News
Una ciudad cubana que no quiere ser gueto
Santa Clara se debate espacios exclusivos para la comunidad LGBT

Una noche de sábado en el Cabaret Cubanacán, de Santa Clara. (Foto por Yariel Valdés González/Tremenda Nota)
Esa nota salió originalmente en el sitio web de Tremenda Nota.
SANTA CLARA, Cuba — Una de las ciudades cubanas más hospitalarias con las personas LGBTI+ también se debate entre la demanda de espacios exclusivos para las minorías sexuales y las desigualdades económicas que crecen en la Isla.
Cada sábado Miguel Antonio Castillo viaja cerca de dos kilómetros para encontrar una discoteca.
En San Diego del Valle, su primer destino, hay pocos lugares para bailar o simplemente disfrutar de espectáculos culturales. Por eso, desde que supo que existía una “noche para las personas LGBTI+” en Santa Clara, la capital de la provincia, Miguel Antonio decidió alargar su travesía por más de 30 kilómetros hasta el Cabaret Cubanacán.
“Las actividades que hacen allá [en San Diego del Valle] son muy generales,” se queja. “Y tampoco hay un día específico para los homosexuales.”
Al joven le seduce que “en las fiestas gais todos son gais.” Además, allí puede “encontrar amigos e intercambiar con personas que tienen gustos sexuales, estéticos o musicales similares, sin riesgo de sufrir homofobia.”
Más allá de las cabeceras municipales cubanas la recreación se reduce a una discoteca improvisada y a un parque central donde la gente se reúne a “cotillear.” Las fiestas concebidas para personas LGBTI+ tampoco son comunes más allá de La Habana y de algunas capitales provinciales.
En la pequeña ciudad de Camajuaní, a 20 kilómetros de Santa Clara, nunca ha prosperado una “fiesta diversa,” aseguran varias personas LGBTI+ entrevistadas por Tremenda Nota.
Según Leonel Jacomino Jiménez, promotor del proyecto Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), las gestiones para crear un espacio inclusivo “tienen que hacerse sobre la base de cartas y tocando puertas para molestar a algunos funcionarios del gobierno.”
En otros casos, como ocurrió el pasado año en Sagua la Grande, una de las principales ciudades de la provincia, las fiestas LGBTI+ fracasan por falta de público o de buenas estrategias de promoción.
Solo el proyecto itinerante “Me incluyo,” organizado por el promotor cultural Ramón Silverio, creador y director de El Mejunje, ha presentado espectáculos de transformismo y otras actividades inclusivas en poblados y zonas apartadas.
Santa Clara, por su parte, cuenta con tres espacios que celebran las llamadas “fiestas gais,” y que incluyen shows de transformismo. El Centro Recreativo El Bosque, el Cabaret Cubanacán y El Mejunje de Silverio son los únicos lugares que introducen en su cartelera semanal una “noche diversa.”

En la última década las “fiestas diversas” han alcanzado varias ciudades cubanas, aunque todavía La Habana y Santa Clara son las que ofrecen más opciones recreativas “exclusivas” para las personas LGBTI+. (Foto por Yariel Valdés González/Tremenda Nota)
¿Gueto homosexual?
Junto al Cabaret Cubanacán funciona otro espacio recreativo nombrado Disco Isla. Los públicos se muestran segregados cada sábado. De un lado hacen fila las personas gais, trans y lesbianas; del otro aparecen jóvenes heterosexuales que evitan mezclarse con “sus vecinos.” Las personas LGBTI+ permanecen en el gueto “asignado” socialmente.
“La creación de espacios exclusivos genera también una especie de exclusión,” cree Félix Izaguirre, un joven que hace fila para entrar a otra de las “fiestas diversas” de la ciudad.
“Mucha gente no va al Cabaret los sábados ni vienen a El Mejunje, precisamente porque saben que es noche gay,” dice. “Siempre existen heterosexuales que tienen amigos gais y los acompañan sin prejuicios, pero son los menos.”
Ramón Silverio creó hace más de tres décadas el centro cultural El Mejunje, acusado en sus primeros años de ser un “club exclusivo para personas gais.” Sin embargo, la institución sobrevivió el paso del tiempo y, en vez de apartar en un gueto a las personas LGBTI+, abrió las puertas al resto de la sociedad.

El público asiste a un show de transformismo en El Mejunje. (Foto por Yariel Valdés González)
Aun así, muchas personas homosexuales y transgéneros prefieren acudir a “espacios exclusivos para gais.” Javier Olivera, transformista que se presenta en el escenario de El Mejunje como Cinthia, aseguró que en sitios “aparentemente para heterosexuales” suele encontrarse conflictos entre la clientela homofóbica y los gais.
Por eso, Denet Oliva Triana, colega de Javier conocida como Blacuchini, respalda la existencia de lugares dedicados a la comunidad LGBTI+, aunque siente que está “en un círculo” que le lleva siempre al mismo sitio con la misma gente.
Si es caro no es incluyente
A pesar del éxito del Cabaret Cubanacán y del Centro Recreativo El Bosque ― actualmente en reparación ―, el sitio más popular para la comunidad LGBTI+ de Santa Clara sigue siendo El Mejunje, por sus razonables precios y su cercanía al centro de la ciudad.
“Cada uno se divierte donde le permiten sus ingresos,” aseguran varios entrevistados. Las incipientes clases sociales que se consolidan en Cuba hace más de una década también dividen a las minorías sexuales.
Al Cubanacán, al Bosque, van quienes cuentan con mejor economía, pues solo la entrada cuesta como mínimo 25 pesos (1 CUC, equivalente a un dólar). Ese precio, por ejemplo, quintuplica el valor del boleto de entrada a El Mejunje.
En un país donde el salario medio es 767 pesos mensuales (poco más de 30 dólares estadounidenses), “no se puede decir que un lugar sea inclusivo si cobra cuarenta pesos por la entrada,” advierte Ramón Silverio.
Reinaldo Gil, un joven artista plástico, confirma que “al Cubanacán va la gente que tiene un poco más de dinero.” Al principio, cuando acababan de abrir la “noche diversa” en el cabaret, “los mismos trabajadores de allí te discriminaban un poco, existía homofobia.”
“En el Carishow — una céntrica discoteca de la cadena de servicios extrahoteleros Palmares — a veces no aceptan que entren los homosexuales,” denuncia Gil.
Sin embargo, uno de los agentes de seguridad del Carishow aseguró a Tremenda Nota que allí nunca han existido manifestaciones de homofobia y que “se trata a todos los clientes por igual,” en tanto se comporten de acuerdo a “las normas generales establecidas” en el centro recreativo.
Hace algunos meses dos jóvenes fueron expulsados de Efe Bar, en La Habana, supuestamente por besarse dentro del establecimiento privado. También el KingBar, otro centro nocturno bastante frecuentado de la capital, invocó el derecho de admisión para negar la entrada al poeta Norge Espinosa y un grupo de activistas LGBTI+ en 2015.

La transformista Blancuchini (a la izquierda) durante una de sus presentaciones en el Cabaret Cubanacán de Santa Clara (Foto por Yariel Valdés González)
Orlando Reinoso Castillo, barman del bar Tacones Lejanos de El Mejunje, se atreve a asegurar que este resulta el único sitio en la ciudad frecuentado a diario por personas gais que se mezclan sin dificultad con la población heterosexual, o con las chicas trans, o con los “pepillos.”
“A este lugar le llaman el bar de los escachados,” comenta, en alusión a los bajos ingresos de muchos clientes. “Además, aquí vienen las parejas, se besan y no pasa nada. La diversidad es tan natural en El Mejunje como sus ladrillos.”
State Department
Report: US to withhold HIV aid to Zambia unless mineral access expanded
New York Times obtained Secretary of State Marco Rubio memo
The State Department is reportedly considering withholding assistance for Zambians with HIV unless the country’s government allows the U.S. to access more of its minerals.
The New York Times on Monday reported Secretary of State Marco Rubio in a memo to State Department’s Bureau of African Affairs staffers wrote the U.S. “will only secure our priorities by demonstrating willingness to publicly take support away from Zambia on a massive scale.” The newspaper said it obtained a copy of the letter.
Zambia is a country in southern Africa that borders Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Angola, and the Democratic Republic of Congo.
The Times notes upwards of 1.3 million Zambians receive daily HIV medications through PEPFAR. The newspaper reported Rubio in his memo said the Trump-Vance administration could “significantly cut assistance” as soon as May.
“Reports of (the) State Department withholding lifesaving HIV treatment in return for mining concessions in Zambia does not make us safer, stronger, or more prosperous,” said U.S. Sen. Jeanne Shaheen (D-N.H.), the ranking member of the Senate Foreign Relations Committee, on Tuesday. “Monetizing innocent people’s lives further undermines U.S. global leadership and is just plain wrong.”
The Washington Blade has reached out to the State Department for comment.
Zambia received breakthrough HIV prevention drug through PEPFAR
Rubio on Jan. 28, 2025, issued a waiver that allowed PEPFAR and other “life-saving humanitarian assistance” programs to continue to operate during a freeze on nearly all U.S. foreign aid spending. HIV/AIDS service providers around the world with whom the Blade has spoken say PEPFAR cuts and the loss of funding from the U.S. Agency for International Development, which officially closed on July 1, 2025, has severely impacted their work.
The State Department last September announced PEPFAR will distribute lenacapavir in countries with high prevalence rates. Zambia two months later received the first doses of the breakthrough HIV prevention drug.
Kenya and Uganda are among the African countries have signed health agreements with the U.S. since the Trump-Vance administration took office.
The Times notes the countries that signed these agreements pledged to increase health spending. The Blade last month reported LGBTQ rights groups have questioned whether these agreements will lead to further exclusion and government-sanctioned discrimination based on sexual orientation and gender identity.
National
‘They took him!’ Gay married couple torn apart by ICE
As Allan Marrero remains in ICE custody, his husband Matt continues to fight tirelessly for his release.
For 113 days, Allan Marrero has been in U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) custody, while his husband, Matthew Marrero, has been using every available avenue to secure his release.
Since Nov. 24, 2025, Allan—originally from the Cayman Islands—has been held at multiple detention facilities across the United States. His detention began after what was meant to be a routine, good-faith marriage-based green card interview at Federal Plaza in New York City, marking two years of marriage with Matthew.
Advocates, including Rev. Amanda Hambrick Ashcraft, Rev. Dr. Jacqui Lewis, and attorney Alexandra Rizio, have been actively involved in supporting the couple and navigating the legal challenges posed by ICE and the Department of Homeland Security (DHS). The case highlights the Trump-Vance administration’s aggressive use of immigration enforcement to detain and deport individuals, even in circumstances where applicants have established legal claims to remain in the U.S.
Timeline of Allan’s detainment
On Nov. 24, Allan and his husband Matt arrived at 26 Federal Plaza in New York City for what was supposed to be a routine, marriage-based green card interview. They were accompanied by Rev. Amanda Hambrick Ashcraft, a minister from Middle Church in Manhattan, where the couple attended and Matthew sang in the choir.
They arrived early for their 8 a.m. appointment, prepared and hopeful. Despite growing news coverage about increased immigration enforcement under President Donald Trump, they believed in the process and felt confident they had done everything right.
“They brought with them a three-inch binder documenting their entire life together—photos, letters, legal records, and other evidence,” Ashcraft said.
“From the moment you get to Federal Plaza, the process is extremely traumatic—and that’s by design,” she explained. “There’s nothing warm or intuitive about it. It’s dehumanizing, and parts of it feel barbaric.”
Immediately after meeting the USCIS officer, something felt off.
“We came with a three-inch binder of our entire life—photos, letters, everything,” Matt said. “We were dressed up, ready, confident we had done everything right. The first thing she said was, ‘I don’t want that. Take it all apart.’ That was the moment I knew something wasn’t right.”
The officer then asked the couple for their passports—something neither of them had on hand. That seemed to be strike two, signaling that, just as with previous steps in this process, the interview was already off course because of the woman behind the desk.
As the couple was told to move to a new room for their interview, Ashcraft was denied entry with them. This struck all three as odd; Ashcraft had attended immigration and green card interviews before to provide spiritual guidance and bolster claims of legitimacy, with no issues. Coupled with the initial hostility over the binder, it was a clear sign that the day would not go as hoped.
“There’s no real policy—it’s whoever is in front of you deciding what the rules are at that moment,” Ashcraft added. “Whatever they say goes. That’s what makes it so dangerous.”
Inside the tightly controlled interview, tensions escalated.
“I looked over at my husband when she asked how we met—just instinct. He’s the love of my life,” Matt said. “She snapped her fingers in my face and said, ‘Don’t look at him.’ We’re telling our love story, and I’m not even allowed to look at my husband.”
The officer then raised questions about a missed immigration hearing for Allan in 2022.
Allan had lived in the United States since 2013 and had been diligent about maintaining his legal status and personal growth. During that time, he had entered a rehabilitation program for alcohol addiction—a commitment that, coincidentally, caused him to miss the scheduled court hearing. Medical records explained by Alexandra Rizio, Allan’s attorney, corroborate this.
Because the judge did not know Allan was in rehab, a removal order was issued in his absence.
“He didn’t realize that he had a removal order in his name,” Rizio, the Make the Road New York attorney, explained. “When you have a removal order, it means ICE can pick you up at any moment. He walked into that interview completely unaware that he was at risk of being arrested on the spot.”

The officer acknowledged that their marriage was legitimate but denied Allan’s green card application. She told them they would need to appear before an immigration judge, signaling that his journey to legal status was far from over and still subject to the whims of others.
“She told us, ‘Out of the goodness of my heart, I’ll let you leave today. I could have called ICE, but I won’t,’” Matt recalled. “My husband started crying, I was a wreck.”
Despite that comment, the couple was escorted through a series of back hallways. Allan’s file was handed off to ICE officers, and the supervisor walked away.
“They walked us down this long hallway, took his file, handed it to ICE agents, and just left. No explanation, no warning. Suddenly they’re telling him to put his hands behind his back, and I’m standing there asking, ‘What is happening?’”
The gravity of the situation escalated.
“He was crying, I was crying, we were hugging, and I kept saying, ‘It’s going to be okay,’” Matt said. “And then they just pulled him away into an elevator and left me there. It happened so fast it didn’t even feel real.”
A supervisor entered briefly to distinguish between what could be controlled inside the office and what could not be controlled outside. Rizio called this a deliberate choice to intensify the emotional pressure.
“What the officer could have done was say, ‘You have a removal order—go hire a lawyer,’” Rizio said. “That would have been the humane and reasonable response. Instead, ICE was called, and they arrested him.”
Outside the room, Ashcraft heard the chaos unfold.
“The next thing I heard was Matthew screaming down the hallway: ‘Amanda! Amanda! They took him!’” she recounted. “That’s how it happened—just like that, after everything they had prepared.”
For the next 36 hours, Matt had no information about his husband’s whereabouts.
“For 36 hours, I had no idea where my husband was,” he said. “No phone call, no information, nothing. It felt like he had just disappeared.”
The following morning, Matt’s mother and sister drove down from Connecticut to help. They returned to Federal Plaza with Allan’s anxiety medication and contact information, only to be told minutes later that Allan was no longer there. The couple could not locate him through the ICE online system. Only after contacting an attorney did they learn he had been transferred to Delaney Hall, a detention facility in New Jersey.
Matt and Allan’s mother drove to Delaney Hall in Newark, an industrial area where families—including children—waited in the rain. Inside, staff initially insisted Allan was not present, despite documentation proving otherwise. After long delays, they were finally allowed to see him.
This was the first time Matt felt the point-blank homophobia of the detention system.
“When I finally saw him, they told us we couldn’t touch,” Matt said. “I’m watching straight couples kiss and hold each other, but I can’t even hold my husband’s hand.”
“You ripped my husband away, didn’t tell me where he was for 36 hours, and now I’m not allowed to console him?” he added. “It was so cold—it felt completely inhuman.”
Conditions inside detention quickly became grueling.
“He was moved in the middle of the night, chained at his wrists and ankles, not told where he was going,” Matt said. “They kept the cuffs on for days—he had cuts and bruises.”
“The worst part isn’t even the facilities—it’s the transport,” Matt continued. “You’re chained like an animal, trying to eat a bologna sandwich and drink water while shackled. You can barely move your body.”
Allan remained at Delaney Hall for approximately two weeks. One night, he told Matt that groups of detainees were being taken out in the middle of the night without warning. Shortly afterward, he was among them.
Around 12:30 a.m., Allan called to say he was being moved. He and others were gathered in a visitation room and held for hours without food or beds. By midday, they were shackled again, loaded onto transport, and flown out of state. His location once again disappeared from the ICE tracking system.
Over the next several days, Allan was moved through multiple locations, including a holding area near an airport in Phoenix, where detainees were kept in overcrowded, tent-like enclosures without seating. He remained in restraints for extended periods and was denied access to his medication.
From there, he was transferred through facilities in Texas and Louisiana before ultimately being sent to a remote detention site in the Florida Everglades, informally known as “Alligator Alcatraz.”
Conditions there were severe. Detainees were held in cages with dozens of men in each enclosure. Sanitation was poor, with overflowing toilets near sleeping areas. Exposure to the elements and limited access to medical care caused Allan’s health to deteriorate. Phone calls were limited to short, scheduled windows.
“He told me about being in a cage in the Everglades—30 men, toilets overflowing next to where they sleep,” Matt said. “There were signs about poisonous snakes, and he said, ‘If one shows up, I’m going to die—there’s nobody here.’”
“ICE officers would tell them, ‘You’re a burden to your family. Just sign your self-deportation papers,’” Matt added. “He would call me crying, saying, ‘Just let me go, forget about me.’ That’s psychological warfare.”
Ashcraft reflected on the system’s cruelty.
“At every step, it feels designed to be as insular, as cruel, and as impenetrable as possible,” she said. “At every turn, we’re seeing a new kind of cruelty…Someone will say, ‘They can’t do that,’ and we have to say, ‘Actually, they are.’”
Eventually, Allan was transferred to a detention facility in Natchez, Miss., where conditions were more stable and he was finally able to receive his prescribed medications. Around this time, his legal case began to shift.
His attorney submitted documentation showing that the missed 2022 hearing had occurred while he was in a verified rehabilitation program. The same immigration judge who had issued the original removal order agreed to reopen the case and rescinded that order, restoring Allan’s standing.
“The judge agreed with us and granted bond. At that point, we thought he would be released and we could move forward. That’s how the system is supposed to work,” Rizio said.
In early February, a bond hearing was scheduled. Matt traveled to Mississippi in anticipation of Allan’s release. The legal team presented extensive documentation, including letters of support from members of Congress, as well as evidence of Allan’s marriage and community ties.
Instead of releasing him, ICE exercised its authority to place a 10-day hold while considering an appeal. During that time, Matt remained in Mississippi, visiting Allan regularly.
“ICE decided to just ignore that and not release him. They used something called the ‘auto stay’ provision to keep him locked up anyway,” Rizio said. “It’s essentially them saying, ‘We don’t like the judge’s order, so we’re not going to follow it….That feels crazy—because it is crazy. There’s no real statutory basis for it. It’s a regulation that allows them to operate outside the bounds of what the law actually says.”
Before the hold period ended, a second immigration judge became involved. Without reviewing the full evidence or receiving a newly filed green card application, the judge issued a decision in advance.
“A completely different judge—who isn’t even an immigration specialist—stepped in and denied an application that wasn’t even before him,” Rizio explained. “I have never seen anything like that in 14 years of practice.”
She has argued that the decision was procedurally improper and legally flawed.
“He decided, based on rehab records showing recovery and sobriety, to label Allan a ‘habitual drunkard.’ He cherry-picked information and ignored the evidence that he had successfully completed treatment.”
When the 10-day hold expired, Allan’s legal team attempted to secure his release again, but ICE cited the new ruling to continue detaining him. By that point, Allan had been in detention for more than 100 days.
“He could have walked out of detention with a green card,” Rizio said. “Instead, he’s still sitting in detention because of actions that simply shouldn’t have happened.”
“None of what I just described reflects a system that cares about justice,” she said. “It feels like punishment. I feel very confident these actions are designed to make people give up… Allan has already lost over three months of his life. He’s never going to get that time back.”
“We did everything right,” Matt said. “We followed the law, built a life, got married, had a clear pathway to citizenship. And now my whole life is on pause. If someone wants to understand this, imagine someone coming in and kidnapping the person you love most—taking away all your control. That’s what this feels like.”
Allan remains in detention in Natchez while legal challenges move forward. Throughout his time in custody, detainees have reported being pressured to accept voluntary deportation, often being told they are burdens to their families. Despite the mounting legal and emotional toll, Allan continues to fight his case from inside detention, while his family and community advocate for his release on the outside.
The couple has set up a Go-Fund-Me to help with the financial costs of this ongoing situation.
The Blade contacted ICE and DHS for comment but did not receive a response.

District of Columbia
Man charged with carjacking, kidnapping after having sex in D.C. park pleads guilty
Arrest followed year-long investigation into incident at Fort Dupont Park
A D.C. man initially charged with armed carjacking, armed kidnapping, and armed robbery of a male victim he met and with whom he engaged in sex at D.C.’s Fort Dupont Park in September 2024 pleaded guilty on March 12 to two lesser charges as part of a plea bargain deal offered by prosecutors.
Records filed in D.C. Superior Court show that Da’Andre Pardlow, 31, who has been held in jail since the time of his arrest in December 2025, pleaded guilty to unarmed carjacking and possession of a firearm during a crime of violence. Court records show the agreement includes a recommendation by prosecutors that Pardlow be sentenced to seven years in prison.
The agreement allows him to withdraw the guilty plea if the judge rejects the sentencing recommendation and calls for a harsher sentence. He is scheduled to be sentenced by Superior Court Judge Robert Salermo on May 29.
Details of the incident that led to Pardlow’s arrest and guilty plea are included in a 12-page arrest affidavit prepared by U.S. Park Police detective Christopher Edmund, the lead investigator in the case.
According to the affidavit, which is part of the public court records, Park Police received a call at approximately 6:30 a.m. on Sept. 13, 2024, regarding an armed robbery that occurred around 3 a.m. that day at D.C.’s Fort Dupont Park. The affidavit says Park Police officers drove the person who called, who is identified only as Victim 1 or V-1, from his residence to the Park Police Anacostia Operations facility where he was interviewed.
“V-1 reported that they were at their residence at approximately 2:30 a.m. on September 13, 2024, and decided to drive to Fort Dupont Park in hopes of meeting a man for a sexual encounter,” the affidavit states. “V-1 arrived at Fort Dupont Park at approximately 3:00 a.m. and parked their vehicle on the south side of Alabama Avenue, SE, in Washington, D.C. adjacent to the park entrance,” the affidavit continues.
It says the victim stated the park was empty and he decided to leave, but while walking back to his car he encountered a black male appearing in his 20s or 30s and gave a full description of the man’s appearance and clothing, saying he was wearing a ski mask.
“V-1 and the male conversed and agreed to engage in consensual sexual acts on a bench under the pavilion near the restroom,” the affidavit says. It says V-1 then told detectives that the man, who is initially identified only as Suspect 1 or S-1, “had ejaculated onto V-1’s face. V-1 then used a napkin that he found on the ground nearby to wipe S-1’s semen from V-1’s face. V-1 then discarded the napkin on the ground.”
The affidavit states that investigators later recovered the napkin and through DNA testing linked the semen to Pardlow. But prior to that, it says during their sexual encounter in the park V-1 agreed to suspect 1’s request that he take off all his clothes.
“When V-1 disrobed, S-1 got behind V-1 and held a hard, metal item that V-1 believed to be a handgun, to the back of V-1’s head,” according to the affidavit. It says V-1 added that S-1 “threatened to shoot him ‘over and over again’” if he did not comply with S-1’s demands to surrender his phone and wallet, provide the code to access the phone, and then to take possession of and drive V-1’s car to a nearby bank, with V-1 sitting in the passenger’s seat, to withdraw money from V-1’s bank account. The affidavit says he withdrew $500 from V-1’s account at a Bank of America ATM at 3821 Minnesotta Ave., NE.
“S-1 then drove V-1 back to the park and told them to get their clothes, which were still in the pavilion area,” the affidavit says. “When V-1 exited the vehicle, S-1 drove out of the park in V-1’s vehicle at a high rate of speed toward Massachusetts Avenue,” it says. “V-1 walked back to their residence and contacted the police.”
The affidavit says that over the course of the next several months investigators used tracking devices linked to V-1’s car, cell phone, and Apple Watch that Pardlow had taken to locate the car and a residence where Pardlow was possibly living.
The Park Police investigators also pulled up FBI DNA records to identify a suspect that matched the DNA sample taken from the napkin V1 used at the park to a man arrested in Prince George’s County, Md., on an unrelated charge of Use of a Firearm In A Violent Felony. That person turned out to be Da’Andre Pardlow, the affidavit states.
It says investigators obtained additional evidence linking Pardlow to the park incident involving V-1, including video images of his face from a Bank of America security camera at the time he withdraws money from V-1’s ATM account. A tracking of Pardlow’s own mobile phone also placed him at the site of the park at the time of his alleged interaction with V-1.
When Park Police detectives first interviewed Pardlow at the Eastern Correctional Institute prison in Westover, Md., where he was being held in connection with the unrelated firearm arrest, “he denied having ever been to Fort Dupont Park since he was in high school and said that he had no involvement in this incident,” the affidavit says.
Court records show a warrant was obtained for his arrest on Nov. 25, 2025, for the Fort Dupont incident and he was officially charged on Dec. 17, 2025, with Armed Carjacking, Robbery While Armed, and Kidnapping While Armed.
Pardlow’s attorney, Patrick Nowak, couldn’t immediately be reached for comment on Pardlow’s decision to plead guilty to the lesser charges of Unarmed Carjacking and Possession of a Firearm During A Crime of Violence, with the other charges being dropped by prosecutors with the Office of the U.S. Attorney for D.C.
-
The White House4 days agoTrump proclamation targets trans rights as State Dept. shifts visa policy
-
Cameroon4 days agoGay Cameroonian immigrant will be freed from ICE detention — for now
-
Music & Concerts5 days agoGaga, Cardi B, and more to grace D.C. stages this spring
-
Ecuador4 days agoAdolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
