Connect with us

News

Evan Wolfson habla sobre libertad religiosa, matrimonio igualitario

Fundador de Freedom to Marry viajó a Costa Rica este mes

Published

on

Evan Wolfson, gay news, Washington Blade

Evan Wolfson, el fundador de Freedom to Marry, asistió este mes a un congreso en Costa Rica enfocado en matrimonio igualitario en América Latina. (Foto del Washington Blade por Michael Key)

Nota del editor: Esta nota fue traducida al español por Alejandro Piercy.

SAN JOSÉ, Costa Rica — El fundador de Freedom to Marry dice que los esfuerzos de impulsar medidas y litigios anti-LGBT basados en la libertad religiosa no son “nada nuevos.”

“Es parte del patrón clásico del avance de los derechos civiles en la historia americana,” Evan Wolfson le dijo al Washington Blade el 10 de noviembre durante una entrevista en San José, la capital de Costa Rica.  “Los opositores a la igualdad y la inclusión tratan de bloquear los avances del bloque de los derechos civiles y cuando fallan en bloquearlos, tratan de subvertirlos usando esta táctica de la supuesta libertad religiosa. Esto no es nada nuevo.”

“Las personas gays no son las primeras en experimentar esto,” agregó. “Las personas trans no son las primeras en experimentar esto. Todavía lo vemos aquí mismo con las mujeres en un esfuerzo para corroer el acceso a los derechos reproductivos en el cuidado de la salud.”

Wolfson habló con el Blade menos de un mes antes que la Corte Suprema (de los EEUU) tuviera programado escuchar los argumentos orales en un caso sobre si la Primera Enmienda le permite a Masterpiece Cakeshop en Colorado rehusarse a hornear pasteles de boda para parejas entre personas del mismo sexo, en razón de sus creencias religiosas.

El mes pasado, el Fiscal General de EEUU Jeff Sessions emitió una directriz general que dice que individuos y empresas pueden actuar con base en su libertad religiosa sin miedo a represalias del gobierno.

La ley de libertad religiosa de Misisipí que cuyos críticos aseguran que permite discriminación en contra de personas LGBT en el estado entró en vigor el mes pasado. Una orden ejecutiva sobre libertad religiosa que el presidente Trump firmó en mayo no contenía ninguna referencia LGBT específica.

“Es parte de una lucha en la cual progresamos, pero la oposición no nada más se derrite,” dijo Wolfson, quien ha presentado un escrito amicus en el caso Masterpiece. “Tratan de subvertirlo y esta es una técnica muy, muy común que utilizan.”

“La libertad religiosa es un escudo, no una espada,” agregó. “La libertad religiosa pretende proteger derechos muy importantes de las personas de libertad de culto, de orar y hablar como elijan y tener sus propias canciones dentro de sus templos, pero no es una espada para llevar al mercado y decir quiero todos los beneficios de participar en la esfera pública, pero no voy a seguir la ley, quiero una licencia para discriminar y sí, soy una empresa que pone un rótulo afuera que dice que está abierta al público, pero no voy a estar abierta al público.”

Wolfson le dijo al Blade que las personas y las cortes de Estados Unidos “han rechazado” este argumento “una y otra vez.”

“Aunque estamos en una especie de momento político disfuncional donde la oposición es más feroz de lo que en realidad es representativo del pueblo estadounidense, aún así estoy confiado que vamos a hacer retroceder estos ataques,” dijo. “No vamos a ganar todas las batallas, pero sí vamos a hacer retroceder estos ataques porque el pueblo estadounidense comprende esto como una gran amenaza a la democracia, ya que si cada quien se vuelve ley en sí mismo y puede simplemente decir ‘no quiero’ como defensa contra una ley sobre derechos civiles, abre una caja de pandora que asesta perjuicio real en personas reales, pero que además socava el estado de derecho y la cohesión misma de nuestra democracia y por todas estas razones creo que venceremos.”

‘Tenemos que aprender mutuamente’

Wolfson conversó con el Blade en el Congreso de Matrimonio Civil Igualitario, el cual fue el primero en su especie en América Latina y que estuvo enfocado exclusivamente en el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo.

Herman Duarte de Fundación Igualitos, un grupo de defensores del matrimonio igualitario basado en Costa Rica, organizó la conferencia junto con HduarteLex, su firma legal la cual lucha en contra de la discriminación por orientación sexual. Dos grupos de abogacía costarricenses — Acceder y Asociación Costarricense de Derecho Internacional — fueron coanfitriones del evento que atrajo más de 100 activistas provenientes de todo hemisferio occidental.

“Estamos aquí para aprender mutuamente,” dijo Wolfson.

En 2015 Wolfson presentó un testimonio a favor de los derechos maritales de las parejas entre personas del mismo sexo ante la Corte Constitucional de Colombia.

Ha presentado un escrito ante la Corte Suprema de Panamá a favor de la parte actora en un caso de matrimonio entre personas del mismo sexo. Wolfson además trabaja con dos grupos de abogacía LGBT Chilenos — Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y Fundación Iguales — que trabajan para impulsar el asunto en el país.

“En ninguno de estos países … lo estoy manejando todo”, le dijo al Blade. Estoy aconsejando y compartiendo y tratando de ayudar y alentar y darle a las personas la experiencia y los elementos que puedan adoptar.”

En 2016, Wolfson se reunió con defensores en Cuba que promueven el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo en el país. También se ha reunido con activistas, dirigentes de empresas y oficiales de gobierno en Suiza, Austria, Alemania, Japón, Sudáfrica y otros países desde el 2015 cuando la Corte Suprema de los EEUU emitió su sentencia hito en el caso Obergefell.

Wolfson señaló que 1,100 millones de personas al rededor del mundo habitan en jurisdicciones donde parejas entre personas del mismo sexo pueden casarse legalmente. Conversó con el Blade a menos de dos semanas antes que oficiales australianos anunciaran que la mayoría de votantes que participaron de un plebiscito no vinculante sobre si los gays y lesbianas deberían poder casarse dijo que “sí.” 

“Esto refuta los alegatos de la oposición de que cosas malas van a suceder,” dijo Wolfson, refiriéndose al creciente número de jurisdicciones que permiten el matrimonio igualitario. “Esto es parte importante del caso que tenemos que presentarle a la corte de la opinión pública, así como en las cortes de derecho en estos países. Pero también suministra esta montaña de experiencia y evidencia que puede traerse a las discusiones, ya sea con el público o con quienes toman las decisiones. Esta no es una nueva pregunta.”
 
“No estamos en los Estados Unidos en 1972. Estamos en Costa Rica en 2017,” señalando que el 70 por ciento de la población total de América Latina viven en jurisdicciones que han extendido el derecho al matrimonio para las parejas entre personas del mismo sexo. “Entonces, ¿Por qué no deberían tener los pueblos de Costa Rica, o del Perú, o Panamá o sigue la lista lo que todos sus hermanos y hermanas a través del continente — o alrededor del mundo — ya tienen.”

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Uganda

LGBTQ Ugandans targeted ahead of country’s elections

President Yoweri Museveni won 7th term in disputed Jan. 15 vote

Published

on

Barely a week after Ugandan President Yoweri Museveni secured a 7th term in an election marred by state violence, intimidation, and allegations of fraud, the country’s queer community spoke about how the election environment impacted it.

The LGBTQ lobby groups who spoke with the Washington Blade noted that, besides government institutions’ failure to create a safe and inclusive environment for civic participation by all Ugandans, authorities weaponized the Anti-Homosexuality Act to silence dissent and discourage queer voter engagement.

The rights groups note that candidates aligned with Museveni’s ruling National Resistance Movement — including Parliament Speaker Anita Among — during the campaigns accused their rivals of “promoting homosexuality” to discredit them while wooing conservative voters. 

Queer people and LGBTQ rights organizations as a result were largely excluded from the formal political processes for the election as voters, mobilizers, or civic actors due to fear of exposure, stigma, violence, and legal reprisals. 

“This homophobic rhetoric fueled public hostility and emboldened vigilante violence, forcing many queer Ugandans into deeper hiding during the election period,” Uganda Minority Shelters Consortium Coordinator John Grace stated.

Some queer people had expressed an interest in running for local council seats, but none of them formally registered as candidates or campaigned openly because of safety concerns and local electoral bodies’ discriminatory vetting of candidates.

“UMSC documented at least three incidents of election-related violence or intimidation targeting LGBTQ+ individuals and activists,” Grace noted. “These included harassment, arbitrary detentions, extortions by state and non-state actors, digital cat-fishing, and threats of outing.” 

Amid such a militarized and repressive election environment, Let’s Walk Uganda Executive Director Edward Mutebi noted queer-led and allied organizations engaged in the election process through restricted informal voter education, community discussions, and documenting human rights violations. 

“Fear of backlash limited visibility and direct participation throughout the election cycle,” Mutebi said. “But despite the hostile environment of work, Let’s Walk Uganda was able to organize a successful transgender and gender diverse youth training on electoral security and safety.” 

Museveni’s government escalated its repressive actions during the Jan. 15 elections by shutting down the internet and suspending nine civil society organizations, including Chapter Four Uganda and the National Coalition of Human Rights Defenders, for allegedly engaging in activities that are prejudicial to the security and laws of the country. 

The suspension of the rights organizations remains in force, an action both Mutebi and Grace condemn. They say it prevents queer Ugandans from accessing urgent services from the affected groups.

“For the LGBTQ community, the impact has been immediate and deeply harmful. Many of the suspended organizations, like Chapter Four Uganda, were critical partners in providing legal representation, emergency response, and documentation of rights violations,” Grace said.

This has compelled UMSC and its other partners to handle increased caseloads with limited resources, while navigating heightened scrutiny and operational risk. 

“The suspension has disrupted referral pathways, delayed urgent interventions, and weakened collective advocacy for marginalized groups and minority rights defenders, which calls for urgent international solidarity, flexible funding, and protection mechanisms to safeguard the work of grassroots organizations operating under threat,” Grace stated. 

Mutebi warned that such repressive actions are tyrannical and are indicative of shrinking civic space, which undermines democratic accountability as the promotion and protection of human rights is ignored.

With Museveni, 81, extending his tenure at State House from a landslide win of 72 percent, UMSC and LWU consider a bleak future in the protection of rights for queer Ugandans and other minority groups.

“Without significant political and legal shifts, LGBTQ persons will face continued criminalization, reduced civic space, and heightened insecurity, making sustained advocacy and international solidarity more critical than ever,” Mutebi said. “ It is unimaginable how it feels to live in a country with no hope.”

Grace, however, affirmed the resistance by local queer lobby groups will continue through underground networks, regional solidarity, and digital organizing.

The duo noted that a win by Museveni’s main challenger and rapper, Bobi Wine, who only managed 24 percent of the total votes cast, could have enabled the opening up of civil space and human rights protections in Uganda. 

Wine, for his part, spoke in favor of the respect for the rule of law and human rights during his campaign.

“While Bobi Wine’s past stance on LGBTQ rights was inconsistent, his recent shift toward more inclusive rhetoric and international engagement suggested a potential opening for dialogue,” Grace said. “A win might have created space for policy reform or at least reduced state-sponsored homophobia, though structural change would still require sustained pressure and coalition-building.”

Mutebi stated that a change in Uganda’s leadership to a youthful leader like Wine could have offered an opening, but not a guarantee for progress on inclusion and human rights. Mutebi added existing institutionalized and societal homophobia remain in place.

Continue Reading

Federal Government

Trump-appointed EEOC leadership rescinds LGBTQ worker guidance

The EEOC voted to rescind its 2024 guidance, minimizing formally expanded protections for LGBTQ workers.

Published

on

Equal Employment Opportunity Commission seal, gay news, Washington Blade

The U.S. Equal Employment Opportunity Commission voted 2–1 to repeal its 2024 guidance, rolling back formally expanded protections for LGBTQ workers.

The EEOC, which is composed of five commissioners, is tasked with enforcing federal laws that make workplace discrimination illegal. Since President Donald Trump appointed two Republican commissioners last year — Andrea R. Lucas as chair in January and Brittany Panuccio in October — the commission’s majority has increasingly aligned its work with conservative priorities.

The commission updated its guidance in 2024 under then-President Joe Biden to expand protections to LGBTQ workers, particularly transgender workers — the most significant change to the agency’s harassment guidance in 25 years.

The directive, which spanned nearly 200 pages, outlined how employers may not discriminate against workers based on protected characteristics, including race, sex, religion, age, and disability as defined under federal law.

One issue of particular focus for Republicans was the guidance’s new section on gender identity and sexual orientation. Citing the 2020 U.S. Supreme Court’s Bostock v. Clayton County decision and other cases, the guidance included examples of prohibited conduct, such as the repeated and intentional use of a name or pronoun an individual no longer uses, and the denial of access to bathrooms consistent with a person’s gender identity.

Last year a federal judge in Texas had blocked that portion of the guidance, saying that finding was novel and was beyond the scope of the EEOC’s powers in issuing guidance.

The dissenting vote came from the commission’s sole Democratic member, Commissioner Kalpana Kotagal.

“There’s no reason to rescind the harassment guidance in its entirety,” Kotagal said Thursday. “Instead of adopting a thoughtful and surgical approach to excise the sections the majority disagrees with or suggest an alternative, the commission is throwing out the baby with the bathwater. Worse, it is doing so without public input.”

While this now rescinded EEOC guidance is not legally binding, it is widely considered a blueprint for how the commission will enforce anti-discrimination laws and is often cited by judges deciding novel legal issues. 

Multiple members of Congress released a joint statement condemning the agency’s decision to minimize worker protections, including U.S. Reps. Teresa Leger Fernández (D-N.M.), Grace Meng (D-N.Y.), Mark Takano (D-Calif.), Adriano Espaillat (D-N.Y.), and Yvette Clarke (D-N.Y.) The rescission follows the EEOC’s failure to respond to or engage with a November letter from Democratic Caucus leaders urging the agency to retain the guidance and protect women and vulnerable workers.

“The Equal Employment Opportunity Commission is supposed to protect vulnerable workers, including women, people of color, and LGBTQI+ workers, from discrimination on the job. Yet, since the start of her tenure, the EEOC chair has consistently undermined protections for women, people of color, and LGBTQI+ workers. Now, she is taking away guidance intended to protect workers from harassment on the job, including instructions on anti-harassment policies, training, and complaint processes — and doing so outside of the established rule-making process. When workers are sexually harassed, called racist slurs, or discriminated against at work, it harms our workforce and ultimately our economy. Workers can’t afford this — especially at a time of high costs, chaotic tariffs, and economic uncertainty. Women and vulnerable workers deserve so much better.”

Continue Reading

Local

Comings & Goings

Gill named development manager at HIPS

Published

on

Warren Gill

The Comings & Goings column is about sharing the professional successes of our community. We want to recognize those landing new jobs, new clients for their business, joining boards of organizations and other achievements. Please share your successes with us at [email protected]

The Comings & Goings column also invites LGBTQ+ college students to share their successes with us. If you have been elected to a student government position, gotten an exciting internship, or are graduating and beginning your career with a great job, let us know so we can share your success. 

Congratulations to R. Warren Gill III, M.Div., M.A. on being appointed as the development manager at HIPS. Upon his appointment, Gill said, “For as long as I’ve lived in Washington, D.C., I’ve followed and admired the life-saving work HIPS does in our communities. I’m proud to join the staff and help strengthen the financial support that sustains this work.”

Gill will lead fundraising strategy, donor engagement, and institutional partnerships. HIPS promotes the health, rights, and dignity of individuals and communities impacted by sexual exchange and/or drug use due to choice, coercion, or circumstance. HIPS provides compassionate harm reduction services, advocacy, and community engagement that is respectful, non-judgmental, and affirms and honors individual power and agency.  

Gill has built a career at the intersection of progressive politics, advocacy, and nonprofit leadership. Previously he served as director of communications at AIDS United, supporting national efforts to end the HIV epidemic. Prior to that he had roles including; being press secretary for Sen. Bernie Sanders during the 2016 presidential primary, and working with the General Board of Church and Society, the United Methodist Church, the denomination’s social justice and advocacy arm.

Gill earned his bachelor’s degree in philosophy and religious studies, Jewish Studies, Stockton University; his master’s degree in political communication from American University, where his graduate research focused on values-based messaging and cognitive linguistics; and his master of Divinity degree from the Pacific School of Religion.  

Continue Reading

Popular