Noticias en Español
‘A la UMAP nunca sobrevives del todo’
Hombres gay fueron traslados a campamentos después de la Revolución cubana
Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esa nota salió en su sitio web el 20 de diciembre.
LA HABANA — Por más de 50 años José Rolando Valdés no contó que él mismo se tuvo que arrancar una muela a sangre fría con una cuchara, ni que fue golpeado y tirado sin ropa por cuatro días en un calabazo. Tampoco dijo que fue obligado a seguir trabajando en un campo de caña con un brazo lastimado por un machetazo. Sentía vergüenza, así que casi nadie supo sobre el trabajo forzado y vejaciones que padeció. Durante más de cinco décadas calló sobre su reclusión en las UMAP.
Entre 1965 y 1968 el Estado cubano, amparado en la ley 1129 del 26 de noviembre de 1963 que estableció el Servicio Militar Obligatorio (SMO), comenzó a recluir hombres con edades entre los 18 y 26 años en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP). Aquel fue un experimento social que no solo buscaba higienizar el país de todo aquel que no encajara con el molde del “hombre nuevo”, sino también disponer de unos 60 mil brazos obligados a cortar caña.
Hoy, a sus 72 años, José Rolando recuerda los camiones que iban por cada pueblo y ciudad recogiendo a los jóvenes que el Estado miraba con recelo. Las categorías para la reclusión eran diversas: Religiosos, homosexuales, burgueses, desafectos, otros que no trabajaban y era considerados con alto potencial delictivo, guardias castigados. Aunque nunca lo tuvo claro, Valdés podría pertenecer a esta última categoría.
En 1965 comenzó su servicio militar como guardia de la Marina en el municipio de Bahía Honda, provincia de Pinar del Río. Ahí estuvo unos pocos meses hasta que secuestraron unas lanchas torpederas y como consecuencia la mayoría de los chicos que estaban en ese campamento acabaron, sin muchas explicaciones, en un camión que los llevó hasta el centro del país.
“Cuando llegué a la nueva unidad mi primera reacción fue negarme a usar el uniforme, no entendía por qué estaba allí y no lo acepté”, recuerda.
Como consecuencia de su insubordinación fue golpeado por los guardias, que lo lanzaron en ropa interior a una celda durante cuatro días. “Así aprendí a quedarme callado y esperar que terminara aquel infierno sin causar problemas”.
Había llegado al central Primero de Enero, un campo donde estaban recluidos homosexuales y cristianos. “En las noches había un sargento que metía a los chicos afeminados en un tanque de agua fría desnudos hasta que perdieran la conciencia”, confiesa José con la voz cortada. “Los oíamos sufrir sin poder ayudarles. Es una de las cosas más tristes que he visto”.
Los castigos en las UMAP, documenta el investigador Abel Sierra, podían ir desde los insultos verbales hasta el maltrato físico y la tortura. Víctimas de estos campos enumeran también, entre las formas de violencia, la práctica de enterrarlos en un hueco y dejarlos con la cabeza fuera durante varias horas. A otros los ataban a un palo o a una cerca y los dejaban durante la noche a la intemperie, expuestos a los mosquitos.
Se calcula que alrededor de ochocientos homosexuales fueron presos en sitios como este.
Las unidades que recuerda José Rolando eran albergues largos donde dormían cientos de muchachos sobre camas de saco con colchonetas delgadas. Los baños estaban afuera y olían mal. Las cocinas eran de leña y la comida era escasa. Para el desayuno tomaban un vaso de agua con azúcar y tragaban un pedazo de pan. Unas cercas altas los separaban del exterior.
“Nos levantaban cada día a las 5:30 o 6:00 a.m. y volvíamos del campo de caña casi 12 horas después. En la noche, luego de la comida, nos formaban y comenzaba la lectura y debate de textos políticos. Comenzaba el adoctrinamiento cuando ya no tenías fuerzas ni para pensar”.
Han pasado más de 50 años, pero José Rolando puede recordar casi todo de allí: Olores, sensaciones, maltratos, las voces de los sargentos, la soledad. También es capaz de recitar de memoria un fragmento de un discurso de Fidel Castro que había escuchado en 1963 y que hasta hoy lo persigue:
“Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos; algunos de ellos con una guitarrita en actitudes ‘elvispreslianas’, y que han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides por la libre”.
“Nuestra sociedad no puede darles cabida a esas degeneraciones”, concluía el discurso del máximo líder cubano.
Dos años después comenzaron las UMAP.
En el tiempo que estuvo recluido, José Rolando Valdés fue trasladado del central Primero de Enero a la cárcel de Morón donde vivió en condiciones de hacinamiento con presos comunes. De ahí lo llevaron a Vertientes para seguir cortando cañas hasta el cierre de los campos. Allí dice que conoció a Pablo Milanés.
La explotación del cuerpo
Las UMAP no solo eran una imposición de cierta masculinidad militante y barbuda, sin cabida para ademanes “afeminados”. Era también mano de obra barata y disponible para la agricultura. En un artículo de la época, el economista Carmelo Mesa-Lago analizaba que el gobierno logró ahorrar por concepto de trabajo no pagado alrededor de trescientos millones de pesos cubanos, entre 1962 y 1967. Por todo un mes con jornadas de medio día, a José Rolando le pagaban siete pesos.
“Allí éramos esclavos, sin saber por qué. Los guardias nos vigilaban todo el día para asegurarse de que estuviésemos cortando caña. Ni siquiera enfermo o herido podías descansar”.
Cuando este hombre habla de las UMAP las define como una especie de asfixia que lo enloquecía a ratos. Quizá por eso, algunos de sus compañeros se automutilaban para escapar. Otros, por su parte, no lograron salir con vida. “Allí hubo suicidios y asesinatos”, rememora.
Aunque no lo presenció, dice que en su campamento mataron a un joven abakúa por indisciplinas graves. Antes fue situado par de veces frente al pelotón de fusilamiento. Las dos primeras serían una suerte de tortura, un simulacro sin balas. En la tercera, las armas sí estaban cargadas.
José Rolando dice que tuvo suerte porque logró salir de allí y continuar su vida. Se mudó hasta San Juan y Martínez, al oeste de Pinar del Río, donde nadie conocía su pasado. Se casó con una chica de ese pueblo y trabajó como cantante en un cabaret nocturno hasta emigrar a Estados Unidos en 2002. En todo ese tiempo no volvió a mencionar las UMAP.
“Son demasiados los recuerdos atroces y hasta hoy nadie ha pedido disculpas siquiera. ¿A quién debo culpar por mi sufrimiento en la UMAP? O por los años que me robaron y todos los horrores que vi allí. Aunque salgas con vida, a un lugar así no sobrevives del todo”.
En junio de 1968 pararon el trabajo en el corte de caña. Les anunciaron que era el fin de la UMAP. Los hombres saltaban de la dicha. Costaba creerlo. José Rolando volvió a casa después de unos 30 meses. Su familia siempre creyó que salía de la Marina.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
Walking the pathway to national cannabis legalization
The Rare Book Fair is coming to D.C.
Montgomery County police chief discusses arrest of trans student charged with planned school shooting
Calendar: April 19-25
Lambda Legal praises Biden-Harris administration’s finalized Title IX regulations
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