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Madre de Sergio Urrego lucha contra el bullying en Colombia
Alba Lucía Reyes Arenas se convirtió en una activista vocal

Alba Lucía Reyes Arenas en Bogotá, Colombia, el 24 de septiembre de 2018. Su hijo, Sergio Urrego, se suicidó en 2014 después de ser víctima del bullying homofóbico por parte de la administración de su colegio en la capital colombiana. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)
Ella dijo al Washington Blade el 24 de septiembre durante una entrevista en la capital colombiana de Bogotá que le gustaba la opera desde era “bien joven” y leyó su primer libro, “Historias sin fin,” cuando tenía seis años. Reyes dijo que su hijo era ateo y le gustaba el arte y las políticas.
Urrego también era miembro de un grupo de estudiantes anarquistas.
“Tengo muchas cosas que contarte,” dijo Reyes. “Para todas las mamás, nuestros hijos son muy especiales, pero Sergio si es desde era una personita si se interesaba por las cosas que son eran más de su edad.”
Urrego tenía 16 años cuando se suicidó el 4 de agosto de 2014.
Administradores y un psicólogo al colegio católico de Urrego en Bogotá lo atacaron después de que un maestro vio una foto de él besando a su novio en su móvil.
Los padres del novio de Urrego le acusaron de abusar sexualmente a su hijo. Urrego debía haber comenzado a asistir otro colegio el día después de su suicidio.
La muerte del hijo ‘fue algo angustiaste’
Reyes estaba en la ciudad colombiana de Cali cuando supo por primera vez que algo andaba mal con su hijo.
Ella regresó a Bogotá y llegó a su hogar alrededor de las 9:30 p.m. Reyes dijo entre lágrimas que la primera cosa que encontró era una nota con “letra muy grande” de su hijo.
Reyes dijo que al principio pensó que se lo había dejado a su madre, pero fue por ella. Reyes dijo al Blade que su hijo escribió, “Yo no podía ir al colegio porque se me presento un problema.”
“Cuando yo vi esta nota, yo dije algo pasó,” ella dijo.
Reyes dijo que luego fue al dormitorio de su hijo y encontró libros en su cama y una nota que le pedía que se los diera a sus mejores amigos. Reyes también encontró otras notas que su hijo había escrito antes de su suicidio.
“Fue algo angustiaste,” ella dijo. “Fue doloroso.”
Ley colombiana ahora prohíbe discriminación homofóbica en escuelas
La muerte de Urrego provocó indignación entre los activistas LGBTI en Colombia.
Reyes el 11 de septiembre de 2014 presentó una tutela contra del colegio de Urrego.
Un tribunal en Bogotá, unas semanas después, falló que Urrego había sido víctima de discriminación, pero Reyes no recibió ningún daño y el fallo no ordenó al Ministerio de Educación de Colombia que revisará las políticas del colegio.
Reyes apeló el fallo ante el Consejo de Estado, que considera las apelaciones de los tribunales administrativos. El entonces Procurador Alejandro Ordóñez — un oponente vocal de los derechos LGBTI que el presidente Iván Duque el pasado mes nombró como el nuevo embajador colombiana ante la Organización de Estados Unidos — falló en contra de Reyes basándose en que las escuelas tenían el derecho de prohibir “los besos y los abrazos.”
La rectora del colegio, Amanda Azucena Castillo, renunció el 10 de octubre de 2014. La Corte Constitucional de Colombia el 21 de agosto de 2015 revocó la decisión del Consejo de Estado y falló a favor de Reyes el 11 de diciembre de 2015.
Escuelas en Colombia no pueden discriminar en contra de sus estudiantes por razón de su orientación sexual. Una enmienda a la ley de no discriminación que incluye el nombre de Urrego también requiere que las escuelas colombianas actualicen sus políticas para garantizar que no sean discriminatorias contra la comunidad LGBTI.
‘Siempre me acompaña’
Reyes desde la muerte de su hijo se ha convertido en una activista vocal contra el bullying.
Ella estaba entre los 31 activistas LGBTI desde todo el mundo que asistió una cumbre del Human Rights Campaign que se realizó en Washington en abril.
Reyes en mayo viajó a Cuba para participar en eventos del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que fueron organizados por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Mariela Castro, la directora del CENESEX que es la hija del expresidente cubano Raúl Castro, invitó a Reyes de participar en un taller a la sede del CENESEX en La Habana.
Reyes este año lanzó oficialmente la Fundación Sergio Urrego, que busca poner el fin a la discriminación en las escuelas colombianas y evitar el suicidio entre ellos que sufren la discriminación.
El dijo al Blade que el suicidio es la segunda causa de muerte en “nuestros jóvenes.” Reyes también notó estadísticas que indican 192 personas entre las edades de 15 y 24 en Bogotá se suicidaron este año.
“Es algo que aquí no se toca,” ella dijo. “No hay una institución que se brindando atención inmediatamente a los niños que están en crisis.”
La fundación ha respondido a casi 70 casos. También tiene talleres para niños y padres en empresas y en otros lugares por el país.
“Mi propósito es evitar que casos como los de Sergio de se sucede,” dijo Reyes.
Reyes en julio habló a un concierto en la Plaza Bolívar de Bogotá durante las celebraciones del Orgullo de la ciudad. Se terminó el 25 de septiembre una campaña de los medios sociales de la fundación con el hashtag “Celebro soy yo” que buscaba dar recursos y seguridad para aquellos que sufren discriminación.
“Esa campaña me da fuerza para continuar, para seguir,” dijo Reyes. “Ese tipo de campaña se ayudan. Ese tipo de campaña llegan al corazón de la gente.”

Alba Reyes participa en una marcha del Orgullo en Bogotá, Colombia, el 1 de julio de 2018. (Foto cortesía de Fundación Sergio Urrego.)
Reyes terminó la entrevista por decir que su hijo sería orgulloso de ella y del trabajo que hace en su nombre.
“Sea un angelito,” ella dijo. “Siempre me acompaña.”
Federal Government
Inside the LGBTQ records of Todd Blanche and Markwayne Mullin
Two men are acting attorney general, DHS secretary
President Donald Trump became famous for his use of the phrase “You’re fired!” while hosting the reality TV show “The Apprentice” in the early 2000s. However, during his time in the Oval Office, he has attempted to distance himself from that image.
Despite those efforts, the phrase once again comes to mind as Trump has fired two high-level female Cabinet members within the past month: Pam Bondi and Kristi Noem.
Their replacements — Todd Blanche at the Justice Department and Markwayne Mullin at the Department of Homeland Security — bring records that, while different in depth, both reflect limited support for LGBTQ protections and, in some cases, direct opposition.
Todd Blanche
Acting attorney general
Little has been found regarding Todd Blanche’s LGBTQ history prior to his role as acting head of the Department of Justice. Unlike those who have worked within the Justice Department’s Civil Rights Division or served as state attorneys general, he has not developed a public-facing legal ideology on LGBTQ issues.
Blanche attended American University for his undergraduate studies — like fellow Trump attorney Michael Cohen — where he met his future wife, Kristin, who was studying at nearby Catholic University in D.C.
He began his legal career as an intern at the U.S. Attorney’s Office in Washington, which eventually became a full-time position. He later worked as a paralegal in the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York while attending Brooklyn Law School at night. Blanche graduated cum laude in 2003. He and his wife later married and had two children.
Blanche left the U.S. attorney’s office in 2014, taking a job in the Manhattan office of the law firm WilmerHale. In September 2017, he moved to Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, where he was a partner in the White Collar Defense and Investigations practice.
In his personal capacity, he represented several figures associated with Donald Trump and former New York City Mayor Rudy Giuliani, including Trump’s former campaign manager Paul Manafort, businessman Igor Fruman, and attorney Boris Epshteyn.
In 2024, Blanche switched from Democrat to Republican, aligning himself with Trump’s political orbit. He later served as Trump’s personal defense attorney in the New York State case that led to Trump’s 2024 conviction on 34 felony counts of falsifying business records to cover up hush-money payments to bisexual adult film star Stormy Daniels.
Now the highest-ranking official at the Justice Department, Blanche has played a central role in overseeing the department and has been involved in leadership decisions tied to several controversial actions affecting LGBTQ people.
In a letter to New York Attorney General Letitia James, Blanche declared that the Justice Department “will not sit idly by while you attempt to use your office to force harmful procedures on our most vulnerable population,” if legal action were taken against NYU Langone. The hospital had “permanently” ended a program earlier that month after the Trump-Vance administration threatened to pull all federal funding if it continued prescribing puberty blockers and hormones to minors.
Blanche wrote that “the Justice Department believes the law is clear, and anti-discrimination laws cannot be used to force NYU Langone to perform sex-rejecting procedures on children.”
“As just one example, your office’s position would require a hospital to prescribe certain medications for certain diagnoses, regardless of the hospital’s or its doctors’ independent medical determination about the propriety of such treatment,” he said.
Blanche also echoed his predecessor’s public stance on limiting LGBTQ-related protections at the federal level, aligning with Bondi’s sentiments in June 2025 regarding the U.S. Supreme Court’s 6–3 decision that restricted LGBTQ history lessions in schools and limits lower federal courts from issuing nationwide injunctions — rulings that have often blocked Trump administration policies.
Calling it “another great decision that came down today,” Blanche argued that the ruling “restores parents’ rights to decide their child’s education,” adding: “It seems like a basic idea, but it took the Supreme Court to set the record straight, and we thank them for that. And now that ruling allows parents to opt out of dangerous trans ideology and make the decisions for their children that they believe is correct.”
In December 2025, a Justice Department memo stated that, “effective immediately,” prisons and jails would no longer be held responsible for violations of standards meant to protect LGBTQ people from harassment, abuse, and rape under the Prison Rape Elimination Act. The law, passed unanimously by Congress in 2003, requires that incarcerated people be screened for their risk of sexual assault, including consideration of LGBTQ status, and applies to all correctional facilities.
Additionally, when the Justice Department, under Blanche’s deputy leadership and at Trump’s behest, attempted to force Children’s National Hospital in D.C. to turn over medical records related to gender-affirming care, U.S. District Judge Julie R. Rubin ruled that the effort “appears to have no purpose other than to intimidate and harass.”
Blanche is also described as having a “strong belief in executive authority.”
Markwayne Mullin
Secretary of Homeland Security
While Blanche’s record is defined more by recent actions than a long paper trail, Markwayne Mullin brings a more established history on LGBTQ issues from his time in Congress.
The head of the Department of Homeland Security has served in Congress since 2013, in both the U.S. House of Representatives and U.S. Senate. He has been actively engaged in shaping restrictions and aligns with broader cultural rhetoric that frames anti-LGBTQ speech as protected expression.
In May 2016, Mullin criticized the Department of Education and the Justice Department’s “Dear Colleague” letter on transgender students, arguing that trans girls should not use girls’ restrooms in public schools.
By January 2021, Mullin and then-Hawaii Congresswoman Tulsi Gabbard had introduced a bill to prevent trans women from participating in women’s sports.
Mullin was not recorded as voting on the final passage of the Respect for Marriage Act, which codified federal recognition of same-sex and interracial marriage.
In 2023, Mullin received a rating of just 6 percent from the Human Rights Campaign.
While serving in the Senate and as a member of the Health, Education, Labor, and Pensions (HELP) Committee, Mullin has been a vocal critic of policies aimed at expanding LGBTQ inclusion in federal programs. He has participated in broader Republican efforts questioning equity-based implementation of the Older Americans Act, including guidance related to sexual orientation and gender identity in aging services, arguing such policies could have unintended consequences.
Mullin also makes history as the first Native American — and a citizen of the Cherokee Nation — to lead the Department of Homeland Security.
He was among the 147 Republicans who voted to overturn the 2020 presidential election results despite no evidence of widespread fraud, and was present in the House on Jan. 6.
District of Columbia
Whitman-Walker Health to present ‘Pro Bono Excellence’ award to law firm
Health center set to celebrate 40th anniversary of legal services program
Whitman-Walker Health, the D.C.-based community healthcare center that specializes in HIV/AIDS and LGBTQ-related health services, announced it will present its annual Dale Edwin Sanders Award for Pro Bono Excellence to the international law firm McDermott Will & Schulte at a May 6 ceremony.
“This year’s award is especially significant as it coincides with the 40th anniversary of Whitman-Walker Health’s Legal Services Program, marking it as the nation’s longest running medical-legal partnership,” a statement released by Whitman-Walker says.
“As a national leader in public health, Whitman-Walker celebrates our partnership with McDermott to strengthen the health center and to enable Whitman-Walker to reach more medical and legal clients,” the statement adds.
“McDermott’s firm-wide commitment to Whitman-Walker’s medical-legal partnership demonstrates a shared vision to serve those most in need,” Amy Nelson, Whitman-Walker’s director of Legal Services, says in the statement. “Our work protects individuals and families who face discrimination and hostility as they navigate increasingly complex administrative systems,” Nelson said.
“Pro bono legal services – like that of McDermott Will & Schulte – find solutions for people who have no place else to turn in the face of financial and health threats,” she added.
“Our partnership with Whitman-Walker Health is a treasured commitment to serving our neighbors and communities,” Steven Schnelle, one of the law firm’s partners said in the statement. “We are deeply moved by Whitman-Walker’s unwavering dedication to inclusion, respect, and equitable access to health care and social services,” he said.
The statement notes that the award for Pro Bono Excellence honors the legacy of the late gay attorney Dale Edwin Sanders. It says Sanders’s pro bono legal work for Whitman-Walker clients “shaped HIV/AIDS law for more than four decades by securing key victories on behalf of individuals whose employment and patient rights were violated.”
It says the Whitman-Walker Legal Services program began during the early years of the AIDS epidemic in the 1980s at a time when people with AIDS faced widespread discrimination and often needed legal assistance. According to the statement, the program evolved over the years and expanded to advocate for transgender people and immigrants.
Whitman-Walker spokesperson Lisa Amore said the presentation of the Dale Edwin Sanders Pro Bono Excellency Award will be held at the May 6 fundraising benefit for Whitman-Walker’s Legal Services Program. She said the event will take place at the offices of the DC law firm Baker McKenzie and ticket availability can be accessed here: https://www.whitman-walker.org/gtem-2026/
Noticias en Español
La X vuelve al tribunal
Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico
Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.
Hoy el escenario es distinto.
La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.
Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.
El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.
En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.
La diferencia radica en la aplicación.
El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.
El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.
Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.
El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.
Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.
Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.
Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.
Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.
El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.
A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.
Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.
El debate ya no es teórico.
Ahora es judicial.
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