News
Madre de Sergio Urrego lucha contra el bullying en Colombia
Alba Lucía Reyes Arenas se convirtió en una activista vocal

Alba Lucía Reyes Arenas en Bogotá, Colombia, el 24 de septiembre de 2018. Su hijo, Sergio Urrego, se suicidó en 2014 después de ser víctima del bullying homofóbico por parte de la administración de su colegio en la capital colombiana. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)
Ella dijo al Washington Blade el 24 de septiembre durante una entrevista en la capital colombiana de Bogotá que le gustaba la opera desde era “bien joven” y leyó su primer libro, “Historias sin fin,” cuando tenía seis años. Reyes dijo que su hijo era ateo y le gustaba el arte y las políticas.
Urrego también era miembro de un grupo de estudiantes anarquistas.
“Tengo muchas cosas que contarte,” dijo Reyes. “Para todas las mamás, nuestros hijos son muy especiales, pero Sergio si es desde era una personita si se interesaba por las cosas que son eran más de su edad.”
Urrego tenía 16 años cuando se suicidó el 4 de agosto de 2014.
Administradores y un psicólogo al colegio católico de Urrego en Bogotá lo atacaron después de que un maestro vio una foto de él besando a su novio en su móvil.
Los padres del novio de Urrego le acusaron de abusar sexualmente a su hijo. Urrego debía haber comenzado a asistir otro colegio el día después de su suicidio.
La muerte del hijo ‘fue algo angustiaste’
Reyes estaba en la ciudad colombiana de Cali cuando supo por primera vez que algo andaba mal con su hijo.
Ella regresó a Bogotá y llegó a su hogar alrededor de las 9:30 p.m. Reyes dijo entre lágrimas que la primera cosa que encontró era una nota con “letra muy grande” de su hijo.
Reyes dijo que al principio pensó que se lo había dejado a su madre, pero fue por ella. Reyes dijo al Blade que su hijo escribió, “Yo no podía ir al colegio porque se me presento un problema.”
“Cuando yo vi esta nota, yo dije algo pasó,” ella dijo.
Reyes dijo que luego fue al dormitorio de su hijo y encontró libros en su cama y una nota que le pedía que se los diera a sus mejores amigos. Reyes también encontró otras notas que su hijo había escrito antes de su suicidio.
“Fue algo angustiaste,” ella dijo. “Fue doloroso.”
Ley colombiana ahora prohíbe discriminación homofóbica en escuelas
La muerte de Urrego provocó indignación entre los activistas LGBTI en Colombia.
Reyes el 11 de septiembre de 2014 presentó una tutela contra del colegio de Urrego.
Un tribunal en Bogotá, unas semanas después, falló que Urrego había sido víctima de discriminación, pero Reyes no recibió ningún daño y el fallo no ordenó al Ministerio de Educación de Colombia que revisará las políticas del colegio.
Reyes apeló el fallo ante el Consejo de Estado, que considera las apelaciones de los tribunales administrativos. El entonces Procurador Alejandro Ordóñez — un oponente vocal de los derechos LGBTI que el presidente Iván Duque el pasado mes nombró como el nuevo embajador colombiana ante la Organización de Estados Unidos — falló en contra de Reyes basándose en que las escuelas tenían el derecho de prohibir “los besos y los abrazos.”
La rectora del colegio, Amanda Azucena Castillo, renunció el 10 de octubre de 2014. La Corte Constitucional de Colombia el 21 de agosto de 2015 revocó la decisión del Consejo de Estado y falló a favor de Reyes el 11 de diciembre de 2015.
Escuelas en Colombia no pueden discriminar en contra de sus estudiantes por razón de su orientación sexual. Una enmienda a la ley de no discriminación que incluye el nombre de Urrego también requiere que las escuelas colombianas actualicen sus políticas para garantizar que no sean discriminatorias contra la comunidad LGBTI.
‘Siempre me acompaña’
Reyes desde la muerte de su hijo se ha convertido en una activista vocal contra el bullying.
Ella estaba entre los 31 activistas LGBTI desde todo el mundo que asistió una cumbre del Human Rights Campaign que se realizó en Washington en abril.
Reyes en mayo viajó a Cuba para participar en eventos del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que fueron organizados por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Mariela Castro, la directora del CENESEX que es la hija del expresidente cubano Raúl Castro, invitó a Reyes de participar en un taller a la sede del CENESEX en La Habana.
Reyes este año lanzó oficialmente la Fundación Sergio Urrego, que busca poner el fin a la discriminación en las escuelas colombianas y evitar el suicidio entre ellos que sufren la discriminación.
El dijo al Blade que el suicidio es la segunda causa de muerte en “nuestros jóvenes.” Reyes también notó estadísticas que indican 192 personas entre las edades de 15 y 24 en Bogotá se suicidaron este año.
“Es algo que aquí no se toca,” ella dijo. “No hay una institución que se brindando atención inmediatamente a los niños que están en crisis.”
La fundación ha respondido a casi 70 casos. También tiene talleres para niños y padres en empresas y en otros lugares por el país.
“Mi propósito es evitar que casos como los de Sergio de se sucede,” dijo Reyes.
Reyes en julio habló a un concierto en la Plaza Bolívar de Bogotá durante las celebraciones del Orgullo de la ciudad. Se terminó el 25 de septiembre una campaña de los medios sociales de la fundación con el hashtag “Celebro soy yo” que buscaba dar recursos y seguridad para aquellos que sufren discriminación.
“Esa campaña me da fuerza para continuar, para seguir,” dijo Reyes. “Ese tipo de campaña se ayudan. Ese tipo de campaña llegan al corazón de la gente.”

Alba Reyes participa en una marcha del Orgullo en Bogotá, Colombia, el 1 de julio de 2018. (Foto cortesía de Fundación Sergio Urrego.)
Reyes terminó la entrevista por decir que su hijo sería orgulloso de ella y del trabajo que hace en su nombre.
“Sea un angelito,” ella dijo. “Siempre me acompaña.”
U.S. Capitol Police on Thursday arrested 13 HIV/AIDS activists in the Cannon House Office Building Rotunda.
The activists — members of Housing Works, Health GAP, and the Treatment Action Group — joined former PEPFAR staffers in demanding full funding of the program that President George W. Bush created in 2003. They chanted “AIDS cuts kill, PEPFAR now!” and unfurled banners from the Rotunda’s second floor that read “Trump and (Office of Management and Budget Director Russell) Vought kill people with AIDS worldwide,” “Over 200,000 deaths since January 2025,” and “Hands off PEPFAR” before their arrest.
(Washington Blade video by Michael K. Lavers)
This protest is the latest against the Trump-Vance administration’s HIV/AIDS policies since it took office.
Secretary of State Marco Rubio on Jan. 28, 2025, issued a waiver that allowed PEPFAR and other “life-saving humanitarian assistance” programs to continue to operate during a freeze on nearly all U.S. foreign aid spending. HIV/AIDS service providers around the world with whom the Washington Blade has spoken say PEPFAR cuts and the loss of funding from the U.S. Agency for International Development, which officially closed on July 1, 2025, has severely impacted their work.
The State Department last September announced PEPFAR will distribute lenacapavir in countries with high prevalence rates. Zambia is among the nations in which the breakthrough HIV prevention drug has arrived.
The New York Times last summer reported Vought “apportioned” only $2.9 billion of $6 billion that Congress set aside for PEPFAR for fiscal year 2025. (PEPFAR in the coming fiscal year will use funds allocated in fiscal year 2024.)
Bipartisan opposition in the U.S. Senate prompted the Trump-Vance administration last July withdraw a proposal to cut $400 million from PEPFAR’s budget. Vought on Aug. 29, 2025, said he would use a “pocket rescission” to cancel $4.9 billion for HIV/AIDS prevention and global health programs and other foreign aid assistance initiatives that Congress had already approved.
The White House in January announced an expansion of the global gag rule to ban U.S. foreign aid for groups that promote “gender ideology.” President Ronald Reagan in 1985 implemented the original regulation, also known as the “Mexico City” policy, which bans U.S. foreign aid for groups that support abortion and/or offer abortion-related services. The Council for Global Equality and other groups say the expanded rule will adversely impact HIV prevention efforts around the world.
A press release that Housing Works and Health GAP issued on Thursday notes more than $977 million “in appropriated PEPFAR funding for HIV prevention and treatment was unspent by the end of fiscal year (FY) 2025 — triple amount unspent at the end of FY 2024.”
“Activists predict this backlog will worsen rapidly in FY 2026 unless Congress immediately reasserts its Constitutionally-mandated oversight authority,” notes the press release.
The press release also indicates funding for the Centers for Disease Control and Prevention’s PEPFAR programs “will run out” by April 1 because “only 45 percent of their FY26 funding has been transferred from the State Department.
“Unless funding is transferred immediately, CDC’s global HIV programs across sub-Saharan Africa, Asia and the Caribbean will grind to a halt,” notes the press release.
The activists demanded Trump, Vought, Rubio, and Congress do the following:
- Activists are calling for full obligation of appropriated PEPFAR funds and rejection of growing political interference in global and domestic HIV programs
- Immediately release already-appropriated, unobligated PEPFAR funds
- Break the blackout on PEPFAR data, so Congress and people with HIV know how funding is being spent and can program based on data
- Activists are calling for full obligation of appropriated PEPFAR funds and rejection of growing political interference in global and domestic HIV programs.
“PEPFAR has saved more than 26 million lives and changed the trajectory of an epidemic,” said Housing Works CEO Charles King. “However, the Trump administration’s decision, over the objection of Republicans in Congress, to freeze PEPFAR funding has caused decades of progress to come undone and has been a death sentence for people with HIV relying on life-saving treatment. The U.S. must immediately restore PEPFAR funding and regain our standing in the global fight against HIV.”
King is among the activists who were arrested.
(Washington Blade video by Michael K. Lavers)
Texas state Rep. James Talarico won a hard-fought primary Tuesday to become the state’s Democratic nominee for U.S. Senate, defeating U.S. Rep. Jasmine Crockett in one of the year’s most closely watched and competitive Democratic contests.
Talarico, a Presbyterian seminarian and three-term lawmaker from Round Rock, was declared the winner by the Associated Press early Wednesday morning after a closely tracked vote count that drew national attention.
“Tonight, the people of our state gave this country a little bit of hope,” Talarico told the AP. “And a little bit of hope is a dangerous thing.”
With 52.8% of the vote to Crockett’s 45.9%, Talarico secured the nomination outright, avoiding a runoff and capping months of sharp contrasts between the two candidates over strategy, messaging, and how best to compete statewide in Texas. Democrats hope the competitive primary — and the relatively narrow margin — signals growing momentum in a state that has not elected a Democrat to the U.S. Senate since 1988.
Talarico has long expressed support for the LGBTQ community, a position he highlights prominently on his campaign website. Under the “Issues” section, he directly addresses assumptions that might arise from his faith and background as a seminarian in a deeply conservative state.
“My faith in Jesus leads me to reject Christian Nationalism and commit myself to the project of democracy,” his website reads. “Because that’s the promise of America: a democracy where every person and every family — regardless of religion, race, gender, sexual orientation, or any other difference between us — can truly be free and live up to their full potential.”
Crockett struck a conciliatory tone following her defeat, emphasizing party unity ahead of November.
“This morning I called James and congratulated him on becoming the Senate nominee,” Crockett told Politico. “Texas is primed to turn blue and we must remain united because this is bigger than any one person. This is about the future of all 30 million Texans and getting America back on track.”
Talarico also drew national attention earlier in the race when “Late Show” host Stephen Colbert said he was initially unable to air an interview with the state legislator due to potential FCC concerns involving CBS. The episode sparked a broader political debate.
Brendan Carr, chair of the Federal Communications Commission, appointed by President Donald Trump, told reporters the controversy was a “hoax,” though he also acknowledged Talarico’s ability to harness the moment to build support as an underdog candidate. The interview was later released online and garnered millions of views, boosting Talarico’s national profile.
In November, Talarico will face the winner of the Republican primary between incumbent Sen. John Cornyn and Texas Attorney General Ken Paxton, who have been locked in a bruising GOP contest. Rep. Wesley Hunt was also in the Republican primary field. The GOP race is expected to head to a May runoff.
In a joint statement, Senate Minority Leader Chuck Schumer and Democratic Senatorial Campaign Committee Chair Kirsten Gillibrand praised Talarico’s victory and framed him as a candidate capable of broad appeal.
“As an eighth-generation Texan, former middle school teacher, and Presbyterian seminarian, James will be a fighter for Texans from all walks of life and of all political stripes,” they said. “In November, Texans will elect a champion for working people: James Talarico.”
Maryland
Md. Commission on LGBTQIA+ Affairs released updated student recommendations
LGBTQ students report higher rates of bullying, suicide
The Maryland Commission on LGBTQIA+ Affairs has released updated recommendations on how the state’s schools can support LGBTQ students.
The updated 16-page document outlines eight “actionable recommendations” for Maryland schools, supplemented with data and links to additional resources. The recommendations are:
- Developing and passing a uniform statewide and comprehensive policy aimed at protecting “transgender, nonbinary, and gender expansive students” against discrimination. The recommendation lists minimum requirements for the policy to address: name, pronoun usage, and restroom access.
- Requiring all educators to receive training about the specific needs of LGBTQ students, by trained facilitators. The training’s “core competencies” include instruction on terminology, data, and support for students.
- Implementing LGBTQ-inclusive curricula and preventing book bans. The report highlights a “comprehensive sexual education curriculum” as specifically important in the overall education curriculum. It also states the curriculum will “provide all students with life-saving information about how to protect themselves and others in sexual and romantic situations.”
- Establishing Gender Sexuality Alliances “at all schools and in all grade levels.” This recommendation includes measures on how to adequately establish effective GSAs, such as campaign advertising, and official state resources that outline how to establish and maintain a GSA.
- Providing resources to students’ family members and supporters. This recommendation proposes partnering with local education agencies to provide “culturally responsive, LGBTQIA+ affirming family engagement initiatives.”
- Collecting statewide data on LGBTQ youth. The data on Maryland’s LGBTQ youth population is sparse and non-exhaustive, and this recommendation seeks to collect information to inform policy and programming across the state for LGBTQ youth.
- Hiring a full-time team at the Maryland Department of Education that focuses on LGBTQ student achievement. These employees would have specific duties that include “advising on local and state, and federal policy” as well as developing the LGBTQ curriculum, and organizing the data and family resources.
- Promoting and ensuring awareness of the 2024 guidelines to support LGBTQ students.
The commission has 21 members, with elections every year, and open volunteer positions. It was created in 2021 and amended in 2023 to add more members.
The Governor’s Office of Communication says the commission’s goal is “to serve LGBTQIA+ Marylanders by galvanizing community voices, researching and addressing challenges, and advocating for policies to advance equity and inclusion.”
The commission is tasked with coming up with yearly recommendations. This year’s aim “to ensure that every child can learn in a safe, inclusive, and supportive environment.”
The Human Rights Campaign’s most recent report on LGBTQ youth revealed that 46.1 percent of LGBTQ youth felt unsafe in some school settings. Those numbers are higher for transgender students, with 54.9 percent of them saying they feel unsafe in school.
Maryland’s High School Youth Risk Behavior Survey reveals a disparity in mental health issues and concerns among students who identify as LGBTQ, compared to those who are heterosexual. LGBTQ students report higher rates of bullying, feelings of hopelessness, and suicidal thoughts. Nearly 36 percent of LGBTQ students report they have a suicide plan, and 26.7 percent of respondents say they have attempted to die by suicide.
The commission’s recommendations seek to combat the mental health crisis among the state’s LGBTQ students. They are also a call for local and state governments to work towards implementing them.
