World
30 Colombian LGBT activists attend training
Four day gathering is first of its kind in South American country
Wilson Castañeda of the Colombian LBGT advocacy group Caribe Afirmativo. (Washington Blade photo by Michael K. Lavers)
BOGOTÁ, Colombia — Roughly 30 activists from across Colombia attended a four-day training in the Colombian capital from May 30-June 2 designed to encourage LGBT people to become more involved in the country’s political process.
The program, which was coordinated by the Gay and Lesbian Victory Institute and the Astraea Lesbian Foundation for Justice, was the first to take place as part of the USAID-backed LGBT Global Development Partnership that will contribute $11 million over the next four years to advocacy groups in neighboring Ecuador and other developing countries.
Out Bogotá City Councilwoman Angélica Lozano Correa and Blanca Durán Hernández, mayor of the Colombian capital’s Chapinero district that has a large gay population, are among those who took part. They and others advocates from Colombia and the United States spoke about a variety of topics that ranged from campaigning as an openly LGBT candidate to fundraising and responding to opponents.
Lozano, Durán, Victory Institute President Chuck Wolfe, Francisco Herrero of the National Democratic Institute and Tatiana Piñeros, a transgender woman whom Bogotá Mayor Gustavo Petro in 2012 appointed to run the city’s social welfare agency, also took part in a May 30 panel on how out political leaders and officials can advance the Colombian and American LGBT rights movements. Marcela Sánchez, executive director of Colombia Diversa, a nationwide LGBT advocacy group, moderated this event that took place at a Chapinero hotel.
“We recognize the importance of strengthening capacities for those who want to become involved,” Sánchez told the Blade after the panel. “This is why we entered this alliance with the Victory Institute.”
The training, which is the first of its kind in the South American country, took place less than a month before gay Colombians can begin to legally register their partnerships.
Colombia’s Constitutional Court in 2011 ruled the country’s lawmakers have to extend the same benefits that heterosexuals receive through marriage to same-sex couples within two years. The tribunal’s deadline is June 20, but the Colombian Senate in April overwhelmingly rejected a bill that would have extended marriage rights to gays and lesbians in the South American country.
The court in 2009 ruled same-sex couples who live together must receive the same rights Colombian law affords to unmarried heterosexual couples. It also overturned the ban on openly gay soldiers in a separate ruling it issued the same year.
Colombia’s non-discrimination law that includes sexual orientation took effect in 2011.
Federíco Ruíz Mora of the Santamaría Fundación, a Cali-based group that advocates on behalf of trans Colombians, told the Washington Blade in April while he was in D.C. on a State Department-sponsored trip that he and other activists plan to seek legal protections based on gender identity and expression.
A report from the Latin American and Caribbean Network of Transgender Women (REDLACTRANS) notes 61 trans women in Colombia have been reported murdered between 2005-2011. A separate report that Colombia Diversa released last month indicates 58 of the reported 280 LGBT Colombians who were murdered between 2011-2012 were killed because of their sexual orientation or gender identity and expression.
Wilson Castañeda Castro, director of Caribe Afirmativo, an advocacy group that works in Barranquilla and other cities along the country’s Caribbean coast, told the Blade on Friday that police violence against LGBT Colombians remains a serious problem. Lozano said in a separate interview she hopes those who targeted, tortured and killed LGBT Colombians during the country’s armed conflict that began in the 1960s are held accountable in any peace settlement that could emerge from talks between the government and members of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (or FARC in Spanish) that continue to take place in Cuba.
Participants: Political involvement helps advance LGBT rights
Those who took part in the Bogotá training said it will help LGBT Colombians become more involved in their country’s political process as the movement grows stronger and more visible.
“One of the ways to make further advance our rights as an LGBT community is to win political office,” Durán told the Blade on Saturday. “To have groups of people learn about tools, to have the skills to conduct these campaigns to me is very important.”
Lozano admitted she was a bit surprised that such a program took place in Colombia, but she described it as “positive.”
“It is incredible to me that programs like this exist,” she said.
Castañeda noted his organization, like Colombia Diversa, is non-partisan. He agreed with Durán that it remains crucial for LGBT Colombians to become involved in the country’s political process.
“We become involved in every election to present the LGBT agenda to candidates,” Castañeda said.
Cuba
Cuba bajo presión y sin respuestas
Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir
Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.
Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.
Pero esa es solo una parte.
Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.
Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.
La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.
Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.
Entonces la pregunta sigue siendo la misma.
Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?
¿Dónde fue a parar ese recurso?
¿Dónde está el dinero que generó?
Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.
Hay una historia más larga que no se puede ignorar.
Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.
Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.
Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.
Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.
Y hay algo más duro.
Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.
Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.
¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?
Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.
La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.
Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.
Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.
Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.
Esa es la contradicción.
El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.
Pero hay otra pregunta que también está ahí.
¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?
La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.
Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.
Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.
Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.
Esa parte no se puede seguir esquivando.
Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.
Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.
Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.
Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.
Iran
LGBTQ groups condemn Trump’s threat to destroy Iranian civilization
Ceasefire announced less than two hours before Tuesday deadline
The Council for Global Equality is among the groups that condemned President Donald Trump on Tuesday over his latest threats against Iran.
Trump in a Truth Social post said “a whole civilization will die tonight” if Tehran did not reach an agreement with the U.S. by 8 p.m. ET on Tuesday.
Iran is among the handful of countries in which consensual same-sex sexual relations remain punishable by death.
Israel and the U.S. on Feb. 28 launched airstrikes against Iran.
One of them killed Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Iran in response launched missiles and drones against Israel and other countries that include Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates, Jordan, Saudi Arabia, Azerbaijan, and Cyprus.
Gas prices in the U.S. and around the world continue to increase because the war has essentially closed the Strait of Hormuz, a strategic waterway that connects the Persian Gulf and the Gulf of Oman through which roughly 20 percent of the world’s crude oil passes.
Trump less than 90 minutes before his deadline announced a two-week ceasefire with Iran that Pakistan helped broker.
“We the undersigned human rights, humanitarian, civil liberties, faith-based and environmental organizations, think tanks and experts are deeply alarmed by President Trump’s threat regarding Iran that ‘a whole civilization will die tonight’ if his demands are not met. Such language describes a grave atrocity if carried out,” reads the statement that the Council for Global Equality more than 200 other organizations and human rights experts signed. “A threat to wipe out ‘a whole civilization’ may amount to a threat of genocide. Genocide is a crime defined by the Genocide Convention and by the Rome Statute of the International Criminal Court as committing one or more of several acts ‘with intent to destroy in whole or in part a national, racial or religious groups as such.'”
The statement states “the law is clear that civilians must not be targeted, and they must also be protected from indiscriminate or disproportionate attacks.”
“Strikes on civilian infrastructure — such as the recent attack on a bridge and the attacks President Trump is repeatedly threatening to carry out to destroy power plants — have devastating consequences for the civilian population and environment,” it reads.
“We urge all parties to respect international law,” adds the statement. “Those responsible for atrocities, including crimes against humanity and war crimes, can and must be held accountable.”
The Alliance for Diplomacy and Justice, Amnesty International USA, Human Rights Watch, the American Civil Liberties Union, the NAACP, MADRE, and the Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center are among the other groups that signed the letter.
Hungary
Vance speaks at Orbán rally in Hungary
Anti-LGBTQ prime minister trailing ahead of April 12 vote
Vice President JD Vance on Tuesday urged Hungarians to support Prime Minister Viktor Orbán in the country’s April 12 elections.
“We have got to get Viktor Orbán re-elected as prime minister of Hungary,” Vance told Orbán supporters who gathered at Budapest’s MTK Sportpark.
Vance and Orbán on Tuesday met before they held a press conference in Budapest. Orbán also spoke at the rally.
The U.S. vice president after he took to the stage called President Donald Trump, who told the crowd he is “a big fan of Viktor” and is “with him all the way.” Vance, as he did during Tuesday’s press conference with Orbán, criticized the European Union.
“We want you to make a decision about your future with no outside forces pressuring you or telling you what to do. I’m not telling you exactly who to vote for, but what I am telling you is that the bureaucrats in Brussels, those people should not be listened to,” said Vance. “Listen to your hearts, listen to your souls, and listen to the sovereignty of the Hungarian people.”
Vance in his speech noted “across the West, we’ve got a small band of radicals” who, among other things, “condemn children to mutilization and sterilization in the name of gender care.” Vance also criticized a “far-left ideology given quarter in university circles, in the media, and in our entertainment industry, and increasingly among bureaucrats on both sides of the Atlantic.”
Vice President JD Vance speaks at MTK Sportpark in Budapest, Hungary, on April 7, 2026
Orbán has been in office since 2010. He and his Fidesz-KDNP coalition government have faced widespread criticism over its anti-LGBTQ crackdown.
A Hungarian activist with whom the Washington Blade previously spoke said it is “impossible to change your gender legally in Hungary” because of a 2020 law that “banned legal gender recognition of transgender and intersex people.” Hungarian MPs the same year effectively prohibited same-sex couples from adopting children and defined marriage in the country’s constitution as between a man and a woman.
The European Commission in 2022 sued Hungary, which is a member of the EU, over the country’s anti-LGBTQ propaganda law.
Hungarian lawmakers in March 2025 passed a bill that banned Pride events and allowed authorities to use facial recognition technology to identify those who participate in them. MPs later amended the Hungarian constitution to ban public LGBTQ events.
Upwards of 100,000 people last June defied the ban and marched in Budapest’s annual Pride parade.
Polls indicate Orbán is trailing Péter Magyar and his center-right Tisza party ahead of the April 12 election. Vance at Tuesday’s rally told Orbán supporters that he and Trump “want you to make a decision about your future with no outside forces pressuring you or telling you what to do.”
“I’m not telling you exactly who to vote for, but what I am telling you is that the bureaucrats in Brussels, those people should not be listened to,” said Vance. “Listen to your hearts, listen to your souls, and listen to the sovereignty of the Hungarian people.”
“Unlike some of the leadership of Brussels, I’m not threatening you or telling you that we’re going to withhold funds to which you’re legally entitled,” he added. “You will make the decision about Hungary’s future.”
Magyar on Tuesday appeared to dismiss Vance’s comments.
“No foreign country may interfere in Hungarian elections. This is our country. Hungarian history is not written in Washington, Moscow, or Brussels — it is written in Hungary’s streets and squares,” said Magyar on his X account.
A spokesperson for the Háttér Society, a Hungarian LGBTQ rights group, told the Blade that neither Magyar, nor his party have reached out to the organization.
The spokesperson said the group does not “campaign directly for them or for any other political party.” The Háttér Society, however, is encouraging LGBTQ Hungarians to vote.
“Ahead of election day, we will encourage everyone on our social media channels to go out and vote, as this is the only way we can act against a system that has been working against the LGBTQI community for many years,” said the spokesperson.
Trump’s war threats trigger rare 25th Amendment discussion
A Sondheim masterpiece ‘Merrily’ rolls onto Netflix
ROSENSTEIN: Vote McDuffie for mayor of D.C.
New book celebrates 1970s dance music icons
Report: Grenell wants Russian ambassadorship
Risking it all for love during World War II
D.C. is the place for the Democratic Socialists of America
PHOTOS: The Bonnet Ball
Key lifestyle changes can help patients cope with diabetes
