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‘A la UMAP nunca sobrevives del todo’

Hombres gay fueron traslados a campamentos después de la Revolución cubana

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La psicóloga Liliana Morenza, una de las especialistas que integró el equipo investigación de psicólogos de las UMAP, junto a varios homosexuales y cabos. Compañía 4, Batallón 7, Unidad de Ayuda a la Producción “La Violeta”, Camagüey. 1967. (Foto cortesía de la doctora María Elena Solé a Abel Sierra)

Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esa nota salió en su sitio web el 20 de diciembre.

LA HABANA — Por más de 50 años José Rolando Valdés no contó que él mismo se tuvo que arrancar una muela a sangre fría con una cuchara, ni que fue golpeado y tirado sin ropa por cuatro días en un calabazo. Tampoco dijo que fue obligado a seguir trabajando en un campo de caña con un brazo lastimado por un machetazo. Sentía vergüenza, así que casi nadie supo sobre el trabajo forzado y vejaciones que padeció. Durante más de cinco décadas calló sobre su reclusión en las UMAP.

Entre 1965 y 1968 el Estado cubano, amparado en la ley 1129 del 26 de noviembre de 1963 que estableció el Servicio Militar Obligatorio (SMO), comenzó a recluir hombres con edades entre los 18 y 26 años en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP). Aquel fue un experimento social que no solo buscaba higienizar el país de todo aquel que no encajara con el molde del “hombre nuevo”, sino también disponer de unos 60 mil brazos obligados a cortar caña.

Hoy, a sus 72 años, José Rolando recuerda los camiones que iban por cada pueblo y ciudad recogiendo a los jóvenes que el Estado miraba con recelo. Las categorías para la reclusión eran diversas: Religiosos, homosexuales, burgueses, desafectos, otros que no trabajaban y era considerados con alto potencial delictivo, guardias castigados. Aunque nunca lo tuvo claro, Valdés podría pertenecer a esta última categoría.

En 1965 comenzó su servicio militar como guardia de la Marina en el municipio de Bahía Honda, provincia de Pinar del Río. Ahí estuvo unos pocos meses hasta que secuestraron unas lanchas torpederas y como consecuencia la mayoría de los chicos que estaban en ese campamento acabaron, sin muchas explicaciones, en un camión que los llevó hasta el centro del país.

“Cuando llegué a la nueva unidad mi primera reacción fue negarme a usar el uniforme, no entendía por qué estaba allí y no lo acepté”, recuerda.

Como consecuencia de su insubordinación fue golpeado por los guardias, que lo lanzaron en ropa interior a una celda durante cuatro días. “Así aprendí a quedarme callado y esperar que terminara aquel infierno sin causar problemas”.

Había llegado al central Primero de Enero, un campo donde estaban recluidos homosexuales y cristianos. “En las noches había un sargento que metía a los chicos afeminados en un tanque de agua fría desnudos hasta que perdieran la conciencia”, confiesa José con la voz cortada. “Los oíamos sufrir sin poder ayudarles. Es una de las cosas más tristes que he visto”.

Los castigos en las UMAP, documenta el investigador Abel Sierra, podían ir desde los insultos verbales hasta el maltrato físico y la tortura. Víctimas de estos campos enumeran también, entre las formas de violencia, la práctica de enterrarlos en un hueco y dejarlos con la cabeza fuera durante varias horas. A otros los ataban a un palo o a una cerca y los dejaban durante la noche a la intemperie, expuestos a los mosquitos.

Se calcula que alrededor de ochocientos homosexuales fueron presos en sitios como este.

Las unidades que recuerda José Rolando eran albergues largos donde dormían cientos de muchachos sobre camas de saco con colchonetas delgadas. Los baños estaban afuera y olían mal. Las cocinas eran de leña y la comida era escasa. Para el desayuno tomaban un vaso de agua con azúcar y tragaban un pedazo de pan. Unas cercas altas los separaban del exterior.

“Nos levantaban cada día a las 5:30 o 6:00 a.m. y volvíamos del campo de caña casi 12 horas después. En la noche, luego de la comida, nos formaban y comenzaba la lectura y debate de textos políticos. Comenzaba el adoctrinamiento cuando ya no tenías fuerzas ni para pensar”.

Han pasado más de 50 años, pero José Rolando puede recordar casi todo de allí: Olores, sensaciones, maltratos, las voces de los sargentos, la soledad. También es capaz de recitar de memoria un fragmento de un discurso de Fidel Castro que había escuchado en 1963 y que hasta hoy lo persigue:

“Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos; algunos de ellos con una guitarrita en actitudes ‘elvispreslianas’, y que han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides por la libre”.

“Nuestra sociedad no puede darles cabida a esas degeneraciones”, concluía el discurso del máximo líder cubano.

Dos años después comenzaron las UMAP.

En el tiempo que estuvo recluido, José Rolando Valdés fue trasladado del central Primero de Enero a la cárcel de Morón donde vivió en condiciones de hacinamiento con presos comunes. De ahí lo llevaron a Vertientes para seguir cortando cañas hasta el cierre de los campos. Allí dice que conoció a Pablo Milanés.

La explotación del cuerpo

Las UMAP no solo eran una imposición de cierta masculinidad militante y barbuda, sin cabida para ademanes “afeminados”. Era también mano de obra barata y disponible para la agricultura. En un artículo de la época, el economista Carmelo Mesa-Lago analizaba que el gobierno logró ahorrar por concepto de trabajo no pagado alrededor de trescientos millones de pesos cubanos, entre 1962 y 1967. Por todo un mes con jornadas de medio día, a José Rolando le pagaban siete pesos.

“Allí éramos esclavos, sin saber por qué. Los guardias nos vigilaban todo el día para asegurarse de que estuviésemos cortando caña. Ni siquiera enfermo o herido podías descansar”.

Cuando este hombre habla de las UMAP las define como una especie de asfixia que lo enloquecía a ratos. Quizá por eso, algunos de sus compañeros se automutilaban para escapar. Otros, por su parte, no lograron salir con vida. “Allí hubo suicidios y asesinatos”, rememora.

Aunque no lo presenció, dice que en su campamento mataron a un joven abakúa por indisciplinas graves. Antes fue situado par de veces frente al pelotón de fusilamiento. Las dos primeras serían una suerte de tortura, un simulacro sin balas. En la tercera, las armas sí estaban cargadas.

José Rolando dice que tuvo suerte porque logró salir de allí y continuar su vida. Se mudó hasta San Juan y Martínez, al oeste de Pinar del Río, donde nadie conocía su pasado. Se casó con una chica de ese pueblo y trabajó como cantante en un cabaret nocturno hasta emigrar a Estados Unidos en 2002. En todo ese tiempo no volvió a mencionar las UMAP.

“Son demasiados los recuerdos atroces y hasta hoy nadie ha pedido disculpas siquiera. ¿A quién debo culpar por mi sufrimiento en la UMAP? O por los años que me robaron y todos los horrores que vi allí. Aunque salgas con vida, a un lugar así no sobrevives del todo”.

En junio de 1968 pararon el trabajo en el corte de caña. Les anunciaron que era el fin de la UMAP. Los hombres saltaban de la dicha. Costaba creerlo. José Rolando volvió a casa después de unos 30 meses. Su familia siempre creyó que salía de la Marina.

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Estudiantes de la Universidad de El Salvador reclaman respeto para la comunidad LGBTQ

23.7 por ciento de estudiantes queer de la UES han experimentado discriminación

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(Foto de la página de Facebook de AMATE El Salvador)

A finales de octubre en la Universidad de El Salvador, AMATE El Salvador llevó a cabo un foro que buscaba marcar un hito en la historia de la única institución pública de educación superior en el país. Este espacio, orientado hacia la inclusión de la diversidad sexual y de género, presentó una propuesta que podría transformar el ambiente académico, eliminando barreras de discriminación y promoviendo una convivencia más justa.

El foro: “Hacia una universidad más inclusiva: Propuestas para la inclusión LGBTI+ en la UES”, tuvo como base un estudio realizado por AMATE El Salvador en 2023, titulado “Orgullo en la UES: Desafíos para la inclusión LGBT+ en la Universidad de El Salvador”. Según los hallazgos, el 23.7 por ciento de los estudiantes LGBTQ de la UES han experimentado algún tipo de discriminación. Lo preocupante es que el 72.2 por ciento de estos casos señalan a los docentes como principales perpetradores, seguidos por compañeros de estudio y personal administrativo. 

Este panorama refleja una problemática sistémica que trasciende las aulas y afecta a toda la comunidad universitaria. 

“Los estudiantes LGBT+ no se sienten seguros en la universidad. Creen que construir una política de inclusión sería un paso hacia la transformación”, expresó Gonzalo Montano, sociólogo y miembro de la Fundación AMATE, en una entrevista con el Washington Blade.

Otro dato relevante del estudio muestra que el 63.9 por ciento de los encuestados reportaron haber escuchado a docentes utilizar argumentos religiosos para atacar a personas de la diversidad sexual en clases. Este dato pone de manifiesto cómo las creencias personales pueden interferir en el respeto a los derechos humanos en un espacio que debería ser neutral e inclusivo.

La propuesta de AMATE El Salvador

La propuesta presentada en el foro se fundamenta en un trabajo de investigación con datos cualitativos y cuantitativos, recolectados mediante entrevistas y encuestas a estudiantes, docentes y personal administrativo de la UES. 

“Es un esfuerzo construido desde las experiencias y necesidades de la comunidad universitaria”, explicó Idalia Zepeda, consultora de AMATE.

La propuesta plantea crear espacios para denunciar y atender casos de discriminación y violencia, además de prevenir crímenes de odio. También busca cambios administrativos que incluyan sensibilización y talleres formativos en temas de diversidad sexual. 

“Esto ayudaría a naturalizar investigaciones sobre derechos e inclusión en el ámbito académico”, añadió Zepeda.

El desafío de implementar esta política de inclusión en la UES no puede entenderse sin considerar el contexto más amplio de El Salvador y la región. 

“Hay un fuerte discurso en contra del reconocimiento de los derechos de grupos vulnerables, especialmente hacia mujeres y población LGBTI”, advirtió Montano.

Este discurso no solo proviene de sectores conservadores de la sociedad, sino también de funcionarios públicos y representantes gubernamentales, quienes han impulsado narrativas de odio y desinformación. Estas posturas afectan no solo a las comunidades LGBTQ, sino también a la capacidad de instituciones como la UES para responder de manera inclusiva.

La respuesta de la UES: avances insuficientes

Aunque recientemente la UES cuenta con un reglamento contra la violencia de género, en el que incluye a la población LGBTQ como grupo vulnerable, esta medida es percibida por AMATE como un avance insuficiente. 

“Un reglamento no sustituye la necesidad de una política clara y firme sobre inclusión”, enfatizó Montano.

Por ello, la organización hace un llamado a seguir dialogando con las autoridades universitarias, así como con estudiantes y docentes. Es crucial que la UES adopte una postura contundente frente a la discriminación, manteniendo su autonomía frente a posibles influencias del gobierno actual.

(Foto de la página de Facebook de AMATE El Salvador)

El rol del Centro de Estudios de Género y la proyección social

Durante el proceso de elaboración de la propuesta, el Centro de Estudios de Género de la UES jugó un papel clave. Esta unidad ha sido un espacio que ayudó a facilitar temas relacionados con la diversidad sexual y de género, ofreciendo talleres y formación para personal docente y personal administrativo.

La Dirección de Proyección Social también fue fundamental en la recolección de datos y contactos con autoridades de alto nivel. Estas alianzas internas reflejan que hay áreas dentro de la universidad comprometidas con la inclusión, aunque aún persisten resistencias significativas.

Impacto de los discursos religiosos y conservadores

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la implementación de esta política es la influencia de valores tradicionales y discursos religiosos en el entorno universitario. Según AMATE, la falta de laicidad del Estado salvadoreño amplifica estos prejuicios. 

“No se trata solo de desconocimiento, sino de una socialización de valores que dificultan la aceptación de la inclusión como un principio básico”, señaló Montano.

El foro concluyó con un llamado a la reflexión colectiva sobre el papel que debe desempeñar la UES en la promoción de los derechos humanos. AMATE enfatizó que la universidad tiene una responsabilidad ética de liderar este cambio, convirtiéndose en un espacio seguro para todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

AMATE y otras organizaciones seguirán trabajando para que la UES no solo adopte la política de inclusión, sino que también implemente mecanismos concretos para garantizar su efectividad. La esperanza es que este esfuerzo inspire a otras instituciones académicas en el país y la región a seguir el mismo camino.

Este foro no solo fue un espacio de denuncia, sino también de esperanza. En un país donde los derechos de las personas LGBTQ son constantemente vulnerados, la lucha por la igualdad en la educación superior representa un rayo de luz que podría transformar realidades. La inclusión no es solo un valor, es una necesidad imperativa para el progreso social.

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Victoria de Trump provoca inquietudes en población LGBTQ en El Salvador

Hay temor sobre las posibles repercusiones en la vida de migrantes

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La bandera del orgullo progresista cuelga de la embajada estadounidense en El Salvador en 2023. (Foto cortesía de la página de Facebook de la embajada)

SAN SALVADOR, El Salvador — Con la reelección de Donald Trump como presidente de EEUU, han surgido preocupaciones en El Salvador sobre las posibles repercusiones en la vida de miles de migrantes salvadoreños, en particular aquellos que forman parte de la comunidad LGBTQ. El endurecimiento de las políticas migratorias y la postura conservadora de Trump en temas de derechos humanos y diversidad sexual durante su mandato anterior despiertan temores respecto a un incremento en las deportaciones y una reducción en los programas de cooperación internacional que promueven la inclusión y protección de los derechos de la población LGBTQ en El Salvador.

Esta incertidumbre también se extiende a otros ámbitos: los recortes de fondos para programas de desarrollo social y el posible cambio en las prioridades de cooperación de EEUU, que podrían afectar directamente la asistencia y apoyo en temas de derechos humanos, un área donde el país norteamericano ha jugado un rol importante en El Salvador. Líderes de organizaciones de derechos humanos, activistas y ciudadanos salvadoreños están a la expectativa de cómo el gobierno del presidente Nayib Bukele reaccionará ante estos cambios y adaptará sus políticas para no poner en riesgo la cooperación internacional que sostiene programas esenciales para las poblaciones más vulnerables del país.

La situación de los migrantes LGBTQ: entre el temor y la vulnerabilidad

Uno de los sectores más afectados por el endurecimiento de políticas migratorias durante la administración de Trump en 2016 fue el de los migrantes centroamericanos, incluyendo un importante número de salvadoreños que buscan llegar a EEUU huyendo de la violencia y discriminación por su orientación sexual o identidad de género. En El Salvador, la población LGBTQ enfrenta serios riesgos y discriminación en diversas áreas de la vida cotidiana, desde el ámbito laboral hasta la convivencia comunitaria, lo cual ha impulsado a muchos a buscar una nueva vida en el exterior.

Con la reelección de Trump, quien en su primer mandato impulsó la detención y deportación de migrantes indocumentados, el futuro para aquellos salvadoreños que pertenecen a la comunidad LGBTQ parece incierto. De acuerdo con datos recolectados por Mixed Migration Center (2024) de México, el 62 por ciento de las personas LGBTQ encuestadas que realizaron transito migratorio hacia EEUU, provenía del Triángulo Norte de Centroamérica es decir Guatemala, El Salvador y Honduras.

En 2018 también se registró un alto porcentaje de población LGBTQ migrante, huyeron de su país debido a la persecución que sufrían en sus comunidades. La política de “tolerancia cero” de Trump se tradujo en un aumento en las deportaciones y, para los migrantes LGBTQ, significó regresar a una realidad marcada por la exclusión y el temor de sufrir ataques.

Esto sin olvidar los procesos de visado y renovación de visa, a los cuales pueden enfrentarse en una proximidad activistas y personas LGBTQ en general, ante ello Mónica Hernández de ASPIDH Arcoiris Trans, muestra su inquietud. 

“Trump ha mostrado en el pasado un enfoque más estricto respecto a la migración, lo cual podría endurecer los requisitos para visas y renovaciones, sobre todo en temas como la inmigración legal y programas como el TPS. Esto podría afectar también a la comunidad LGBTIQ+ y activistas, ya que su administración ha adoptado posturas conservadoras que no necesariamente priorizan la protección de estos grupos vulnerables”, menciona Hernández. “Aunque aún no es seguro, muchos temen que bajo su liderazgo se incremente el escrutinio y se limiten las oportunidades para obtener o renovar visas”.

Otros activistas, mencionaron que el temor se extiende también a las familias de migrantes LGBTQ, que dependen de las remesas que envían desde EEUU para subsistir y enfrentar sus propios retos en El Salvador. Muchos mencionaron que el gobierno de Bukele debe considerar establecer políticas de respaldo para estas familias y facilitar su acceso a programas de ayuda si el panorama se complica.

Cooperación en derechos humanos en riesgo: el impacto en las organizaciones LGBTQ

Más allá de las implicaciones migratorias, la reelección de Trump podría afectar la cooperación internacional que sostiene programas de derechos humanos en El Salvador, incluyendo aquellos que apoyan a la población LGBTQ. 

Durante su primer mandato, Trump recortó fondos para organizaciones internacionales que abogan por los derechos de género y diversidad sexual. Según informes de Human Rights Watch, los EEUU bajo Trump se retiraron de varias iniciativas de apoyo a organizaciones internacionales que velan por la seguridad y derechos de poblaciones LGBTQ en América Latina.

EEUU ha sido un socio clave en la cooperación para la defensa de derechos humanos en El Salvador, proporcionando apoyo a diversas organizaciones locales y proyectos que promueven la inclusión y la no discriminación. Sin embargo, la continuación de estos programas está en duda, lo cual genera inquietud entre activistas salvadoreños y analistas políticos.

“Esa primera conversación que tiene el presidente Nayib con Trump, diciendo que dejen de estar apadrinando a través de USAID y otras agencias, a las ONGs acá en El Salvador”, Bessy Ríos, directora de De la Mano Contigo, de familiares y amigos de personas LGBTQ, señaló. “Creo que eso sí, va a tomar cartas en eso y es probable que veamos una reducción en la cooperación. A lo mejor no rápido, pero si de una manera pausada en los próximos cuatro años”.

Para muchos activistas, el ideal sería que el gobierno salvadoreño asumiera un papel más proactivo y proteger los programas en curso mediante acuerdos bilaterales de cooperación en derechos humanos. Esto sería un paso importante, pero en el imaginario que tiene el gobierno actual en que el trabajo de las ONGs solo buscan desestabilizar sus acciones, el apoyo a las mismas es algo que se ve muy lejos. 

La postura de Bukele: entre la diplomacia y la necesidad de cooperación

Hasta el momento, Bukele ha mantenido una postura diplomática respecto al triunfo de Trump. 

“Felicitaciones al presidente electo de los Estados Unidos de América, @realDonaldTrump”, mencionó Bukele de una manera sencilla en su cuenta de X, agregando: “Que Dios le bendiga y lo guíe”. 

Para ambos mandatarios sería su segundo mandato en un país, y con respecto a la relación entre ambas naciones, muchos analistas políticos mencionan que el futuro de esta relación dependerá que la nación salvadoreña no se oponga al plan del presidente electo estadounidense sobre migración.

El analista político salvadoreño Luis Aguilar comenta que la postura de Bukele podría estar motivada por su deseo de mantener el flujo de cooperación económica de EEUU hacia El Salvador. 

“Es comprensible que el presidente quiera mantener una buena relación con Trump, pues en este momento la economía salvadoreña depende en gran medida de las remesas y de la cooperación internacional. Sin embargo, no puede ignorar que existen sectores vulnerables que dependen de la ayuda internacional en temas de derechos humanos y que están preocupados por el impacto que estos cambios puedan tener en sus vidas”, explica Aguilar.

“El gobierno salvadoreño y la administración Trump probablemente tengan intereses en común en temas de seguridad y control migratorio”, expresa Hernández. “Sin embargo, puede ser una relación desafiante en términos de derechos humanos, dado que la agenda conservadora de Trump podría alinearse solo parcialmente con las prioridades del gobierno salvadoreño. Sectores de defensa y seguridad pueden beneficiarse, pero las áreas de derechos humanos, democracia y apoyo a minorías podrían no ser prioridad para ambas administraciones, lo que podría limitar la colaboración en esos ámbitos”.

Bukele ha expresado su intención de priorizar la creación de empleo y mantener la seguridad en su administración. Sin embargo, no ha abordado en profundidad las implicaciones que la administración de Trump podría tener poblaciones vulnerables como LGBTQ o los migrantes. Aunque ha dejado clara su falta de interés a tocar temas que tengan que ver con personas de orientación e identidad de género diversa. Varios líderes de la sociedad civil se mantienen atentos a que el presidente se pronuncie y demuestre su compromiso al menos en temas que tengan que ver con la migración, que afecta mucho sector de la población salvadoreña. 

¿Qué sigue para los derechos LGBTQ en El Salvador?

La reelección de Trump y la posible disminución en la cooperación internacional para temas de derechos humanos representan un desafío para la comunidad LGBTQ en El Salvador. Activistas y organizaciones locales temen que, sin el apoyo de EEUU, se reduzcan los recursos para programas educativos, de salud y empleo que ayudan a mejorar las condiciones de vida de las personas LGBTQ en el país.

Además, algunos expertos advierten que el contexto político actual podría incentivar a ciertos sectores de la sociedad salvadoreña a ser menos tolerantes hacia las poblaciones minoritarias, debido a la falta de un respaldo internacional claro en temas de inclusión y derechos humanos. Esto representa un riesgo para los avances logrados en los últimos años, que aún son frágiles y se ven amenazados por la discriminación y la falta de políticas públicas específicas.

“Las organizaciones de sociedad civil debemos mantenernos vigentes y en constante denuncia, informar cualquier irregularidad que esté ocurriendo tanto con nuestra población en el país, como con población LGBTQ+ que tenemos en Estados Unidos”, menciona Ríos. 

Desde la perspectiva de los derechos humanos, sería vital que las organizaciones internacionales continúen ejerciendo presión para que EEUU mantenga su compromiso con el apoyo a programas en América Latina, especialmente aquellos que abordan la discriminación y violencia contra la población LGBTQ.

El triunfo de Trump ha generado incertidumbre en El Salvador, donde tanto migrantes LGBTQ como defensores de los derechos humanos temen que las políticas migratorias y de cooperación se endurezcan. La situación de los salvadoreños que buscan asilo en Estados Unidos por razones de discriminación de género o violencia se enfrenta a nuevos desafíos, y la comunidad LGBTQ en El Salvador observa con inquietud el posible recorte de fondos y recursos para programas esenciales.

De acuerdo con organizaciones de sociedad civil salvadoreña, muchos de sus contactos de personas LGBTQ con estatus irregular en el país norteamericano, “temen ser deportadas porque nunca arreglaron papeles”, lo que ha puesto a agilizar los trabajos para obtener asilo o refugio antes que Trump regrese al poder.

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Radicado por 3ra vez en Congreso de Colombia proyecto de ley que prohíbe las prácticas de ‘conversion’

La representante Carolina Giraldo se presentó el propósito

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por tercera ocasión, el Congreso colombiano estudiará un proyecto de ley que busca prohibir las denominadas prácticas de conversión en Colombia conocidas como los ECOSIG, o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, que son “herramientas” de diferente tipo (sesiones psicologías, psiquiatría, religiosas, etc.) para “corregir” la orientación sexual mediante maltrato y confusión a las personas.

El trámite legislativo ha fracasado en las dos legislaturas anteriores al no obtener los apoyos suficientes en las cuatro rondas de discusión exigidas para convertirse en ley de la República. 

Este proyecto presentado por la representante Carolina Giraldo ante la Cámara de Representantes tiene como objetivo proteger la dignidad humana y garantizar la autonomía de todas las personas en cuanto a su orientación sexual, identidad y expresión de género.

Prohibir estas prácticas de maltrato representa un paso crucial en la lucha por erradicar la violencia contra la diversidad sexual y de género, promoviendo un país más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. Es una iniciativa que busca proteger la identidad sexual de cada persona, ya sea heterosexual o parte de la comunidad LGBTQ, para evitar que alguien en Colombia sufra por la imposición de una orientación sexual o identidad de género que no le corresponde.

La propuesta ha sido respaldada por varios parlamentarios y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Fundación Sergio Urrego, la Cámara de la Diversidad, Colombia Diversa y Caribe Afirmativo. Además, cuenta con el apoyo de valientes sobrevivientes de los ECOSIG que han decidido transformar su dolor en esperanza, levantar su voz y unirse a la causa para evitar que más personas sufran los efectos devastadores de estas prácticas inhumanas.

El proyecto de ley pone énfasis en prevenir y prohibir estas intervenciones forzadas, mal llamadas “terapias de conversión”, que intentan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas, bajo el pretexto de “curar” algo que no es una enfermedad. 

Según la OMS, las orientaciones sexuales e identidades de género no son patologías, y cualquier intento de “curación” constituye una violación a los derechos humanos fundamentales.

La iniciativa refuerza la protección a las personas de ser sometidas a estas prácticas de conversión con la creación de un delito autónomo.

“Trabajamos junto a sobrevivientes y sus familias para detener estas prácticas en Colombia y evitar más sufrimiento”, señaló Giraldo. 

Hay que aclarar que el proyecto no aborda temas relacionados con procesos de hormonización o reafirmación de género, que son decisiones personales y asistidas por profesionales médicos, sino que se enfoca exclusivamente en la prohibición de las prácticas coercitivas de conversión.

La campaña de apoyo a esta iniciativa ha tomado fuerza en redes sociales con los hashtags #QuiéreleSiempre y #NadaQueCurar, mensajes dirigidos a las familias de personas con identidades sexuales diversas, alentándolas a que brinden su apoyo incondicional y amor a sus seres queridos.

Nota editorial: “Desde OrgulloLGBT.co acompañamos como siempre el proceso legislativo de este proyecto hasta que sea materializado como una ley en el país, con la esperanza de que Colombia se convierta en un referente de respeto hacia la diversidad sexual y de género.” Ricardo Montenegro, director

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