Noticias en Español
Una huelga de hambre en San Isidro, la protesta que no deja dormir a La Habana
Huelguistas fueron expulsados de su sede el jueves

LA HABANA — Un grupo de artistas y activistas disidentes del gobierno cubano, protagoniza una de las crisis políticas más agudas que ha vivido el país en lo que va de siglo.
Al cabo de 10 días acuartelados en una casa de La Habana Vieja y después de una semana en huelga de hambre, los activistas del Movimiento San Isidro (MSI) fueron desalojados a la fuerza en la noche de este jueves durante una gran operación policial.
Este desenlace era uno de los menos probables para un incidente que ya dura un par de semanas. Antes se esperaba el agravamiento y la probable hospitalización de Luis Manuel Otero Alcántara o de Maykel Osorbo, los dos miembros del grupo que también asumieron una huelga de sed. El gobierno, sin embargo, usó como argumento la epidemia de coronavirus para irrumpir en la sede de MSI.
Una nota aparecida en la prensa oficial justificó el desalojo diciendo que el periodista Carlos Manuel Álvarez, recién llegado desde el extranjero, debía repetirse el test de covid-19. El reportero se reunió con los huelguistas después de evadir —”vestido de turista”, dijo— la vigilancia que tenía la policía sobre la casa de la calle Damas entre San Isidro y Avenida del Puerto, en la zona más antigua de la capital.
A su llegada se encontró a 14 personas que llevaban varios días viviendo juntas en un edificio casi derrumbado que los activistas de MSI intentan reconstruir poco a poco. Luis Manuel estaba muy débil a esas alturas de su huelga de hambre y sed.
La mayoría de las fuentes disponibles sobre deshidratación aseguran que un organismo común podría vivir sin agua entre 3 y 5 días. “Se han reportado casos de personas que lograron sobrevivir por más tiempo”, dice una nota sobre el tema publicada en 2016. Luis Manuel, al parecer, es una de esas. Aguantó 6.
En la tarde del 25 de noviembre, el activista comunicó que dejaría la huelga de sed. “Hoy amanecí con ganas de crear, con ganas de vivir”, escribió en su página de Facebook. “Seguiré mi lucha por la libertad del Denis y de todos los hermanos presos y abusados por un régimen en decadencia”, advirtió en su mensaje.
Los activistas eligieron ese confinamiento voluntario después de ser detenidos constantemente por la policía mientras solicitaban la liberación de Denis Solís, un rapero que fue sancionado a 8 meses de prisión por el delito de desacato.
Solís fue detenido a los pocos días haber insultado a un policía en una transmisión de Facebook. “Sígueme haciendo acoso pa’ que tú veas que vas a explotar. ¡Donald Trump 2020!”, le gritó al policía. También usó insultos homofóbicos que preocuparon y alejaron de MSI a una parte de la comunidad LGBTI+ organizada en La Habana, aunque Denis Solís se disculpara por esas ofensas en el último video colgado en su perfil.
Los acuartelados incluyeron en su campaña otra petición: el cierre de las tiendas que venden productos básicos en dólares estadounidenses, una decisión desesperada del gobierno para sobrevivir a la crisis económica que empeoró la epidemia de covid-19.
El último motivo para ponerse en huelga de hambre apareció cuando la policía interceptó a una vecina que les alcanzaba una bolsa de alimentos. Aunque se restableció luego el suministro, una parte de los acuartelados decidió continuar sin alimentarse hasta que Denis Solís quedara en libertad.
El proceso contra el rapero, como permite la ley cubana, fue sumario. En pocos días ya estaba en la cárcel. Varios juristas consideran que ese tipo de procedimiento, aunque legal en Cuba, no respeta las garantías que merece cualquier acusado.
La liberación de Denis Solís, el punto en el que más insistieron los huelguistas, ha sido problemática para quienes piensan que el rapero sí cometió desacato.
Además, varios sitios estatales lo han relacionado con presuntos terroristas en un video difundido en la última semana. En las imágenes, tomadas durante un interrogatorio policial, Solís admite haber estado relacionado con José Luis Fernández Figuera, un sujeto que el mismo material considera “autor de varios hechos de sabotajes hechos en Cuba, circulado por las autoridades cubanas desde el año 2017”.
El video presenta a Figuera como “miembro de una organización terrorista autodenominada ‘Lobos Solitarios’”. Sin embargo, no existe información pública sobre ese grupo terrorista ni acerca de los sabotajes que se le atribuyen.
“Lobo solitario” es un término genérico usado en las últimas décadas para referirse a individuos que actúan como terroristas por su cuenta, sin afiliarse a ninguna organización.
Los huelguistas de MSI desestimaron estas acusaciones, lo mismo que abogados como Eloy Viera Cañive. “Lo que para cualquier persona podría considerarse una confesión, para mí es una manipulación. Denis Solís no fue sancionado por ningún delito de mercenarismo, por recibir dinero, por estar instrumentalizado desde ningún lugar, fue sancionado por un delito de desacato”, dijo el jurista en una transmisión de la revista digital El Toque.
No existe ninguna versión, ni oficial ni independiente, que explique las razones por las que el policía entró a la casa de Solís. El único documento a la vista es la directa del propio acusado, donde se le ve insultar al oficial sin recibir ninguna réplica.
Ese fue el incidente que provocó la huelga de hambre y sed en una casa de San Isidro. Pero todo llegó mucho más lejos y se ha convertido en un foco de rebelión civil, no violenta, que genera simpatías y rechazos indistintamente.
Los desalojaron y se fueron al Ministerio de Cultura
Sobre las 8 pm de este jueves, los usuarios de Facebook e Instagram no pudieron acceder a esas redes sociales desde La Habana. En la próxima hora, los sitiados y sus amigos serían desalojados con violencia sin que quedaran más evidencias gráficas que las tomadas por la policía.
Después de ser expulsados, los miembros de MSI y las otras personas que se alojaban con ellos, fueron liberados en sus viviendas legales. Durante la madrugada de este viernes, sin embargo, se produjeron nuevas detenciones.
Luis Manuel Otero Alcántara no aceptó quedarse en el apartamento de Katherine Bisquet, como sugirieron las autoridades, que mantenían ocupada a esa hora la sede de la huelga en San Isidro. Entonces continuó bajo custodia. Anamely Ramos, en protesta por la situación de Luis Manuel, se hizo detener frente a su edificio en Centro Habana.
En la tarde de este viernes, se conoció que Ramos se hallaba en casa de la activista Omara Ruiz Urquiola, una de las desalojadas de San Isidro. De Luis Manuel Otero Alcántara no hay noticia. Amnistía Internacional emitió un comunicado donde lo calificó como “prisionero de conciencia”.
Decenas de artistas y activistas se manifiestan todavía a esta hora (9:30 pm) frente al Ministerio de Cultura, en La Habana, para protestar contra el desenlace violento contra los sitiados en San Isidro.
Los promotores de la manifestación que comenzó en la mañana y sumó a más de cien personas, difundieron un documento con demandas para el gobierno.
“Repudiamos, denunciamos y condenamos la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el disenso, la autonomía activista, el empoderamiento de las minorías y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos”, dice el documento.
“En solidaridad con nuestros hermanos del Movimiento San Isidro exigimos que la justicia no se ejerza a discreción”, observa también, para después solicitar al gobierno que “elimine el odio político y cree sistemas reales y efectivos desde donde se escuchen las demandas de la ciudadanía estableciendo garantías para un diálogo desprejuiciado y honesto que no tenga represalias para los que alzan su voz”.
Al cierre de esta nota, 30 de los manifestantes fueron admitidos en el Ministerio de Cultura para exponer sus demandas al viceministro Fernando Rojas, según varias fuentes consultadas en el lugar de la protesta.
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The university that refuses to let go
Joanna Cifredo is a trans woman participating in University of Puerto Rico strike
Over the past days, I have been walking with a question that refuses to leave me. Not the kind of question you answer from a desk or from a distance, but one that grows out of what you witness in real time, at the gates, in the faces of those who remain there without knowing how any of this will end. What is truly happening inside the University of Puerto Rico, and why have so many students decided to risk everything at a moment when they can least afford to lose anything.
I write as someone who lives just steps away from the Río Piedras campus. These days, the silence has replaced the constant movement that once defined this space. The absence is felt in every corner where students used to pass at all hours. Since arriving in Puerto Rico three years ago, I have come to know firsthand stories that rarely make it into reports or official statements. One of the reasons I chose to stay was precisely this, to serve the university community, to help create a space where students could find something as basic as a safe meal at night and, in some way, ease burdens that are often carried in silence.
I have listened, asked questions, and tried to understand without imposing answers. What I have found is not a collective outburst or a generational whim. What exists is a fracture, a deep break between those making decisions and those living with their consequences every single day.
There has been an effort to reduce this strike to an issue of order, scheduling, or academic disruption. Conversations revolve around missed classes, delayed semesters, and students supposedly unaware of the consequences of their actions. What is rarely addressed are the conditions that lead an entire student body to pause its own future to sustain a protest that offers no guarantees.
Because that is the reality. These are students who fully understand what they are risking, and yet they remain. When someone reaches that point, the least they deserve is not judgment, but to be heard.
From the outside, there have also been attempts to discredit what is happening. Familiar narratives are repeated, legitimacy is questioned, and doubt is cast over intentions. It is easier to do that than to acknowledge that this did not begin at the gates, but long before, in decisions made without building trust.
And something must be said clearly. This is not limited to the gates of Río Piedras. What we are witnessing extends across every unit of the University of Puerto Rico system. Mayagüez, Ponce, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao, Carolina, Aguadilla, Utuado, and the Medical Sciences Campus. This is not an isolated reaction. It is a movement that runs through the entire institution. Río Piedras may be more visible, but it is not alone. What is happening there reflects a broader unrest felt across the system.
Within that context, one demand has grown increasingly present, the call for the resignation of University of Puerto Rico President Zayira Jordán Conde. This is not the voice of a small group. It reflects a deeper level of mistrust that has spread across multiple campuses.
The Puerto Rican Association of University Professors has also made it clear that this is not solely a student issue. There is real concern among faculty, and a shared recognition of the conditions currently shaping the university. When students and professors arrive at the same conclusion, the problem can no longer be minimized.
Meanwhile, the administration continues to speak in the language of dialogue. But dialogue is not a word, it is a practice. And when trust has been broken, it cannot be restored through statements alone, but through decisions that prove a willingness to truly listen.
In the midst of all of this, there are voices that cannot be ignored. Voices grounded not in theory, but in lived experience. One of them is Joanna Cifredo, a student at the Mayagüez campus, a young Puerto Rican trans woman, and someone widely recognized for her advocacy.
I spoke with her in recent days. What follows is her voice, exactly as it is.
How would you describe what is happening inside the University of Puerto Rico right now, beyond what people see from the outside?
Estamos viviendo momentos muy difíciles, en el sentido de que hay mucha incertidumbre y una presión constante por parte de la administración para reabrir el recinto, pero, entre todo el caos e inestabilidad provocado por las decisiones de esta administración, también hemos vivido momentos muy poderosos. Esta lucha ha sacado lo mejor de nuestra comunidad.
Lo vimos en las asambleas y plenos, donde 1,500, 1,700, hasta 1,800 estudiantes llegaron —bajo lluvia, bajo advertencias de inundaciones— y aun así se quedaron, participaron y votaron a favor de una manifestación indefinida hasta que se atiendan nuestros reclamos.
He conocido a tantas personas en los diferentes portones, estudiantes graduados, aletas, estudiantes de intercambio, estudiantes de todo tipo de concentraciones y se unieron para apoyar el movimiento estudiantil. Estudiantes que vienen a los portones después del trabajo o antes de trabajar. Estudiantes que vienen a dejar agua y suministros entre turnos de trabajo. Viejitos que vienen a los portones con desayuno, almuerzo o cena.
Más allá de lo que se ve desde afuera, lo que estamos viviendo es una mezcla de tensión y resistencia, pero también de comunidad, solidaridad y compromiso colectivo.
Much of what is discussed remains at the level of headlines or social media. From your direct experience, what specific decisions or actions from the administration have led to this level of mobilization?
Desde el inicio, la designación de la Dra. Zayira Jordán Conde careció de respaldo dentro de la comunidad universitaria. No contaba con experiencia administrativa en la UPR ni con un conocimiento básico de nuestros procesos, cultura y reglamentos. Por eso, en asamblea, el estudiantado votó para solicitarle a la Junta de Gobierno que no considerara su candidatura, y múltiples organizaciones docentes hicieron lo mismo. Existía un consenso amplio de que no tenía la experiencia necesaria para liderar una institución como la nuestra.
A pesar de ese rechazo claro, la Junta de Gobierno decidió ignorar los reclamos de la comunidad universitaria e imponer su nombramiento.
Una vez en el cargo, su estilo de gobernanza ha sido poco transparente y poco colaborativo. Sin embargo, el detonante principal de la movilización en el Recinto Universitario de Mayagüez fue su decisión de destituir, de manera unilateral y en medio del semestre, a cinco rectores, incluyendo al nuestro, el Dr. Agustín Rullán Toro, para reemplazarlo por un rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz.
Esta acción, tomada de forma abrupta, provocó de inmediato un clima de caos e inestabilidad dentro de la institución. Y deja una pregunta inevitable: ¿no anticipó el impacto de esa decisión, lo que evidenciaría una falta de experiencia? ¿O lo anticipó y aun así decidió proceder? No está claro cuál de las dos es más preocupante.
Además, esta decisión tuvo consecuencias concretas para el estudiantado, incluyendo el retiro de becas educativas para nuevos integrantes del RUM por parte de la Fundación Ceiba, que calificó la movida como “sorprendente” y “preocupante”. Decisiones impulsivas como la que tomó la presidenta ponen en peligro la estabilidad de nuestra institución y la acreditación de la universidad.
As a trans woman within this movement, how does your identity intersect with what is happening, and why does this also shape the future of people like you?
Soy una de varias chicas trans que formamos parte activa de este movimiento estudiantil.
For those outside the UPR who believe this does not affect them, what are the real consequences of this crisis?
La Universidad de Puerto Rico se fundó para servir al pueblo.
It is impossible to overstate the role the University of Puerto Rico and its students have played in shaping the social, cultural, and economic life of this country. Its impact extends into science, medicine, and every profession that has sustained Puerto Rico over time. No other educational institution has contributed more.
After listening to her, one thing becomes undeniable. This is not just another protest, but a generation refusing to let go of what little remains within its reach. And when a generation reaches that point, the issue is no longer the strike, the issue becomes the country itself.
Noticias en Español
La X vuelve al tribunal
Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico
Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.
Hoy el escenario es distinto.
La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.
Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.
El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.
En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.
La diferencia radica en la aplicación.
El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.
El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.
Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.
El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.
Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.
Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.
Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.
Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.
El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.
A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.
Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.
El debate ya no es teórico.
Ahora es judicial.
Cuba
Cuba bajo presión y sin respuestas
Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir
Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.
Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.
Pero esa es solo una parte.
Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.
Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.
La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.
Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.
Entonces la pregunta sigue siendo la misma.
Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?
¿Dónde fue a parar ese recurso?
¿Dónde está el dinero que generó?
Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.
Hay una historia más larga que no se puede ignorar.
Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.
Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.
Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.
Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.
Y hay algo más duro.
Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.
Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.
¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?
Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.
La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.
Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.
Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.
Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.
Esa es la contradicción.
El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.
Pero hay otra pregunta que también está ahí.
¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?
La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.
Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.
Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.
Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.
Esa parte no se puede seguir esquivando.
Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.
Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.
Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.
Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.
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