Noticias en Español
La Bombonera: Un hostal habanero para las trans
Clientes de la instalación pagan 30 CUC mensuales
Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esa nota salió en su sitio web el 7 de noviembre.
LA HABANA — Agustín Díaz ha hospedado en su negocio a 266 parejas desde 2010, año en que habilitó oficialmente el Libro Registro de Arrendatarios. Eso, según los conceptos de Agustín sobre qué es una pareja fija.
“Yo soy bastante riguroso y exijo que respeten mi casa. Todos tienen llaves, yo se las doy, y es muy difícil que aquí haya prostitución, alcohol, drogas. Saben que tienen que cuidar el espacio porque en ningún otro lugar van a ser tratados así”.
La Bombonera tiene seis habitaciones independientes. Los clientes pagan 30 CUC mensuales. Ese precio puede parecer muy poco por un alquiler en La Habana, donde las rentas pueden llegar hasta los 600 CUC. Pero Agustín insiste en que todos terminan allí en su casa, porque “el mayor sueño de los travestis es llegar a La Bombonera y permanecer”.
Al principio no se llamaba La Bombonera. No se llamaba de ningún modo.
“Ellos mismos le han puesto así para hacerse notar y para que se sepa dónde están ubicados. Cuando dices ‘yo estoy alquilado en La Bombonera’, ya todo el mundo sabe dónde es. Y las niñas son muy presumidas, dicen que son unos bombones, unos mangos. Alquiladas en mi casa se sienten muy bien, son comprendidas”.
Lo confirma un habanero de 24 años inscrito como Félix Lázaro Belén Bello, a quien, si le preguntan su nombre, responde con otra pregunta: “¿El de hembra o el de varón?” Alison: Pestañas postizas, ropa diseñada para mujeres…
“Hace un año y pico que estoy aquí. Vine y me eché desde junio hasta noviembre del año pasado y ahora volví porque aquí nos conocemos y estamos como en familia. El dueño también es bueno, ¿ves? Y he hecho amistades”.
Al lado de Alison, dice un artemiseño graduado como maestro primario que a veces se va a la casa de sus padres en Artemisa, pero que siempre regresa a La Bombonera.
“¿Qué más se va a pedir aquí? Yo siempre me he quedado porque puedo hacer todo lo que quiero; en mi casa también me dejan, pero por un problema de prejuicio y de respeto, no lo hago”.
“Todo lo que quiero” es una expresión que describe bien el modo de vida en La Bombonera. Aquí, los huéspedes pueden vestirse como les dé la gana, ponerse pestañas, uñas acrílicas, extensiones en el cabello, vestidos cortos.
Dice Agustín que sus huéspedes son incomprendidos en los lugares de donde vienen, porque mucha gente no acepta a los travestis o trans.
“En Centro Habana, en cambio, hay mucha apertura en todos los sentidos. Por ejemplo: mis hijos son abakuás y yo no tengo nada que ver con los travestis, pero les alquilo. No tengo ningún tipo de prejuicio. Yo les permito visitas en la sala, en la habitación. No como en otros negocios donde no los dejan ni pararse en la puerta para que nadie se entere de que están alquilando a homosexuales.
“Actualmente, en mi barrio todo el mundo alquila a travestis. Ellos se han vuelto un segmento económico importante. Siempre están cerca de mi negocio y cuando se vacían algunas de mis habitaciones, corren para mi casa”, detalla.
Especialistas del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) reconocen que ese centro no tiene un programa dirigido a mejorar las condiciones de vivienda de las personas LGBTI+ en Cuba. Debido al déficit habitacional en el país, la situación afecta a toda la ciudadanía y no solo a esta comunidad. Massiel Rodríguez, socióloga de esa institución, considera que beneficiar a las personas LGBTI+ desde el punto de vista de la vivienda, podría verse como ejercicio de discriminación positiva.
“Simplemente son 266 parejas —dice Agustín mientras hojea el libro de registro— porque, por ejemplo, este año, que ha sido el de menor afluencia en mi negocio, he tenido 37 parejas. Claro, como han estado estables, se pasan meses y meses y no he podido rotar el personal. Solo se ha ido Yeni —para Rusia—, una muchacha que tenía a la mamá con cáncer y otra, que fue presa”.
—¿Presa?
—Dice que le habían dado libertad condicional en su provincia y aquí la cogieron en un área de prostitución.
—Un área de prostitución… En Cuba esa actividad no se reconoce como un delito.
—No se reconoce pero existe y es lógico que “las niñas” se dediquen a eso. El maquillaje es muy caro, y ellas necesitan vestirse, arreglarse, para poder transformarse. Aunque ellos trabajen, como los sueldos en Cuba son tan bajos no les alcanzaría para comprarse ni unas pestañas postizas o un lápiz de cejas, blúmeres.
Alison lo confirma:
“Hacemos las calles… Nada, que salimos por ahí a compartir… La vida está muy dura. Tuve que dejar en segundo año mi carrera en el ISCA [Instituto Superior de Ciencias Agrícolas] de San José de las Lajas”.
Dice Agustín que todas las mujeres trans o los travestis que pasan por su casa tienen historias difíciles, de maltrato, incomprensión; todos tienen miedo a la burla.
El tesis de doctorado de Mariela Castro Espín “La integración social de las personas transexuales en Cuba” reconoce que el Cenesex ha constatado situaciones que dificultan el proceso de integración social de estas personas: “precariedad en las condiciones de vida, limitado contacto con sus familias de origen, seguimiento excesivo por las autoridades policiales de los territorios donde habitan (jefes de sectores), conducción a estaciones policiales desde lugares públicos frecuentados por turistas, conflictos frecuentes en los espacios públicos en respuesta a agresiones verbales, y medidas disciplinarias en centros de estudios para adultos que incluían expulsión por ‘no cumplimiento’ del reglamento en el vestir o la no correspondencia de este con su sexo en el carnet de identidad”.
A pesar de todo, Agustín defiende su negocio y renta sus habitaciones exclusivamente a trans.
“Yo alquilo por una cuestión humanitaria y porque además, mi hermana Gloria es lesbiana. Yo entendí que ellos son los más discriminados, y de toda la basura que existe en el mercado, son los de mejores condiciones humanas”.
Manuel Ductó, presidente de un CDR aledaño y militante del Partido Comunista, vende vegetales frente a La Bombonera. Dice:
“Toda esa gente que él ―Agustín― tiene ahí, está sin producir. Esa gente no produce nada, esa gente debía estar dispersa en algo productivo”.
Le digo que uno de los alquilados es buquenque; otro limpia pisos en un hospital, pero insiste en que él en sí no sabe cuál es la profesión de ellos.
En “La integración social de las personas transexuales en Cuba”, Castro Espín dedica un acápite a “La transexualidad desde la interpretación de actores claves para una política”. La directora del Cenesex explica la importancia de que las personas, y en particular los decisores, se apropien de conocimientos en el campo de la sexualidad y los derechos sexuales.
“A ellos los han llevado caminando en tacones y ropas de mujer por el medio de la calle hasta la estación de policía. Montaban un show allí. Vaya, no estaban preparados para entender a los travestis del barrio. Ellos (los policías) tienen la peor opinión de esas personas”.
Dice Agustín que a él también han venido a buscarlo varias veces para llevarlo a la estación de policía. Pero una visita a la Policía Nacional Revolucionaria y un encuentro con el Teniente Coronel Cristiá, jefe de una unidad policial de La Habana, no bastaron para confirmar o negar esta información. Las 37 detenciones arbitrarias que denuncia Agustín, si existieron, no han podido corroborarse porque los oficiales que dialogaron con esta reportera consideran que Agustín es un personaje muy negativo que no debería generar ningún interés mediático.
“La policía se me tiró cuando empecé a alquilar a los travestis”.
La escena, con más o menos variaciones, ha sido esta: una pintoresca caravana detrás de Agustín, guiados por la Policía Nacional Revolucionaria en su recorrido por la calle.
“Me han detenido arbitrariamente y han llevado a los travestis detrás de mí como para humillarme, para que yo desista, como para desestabilizarme moralmente y que yo no siga”.
Continuamos en los bajos del 318, Calle Industria entre Neptuno y San Miguel. El espacio es amplio y, Agustín, rodeado de copas, papeles, zapatos y fotos de Barack Obama, está sentado en una vieja silla.
Le gusta este hombre, el primer afroamericano que llegó a la presidencia de Estados Unidos. Agustín también es negro, pero lo único que preside es La Bombonera; su país es la Bombonera. Todos los travestis y las trans de La Habana, dice Agustín, saben de este lugar. Pero repite que aun cuando lo suyo es darles espacio, solo admite a parejas fijas. Él mismo se pregunta, y no se responde: ¿a dónde van las travestis solteras? ¿Dónde “matan” el tiempo?
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
European Parliament resolution backs ‘full recognition of trans women as women’
Deon Jones speaks about D.C. Department of Corrections bias lawsuit settlement
Home is where the heart is
‘Heated Rivalry’ fandom exposes LGBTQ divide in Baltimore
Magic is happening for Round House’s out stage manager
McPike wins special election for Va. House of Delegates
Shooter who killed 7 people inside Canada school was transgender
Just when you think Trump can’t sink any lower, he does
Russia’s anti-LGBTQ crackdown takes absurd turn
