijo al Washington Blade el 10 de noviembre durante una entrevista en San José, la capital de Costa Rica. “Los opositores a la igualdad y la inclusión tratan de bloquear los avances del bloque de los derechos civiles y cuando fallan en bloquearlos, tratan de subvertirlos usando esta táctica de la supuesta libertad religiosa. Esto no es nada nuevo.”
“Las personas gays no son las primeras en experimentar esto,” agregó. “Las personas trans no son las primeras en experimentar esto. Todavía lo vemos aquí mismo con las mujeres en un esfuerzo para corroer el acceso a los derechos reproductivos en el cuidado de la salud.”
Wolfson habló con el Blade menos de un mes antes que la Corte Suprema (de los EEUU) tuviera programado escuchar los argumentos orales en un caso sobre si la Primera Enmienda le permite a Masterpiece Cakeshop en Colorado rehusarse a hornear pasteles de boda para parejas entre personas del mismo sexo, en razón de sus creencias religiosas.
El mes pasado, el Fiscal General de EEUU Jeff Sessions emitió una directriz general que dice que individuos y empresas pueden actuar con base en su libertad religiosa sin miedo a represalias del gobierno.
La ley de libertad religiosa de Misisipí que cuyos críticos aseguran que permite discriminación en contra de personas LGBT en el estado entró en vigor el mes pasado. Una orden ejecutiva sobre libertad religiosa que el presidente Trump firmó en mayo no contenía ninguna referencia LGBT específica.
“Es parte de una lucha en la cual progresamos, pero la oposición no nada más se derrite,” dijo Wolfson, quien ha presentado un escrito amicus en el caso Masterpiece. “Tratan de subvertirlo y esta es una técnica muy, muy común que utilizan.”
“La libertad religiosa es un escudo, no una espada,” agregó. “La libertad religiosa pretende proteger derechos muy importantes de las personas de libertad de culto, de orar y hablar como elijan y tener sus propias canciones dentro de sus templos, pero no es una espada para llevar al mercado y decir quiero todos los beneficios de participar en la esfera pública, pero no voy a seguir la ley, quiero una licencia para discriminar y sí, soy una empresa que pone un rótulo afuera que dice que está abierta al público, pero no voy a estar abierta al público.”
Wolfson le dijo al Blade que las personas y las cortes de Estados Unidos “han rechazado” este argumento “una y otra vez.”
“Aunque estamos en una especie de momento político disfuncional donde la oposición es más feroz de lo que en realidad es representativo del pueblo estadounidense, aún así estoy confiado que vamos a hacer retroceder estos ataques,” dijo. “No vamos a ganar todas las batallas, pero sí vamos a hacer retroceder estos ataques porque el pueblo estadounidense comprende esto como una gran amenaza a la democracia, ya que si cada quien se vuelve ley en sí mismo y puede simplemente decir ‘no quiero’ como defensa contra una ley sobre derechos civiles, abre una caja de pandora que asesta perjuicio real en personas reales, pero que además socava el estado de derecho y la cohesión misma de nuestra democracia y por todas estas razones creo que venceremos.”
‘Tenemos que aprender mutuamente’
Wolfson conversó con el Blade en el Congreso de Matrimonio Civil Igualitario, el cual fue el primero en su especie en América Latina y que estuvo enfocado exclusivamente en el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo.
Herman Duarte de Fundación Igualitos, un grupo de defensores del matrimonio igualitario basado en Costa Rica, organizó la conferencia junto con HduarteLex, su firma legal la cual lucha en contra de la discriminación por orientación sexual. Dos grupos de abogacía costarricenses — Acceder y Asociación Costarricense de Derecho Internacional — fueron coanfitriones del evento que atrajo más de 100 activistas provenientes de todo hemisferio occidental.
“Estamos aquí para aprender mutuamente,” dijo Wolfson.
En 2015 Wolfson presentó un testimonio a favor de los derechos maritales de las parejas entre personas del mismo sexo ante la Corte Constitucional de Colombia.
Ha presentado un escrito ante la Corte Suprema de Panamá a favor de la parte actora en un caso de matrimonio entre personas del mismo sexo. Wolfson además trabaja con dos grupos de abogacía LGBT Chilenos — Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y Fundación Iguales — que trabajan para impulsar el asunto en el país.
“En ninguno de estos países … lo estoy manejando todo”, le dijo al Blade. Estoy aconsejando y compartiendo y tratando de ayudar y alentar y darle a las personas la experiencia y los elementos que puedan adoptar.”
En 2016, Wolfson se reunió con defensores en Cuba que promueven el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo en el país. También se ha reunido con activistas, dirigentes de empresas y oficiales de gobierno en Suiza, Austria, Alemania, Japón, Sudáfrica y otros países desde el 2015 cuando la Corte Suprema de los EEUU emitió su sentencia hito en el caso Obergefell.
Wolfson señaló que 1,100 millones de personas al rededor del mundo habitan en jurisdicciones donde parejas entre personas del mismo sexo pueden casarse legalmente. Conversó con el Blade a menos de dos semanas antes que oficiales australianos anunciaran que la mayoría de votantes que participaron de un plebiscito no vinculante sobre si los gays y lesbianas deberían poder casarse dijo que “sí.”
“Esto refuta los alegatos de la oposición de que cosas malas van a suceder,” dijo Wolfson, refiriéndose al creciente número de jurisdicciones que permiten el matrimonio igualitario. “Esto es parte importante del caso que tenemos que presentarle a la corte de la opinión pública, así como en las cortes de derecho en estos países. Pero también suministra esta montaña de experiencia y evidencia que puede traerse a las discusiones, ya sea con el público o con quienes toman las decisiones. Esta no es una nueva pregunta.”
“No estamos en los Estados Unidos en 1972. Estamos en Costa Rica en 2017,” señalando que el 70 por ciento de la población total de América Latina viven en jurisdicciones que han extendido el derecho al matrimonio para las parejas entre personas del mismo sexo. “Entonces, ¿Por qué no deberían tener los pueblos de Costa Rica, o del Perú, o Panamá o sigue la lista lo que todos sus hermanos y hermanas a través del continente — o alrededor del mundo — ya tienen.”
District of Columbia
Judge rescinds order against activist in Capital Pride lawsuit
Darren Pasha accused of stalking organization staff, board members, volunteers
A D.C. Superior Court judge on Feb.18 agreed to rescind his earlier ruling declaring local gay activist Darren Pasha in default for failing to attend a virtual court hearing regarding an anti-stalking lawsuit brought against him by the Capital Pride Alliance, the group that organizes D.C.’s annual Pride events.
The Capital Pride lawsuit, initially filed on Oct. 27, 2025, accuses Pasha of engaging in a year-long “course of conduct” of “harassment, intimidation, threats, manipulation, and coercive behavior” targeting Capital Pride staff, board members, and volunteers.
In his own court filings without retaining an attorney, Pasha has strongly denied the stalking related allegations against him, saying “no credible or admissible evidence has been provided” to show he engaged in any wrongdoing.
Judge Robert D. Okum nevertheless on Feb. 6 approved a temporary stay-away order requiring Pasha to stay at least 100 feet away from Capital Pride’s staff, volunteers, and board members until the time of a follow-up court hearing scheduled for April 17. He reduced the stay-away distance from 200 yards as requested by Capital Pride.
In his two-page order issued on Feb. 18, Okun stated that Pasha explained that he was involved in a scooter accident in which he was injured and his phone was damaged, preventing him from joining the Feb. 6 court hearing.
“Therefore, the court finds there is a good cause for vacating the default,” Okun states in his order.
At the time he initially approved the default order at the Feb. 6 hearing that Pasha didn’t attend, Okun scheduled an April 17 ex parte proof hearing in which Capital Pride could have requested a ruling in its favor seeking a permanent anti-stalking order against Pasha.
In his Feb. 18 ruling rescinding the default order Okun changed the April 17 ex parte proof hearing to an initial scheduling conference hearing in which a decision on the outcome of the case is not likely to happen.
In addition, he agreed to consider Pasha’s call for a jury trial and gave Capital Pride 14 days to contest that request. The Capital Pride lawsuit initially called for a non-jury trial by judge.
One request by Pasha that Okum denied was a call for him to order Capital Pride to stop its staff or volunteers from posting information about the lawsuit on social media. Pasha has said the D.C.-based online blog called DC Homos, which Pasha claims is operated by someone associated with Capital Pride, has been posting articles portraying him in a negative light and subjecting him to highly negative publicity.
“The defendant has not set forth a sufficient basis for the court to restrict the plaintiff’s social media postings, and the court therefore will deny the defendant’s request in his social media praecipe,” Okun states in his order.
A praecipe is a formal written document requesting action by a court.
Pasha called the order a positive development in his favor. He said he plans to file another motion with more information about what he calls the unfair and defamatory reports about him related to the lawsuit by DC Homos, with a call for the judge to reverse his decision not to order Capital Pride to stop social media postings about the lawsuit.
Pasha points to a video interview on the LGBTQ Team Rayceen broadcast, a link to which he sent to the Washington Blade, in which DC Homos operator Jose Romero acknowledged his association with Capital Pride Alliance.
Capital Pride Executive Director Ryan Bos didn’t immediately respond to a message from the Blade asking whether Romero was a volunteer or employee with Capital Pride.
Pasha also said he believes the latest order has the effect of rescinding the temporary stay away order against him approved by Okun in his earlier ruling, even though Okun makes no mention of the stay away order in his latest ruling. Capital Pride attorney Nick Harrison told the Blade the stay away order “remains in full force and effect.”
Harrison said Capital Pride has no further comment on the lawsuit.
District of Columbia
Trans activists arrested outside HHS headquarters in D.C.
Protesters demonstrated directive against gender-affirming care
Authorities on Tuesday arrested 24 activists outside the U.S. Department of Health and Human Services headquarters in D.C.
The Gender Liberation Movement, a national organization that uses direct action, media engagement, and policy advocacy to defend bodily autonomy and self-determination, organized the protest in which more than 50 activists participated. Organizers said the action was a response to changes in federal policy mandated by Executive Order 14187, titled “Protecting Children from Chemical and Surgical Mutilation.”
The order directs federal agencies and programs to work toward “significantly limiting youth access to gender-affirming care nationwide,” according to KFF, a nonpartisan, nonprofit organization that provides independent, fact-based information on national health issues. The executive order also includes claims about gender-affirming care and transgender youth that critics have described as misinformation.
Members of ACT UP NY and ACT UP Pittsburgh also participated in the demonstration, which took place on the final day of the public comment period for proposed federal rules that would restrict access to gender-affirming care.
Demonstrators blocked the building’s main entrance, holding a banner reading “HANDS OFF OUR ‘MONES,” while chanting, “HHS—RFK—TRANS YOUTH ARE NO DEBATE” and “NO HATE—NO FEAR—TRANS YOUTH ARE WELCOME HERE.”
“We want trans youth and their loving families to know that we see them, we cherish them, and we won’t let these attacks go on without a fight,” said GLM co-founder Raquel Willis. “We also want all Americans to understand that Trump, RFK, and their HHS won’t stop at trying to block care for trans youth — they’re coming for trans adults, for those who need treatment from insulin to SSRIs, and all those already failed by a broken health insurance system.”
“It is shameful and intentional that this administration is pitting communities against one another by weaponizing Medicaid funding to strip care from trans youth. This has nothing to do with protecting health and everything to do with political distraction,” added GLM co-founder Eliel Cruz. “They are targeting young people to deflect from their failure to deliver for working families across the country. Instead of restricting care, we should be expanding it. Healthcare is a human right, and it must be accessible to every person — without cost or exception.”

Despite HHS’s efforts to restrict gender-affirming care for trans youth, major medical associations — including the American Medical Association, the American Academy of Pediatrics, and the Endocrine Society — continue to regard such care as evidence-based treatment. Gender-affirming care can include psychotherapy, social support, and, when clinically appropriate, puberty blockers and hormone therapy.
The protest comes amid broader shifts in access to care nationwide.
NYU Langone Health recently announced it will stop providing transition-related medical care to minors and will no longer accept new patients into its Transgender Youth Health Program following President Donald Trump’s January 2025 executive order targeting trans healthcare.
Ecuador
Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador
Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023
A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.
Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso.
Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).
El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.
Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía.
Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase.
La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.
Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.
#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.
Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm
— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025
“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado.
Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso.
En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.
El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.
De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.
Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.
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