News
Madre de Sergio Urrego lucha contra el bullying en Colombia
Alba Lucía Reyes Arenas se convirtió en una activista vocal

Alba Lucía Reyes Arenas en Bogotá, Colombia, el 24 de septiembre de 2018. Su hijo, Sergio Urrego, se suicidó en 2014 después de ser víctima del bullying homofóbico por parte de la administración de su colegio en la capital colombiana. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)
Ella dijo al Washington Blade el 24 de septiembre durante una entrevista en la capital colombiana de Bogotá que le gustaba la opera desde era “bien joven” y leyó su primer libro, “Historias sin fin,” cuando tenía seis años. Reyes dijo que su hijo era ateo y le gustaba el arte y las políticas.
Urrego también era miembro de un grupo de estudiantes anarquistas.
“Tengo muchas cosas que contarte,” dijo Reyes. “Para todas las mamás, nuestros hijos son muy especiales, pero Sergio si es desde era una personita si se interesaba por las cosas que son eran más de su edad.”
Urrego tenía 16 años cuando se suicidó el 4 de agosto de 2014.
Administradores y un psicólogo al colegio católico de Urrego en Bogotá lo atacaron después de que un maestro vio una foto de él besando a su novio en su móvil.
Los padres del novio de Urrego le acusaron de abusar sexualmente a su hijo. Urrego debía haber comenzado a asistir otro colegio el día después de su suicidio.
La muerte del hijo ‘fue algo angustiaste’
Reyes estaba en la ciudad colombiana de Cali cuando supo por primera vez que algo andaba mal con su hijo.
Ella regresó a Bogotá y llegó a su hogar alrededor de las 9:30 p.m. Reyes dijo entre lágrimas que la primera cosa que encontró era una nota con “letra muy grande” de su hijo.
Reyes dijo que al principio pensó que se lo había dejado a su madre, pero fue por ella. Reyes dijo al Blade que su hijo escribió, “Yo no podía ir al colegio porque se me presento un problema.”
“Cuando yo vi esta nota, yo dije algo pasó,” ella dijo.
Reyes dijo que luego fue al dormitorio de su hijo y encontró libros en su cama y una nota que le pedía que se los diera a sus mejores amigos. Reyes también encontró otras notas que su hijo había escrito antes de su suicidio.
“Fue algo angustiaste,” ella dijo. “Fue doloroso.”
Ley colombiana ahora prohíbe discriminación homofóbica en escuelas
La muerte de Urrego provocó indignación entre los activistas LGBTI en Colombia.
Reyes el 11 de septiembre de 2014 presentó una tutela contra del colegio de Urrego.
Un tribunal en Bogotá, unas semanas después, falló que Urrego había sido víctima de discriminación, pero Reyes no recibió ningún daño y el fallo no ordenó al Ministerio de Educación de Colombia que revisará las políticas del colegio.
Reyes apeló el fallo ante el Consejo de Estado, que considera las apelaciones de los tribunales administrativos. El entonces Procurador Alejandro Ordóñez — un oponente vocal de los derechos LGBTI que el presidente Iván Duque el pasado mes nombró como el nuevo embajador colombiana ante la Organización de Estados Unidos — falló en contra de Reyes basándose en que las escuelas tenían el derecho de prohibir “los besos y los abrazos.”
La rectora del colegio, Amanda Azucena Castillo, renunció el 10 de octubre de 2014. La Corte Constitucional de Colombia el 21 de agosto de 2015 revocó la decisión del Consejo de Estado y falló a favor de Reyes el 11 de diciembre de 2015.
Escuelas en Colombia no pueden discriminar en contra de sus estudiantes por razón de su orientación sexual. Una enmienda a la ley de no discriminación que incluye el nombre de Urrego también requiere que las escuelas colombianas actualicen sus políticas para garantizar que no sean discriminatorias contra la comunidad LGBTI.
‘Siempre me acompaña’
Reyes desde la muerte de su hijo se ha convertido en una activista vocal contra el bullying.
Ella estaba entre los 31 activistas LGBTI desde todo el mundo que asistió una cumbre del Human Rights Campaign que se realizó en Washington en abril.
Reyes en mayo viajó a Cuba para participar en eventos del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que fueron organizados por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Mariela Castro, la directora del CENESEX que es la hija del expresidente cubano Raúl Castro, invitó a Reyes de participar en un taller a la sede del CENESEX en La Habana.
Reyes este año lanzó oficialmente la Fundación Sergio Urrego, que busca poner el fin a la discriminación en las escuelas colombianas y evitar el suicidio entre ellos que sufren la discriminación.
El dijo al Blade que el suicidio es la segunda causa de muerte en “nuestros jóvenes.” Reyes también notó estadísticas que indican 192 personas entre las edades de 15 y 24 en Bogotá se suicidaron este año.
“Es algo que aquí no se toca,” ella dijo. “No hay una institución que se brindando atención inmediatamente a los niños que están en crisis.”
La fundación ha respondido a casi 70 casos. También tiene talleres para niños y padres en empresas y en otros lugares por el país.
“Mi propósito es evitar que casos como los de Sergio de se sucede,” dijo Reyes.
Reyes en julio habló a un concierto en la Plaza Bolívar de Bogotá durante las celebraciones del Orgullo de la ciudad. Se terminó el 25 de septiembre una campaña de los medios sociales de la fundación con el hashtag “Celebro soy yo” que buscaba dar recursos y seguridad para aquellos que sufren discriminación.
“Esa campaña me da fuerza para continuar, para seguir,” dijo Reyes. “Ese tipo de campaña se ayudan. Ese tipo de campaña llegan al corazón de la gente.”

Alba Reyes participa en una marcha del Orgullo en Bogotá, Colombia, el 1 de julio de 2018. (Foto cortesía de Fundación Sergio Urrego.)
Reyes terminó la entrevista por decir que su hijo sería orgulloso de ella y del trabajo que hace en su nombre.
“Sea un angelito,” ella dijo. “Siempre me acompaña.”
Brazil
529 openly LGBTQ candidates running in Brazilian election
Lula running against Jair Bolsonaro’s son in presidential contest
Editor’s note: International News Editor Michael K. Lavers will be on assignment in Brazil through Oct. 6.
SÃO PAULO — 529 openly LGBTQ candidates are running for in the Brazilian election that will take place on Sunday.
VoteLGBT, an organization that seeks to increase LGBTQ representation in Brazilian politics, notes 109 of these candidates are either transgender or travesti. They include Congresswomen Erika Hilton and Duda Salabert, who made history in 2022 as the first travesti and first trans women respectively to win seats in the Brazilian Congress.
Hilton, a member of the leftist Socialism and Liberty Party, known by the acronym PSOL, is a former sex worker who was a member of the São Paulo Municipal Council before her election to Congress. She currently chairs the Chamber of Deputies’ Women’s Rights Commission.
The Chamber of Deputies is Congress’s lower house.
Salabert, who is also a member of PSOL, represents Minas Gerais state in the Chamber of Deputies. Both she and Hilton in 2025 sharply criticized the Trump-Vance administration after it listed their gender as “male” on American visas that would have allowed them to travel to the U.S.

Benny Briolly is a travesti woman and member of President Luiz Inácio Lula da Silva’s Workers’ Party who is running to represent Rio de Janeiro state in the Chamber of Deputies. Thabatta Pimenta is a trans woman of mixed ethnicity who is running to represent Rio Grande do Norte state in the Chamber of Deputies as a member of the Green Party.
Nicolas is a trans masculine bisexual man from Pará state who is part of the Banca Transformer, a “collective candidature” for the Chamber of Deputies that VoteLGBT notes is “100 percent trans and lead by a trans masculine person.” Mãe Kaká Garcia is a gay travesti woman of African descent who is running to represent Mato Grosso state in the Chamber of Deputies as a member of PSOL.
“My bid for Congress stems from my life story and the need to bring voices that have historically been marginalized into the political arena,” Garcia told the Washington Blade.
“I am a Black travesti woman and a leader within the African-derived religious community, with a background in work, entrepreneurship, and community activism in Mato Grosso,” she added. “I am intimately familiar with the challenges faced by the LGBTQIA+ community, the Black population, women, and terreiro communities.”
Garcia added she is running because she believes “these spaces must also be occupied by people who live these realities.”
“I want issues such as combating violence against trans people, racism, religious intolerance, protections for women, LGBTQIA+ rights, and social policies to be treated as permanent public policies,” she said.
Associaçao Nacional de Travestis e Transexuais (National Association of Travestis and Transsexuals) President Bruna Benavides in a statement to the Blade praised all of the trans and travesti candidates.
“For ANTRA, the strength of trans and travesti candidacies lies in what our representatives already demonstrate through their work in office — acting beyond the LGBTQIA+ agenda in areas such as education, health, labor, human rights, culture, the environment, public safety, and the fight against inequality,” she said. “The presence of trans people is already a reality, and democracy needs them in politics — not merely as representatives of an identity, but as agents capable of shaping initiatives that benefit society as a whole.”
“Politics will only be truly transformed when it incorporates the perspectives and experiences of those historically excluded from centers of power — people who have nonetheless envisioned a nation where everyone can be free and live with dignity and security,” she added.

The Blade also spoke with other openly gay, lesbian, and bisexual candidates.
Uédem Lima is a bisexual, Makuxi Indigenous man who is running to represent Roraima state in the Chamber of Deputies as a member of the centrist Brazilian Democratic Movement.
“I am 23-years-old, a Makuxi Indigenous man, and bisexual,” he told the Blade. “I come from a reality where young people, Indigenous people, and LGBTQ+ individuals often still face difficulties in occupying spaces where decisions are made.”
“My candidacy is also a way to show that these spaces can — and must — be occupied by people who know these realities firsthand,” added Lima.
He told the Blade that education, health, climate justice, and Indigenous rights are among the top issues on which he will work in Congress if elected. Lima added his life in Roraima state, which borders Venezuela and Guyana in northern Brazil, and his identity will further shape his tenure.
“I know what it is like to grow up in Roraima, experience the shifts between the interior and the capital, and forge my path while carrying multiple identities,” he said. “I do not want to separate these parts of who I am. They are part of my story and also help explain why I chose to enter politics.”

Former Congressman Jean de Wyllys, who is the first openly gay man elected to the Brazilian Congress, resigned in 2019 and fled the country after he received death threats that he claimed came from supporters of then-President Jair Bolsonaro. De Wyllys at the time of his resignation represented Rio de Janeiro state and had just been elected for a third term.
De Wyllys has returned to Brazil and is running to represent São Paulo state in the Chamber of Deputies as a member of the Workers’ Party.
“My decision to return to present myself as a candidate is linked to the public responsibility with respect to this year’s elections, the most important for the future of Latin America in the last two decades,” he told the Blade. “Everyone knows that not just our region, but the whole world is a stage for a clash between two projects: one led by Donald Trump and his far-right (supporters) internationally that is neofascist, neocolonial, and neofeudalistic, and the other spearheaded by China that advocates for multipolarity, nations’ sovereignty, and global cooperation to overcome challenges, such as the climate crisis and possible pandemics.”
“As someone who enjoys national popularity and international connections, and having served two highly productive terms regarding human rights and cultural diversity, I could not ignore the electorate’s calls to participate in this global contest — and not merely as an intellectual and artist,” added de Wyllys.
Mônica Benício is a Rio de Janeiro Municipal Councilwoman who is running for the Brazilian Senate as a PSOL member.
Her widow, Rio de Janeiro Municipal Councilwoman Marielle Franco, and her driver, Anderson Gomes, were murdered on March 14, 2018. One of the two former police officers later convicted lived in the same condominium complex in the city’s exclusive Barra da Tijuca neighborhood in which Bolsonaro lived at the time. (Bolsonaro was not president when the murders took place, and strongly denied media reports that suggested one of the suspects visited his home before Franco and Gomes were killed.)
Franco was also friends with De Wyllys and a political ally.
“After Marielle’s assassination, the LGBTQIAPN+ (lesbian, gay, bisexual, transgender/transsexual/travesti/, queer, intersex, asexual, pansexual, nonbinary) community was one of the networks that embraced me and gave me the strength to carry on,” Benício told the Blade on Tuesday. “My Senate candidacy stems from this very commitment: to transform that affection and collective strength into a voice, protection, and rights within Congress.”
Benício stressed the LGBTQ and intersex community “needs to occupy more decision-making spaces.”
“I want to reach the Senate so that our rights, families, and lives are represented where laws are made,” she said.

Lula is running for a second consecutive term.
He defeated Bolsonaro in the second round of the 2022 presidential election.
The Brazilian Supreme Court last year sentenced Bolsonaro — who repeatedly targeted LGBTQ Brazilians and other groups while in office — to more than 27 years in prison for his role in an attempted coup that saw thousands of his supporters storm the Congress, presidential palace, and the Supreme Court itself on Jan. 8, 2023. Bolsonaro is currently serving his sentence at his home in Brasília, the country’s capital, because of his poor health.
Lula main challenger in this year’s presidential election is Bolsonaro’s son, Sen. Flávio Bolsonaro.
A second round will take place on Oct. 25 if no candidate receives at least 50 percent of the vote.
National
HRC report: LGBTQ students face ‘far greater challenges’ in non-supportive states
Survey finds anti-LGBTQ school harassment, bullying highest in 17 states
The Human Rights Campaign Foundation, the educational arm of the national LGBTQ advocacy organization Human Rights Campaign, has released a report showing LGBTQ public school students are more likely to face bullying, harassment, and “other barriers” in states that have less overall supportive LGBTQ laws and policies.
The report is based on the HRC Foundation’s National Educator Survey of School Climate and Bullying, which was released on Sept. 17.
“The report finds that harassment, bullying, and other barriers to LGBTQ+ inclusion are more prevalent in states with limiting policies, where educators report widespread restrictions on LGBTQ+ resources, visible expressions of support, and assistance for transgender students,” a statement released by HRC says.
“As just one example,” the statement adds, “while 59 percent of educators in states with limiting policies report restrictions on supporting their transgender students, just 6 percent to 8 percent of educators in states with supportive policies report the same, underscoring the impact of these policies on school climate, student well-being, and the stakes of the upcoming midterm elections for LGBTQ+ youth and inclusive classrooms.”
The report says the survey consisted of responses by 826 educators in 42 states who worked as teachers, principals, counselors, administrators, and others who worked in support services. All worked at schools with students from pre-kindergarten to 12th grade, most being public schools and a smaller number being charter schools, the report says.
It says the survey was conducted between April 15 and May 21, 2026, and included a survey questionnaire with about 55 questions covering a wide range of LGBTQ related school issues.
According to the report, its classification of LGBTQ supportive and non-LGBTQ supportive states is based on a detailed analysis of the LGBTQ related laws and policies of all 50 states, D.C., and U.S. territories conducted by the Movement Advancement Project, or MAP, which describes itself as an “independent, nonprofit thinktank.”
The report includes a chart consisting of 51 boxes representing the 50 states and D.C., with 32 plus D.C. colored as blue and said to have overall LGBTQ supportive policies. The 17 boxes colored in red are said to have overall non-LGBTQ supportive policies and laws, Each of the boxes has the initial of a state or D.C. printed inside it.
In addition to D.C., the chart shows Maryland, Virginia, New York, California, and Massachusetts as among the supportive states. Florida, Texas, West Virginia, and Ohio are among the states shown to be non-LGBTQ supportive.
The HRC statement includes these “key” findings from the survey:
- In states with restrictive LGBTQ+ inclusion policies, 59 percent of educators report restrictions on supporting transgender students, compared to just 6-8 percent of educators in states with supportive LGBTQ+ inclusion policies.
- In states with restrictive policies, nearly 50 percent of educators reported restrictions on LGBTQ+ books or resources, compared to just 7 percent of educators in states with supportive policies.
- Roughly 32 percent of educators in states with restrictive policies reported anti-LGBTQ+ harassment was a moderate or serious problem, compared with 11 percent of educators in states with supportive LGBTQ+ inclusion policies.
- In states with restrictive LGBTQ+ inclusion policies, 29 percent of educators were very worried about anti-LGBTQ+ harassment, compared to 15 percent in states with supportive LGBTQ+ inclusion policies.
- In states with restrictive LGBTQ+ inclusion policies, 36 percent of educators witnessed anti-LGBTQ+ student bullying, compared to 27 percent in states with supportive LGBTQ+ inclusion policies.
- In states with supportive LGBTQ+ inclusion policies, 75 percent of educators reported no restrictions on LGBTQ+-supportive displays, highlighting a substantially more supportive school environment than in states with restrictive policies.
- Educators in states with restrictive LGBTQ+ inclusion policies also reported significant harassment of students based on appearance (57 percent), race or ethnicity (43 percent), sexual orientation (42 percent), and gender identity or expression (39 percent). (No direct comparison figure from supportive-policy states is provided in the data above.)
“Every young person deserves to feel safe and supportive at school, but this report makes clear that for too many LGBTQ+ students, especially transgender youth, are being failed by policies designed to exclude them,” said HRC President Kelley Robinson in the HRC statement.
“We know that when students feel seen, supported, and affirmed, they are more likely to thrive, but when schools become places of exclusion or hostility, young people pay the price through lower engagement, missed opportunities to learn, and poorer mental and physical health,” Robinson said.
The HRC statement notes that the survey findings come at a time when a growing number of states have passed laws targeting LGBTQ students and the school officials and teachers who support them. It says that for the first time, the survey found that “educators themselves are also experiencing anti-LGBTQ+ harassment, highlighting the growing impact of these policies on school staff as well as students.”
The full survey findings and report can be accessed here:
U.S. Supreme Court
Trump asks Supreme Court to allow restrictions on gender-affirming care in prisons
SCOTUS could further restrict rights of trans inmates
The Trump administration has asked the Supreme Court to allow its policy limiting gender-affirming treatment for federal inmates to take effect while a legal challenge plays out in court.
U.S. District Judge Royce Lamberth ordered the government to continue providing gender-affirming care, such as hormone therapy, which had become policy nearly a decade ago for inmates who were transitioning.
The Trump administration argues in its application that its policy restricting transgender rights was properly adopted and that the judge overstepped, posing nationwide “security and prison-administrative concerns.”
If allowed, the policy would halt surgeries, hormones and social accommodations such as wigs while allowing mental health therapy to continue as the legality of the policy reversal is litigated.
The government also argues in the application that the Bureau of Prisons had “determined that sex-trait-modification surgeries, hormone interventions in general, and social accommodations could no longer be justified as treatment for gender dysphoria.”
American Civil Liberties Union attorneys for the inmates said the policy is “a direct threat to the well-being of transgender people in federal custody and an open violation of their fundamental rights,” and said withholding necessary gender-affirming healthcare constitutes cruel and unusual punishment.
The Blade has covered the ongoing developments surrounding changes to Federal Bureau of Prisons transgender inmate policy that went into effect earlier in Trump’s term. The changes primarily focus on rolling back Biden-era protections for trans inmates.
Earlier this year, the Blade published a joint letter from multiple senators in response to the rollback of the policy. Multiple senators — including Edward Markey (D-Mass.), Jeffrey A. Merkley (D-Ore.) and Mazie K. Hirono (D-Hawaii) — sent a letter to Attorney General Todd Blanche and Federal Bureau of Prisons Director William Marshall III calling for them to reverse the policy change, saying it endangers inmates’ health and safety.
The senators described how the policy shift, along with President Trump’s Executive Order 14168, titled “Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government,” is forcing policy changes they argued are rooted more in political rhetoric than in medical research or evidence-based correctional practices.
Federal Bureau of Prisons responded to the Blade’s request for comment in May, declining to reconsider its transgender inmate policy.
The Blade reached out to the Federal Bureau of Prisons once again over the application to the Supreme Court, but did not hear back before publication.
-
Television5 days ago‘Star Trek: Strange New Worlds’ star Celia Rose Gooding breaks down that finale time travel twist
-
District of Columbia5 days agoCenter for Black Equity’s annual gala to take place Oct. 3
-
New York5 days agoGrace Meng sharply criticizes DOJ over hospital settlements
-
District of Columbia5 days agoFormer Capital Pride board member reiterates sexual harassment allegation
