Noticias en Español
Una huelga de hambre en San Isidro, la protesta que no deja dormir a La Habana
Huelguistas fueron expulsados de su sede el jueves
LA HABANA — Un grupo de artistas y activistas disidentes del gobierno cubano, protagoniza una de las crisis políticas más agudas que ha vivido el país en lo que va de siglo.
Al cabo de 10 días acuartelados en una casa de La Habana Vieja y después de una semana en huelga de hambre, los activistas del Movimiento San Isidro (MSI) fueron desalojados a la fuerza en la noche de este jueves durante una gran operación policial.
Este desenlace era uno de los menos probables para un incidente que ya dura un par de semanas. Antes se esperaba el agravamiento y la probable hospitalización de Luis Manuel Otero Alcántara o de Maykel Osorbo, los dos miembros del grupo que también asumieron una huelga de sed. El gobierno, sin embargo, usó como argumento la epidemia de coronavirus para irrumpir en la sede de MSI.
Una nota aparecida en la prensa oficial justificó el desalojo diciendo que el periodista Carlos Manuel Álvarez, recién llegado desde el extranjero, debía repetirse el test de covid-19. El reportero se reunió con los huelguistas después de evadir —”vestido de turista”, dijo— la vigilancia que tenía la policía sobre la casa de la calle Damas entre San Isidro y Avenida del Puerto, en la zona más antigua de la capital.
A su llegada se encontró a 14 personas que llevaban varios días viviendo juntas en un edificio casi derrumbado que los activistas de MSI intentan reconstruir poco a poco. Luis Manuel estaba muy débil a esas alturas de su huelga de hambre y sed.
La mayoría de las fuentes disponibles sobre deshidratación aseguran que un organismo común podría vivir sin agua entre 3 y 5 días. “Se han reportado casos de personas que lograron sobrevivir por más tiempo”, dice una nota sobre el tema publicada en 2016. Luis Manuel, al parecer, es una de esas. Aguantó 6.
En la tarde del 25 de noviembre, el activista comunicó que dejaría la huelga de sed. “Hoy amanecí con ganas de crear, con ganas de vivir”, escribió en su página de Facebook. “Seguiré mi lucha por la libertad del Denis y de todos los hermanos presos y abusados por un régimen en decadencia”, advirtió en su mensaje.
Los activistas eligieron ese confinamiento voluntario después de ser detenidos constantemente por la policía mientras solicitaban la liberación de Denis Solís, un rapero que fue sancionado a 8 meses de prisión por el delito de desacato.
Solís fue detenido a los pocos días haber insultado a un policía en una transmisión de Facebook. “Sígueme haciendo acoso pa’ que tú veas que vas a explotar. ¡Donald Trump 2020!”, le gritó al policía. También usó insultos homofóbicos que preocuparon y alejaron de MSI a una parte de la comunidad LGBTI+ organizada en La Habana, aunque Denis Solís se disculpara por esas ofensas en el último video colgado en su perfil.
Los acuartelados incluyeron en su campaña otra petición: el cierre de las tiendas que venden productos básicos en dólares estadounidenses, una decisión desesperada del gobierno para sobrevivir a la crisis económica que empeoró la epidemia de covid-19.
El último motivo para ponerse en huelga de hambre apareció cuando la policía interceptó a una vecina que les alcanzaba una bolsa de alimentos. Aunque se restableció luego el suministro, una parte de los acuartelados decidió continuar sin alimentarse hasta que Denis Solís quedara en libertad.
El proceso contra el rapero, como permite la ley cubana, fue sumario. En pocos días ya estaba en la cárcel. Varios juristas consideran que ese tipo de procedimiento, aunque legal en Cuba, no respeta las garantías que merece cualquier acusado.
La liberación de Denis Solís, el punto en el que más insistieron los huelguistas, ha sido problemática para quienes piensan que el rapero sí cometió desacato.
Además, varios sitios estatales lo han relacionado con presuntos terroristas en un video difundido en la última semana. En las imágenes, tomadas durante un interrogatorio policial, Solís admite haber estado relacionado con José Luis Fernández Figuera, un sujeto que el mismo material considera “autor de varios hechos de sabotajes hechos en Cuba, circulado por las autoridades cubanas desde el año 2017”.
El video presenta a Figuera como “miembro de una organización terrorista autodenominada ‘Lobos Solitarios’”. Sin embargo, no existe información pública sobre ese grupo terrorista ni acerca de los sabotajes que se le atribuyen.
“Lobo solitario” es un término genérico usado en las últimas décadas para referirse a individuos que actúan como terroristas por su cuenta, sin afiliarse a ninguna organización.
Los huelguistas de MSI desestimaron estas acusaciones, lo mismo que abogados como Eloy Viera Cañive. “Lo que para cualquier persona podría considerarse una confesión, para mí es una manipulación. Denis Solís no fue sancionado por ningún delito de mercenarismo, por recibir dinero, por estar instrumentalizado desde ningún lugar, fue sancionado por un delito de desacato”, dijo el jurista en una transmisión de la revista digital El Toque.
No existe ninguna versión, ni oficial ni independiente, que explique las razones por las que el policía entró a la casa de Solís. El único documento a la vista es la directa del propio acusado, donde se le ve insultar al oficial sin recibir ninguna réplica.
Ese fue el incidente que provocó la huelga de hambre y sed en una casa de San Isidro. Pero todo llegó mucho más lejos y se ha convertido en un foco de rebelión civil, no violenta, que genera simpatías y rechazos indistintamente.
Los desalojaron y se fueron al Ministerio de Cultura
Sobre las 8 pm de este jueves, los usuarios de Facebook e Instagram no pudieron acceder a esas redes sociales desde La Habana. En la próxima hora, los sitiados y sus amigos serían desalojados con violencia sin que quedaran más evidencias gráficas que las tomadas por la policía.
Después de ser expulsados, los miembros de MSI y las otras personas que se alojaban con ellos, fueron liberados en sus viviendas legales. Durante la madrugada de este viernes, sin embargo, se produjeron nuevas detenciones.
Luis Manuel Otero Alcántara no aceptó quedarse en el apartamento de Katherine Bisquet, como sugirieron las autoridades, que mantenían ocupada a esa hora la sede de la huelga en San Isidro. Entonces continuó bajo custodia. Anamely Ramos, en protesta por la situación de Luis Manuel, se hizo detener frente a su edificio en Centro Habana.
En la tarde de este viernes, se conoció que Ramos se hallaba en casa de la activista Omara Ruiz Urquiola, una de las desalojadas de San Isidro. De Luis Manuel Otero Alcántara no hay noticia. Amnistía Internacional emitió un comunicado donde lo calificó como “prisionero de conciencia”.
Decenas de artistas y activistas se manifiestan todavía a esta hora (9:30 pm) frente al Ministerio de Cultura, en La Habana, para protestar contra el desenlace violento contra los sitiados en San Isidro.
Los promotores de la manifestación que comenzó en la mañana y sumó a más de cien personas, difundieron un documento con demandas para el gobierno.
“Repudiamos, denunciamos y condenamos la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el disenso, la autonomía activista, el empoderamiento de las minorías y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos”, dice el documento.
“En solidaridad con nuestros hermanos del Movimiento San Isidro exigimos que la justicia no se ejerza a discreción”, observa también, para después solicitar al gobierno que “elimine el odio político y cree sistemas reales y efectivos desde donde se escuchen las demandas de la ciudadanía estableciendo garantías para un diálogo desprejuiciado y honesto que no tenga represalias para los que alzan su voz”.
Al cierre de esta nota, 30 de los manifestantes fueron admitidos en el Ministerio de Cultura para exponer sus demandas al viceministro Fernando Rojas, según varias fuentes consultadas en el lugar de la protesta.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
Ecuador
Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador
Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023
A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.
Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso.
Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).
El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.
Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía.
Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase.
La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.
Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.
#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.
Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm
— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025
“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado.
Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso.
En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.
El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.
De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.
Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
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