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Bukele no muestra interés en la inclusión de personas LGBTI
El gobierno del nuevo presidente salvadoreño cumpla 100 días
SAN SALVADOR, El Salvador — Mientras en casa presidencial se recibió a la delegación de California para darles a conocer el proyecto #SurfCity; a poco tiempo de que el gobierno de Nayib Bukele cumpla 100 días al frente de la administración pública de El Salvador, las organizaciones LGBTI conglomeradas en la Federación Salvadoreña LGBTI mostraron su descontento ante la falta de interés del gobernante y algunos de sus ministerios, en dar seguimiento al trabajo que se había avanzado en materia de inclusión con la población LGBTI en las diferentes dependencias del Estado.
Hace un par de meses, a dos días de haber tomado posesión en el cargo, Bukele anunció el cierre de varias secretarías que dependían directamente de la presidencia, reestructurando así algunas de las dependencias que se encontraban en algunas de dichas secretarías, un ejemplo es Ciudad Mujer que pasaría al nuevo Ministerio de Desarrollo Local, dirigido por Maria Chichilco.
“Por medio de un tweet se le preguntó (al presidente Bukele), ¿Qué iba a pasar con la Dirección de Diversidad Sexual?, y él por el mismo medio informó que la Dirección de Diversidad Sexual iba a pasar al Ministerio de Cultura a cargo de Suecy Callejas”; comenta en sus declaraciones al Washington Blade, Karla Guevara, directora djecutiva de Colectivo Alejandría. “Pero hasta la fecha tenemos una Dirección de Diversidad Sexual acéfala, de hecho no hay nadie ocupando ese cargo, también tenemos un Decreto Ejecutivo 56 prácticamente inoperable, que no se aplica porque no hay un ente regulador.”
Pero la inactividad de la Dirección de Diversidad Sexual y la no aplicación del Decreto Ejecutivo 56, no son las únicas preocupaciones de las organizaciones LGBTI, pues en algunos ministerios ya se habían creado mesas de trabajo instaladas para luchar por la inclusión en las dependencias del Estado; trabajo el cual no se le ha dado seguimiento hasta la fecha, “tampoco nos hemos reunido en la mesa permanente con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tampoco con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a través de la Política de atención a personas LGBTI, entre otras”, asegura Guevara.
Hasta el momento no existe una comunicación oficial entre el Gobierno y las organizaciones que conforman la Federación Salvadoreña LGBTI.
“Las organizaciones LGBTI hemos expresado públicamente voluntad para trabajar de la mano con la actual administración presidencial desde que tomó posesión”, comenta en exclusiva al Blade, Roberto Zapata, secretario general de AMATE. “Sin embargo, en los tres meses que han pasado nos hemos dado cuenta que la política ha sido ir cerrando espacios de participación y articulación del gobierno con la sociedad civil LGBTI”.
Comentaron al Blade que a inicios de agosto, mujeres trans, hombres trans y mujeres lesbianas que trabajaban en Ciudad Mujer, fueron informadas e informados que firmarían una carta de renuncia de sus plazas, a lo cual algunas organizaciones comenzaron a cuestionar el mal procedimiento a dichos procesos, puesto que estas personas están bajo Ley de Salarios y por lo cual hay un proceso a seguir, siempre y cuando dichas plaza no sean eliminadas.
“A algunas les hicieron firmar su carta de renuncia, con indemnización pero sin el debido procedimiento”, comenta al Blade Guevara. “Dos compañeras y dos compañeros no firmaron, pero no les dejaron seguir con sus labores. Dicha carta —yo tuve acceso a ver una— no lleva el logo del gobierno, ni la firma de nadie, solo expresa que la plaza de la persona ha sido suprimida debido a que la Secretaria de Inclusión Social ha sido eliminada”.
Aseguraron de que han intentado contactar a Chichilco, pero ella no ha respondido a sus peticiones, y cuando una activista cercana a una organización LGBTI cuestionó a ministra, ella dijo desconocer dichos despidos. Las organizaciones LGBTI hicieron una denuncia pública al respecto pero no han tenido respuesta alguna hasta la fecha.
“Mediáticamente se ha querido enviar el mensaje que están ‘limpiando; el ejecutivo de militantes del FMLN, lo cierto es que varias de las personas despedidas apoyaron públicamente al actual presidente”, comenta al Blade Zapata.
Se teme que estás acciones y el desinterés por parte del gobierno de Bukele continúe, por lo que la Federación Salvadoreña LGBTI se pronunció con respecto al tema. “Demandamos a la actual Presidencia de la República dar garantías a las personas LGBTI de que el trabajo avanzado con distintas instituciones del Ejecutivo —como los ministerios de Justicia y Seguridad Pública, de Trabajo y Previsión Social, de Salud, entre otros— en materia de medidas afirmativas para la inclusión de este sector social, continúen siendo implementadas y, en todo caso, fortalecidas”.
“Solicitamos una reunión urgente con el Presidente Nayib Bukele y con las Ministras María Chichilco y Suecy Callejas, para entablar una mesa de dialogo con la Federación Salvadoreña LGBTI que permita el trabajo en conjunto con el Gobierno y la Sociedad Civil organizada por el bienestar de las personas LGBTI a las que nos debemos, respetando la igualdad de Derechos”, aseguran.
“Como organizaciones LGBTI estamos articulándonos junto al resto del movimiento social porque tememos que los retrocesos van a seguir profundizándose. El pueblo salvadoreño debe estar listo para pronunciarse y luchar por sus derechos como históricamente lo ha hecho. Las personas LGBTI nos sumaremos como siempre lo hemos hecho”, finaliza el secretario ejecutivo de AMATE.
Bukele esta semana no respondió a un tweet del Blade que buscaba sus comentarios sobre el tema.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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