News
Madre de Sergio Urrego lucha contra el bullying en Colombia
Alba Lucía Reyes Arenas se convirtió en una activista vocal

Alba Lucía Reyes Arenas en Bogotá, Colombia, el 24 de septiembre de 2018. Su hijo, Sergio Urrego, se suicidó en 2014 después de ser víctima del bullying homofóbico por parte de la administración de su colegio en la capital colombiana. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)
Ella dijo al Washington Blade el 24 de septiembre durante una entrevista en la capital colombiana de Bogotá que le gustaba la opera desde era “bien joven” y leyó su primer libro, “Historias sin fin,” cuando tenía seis años. Reyes dijo que su hijo era ateo y le gustaba el arte y las políticas.
Urrego también era miembro de un grupo de estudiantes anarquistas.
“Tengo muchas cosas que contarte,” dijo Reyes. “Para todas las mamás, nuestros hijos son muy especiales, pero Sergio si es desde era una personita si se interesaba por las cosas que son eran más de su edad.”
Urrego tenía 16 años cuando se suicidó el 4 de agosto de 2014.
Administradores y un psicólogo al colegio católico de Urrego en Bogotá lo atacaron después de que un maestro vio una foto de él besando a su novio en su móvil.
Los padres del novio de Urrego le acusaron de abusar sexualmente a su hijo. Urrego debía haber comenzado a asistir otro colegio el día después de su suicidio.
La muerte del hijo ‘fue algo angustiaste’
Reyes estaba en la ciudad colombiana de Cali cuando supo por primera vez que algo andaba mal con su hijo.
Ella regresó a Bogotá y llegó a su hogar alrededor de las 9:30 p.m. Reyes dijo entre lágrimas que la primera cosa que encontró era una nota con “letra muy grande” de su hijo.
Reyes dijo que al principio pensó que se lo había dejado a su madre, pero fue por ella. Reyes dijo al Blade que su hijo escribió, “Yo no podía ir al colegio porque se me presento un problema.”
“Cuando yo vi esta nota, yo dije algo pasó,” ella dijo.
Reyes dijo que luego fue al dormitorio de su hijo y encontró libros en su cama y una nota que le pedía que se los diera a sus mejores amigos. Reyes también encontró otras notas que su hijo había escrito antes de su suicidio.
“Fue algo angustiaste,” ella dijo. “Fue doloroso.”
Ley colombiana ahora prohíbe discriminación homofóbica en escuelas
La muerte de Urrego provocó indignación entre los activistas LGBTI en Colombia.
Reyes el 11 de septiembre de 2014 presentó una tutela contra del colegio de Urrego.
Un tribunal en Bogotá, unas semanas después, falló que Urrego había sido víctima de discriminación, pero Reyes no recibió ningún daño y el fallo no ordenó al Ministerio de Educación de Colombia que revisará las políticas del colegio.
Reyes apeló el fallo ante el Consejo de Estado, que considera las apelaciones de los tribunales administrativos. El entonces Procurador Alejandro Ordóñez — un oponente vocal de los derechos LGBTI que el presidente Iván Duque el pasado mes nombró como el nuevo embajador colombiana ante la Organización de Estados Unidos — falló en contra de Reyes basándose en que las escuelas tenían el derecho de prohibir “los besos y los abrazos.”
La rectora del colegio, Amanda Azucena Castillo, renunció el 10 de octubre de 2014. La Corte Constitucional de Colombia el 21 de agosto de 2015 revocó la decisión del Consejo de Estado y falló a favor de Reyes el 11 de diciembre de 2015.
Escuelas en Colombia no pueden discriminar en contra de sus estudiantes por razón de su orientación sexual. Una enmienda a la ley de no discriminación que incluye el nombre de Urrego también requiere que las escuelas colombianas actualicen sus políticas para garantizar que no sean discriminatorias contra la comunidad LGBTI.
‘Siempre me acompaña’
Reyes desde la muerte de su hijo se ha convertido en una activista vocal contra el bullying.
Ella estaba entre los 31 activistas LGBTI desde todo el mundo que asistió una cumbre del Human Rights Campaign que se realizó en Washington en abril.
Reyes en mayo viajó a Cuba para participar en eventos del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que fueron organizados por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Mariela Castro, la directora del CENESEX que es la hija del expresidente cubano Raúl Castro, invitó a Reyes de participar en un taller a la sede del CENESEX en La Habana.
Reyes este año lanzó oficialmente la Fundación Sergio Urrego, que busca poner el fin a la discriminación en las escuelas colombianas y evitar el suicidio entre ellos que sufren la discriminación.
El dijo al Blade que el suicidio es la segunda causa de muerte en “nuestros jóvenes.” Reyes también notó estadísticas que indican 192 personas entre las edades de 15 y 24 en Bogotá se suicidaron este año.
“Es algo que aquí no se toca,” ella dijo. “No hay una institución que se brindando atención inmediatamente a los niños que están en crisis.”
La fundación ha respondido a casi 70 casos. También tiene talleres para niños y padres en empresas y en otros lugares por el país.
“Mi propósito es evitar que casos como los de Sergio de se sucede,” dijo Reyes.
Reyes en julio habló a un concierto en la Plaza Bolívar de Bogotá durante las celebraciones del Orgullo de la ciudad. Se terminó el 25 de septiembre una campaña de los medios sociales de la fundación con el hashtag “Celebro soy yo” que buscaba dar recursos y seguridad para aquellos que sufren discriminación.
“Esa campaña me da fuerza para continuar, para seguir,” dijo Reyes. “Ese tipo de campaña se ayudan. Ese tipo de campaña llegan al corazón de la gente.”

Alba Reyes participa en una marcha del Orgullo en Bogotá, Colombia, el 1 de julio de 2018. (Foto cortesía de Fundación Sergio Urrego.)
Reyes terminó la entrevista por decir que su hijo sería orgulloso de ella y del trabajo que hace en su nombre.
“Sea un angelito,” ella dijo. “Siempre me acompaña.”
Chile
Santiago Pride march doubles as protest against new Chilean president
José Antonio Kast took office in March
More than 100,000 people participated in the 26th Pride March in Santiago, Chile, one of the largest demonstrations by the LGBTQ movement in the South American country, on June 27.
The event, organized by the Movement for Homosexual Integration and Liberation and Fundación Iguales, proceeded along the Alameda, the capital’s main avenue, with flags, signs, and slogans in support of equality, against a backdrop of concern among organizations regarding the direction of President José Antonio Kast’s administration.
The march was preceded by speeches in Plaza Baquedano and included the participation of human rights organizations, families, activists, victims of discrimination, and representatives from various embassies. This year, the parade was also led by LGBTQ seniors from the group Años Rosados, part of Acción Gay, as a gesture of historical remembrance for those who lived through decades when publicly expressing one’s sexual orientation or gender identity could mean persecution, imprisonment, or social exclusion.
“This march demonstrates that the fight for equality is still alive and will not be pushed back into the closet,” said Movilh spokesperson Javiera Zúñiga. “We march with remembrance, with pride, and with the conviction that Chile cannot roll back the rights we have won.”
During the event, the organizations called upon the Chilean government to move forward with a comprehensive reform of the Zamudio Law — the anti-discrimination law in effect since 2012 — as well as to introduce penalties for hate speech and strengthen protections for LGBTQ people in education, health care, the workplace, and public spaces.
Movilh founder Rolando Jiménez noted that Chile between 1991 and 2022 made significant strides toward equality and nondiscrimination. He warned, however, that this progress has begun to lose momentum in recent years and that, under the current administration, the signs have become increasingly concerning.
“For decades, Chile forged a path of progress, with laws and public policies that expanded rights. Today we are marching because there are attacks aimed at weakening those protections and preventing further progress,” Jiménez stated.
The march took place place in a country that, in recent years, has established a robust legal framework for sexual and gender diversity. Chile has had a Civil Union Agreement since 2015, a transgender rights law since 2018, and marriage equality since 2022. For these organizations, this legal framework explains why recent decisions by the executive branch and Congress are viewed as signs of regression, not merely as administrative debates.
One of the main points of concern arose in March, when the Kast administration shortly after the new president took office decided not to endorse an Organization of American States’ LGBTQ rights declaration. The decision marked a departure from the stance taken by previous administrations and was interpreted by civil society organizations as a sign of a weakening of Chile’s foreign policy on human rights.
The Foreign Affairs Ministry, however, has maintained that Chile remains committed to promoting and protecting human rights without discrimination, and that the decision stemmed from differences regarding the document’s wording. That explanation has not fully dispelled the doubts of these organizations, which, during the march, demanded that the executive branch take a clear and consistent public stance.
One hundred days into the Kast administration, Fundación Iguales also presented the findings of its LGBTQ+ Radar, an ongoing monitoring initiative of government, legislative, and administrative measures that impact the rights of LGBTQ people in Chile.
According to the organization, of the nine measures recorded so far, five have been rated as unfavorable, three remain under evaluation, and only one has been considered favorable.
Among the adverse measures, Fundación Iguales identifies actions that, in its view, involve hostility, restriction, or elimination of previously existing public policies or safeguards. In this category, it includes the repeal of Circular 781, which protected LGBTQ students in educational institutions; Chile’s decision to abstain from the OAS LGBTQ declaration; the elimination of the section on diversity from the national household survey; the discontinuation of the inclusion training program for public officials; and alignment with the U.S. to restrict the definition of gender at the U.N.
The monitoring also includes three measures currently under evaluation whose final impact has not yet been determined: the National Human Rights Plan, the regulations on access to justice, and the regulations for the Adoption Law. In contrast, the only favorable measure identified so far is the enactment of the School Coexistence Law, which the foundation considers an action that expands or protects rights.
Fundación Iguales states that the LGBTQ+ Radar is updated in real time and that each measure includes its source, date, and the responsible institution. For the organization, the assessment of Kast’s first 100 days confirms that the signals from the executive branch are not isolated incidents but part of a pattern that must be monitored by civil society and the international community.
Another controversial move took place in the education sector. The Superintendency of Education repealed circulars related to school coexistence and internal regulations, including provisions addressing gender identity and nondiscrimination. However, a few days before the march, the Comptroller General’s Office upheld the legality of Circular 812, which protects the rights of trans students in the school system, rejecting the attempt to declare that regulation illegal.
For Fundación Iguales, this ruling was a significant signal amid an adverse political climate.
“The fact that organized groups have tried to eliminate this circular speaks volumes about the times we are living in. We celebrate that the Comptroller’s Office has clarified the matter, and we will remain vigilant to prevent setbacks,” said María José Cumplido, the organization’s executive director.
The debate also reached Congress.
The Chamber of Deputies amid Pride month approved a draft resolution calling on Kast to eliminate the use of inclusive language in public services. The initiative, backed by right-wing sectors, called for the repeal of administrative acts promoting these forms of communication and for a ban on what it defined as “grammatical distortions” based on gender, ethnicity, or other identity classifications.
For LGBTQ organizations, the measure is ideological in nature and fails to recognize that inclusive language has not been a widespread imposition, but rather a tool used in certain contexts to name historically excluded groups. At the march, this point was one of the most frequently cited examples of the new political climate that has taken hold under the Kast administration.
Despite this situation, the organizations also highlighted a positive institutional development: Senate President Paulina Núñez of Renovación Nacional, a more moderate right-wing ruling party, pledged in May to push for reform of the Zamudio Law and to serve as a bridge with the executive branch to advance the modernization of anti-discrimination legislation. The reform is currently stalled in Congress, despite years of criticism from human rights organizations regarding its limited effectiveness.
“The commitment to move forward with reforming the Zamudio Law is good news, because Chile needs effective anti-discrimination legislation, with real tools to protect victims and combat hate speech,” Movilh representatives stated.
The march culminated with a cultural event in Plaza Los Héroes, but the political message was clear from the start: the organizations not only celebrated the progress made but also warned that these rights require constant defense.
For the organizing groups, the country continues to have a strong legal foundation regarding sexual and gender diversity, but it faces a period of uncertainty under a conservative government that, in its first months, has sent mixed signals about the continuity of those commitments.
Chile already has legislation in place regarding gender identity, civil unions, and marriage equality. For this reason, the organizations believe that the setbacks they have observed are not merely symbolic but could undermine the safeguards that form part of the democratic framework the country has built over the past decades.
Massachusetts
EXCLUSIVE: Pressley rips State Department over LGBTQ rights rollbacks abroad
Massachusetts Democrat sent letter to Marco Rubio on Tuesday
Massachusetts Congresswoman Ayanna Pressley sent a letter to Secretary of State Marco Rubio urging the Trump-Vance administration to take urgent action to defend LGBTQ people across the globe; including in countries that are violating international human rights protections for LGBTQ individuals, putting at risk the safety of civilians and U.S. citizens working, living, and traveling abroad.
The letter, which the Washington Blade got an exclusive preview of prior to it’s sending, criticizes the Trump-Vance administration’s foreign policy direction at the State Department, arguing that it has moved to roll back LGBTQ protections that have long been part of the U.S.’s global human rights posture.
“Criminalizing LGBTQI+ individuals undermines democracy globally, as well as U.S. national security. Thus, we urge the State Department to take adequate measures to speak out against this criminalization and protect U.S. citizens abroad, including your staff, who may be detained or harmed under such laws, policies, and practices,” Pressley, a Democrat who represents roughly three-fourths of Boston and much of the city’s suburbs, said. “U.S. civilians, diplomatic personnel, military members, and nonprofit workers on the ground providing health care and disaster support will be affected and have their safety threatened if the U.S. does not take action. Even U.S. citizens perceived as being part of the LGBTQI+ community and traveling or living in those countries may be used as bargaining chips. This is a serious U.S. national security concern.”
In the letter, Pressley underscores what she describes as a global escalation in criminalization and violence against LGBTQ people, noting that one-third of countries still criminalize consensual same-sex sexual relationships and that 12 countries impose the death penalty. She argues that these conditions make LGBTQ travelers, diplomats, and aid workers particularly vulnerable, and calls on the State Department to reassert U.S. leadership in defending human rights abroad.
“Every person deserves to live authentically, yet several countries are violating international human rights laws that protect LGBTQI+ individuals,” she said. “One-third of countries around the world criminalize same-sex consensual acts between adults, and 12 countries allow LGBTQI+ people to be executed for being themselves.”
She also invokes the U.S. has played in promoting democratic values internationally, arguing that LGBTQ rights should remain central to that mission.
“Historically, the United States has played a critical diplomatic role in promoting democracy and freedom for all individuals, including LGBTQI+ persons. The U.S. should be a world leader promoting human rights domestically and globally.”
In a separate statement included in the letter, Pressley emphasized both the moral and national security implications of the issue, warning that rising anti-LGBTQ laws abroad are endangering lives and require a coordinated U.S. response.
“Every person deserves to show up as their true, authentic selves here in the United States and in countries across the globe — and that includes our LGBTQI+ community members,” she said.
“However, we are witnessing a deeply concerning rise in human rights violations and criminalization of LGBTQI+ individuals in other countries, endangering the lives of civilians and U.S. citizens. It is incumbent upon the United States to protect our LGBTQI+ siblings at home and abroad not only for our national security but for the safety and freedom of LGBTQI+ people everywhere.”
The letter goes on to press the State Department for concrete action, including a public reaffirmation of U.S. commitments to LGBTQ human rights, the restoration of LGBTQ analysis in annual country reports, and clearer guidance for Americans traveling abroad. It also seeks clarity on whether the department is tracking cases of U.S. citizens detained or harmed under anti-LGBTQ laws and what proactive steps are being taken to warn and protect LGBTQ travelers.
While she is not a member of the Foreign Affairs Committee, Pressley remains highly active in international affairs and global policy.
While the letter focuses on current policy, it also lands in the broader context of Secretary of State Marco Rubio’s long record on LGBTQ issues. Rubio, a former senator from Florida, has consistently opposed same-sex marriage, calling the federal Respect for Marriage Act, which he voted against, a “stupid waste of time.” He has also expressed support for efforts to overturn Obergefell v. Hodges, the U.S. Supreme Court decision that legalized same-sex marriage nationwide.
During his time in the U.S. Senate and as a Florida political leader, Rubio has a long anti-LGBTQ track record. He defended state policies that LGBTQ advocates say target queer and transgender people, including Florida’s Parental Rights in Education law — commonly known by critics as “Don’t Say Gay” or “Don’t Say Trans” — which restricts classroom discussion of sexual orientation and gender identity.
He has also drawn criticism for his voting record, including a 0/100 score from the Human Rights Campaign’s Congressional Scorecard, reflecting opposition to expanding federal civil rights protections for LGBTQ people and for opposing adoption rights for same-sex couples.
Now serving as secretary of state, Rubio has overseen changes at the State Department that LGBTQ advocates say have reduced visibility and protections for transgender people, including the removal of trans-specific references from parts of the department’s public-facing materials and travel guidance. He has also been linked to broader restructuring efforts involving U.S. foreign assistance programs, including the U.S. Agency for International Development, which has historically supported global HIV prevention and LGBTQ rights initiatives in regions such as sub-Saharan Africa, Central Asia, and Latin America.
Those cuts and shifts, critics argue, have weakened programs like PEPFAR — credited with saving millions of lives worldwide — and reduced U.S. support for LGBTQ communities facing persecution abroad. The program is credited with saving at least 25 million lives.
Pressley’s own record stands in contrast, with a 100/100 on HRC’s Congressional Scorecard and a long history of legislative and advocacy work centered on LGBTQ equality. In recent years, she has secured federal funding for The Pryde, an affordable housing development for LGBTQ seniors in Boston, and has repeatedly pushed for expanded civil rights protections, including support for the Equality Act and the Equal Rights Amendment.
She has also advanced policy efforts aimed at LGBTQ survivors of violence, trans, and nonbinary individuals navigating credit and legal systems, and broader protections under housing and civil rights law — framing her work as part of a sustained effort to ensure LGBTQ people are included in federal policy at every level.

District of Columbia
Longtime Blade staffer Stephen Rutgers steps down after 14 years
Plans to focus on running Crush Dance Bar, other ventures
Longtime Washington Blade employee Stephen Rutgers announced he is stepping down after 14 years to focus on other ventures, including his part ownership of the popular Crush Dance Bar.
Rutgers was hired by the Blade in 2012 to help plan Pride festivities and over the years was promoted to director of sales and marketing. In addition to his broad set of responsibilities, Rutgers planned the annual Pride on the Pier celebration at the Wharf, which has exploded in popularity over the seven years since its launch.
“Watching Pride on the Pier grow from a new community event into one of D.C.’s signature Pride celebrations has been incredibly rewarding,” Rutgers said. “Expanding Pride on the Pier into a two-day festival for WorldPride in 2025 was definitely a career highlight. Seeing thousands of people come together to celebrate our community while supporting the Blade’s mission is something I’ll always be proud of.”

Rutgers described his biggest challenge as navigating the changing media landscape.
“More than ever, we’ve had to remind our community that local journalism matters and that it needs their support,” he said.
He added that he’s most proud of helping to ensure the Washington Blade is positioned to thrive for the next 50 years.
“I was fortunate to be part of the Blade during its 50th anniversary — a milestone that reflects its incredible history and impact,” Rutgers said. “The Blade has been an important voice for the LGBTQ community for more than five decades, and knowing I played a small part in helping its future is most important to me.”
Blade Publisher Brian Pitts praised Rutgers for juggling multiple responsibilities.
“We wish Stephen all the best,” Pitts said. “For the past 14 years, Stephen has been a vital part of the Blade, handling many things — marketing and advertising, sponsorships, and Blade signature events. We will all miss him.”
Blade Editor Kevin Naff thanked Rutgers for his years of service to the community.
“After 14 years, it’s hard to imagine the Blade without Stephen and his boundless energy and creativity,” Naff said. “He’s one of the hardest working and most dedicated people I’ve ever known and he will be missed. But change is the only constant and I know Stephen will move on successfully to new challenges and the Blade will expand on Stephen’s important work.”
As for what’s next for Rutgers, he said he plans to focus on Crush as well as his real estate business.
“I’ve always been someone who likes to stay busy,” Rutgers said. “For the past 12 years, I’ve balanced my work at the Blade and in real estate. Two years ago when I opened Crush, I never realized just how much time and energy it would take. The passing of my father earlier this year also gave me a new perspective. It reminded me that life is short and that it’s important to make time for the people and experiences that matter most. Stepping away from the Blade will allow me to focus on those ventures while also creating more balance in my life. After 14 incredible years, it feels like the right time for a new chapter.”
Naff said that for now Rutgers’s responsibilities will be divided between existing staff along with several new freelance contractors.
“The Washington Blade plays a unique role in our community’s fight for equality,” Rutgers said. “It’s the only LGBTQ news organization with White House credentials, giving it direct access to the people and institutions shaping policies that affect our community. The Blade continues to hold elected officials accountable, report on the issues that matter most to LGBTQ people, and tell the stories that often go uncovered by mainstream media.
“The Blade has been my family for most of my adult life. For 14 years, it has been part of my daily routine, so it’s going to feel very strange waking up and not logging on each morning.”
