Connect with us

News

Activistas nicaragüenses asisten taller de Victory Institute

Protestas contra el gobierno han dejado cientos de muertos

Published

on

Un grupo de cinco activistas nicaragüenses asistieron a un taller patrocinado por el Victory Institute que se realizó cerca de la capital hondureña de Tegucigalpa el pasado fin de semana. (Foto dominio público)

SANTA LUCÍA, Honduras — Cinco activistas nicaragüenses que participan en protestas contra el gobierno de su país asistieron a un taller LGBTI regional que se realizó en Honduras el pasado fin de semana.

Los activistas que viene de la capital nicaragüense de Managua y la ciudad de Chinandega están entre las 28 personas que asistieron al taller patrocinado por el Victory Institute que se realizó fuera de la capital hondureña de Tegucigalpa el 28-29 de septiembre.

SOMOS CDC, Asociación Lambda y Caribe Afirmativo — tres grupos LGBTI de Honduras, Guatemala y Colombia respectivamente — también organizaron el taller.

El taller — uno de tres que se espera realizarse en Centroamérica durante los próximos meses — se realizó menos de seis meses después del comienzo de las protestas contra el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vice presidenta Rosario Murillo. Ira sobre el plan de reducir los beneficios de seguridad social y la respuesta del gobierno a un incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz en la costa caribeña del país provocaron las protestas.

Los informes indican más de 500 personas han sido asesinadas desde el comienzo de las protestas el 18 de abril. Los activistas preguntaron al Washington Blade de no identificarles por nombre o de publicar sus fotos por razones de preocupaciones sobre su seguridad.

Un activista, un hombre gay de Chinandega, notó la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua era entre las primeras organizaciones que instaron al gobierno de no usar violencia contra las manifestantes. El activista señaló la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua el 15 de junio emitió otro comunicado que llamaba al gobierno de participar en un dialogo con líderes de las protestas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obispos católicos habían negociado.

El grupo también demandó “el cese a la represión en todos sus niveles y en toda Nicaragua” y “la libertad de todas las personas ilegalmente encarceladas.”

“La Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua repudia enérgicamente todas las acciones violentas del régimen ortega murillo destacada hacia la población nicaragüense,” dice el comunicado.

Activista: Nicaragüenses LGBTI han sido asesinados

William Ramírez Cerda, un activista gay, y más de 200 otras personas fueron atrapados al dentro de una iglesia a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en julio cuando las fuerzas pro gubernamentales la rodeaban. Ramírez dijo al Blade durante una entrevista después del asedio de 15 horas que un estudiante que fue disparado en la cabeza fuera de la iglesia murió.

El activista gay de Chinandega dijo al Blade que personas LGBTI han sido asesinado en su ciudad durante protestas contra el gobierno. Una activista de Managua que se describe como una “mujer lesbiana” y “feminista organizada” dijo que actualmente hay 11 presos políticos LGBTI en Nicaragua.

Los activistas también dijeron que el gobierno ha lanzado una “campaña de desinformación” en las redes sociales para atacar a los activistas LGBTI y otros participantes en las protestas.

Una captura de pantalla que el activista gay de Chinandega mandó al Blade tiene una foto de una “terrorista” buscado descrito como “promotor de odio y violencia a través de sus redes sociales.” Otra captura de pantalla de una página de Facebook que fue grabada el 29 de agosto tiene fotos de activistas descritos como “asesinos terroristas de la derecha.”

“La campaña de desinformación va a dirigir exactamente para las y los activistas LGBT quien han estado de forma visible en la lucha,” dijo el activista gay de Chinandega.

Otros activistas que hablaron al Blade dijeron que han sido amenazados por simpatizantes del gobierno.

Un activista gay de Managua dijo que traía medicamentos y otros suministros a los estudiantes que ocuparon dos universidades. También dijo al Blade que vio miembros de la Policía Nacional de Nicaragua matan a manifestantes.

El activista dijo simpatizantes del gobierno en su barrio “me amenazan mucho.”

“A veces tengo que irme a otro lado de Managua donde visito a familiares,” dijo al Blade.

Una activista trans de Managua dijo al Blade que trata de mantener un bajo perfil porque muchos de sus vecinos apoyan el gobierno. La activista dijo que una compañera trans fue forzada de cortarse el cabello mientras ella estaba bajo custodia.

“Comenzamos pues tener más cuidado de hacer cualquier comentación en Facebook, cualquier publicación,” ella dijo al Blade. “Yo siempre dijo ante de la seguridad de mi es la de mi familia.”

Una activista de Chinandega estaba estudiando a una universidad en Managua cuando empezaron las protestas. Ella dijo la inquietud le provocó de renunciar de su trabajo y volver a Chinandega.

“Esto me afectó directamente,” dijo la activista.

El activista gay de Chinandega dijo al Blade se ha detenido por la Policía Nacional tres veces. Dijo que ahora vive con su hermana “por razones que me han dado a la policía.”

“Yo no estoy viviendo en mi casa,” el dijo al Blade.

Funcionarios nicaragüenses bajo sanciones estadounidenses

Ortega — que lideró el movimiento sandinista que se derrumbó el gobierno del entonces dictador Anastasio Somoza en 1979 — ha sido presidente de Nicaragua desde 2007. No hubo protestas visibles contra el gobierno en Managua cuando el Blade reportaba desde la ciudad al fin de febrero, aunque líderes de la oposición han dicho que Nicaragua se ha convertido en un país más autoritario bajo el régimen Ortega Murillo.

Un cartel en Managua, Nicaragua, el 27 de febrero de 2018, promueve el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Protestas contra el gobierno del país centroamericano han dejado cientos de muertos. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)

Los EEUU en Julio sancionó al comisionado de la Policía Nacional Francisco Javier Díaz Madriz y dos otros altos funcionarios del gobierno bajo una ley que congela los activos de ciudadanos extranjeros que cometen abusos contra los derechos humanos y les prohíbe ingresar a los EEUU. Los activistas dijeron al Blade que apoyan más sanciones en contra el gobierno de Ortega Murillo, y no una posible intervención militar de los EEUU y/o otros países para expulsarlo del poder.

“Lo que no estamos de acuerdo desde mi punto de vista es una intervención militar,” dijo el activista gay de Chinandega.

La activista que salió de Managua y volvió a Chinandega después del comienzo de las protestas estaba en acuerdo con sus compañeros que dijeron Ortega y Murillo tienen que renunciar. La activista dijo que los partidarios del gobierno con posiciones en las instituciones del Estado nicaragüense también deben salir.

“Hay impunidad,” la activista dijo al Blade.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Federal Government

Todd Blanche’s record on LGBTQ issues comes under scrutiny as he takes over DOJ

Blanche was confirmed by the Republican controlled Senate 50-49.

Published

on

Attorney General Todd Blanche (Photo public domain)

Todd Blanche, President Trump’s former personal lawyer, was sworn in as attorney general of the United States on Monday.

Blanche secured the position as the country’s 88th chief law enforcement officer on Sunday night after a contentious Senate confirmation process, ultimately ending with a 50-49 vote in his favor. All Democrats, as well as Republican Sens. Susan Collins and Lisa Murkowski, voted against him.

The confirmation hearing — and subsequent vote — brought questions surrounding Blanche’s credibility and integrity, as well as concerns about Trump’s ethical dilemmas surrounding cronyism, to the forefront.

The attorney general acts as the head of the Department of Justice, responsible for enforcing federal laws, representing the U.S. in court, and advising the president.

Blanche has a long history in Washington, beginning when he attended American University for his undergraduate education, like fellow former Trump attorney Michael Cohen. He began his legal career as an intern in the U.S. Attorney’s Office in Washington, which eventually became a full-time position.

That job eventually led him to work as a paralegal in the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York while attending Brooklyn Law School at night. Blanche graduated cum laude in 2003.

Blanche left the public sector in 2014, taking a job in the Manhattan office of the law firm WilmerHale. In September 2017, he moved to Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, where he was a partner in the White Collar Defense and Investigations practice.

There, Blanche represented several figures associated with President Donald Trump, including former New York City Mayor Rudy Giuliani and Trump’s former campaign manager Paul Manafort.

In 2024, Blanche switched from Democrat to Republican and moved from New York City to Palm Beach, Fla., where he would be closer to Trump’s primary legal residence at Mar-a-Lago.

He then served as Trump’s personal defense attorney in the New York state case that led to Trump’s 2024 conviction on 34 felony counts of falsifying business records to cover up hush-money payments to adult film star Stormy Daniels.

While serving as acting head of the Department of Justice before his official confirmation, Blanche played a central role in overseeing the department and was involved in leadership decisions tied to several controversial actions affecting LGBTQ people.

One of the first issues was transgender rights and gender-affirming care, particularly for minors — an issue the White House and Republican Party have made a key part of their broader cultural agenda and federal policy efforts.

In a letter to New York Attorney General Letitia James, Blanche declared that the Justice Department “will not sit idly by while you attempt to use your office to force harmful procedures on our most vulnerable population.”

The letter came before NYU Langone ended its gender-affirming care at the behest of the president, forcing the hospital system to stop prescribing puberty blockers and hormones to minors.

The hospital’s change in policy came after the Trump-Vance administration threatened to pull all federal funding if it continued providing the care.

Blanche wrote that “the Justice Department believes the law is clear, and anti-discrimination laws cannot be used to force NYU Langone to perform sex-rejecting procedures on children.”

“As just one example, your office’s position would require a hospital to prescribe certain medications for certain diagnoses, regardless of the hospital’s or its doctors’ independent medical determination about the propriety of such treatment,” he continued in the letter.

In addition to his anti-transgender positions, Blanche also echoed his predecessor, Pam Bondi, in taking a public stance on limiting LGBTQ-related protections at the federal level.

He aligned with Bondi’s sentiments in June 2025 regarding the U.S. Supreme Court’s 6–3 decision that restricted LGBTQ history lessons in schools and limited lower federal courts from issuing nationwide injunctions — rulings that have often blocked Trump administration policies.

Blanche called it “another great decision that came down today,” arguing the ruling “restores parents’ rights to decide their child’s education.”

“It took the Supreme Court to set the record straight, and we thank them for that,” he said. “Now that ruling allows parents to opt out of dangerous trans ideology and make the decisions for their children that they believe is correct.”

In December 2025, a Justice Department memo stated that, “effective immediately,” prisons and jails would no longer be held responsible for violations of standards meant to protect LGBTQ people from harassment, abuse and rape under the Prison Rape Elimination Act.

The law, passed unanimously by Congress in 2003, requires that incarcerated people be screened for their risk of sexual assault, including consideration of LGBTQ status, and applies to all correctional facilities.

Additionally, when the Justice Department, under Blanche’s deputy leadership and at Trump’s behest, attempted to force Children’s National Hospital in D.C. to turn over medical records related to gender-affirming care, U.S. District Judge Julie R. Rubin ruled that the effort “appears to have no purpose other than to intimidate and harass.”

Blanche also faced scrutiny over a slew of other issues surrounding his leadership during his tenure as acting AG.

The Justice Connection, a watchdog organization that works to protect current and former civil servants working in the U.S. Department of Justice, called his work so far “devastating.”

The organization said Blanche “harmed the department’s workforce, advanced the politicization of the department, undermined the rule of law, and threatened public safety.”

The group cited several issues, including what it described as Blanche minimizing the violent reality of the January 6 insurrection led by Trump supporters; investigating and attempting to prosecute President Trump’s perceived political enemies; the botched release of the Epstein Files to Congress and the public, including the release of victim and witness details and censorship surrounding the scope of Trump’s relationship with the convicted sex trafficker and pedophile; and the expansion of federal immigration enforcement in Minnesota which lead to the death of two U.S. citizens by federal officials.

Sharon McGowan, senior vice president of Policy & Litigation at the Human Rights Campaign, the largest LGBTQ advocacy group in the country, provided a statement to the Blade about Blanche’s confirmation calling it “chilling.”

“The last thing Todd Blanche deserves is a promotion,” McGowan said via email. “For months, Blanche has used his position as Acting Attorney General to advance President Trump’s personal and financial interests and to weaponize the Justice Department against the President’s enemies, whether they be transgender kids or civil rights organizations trying to help people vote. His notion of justice is warped and dangerous, and LGBTQ+ Americans deserve better.”

Continue Reading

Delaware

New LGBTQ visitor center slated for Wilmington, Del.

The Collective to feature gift shop, queer museum, more

Published

on

Members of the Gay and Lesbian Alliance of Delaware (GLAD) at the Griffin Community Center in Wilmington, Del. (Photo from Collection of Delaware Queer History, courtesy of Ivo Dominguez Jr.)

During Pride month this year, the Delaware Sexuality and Gender Collective (DSGC) announced plans for “The Collective,” the first LGBTQ+ visitor center in Wilmington in nearly 40 years.

“We’ve been talking about the concept of a brick-and-mortar space for a long time,” said Noah Duckett, co-founder of the DSGC.

A licensed clinical social worker, Duckett co-founded DSGC with his mother, Julissa Corianno, in 2018. Established under Sussex Pride, the DSGC serves as a hub for leaders and organizations working directly with LGBTQ+ communities throughout Delaware.

“Our vision for The Collective is a place where our community can come to learn, create, work, and be inspired,” said Corianno.

The Collective will feature a visitor center and gift shop highlighting LGBTQ-owned businesses in Delaware.

“I think that this is something that’s going to benefit our community so much,” said Duckett.

Some of the LGBTQ-owned businesses that DSGC has already partnered with include Stressed Induced Art Attack, Moonbeam Art Collaborative, Voce Coffee, Groovy Gemini Co., Scout Cafe, Macaron Social, and Huxley and Hiro.

“Specifically in Wilmington, we haven’t had an LGBTQ-dedicated space in almost 40 years,” said Duckett.

The last LGBTQ community center in Wilmington was The Griffin Community Center, which was open for only a few years in the 1990s.

“The Griffin was a community space in the ’90s, founded by our friends James and Evo, who are so incredible and have been so supportive throughout this process,” said Duckett. 

Duckett said the DSGC hopes to carry on The Griffin’s legacy.

“I think now more than ever, there’s more and more spaces closing their doors. More and more spaces are losing funding, seeing reduced funding and reduced access, especially LGBTQ+ organizations and communities,” said Duckett. 

The Collective will also feature Delaware’s first LGBTQ history museum, curated by queer historian Carolanne Deal.

“We don’t have any permanent displays in the state about Delaware’s queer history, and we want people to be able to access that history any day of the year, not just during Pride month,” said Deal.

With a master’s degree in art history for museum professionals, Deal has more than seven years of experience in curatorial work and hands-on collections care.

“It’s mainly going to be a graphic display with photographs, articles, and accessible text that draws people in and creates a story for the community,” said Deal.

Although the museum will not initially have an object collection, Deal said she hopes to add physical archival pieces in the future.

“Delaware has been at the forefront of a lot of queer civil rights, and it’ll be really amazing to have that enshrined in a permanent display that’s not only up for Pride month,” said Deal.

Duckett said DSGC is currently raising funds with the goal of breaking ground this summer and opening by the end of the year.

“We would love to have rent paid for, like, multiple years up front,” said Duckett.

Duckett told the Blade that fundraising efforts have reached just under $29,000 and that the organization is awaiting several major donations from community partner organizations.

However, he said DSGC continues to be denied many grants tied to federal or state funding because of restrictions on those funds being used for LGBTQ-serving organizations.

“Private and corporate donations are absolutely vital,” said Duckett.

Anyone interested in supporting the construction of The Collective can donate online or contact [email protected] for more information.

Continue Reading

Netherlands

Tens of thousands take part in World Pride March

Event capped off two weeks of celebrations in Amsterdam.

Published

on

(Washington Blade photo by Michael Key)

AMSTERDAM — Tens of thousands of people on Saturday participated in the World Pride March in Amsterdam.

Outright International Executive Director Maria Sjödin and Paolo Rondelli, who in 2022 became the world’s first openly gay head of state when he became Captain Regent of San Marino, are among those who participated alongside Massachusetts state Rep. Jack Lewis and Olena Shevchenko, chair of Insight, an LGBTQ advocacy group in Ukraine, and others.

Members of D66, the centrist Dutch political party that Prime Minister Rob Jetten heads, also marched.

Jetten in February became the Netherlands’ first openly gay prime minister. He participated in the opening of the World Pride Human Rights Conference on Aug. 5 and spoke on a panel with Rondelli, former Irish Prime Minister Leo Varadkar, and other gay and lesbian current and former heads of government.

(Washington Blade video by Michael K. Lavers)

(Washington Blade video by Michael K. Lavers)

The march took place a week after hundreds of thousands of people lined Amsterdam’s canals for the city’s annual Amsterdam Pride Canal Parade.

A terrorist attack at Berlin’s Christopher Street Day on July 25 left one person dead and more than two dozen others injured.

The incident overshadowed World Pride, which began hours earlier and ended on Saturday.

Dutch authorities increased security measures in the aftermath of the July 25 attack. No incidents were reported during World Pride.

Continue Reading

Popular