Connect with us

News

Madre de Sergio Urrego lucha contra el bullying en Colombia

Alba Lucía Reyes Arenas se convirtió en una activista vocal

Published

on

Alba Lucía Reyes Arenas en Bogotá, Colombia, el 24 de septiembre de 2018. Su hijo, Sergio Urrego, se suicidó en 2014 después de ser víctima del bullying homofóbico por parte de la administración de su colegio en la capital colombiana. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)

BOGOTÁ, Colombia — Alba Lucía Reyes Arenas está bien orgullosa cuando habla de su hijo, Sergio Urrego.

Ella dijo al Washington Blade el 24 de septiembre durante una entrevista en la capital colombiana de Bogotá que le gustaba la opera desde era “bien joven” y leyó su primer libro, “Historias sin fin,” cuando tenía seis años. Reyes dijo que su hijo era ateo y le gustaba el arte y las políticas.

Urrego también era miembro de un grupo de estudiantes anarquistas.

“Tengo muchas cosas que contarte,” dijo Reyes. “Para todas las mamás, nuestros hijos son muy especiales, pero Sergio si es desde era una personita si se interesaba por las cosas que son eran más de su edad.”

Urrego tenía 16 años cuando se suicidó el 4 de agosto de 2014.

Administradores y un psicólogo al colegio católico de Urrego en Bogotá lo atacaron después de que un maestro vio una foto de él besando a su novio en su móvil.

Los padres del novio de Urrego le acusaron de abusar sexualmente a su hijo. Urrego debía haber comenzado a asistir otro colegio el día después de su suicidio.

La muerte del hijo ‘fue algo angustiaste’

Reyes estaba en la ciudad colombiana de Cali cuando supo por primera vez que algo andaba mal con su hijo.

Ella regresó a Bogotá y llegó a su hogar alrededor de las 9:30 p.m. Reyes dijo entre lágrimas que la primera cosa que encontró era una nota con “letra muy grande” de su hijo.

Reyes dijo que al principio pensó que se lo había dejado a su madre, pero fue por ella. Reyes dijo al Blade que su hijo escribió, “Yo no podía ir al colegio porque se me presento un problema.”

“Cuando yo vi esta nota, yo dije algo pasó,” ella dijo.

Reyes dijo que luego fue al dormitorio de su hijo y encontró libros en su cama y una nota que le pedía que se los diera a sus mejores amigos. Reyes también encontró otras notas que su hijo había escrito antes de su suicidio.

“Fue algo angustiaste,” ella dijo. “Fue doloroso.”

Ley colombiana ahora prohíbe discriminación homofóbica en escuelas

La muerte de Urrego provocó indignación entre los activistas LGBTI en Colombia.

Reyes el 11 de septiembre de 2014 presentó una tutela contra del colegio de Urrego.

Un tribunal en Bogotá, unas semanas después, falló que Urrego había sido víctima de discriminación, pero Reyes no recibió ningún daño y el fallo no ordenó al Ministerio de Educación de Colombia que revisará las políticas del colegio.

Reyes apeló el fallo ante el Consejo de Estado, que considera las apelaciones de los tribunales administrativos. El entonces Procurador Alejandro Ordóñez — un oponente vocal de los derechos LGBTI que el presidente Iván Duque el pasado mes nombró como el nuevo embajador colombiana ante la Organización de Estados Unidos — falló en contra de Reyes basándose en que las escuelas tenían el derecho de prohibir “los besos y los abrazos.”

La rectora del colegio, Amanda Azucena Castillo, renunció el 10 de octubre de 2014. La Corte Constitucional de Colombia el 21 de agosto de 2015 revocó la decisión del Consejo de Estado y falló a favor de Reyes el 11 de diciembre de 2015.

Escuelas en Colombia no pueden discriminar en contra de sus estudiantes por razón de su orientación sexual. Una enmienda a la ley de no discriminación que incluye el nombre de Urrego también requiere que las escuelas colombianas actualicen sus políticas para garantizar que no sean discriminatorias contra la comunidad LGBTI.

‘Siempre me acompaña’

Reyes desde la muerte de su hijo se ha convertido en una activista vocal contra el bullying.

Ella estaba entre los 31 activistas LGBTI desde todo el mundo que asistió una cumbre del Human Rights Campaign que se realizó en Washington en abril.

Reyes en mayo viajó a Cuba para participar en eventos del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que fueron organizados por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Mariela Castro, la directora del CENESEX que es la hija del expresidente cubano Raúl Castro, invitó a Reyes de participar en un taller a la sede del CENESEX en La Habana.

Reyes este año lanzó oficialmente la Fundación Sergio Urrego, que busca poner el fin a la discriminación en las escuelas colombianas y evitar el suicidio entre ellos que sufren la discriminación.

El dijo al Blade que el suicidio es la segunda causa de muerte en “nuestros jóvenes.” Reyes también notó estadísticas que indican 192 personas entre las edades de 15 y 24 en Bogotá se suicidaron este año.

“Es algo que aquí no se toca,” ella dijo. “No hay una institución que se brindando atención inmediatamente a los niños que están en crisis.”

La fundación ha respondido a casi 70 casos. También tiene talleres para niños y padres en empresas y en otros lugares por el país.

“Mi propósito es evitar que casos como los de Sergio de se sucede,” dijo Reyes.

Reyes en julio habló a un concierto en la Plaza Bolívar de Bogotá durante las celebraciones del Orgullo de la ciudad. Se terminó el 25 de septiembre una campaña de los medios sociales de la fundación con el hashtag “Celebro soy yo” que buscaba dar recursos y seguridad para aquellos que sufren discriminación.

“Esa campaña me da fuerza para continuar, para seguir,” dijo Reyes. “Ese tipo de campaña se ayudan. Ese tipo de campaña llegan al corazón de la gente.”

Alba Reyes participa en una marcha del Orgullo en Bogotá, Colombia, el 1 de julio de 2018. (Foto cortesía de Fundación Sergio Urrego.)

Reyes terminó la entrevista por decir que su hijo sería orgulloso de ella y del trabajo que hace en su nombre.

“Sea un angelito,” ella dijo. “Siempre me acompaña.”

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Obituary

Thomas A. Decker of Arlington dies at 73

Active in visiting AIDS patients, urging Congress to fight HIV

Published

on

Thomas A. Decker Jr.

Thomas A. Decker Jr, of Arlington, Va., died March 3, 2026 following an extended illness, according to a statement released by his family. He was 73.

Born and raised in Canton, Ohio, Decker attended the University of Akron and earned his bachelor’s degree in political science. He then moved to the Washington, D.C. area and accepted a position with Beaver Press where he worked for 32 years, according to the statement. 

He later worked in the Inova Juniper Program working with HIV/AIDS clients to assist them with support services and was active as a volunteer visiting AIDS patients in the hospital or advocating on Capitol Hill for HIV funding.

Tommy, as he was called by family, is survived by three sisters, a sister-in-law and two brothers-in-law: Carol Decker and Kathryn Kramer of West Newbury, MA, Margaret and Thomas Williams of Bluffton, SC, Mary Sue and Timothy Desiato of New Philadelphia, Ohio, Niece’s Trina and Chad Wedekind of Jacksonville Fl and great niece Isabella, Lindsay and Will Burgette of Dublin, Ohio and great nephews Colin and Luke and Nephews David Williams of Jacksonville, Florida, and Michael and Lucy Desiato of Dublin, Ohio and great nieces Lena and Stella. In accordance with Tom’s wishes, he will be buried at Calvary Cemetery in Massillon, Ohio.

Continue Reading

District of Columbia

Gay candidate running for D.C. congressional delegate seat

Robert Matthews among 19 hoping to replace Eleanor Holmes Norton

Published

on

Robert Matthews (Photo courtesy of Matthews’s campaign website)

Robert Matthews, a former director of the D.C. Child and Family Services Agency, is running in the city’s June 16 Democratic primary for the D.C. Congressional Delegate seat as an openly gay candidate, according to a statement released by his campaign to the Washington Blade.

Matthews is one of at least 19 candidates running to replace longtime D.C. Congressional Del. Eleanor Holmes Norton (D), who announced earlier this year that she is not running for re-election.  

Information about the candidates’ campaign financing compiled by the Federal Elections Commission, which oversees elections for federal candidates, shows that Matthews is one of only six of the candidates who have raised any money for their campaigns as of March 17.  

Among those six, who political observers say have a shot at winning compared to the remaining 13, are D.C. Council members Brooke Pinto (D-Ward 2) and Robert White (D-At-Large). Both have longstanding  records of support for LGBTQ rights and the community.

The FEC campaign finance records show Matthews was in fourth place regarding the money raised for his campaign, which was $49,078 as of March 17. The FEC records show Pinto’s campaign in first place with $843,496 raised, and White in third place with $230,399 raised.

The Matthews campaign statement released to the Blade says Matthews’s “commitment to the LGBTQ community is not a campaign position. It is the foundation of his life and his life’s work.”

The statement adds, “As the former director of D.C.’s Child and Family Services Agency, Robert led the District’s child welfare system with an explicit commitment to LGBTQ-affirming care.” It goes on to say, “He ensured that LGBTQ, trans, and nonbinary youth in foster care — among the most vulnerable young people in our city — were served with dignity, cultural humility, and genuine support.”

Among his priorities if elected as Congressional delegate, the statement says, would be “fighting to end homelessness among queer and trans seniors and youth,” opposing “federal roadblocks” to LGBTQ related health services, and defending D.C.’s budget and civil rights laws “from federal interference that directly threatens LGBTQ  residents.”

 The other three candidates who the FEC records show have raised campaign funds and observers say have a shot at winning are:

 • Kinney Zalesne, former deputy national finance chair at the Democratic National Committee and an official at the U.S. Justice Department during the Clinton administration, whose campaign is in second place in fundraising with $593,885 raised.  

 • Gordon Chaffin, a former congressional staffer whose campaign has raised $17,950.

 • Kelly Mikel Williams, a podcast host and candidate for the Congressional Delegate seat in 2022 and 2024, whose 2026 campaign has raised  $3,094 as of March 17.

The Blade reached out to the Zelesne, Chaffin, and Williams campaigns to determine their position on LGBTQ issues. As of late Wednesday, the Zelesne campaign was the only one that responded.    

“Kinney believes LGBTQ  rights are fundamental civil rights and central to what makes Washington, D.C. a strong and vibrant community,” a statement sent by her campaign says. “At a time when LGBTQ people (especially transgender and nonbinary neighbors) are facing escalating political attacks across the country, she believes the District must continue to lead in protecting dignity, safety, and freedom for all,” it says.

The statement adds, “Throughout her career in government, business, and nonprofit leadership, Kinney has worked alongside LGBTQ and queer advocates and leaders. She is committed to maintaining an active partnership with the community to make sure LGBTQ voices remain central to the District’s future.” 

Continue Reading

Idaho

Idaho advances bill to restrict bathroom access for transgender residents

HB 752 passed in state House of Representatives on Monday

Published

on

The Idaho Capitol building in downtown Boise. (Photo by Rigucci/Bigstock)

The Idaho House of Representatives passed House Bill 752 on Monday, a measure that would make it a crime for a person to use a bathroom other than the one designated for their “biological sex.”

The story was first reported by the Idaho Capitol Sun after the bill cleared the House.

House Bill 752 would make it a criminal offense — either a misdemeanor or a felony, depending on the number of prior offenses — for individuals who “knowingly and willfully” enter a bathroom or changing room designated for the opposite sex.

The bill would apply to public buildings, including government-owned spaces, and places of “public accommodation,” a category that includes private businesses.

According to the bill’s text, it would “prohibit a person from entering a restroom or changing room designated for the opposite sex; provide a penalty; provide exceptions; define terms; and declare an emergency and provide an effective date.”

A first offense would be a misdemeanor, punishable by up to one year in prison. A second or subsequent offense within five years would be a felony, punishable by up to five years in prison.

The bill passed in a 54–15 vote on Monday. Six Republicans broke with their party’s majority to join nine Democrats in opposing the measure.

The bill’s sponsor, state Rep. Cornel Rasor, a Republican from Sagle near the Washington-Idaho border, told House lawmakers that the legislation is intended to protect women and girls.

“It prevents discomfort and voyeurism escalation and assaults, while preserving single-user options and narrow exceptions so no one is denied access for emergency aid,” Rasor said.

State Rep. Chris Mathias, a Democrat from Boise, disagreed, arguing that the legislation would unfairly target transgender Idahoans.

“The truth of the matter is — and I know a lot of people don’t want to say it — but forcing people who don’t look like the sex they were assigned at birth, or transgender folks, to use other people’s bathrooms is going to put a lot of people in danger,” Mathias said.

The Idaho American Civil Liberties Union made a statement about the bill following its passage.

“Idaho lawmakers continue pushing these harmful, invasive bathroom laws, yet cannot present credible evidence that transgender people using gender-aligned bathrooms threaten public safety,” the Idaho ACLU said. “The bill does nothing to address real criminal acts, such as sexual assault or voyeurism, and disregards concerns from law enforcement about the burden enforcement would place on local resources.”

In addition to human rights advocates, who have spoken out against similar bills advancing in state legislatures across the country, Idaho law enforcement groups have also opposed the measure. They argue that the way the legislation is written would “pose significant practical enforcement challenges,” noting that officers are tasked with maintaining public safety — not conducting gender checks or policing bathroom access.

During a committee hearing last week, law enforcement representatives and several trans Idahoans testified that the bill would make many residents less safe.

“Officers responding to a complaint would be placed in the difficult position of determining an individual’s biological sex in order to enforce the statute,” Idaho Fraternal Order of Police President Bryan Lovell wrote. “In many circumstances, there is no clear or reasonable way for officers to make that determination without engaging in questioning or investigative actions that could be viewed as invasive and inappropriate.”

The Idaho Sheriffs’ Association requested that lawmakers amend the bill to require that individuals be given an opportunity to leave a bathroom immediately before facing potential prosecution.

The bill now heads to the Idaho Senate for consideration. To become law, it must pass both chambers and avoid a veto from the governor.

A separate bathroom bill, House Bill 607, which would be enforced through civil lawsuits, passed the House last month but has not yet received a committee hearing in the Senate.

Continue Reading

Popular