TEGUCIGALPA, Honduras — El pasado enero fue aprobado por el Congreso hondureño una enmienda constitucional con la que pretenden impedir la legalización del aborto y el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Fue aprobada con 88 votos a favor, 28 en contra y siete abstenciones. La misma deberá ser ratificada por al menos ochenta y seis congresistas para entrar en vigor.

Por ello la Red Lésbica Cattrachas presentó el 18 de febrero una acción contra dicha reforma, dado que la prohibición al matrimonio igualitario fue introducida a la resolución, sin haber sido discutida, sin haber sido socializada y además en un tema que no era sobre derechos de las personas LGBTQ; Cattrachas alegaron en sus redes sociales que la Comisión de Dictamen del Congreso, que propuso la prohibición, fue creada para discutir la emergencia del COVID-19.

“En el recurso que presentamos alegamos dos tipos de motivos, de forma y fondo”, aseguró al Washington Blade, Astrid Ramos, abogada de Cattrachas. “Los motivos de forma son dos, al momento de la aprobación el 21 de enero se dispensaron dos de los tres debates a los que tiene obligación el Congreso realizar y la segunda es que la Comisión de Dictamen se extralimitó de sus funciones al incluir el artículo 112 en la reforma del 67”.

La constitución hondureña establece que para poder dispensar los debates, se tienen que acreditar razones de urgencia y en este caso no se acreditó ninguna razón; por lo cual al no realizarse la debida socialización, hubieron muchos diputados que no sabían sobre qué se iba a debatir, asegura Ramos.

“Además desde la presentación del proyecto por Mario Pérez, solo se hizo hincapié en la prohibición absoluta del aborto, sin socializar, sin debatir y sin haber una conexión temática entre el aborto y el matrimonio igualitario, al igual que en el dictamen no se fundamentó porqué incluyeron el artículo 112, da lugar a un vicio formal de incompetencia por la comisión, al extralimitarse en sus funciones”, explica Ramos.

Entre las otras alegaciones que presentaron Cattrachas, están tres aspectos de fondo, uno de ellos es que el Congreso hondureño, excedió sus límites constitucionales al crear otro mecanismo de reforma.

“Ahora decían que se necesitaban tres cuartas partes de votos de la totalidad del pleno, para poder reformar el artículo 67 y 112”, expresa Nadia Mejía, también abogada de Cattrachas. “La constitución de la república establece que, para realizar esas reformas, se necesitan un porcentaje de dos terceras partes de la totalidad de votos del pleno, es decir pese a ya existir una manera de reforma pétreo, el Congreso vino a sustituir con otra manera de reforma pétreo”.

El segundo aspecto de fondo se refiere a que el Congreso hondureño, como poder constituido se extralimitó de los poderes que le da la constitución al reformar un artículo pétreo, es decir que no puede ser reformado y el tercer aspecto de fondo trata sobre el tipo de reforma al artículo 112, sobre el matrimonio igualitario, va en contra de la constitución misma y contra compromisos internacionales.

“Esa reforma va en contra del derecho a la dignidad humana, el derecho a la igualdad, al derecho a la libertad”, alega Mejía al Blade. “Este tipo de reformas entran en contradicción a principios que ya estaban establecidos no solo en la Constitución de la República, sino que también en convenciones y tratados internacionales ratificados por Honduras, por ende, están bloqueando el bloque de constitucionalidad”.

La Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca que la falta de acceso a derechos se agrava con el entrecruzamiento de la condición de la orientación sexual, identidad de género y/o diversidad corporal, con otros factores, como el sexo, el origen étnico, la edad, la condición social; en base a eso países como Ecuador y Costa Rica, han aprobado el matrimonio igualitario.

“La acción de inconstitucionalidad es lo único que tenemos para tratar de revertir esta violación a los derechos humanos en la constitución”, comentó al Blade, Indyra Mendoza, coordinadora de Cattrachas.

Además, Indyra mencionó que Honduras presentó el Examen Periódicos Universal (EPU) en noviembre y el 15 de marzo el Estado tiene que tomar nota de las recomendaciones, “España hizo recomendación sobre el matrimonio igualitario y aborto, porque lo que es necesario si hay independencia de poderes en Honduras, la Sala de lo Constitucional es la que tiene la última palabra de decir si lo que hicieron fue constitucional o no”, agrega Mendoza.

“Es importante el llamado a la comunidad internacional, que cuando Honduras presente en Ginebra, si tomará o no las recomendaciones, que no digan que tomarán nota, sino que debe comprometerse a revisar y esperar que la Sala de lo Constitucional de su sentencia con respecto al aborto y el matrimonio igualitario. Y si la sentencia es en contra el congreso, debe desaparecer lo que se ha hecho y adoptarse y comprometerse con las recomendaciones”, expresó Mendoza.