News
Madre de Sergio Urrego lucha contra el bullying en Colombia
Alba Lucía Reyes Arenas se convirtió en una activista vocal

Alba Lucía Reyes Arenas en Bogotá, Colombia, el 24 de septiembre de 2018. Su hijo, Sergio Urrego, se suicidó en 2014 después de ser víctima del bullying homofóbico por parte de la administración de su colegio en la capital colombiana. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)
Ella dijo al Washington Blade el 24 de septiembre durante una entrevista en la capital colombiana de Bogotá que le gustaba la opera desde era “bien joven” y leyó su primer libro, “Historias sin fin,” cuando tenía seis años. Reyes dijo que su hijo era ateo y le gustaba el arte y las políticas.
Urrego también era miembro de un grupo de estudiantes anarquistas.
“Tengo muchas cosas que contarte,” dijo Reyes. “Para todas las mamás, nuestros hijos son muy especiales, pero Sergio si es desde era una personita si se interesaba por las cosas que son eran más de su edad.”
Urrego tenía 16 años cuando se suicidó el 4 de agosto de 2014.
Administradores y un psicólogo al colegio católico de Urrego en Bogotá lo atacaron después de que un maestro vio una foto de él besando a su novio en su móvil.
Los padres del novio de Urrego le acusaron de abusar sexualmente a su hijo. Urrego debía haber comenzado a asistir otro colegio el día después de su suicidio.
La muerte del hijo ‘fue algo angustiaste’
Reyes estaba en la ciudad colombiana de Cali cuando supo por primera vez que algo andaba mal con su hijo.
Ella regresó a Bogotá y llegó a su hogar alrededor de las 9:30 p.m. Reyes dijo entre lágrimas que la primera cosa que encontró era una nota con “letra muy grande” de su hijo.
Reyes dijo que al principio pensó que se lo había dejado a su madre, pero fue por ella. Reyes dijo al Blade que su hijo escribió, “Yo no podía ir al colegio porque se me presento un problema.”
“Cuando yo vi esta nota, yo dije algo pasó,” ella dijo.
Reyes dijo que luego fue al dormitorio de su hijo y encontró libros en su cama y una nota que le pedía que se los diera a sus mejores amigos. Reyes también encontró otras notas que su hijo había escrito antes de su suicidio.
“Fue algo angustiaste,” ella dijo. “Fue doloroso.”
Ley colombiana ahora prohíbe discriminación homofóbica en escuelas
La muerte de Urrego provocó indignación entre los activistas LGBTI en Colombia.
Reyes el 11 de septiembre de 2014 presentó una tutela contra del colegio de Urrego.
Un tribunal en Bogotá, unas semanas después, falló que Urrego había sido víctima de discriminación, pero Reyes no recibió ningún daño y el fallo no ordenó al Ministerio de Educación de Colombia que revisará las políticas del colegio.
Reyes apeló el fallo ante el Consejo de Estado, que considera las apelaciones de los tribunales administrativos. El entonces Procurador Alejandro Ordóñez — un oponente vocal de los derechos LGBTI que el presidente Iván Duque el pasado mes nombró como el nuevo embajador colombiana ante la Organización de Estados Unidos — falló en contra de Reyes basándose en que las escuelas tenían el derecho de prohibir “los besos y los abrazos.”
La rectora del colegio, Amanda Azucena Castillo, renunció el 10 de octubre de 2014. La Corte Constitucional de Colombia el 21 de agosto de 2015 revocó la decisión del Consejo de Estado y falló a favor de Reyes el 11 de diciembre de 2015.
Escuelas en Colombia no pueden discriminar en contra de sus estudiantes por razón de su orientación sexual. Una enmienda a la ley de no discriminación que incluye el nombre de Urrego también requiere que las escuelas colombianas actualicen sus políticas para garantizar que no sean discriminatorias contra la comunidad LGBTI.
‘Siempre me acompaña’
Reyes desde la muerte de su hijo se ha convertido en una activista vocal contra el bullying.
Ella estaba entre los 31 activistas LGBTI desde todo el mundo que asistió una cumbre del Human Rights Campaign que se realizó en Washington en abril.
Reyes en mayo viajó a Cuba para participar en eventos del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que fueron organizados por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Mariela Castro, la directora del CENESEX que es la hija del expresidente cubano Raúl Castro, invitó a Reyes de participar en un taller a la sede del CENESEX en La Habana.
Reyes este año lanzó oficialmente la Fundación Sergio Urrego, que busca poner el fin a la discriminación en las escuelas colombianas y evitar el suicidio entre ellos que sufren la discriminación.
El dijo al Blade que el suicidio es la segunda causa de muerte en “nuestros jóvenes.” Reyes también notó estadísticas que indican 192 personas entre las edades de 15 y 24 en Bogotá se suicidaron este año.
“Es algo que aquí no se toca,” ella dijo. “No hay una institución que se brindando atención inmediatamente a los niños que están en crisis.”
La fundación ha respondido a casi 70 casos. También tiene talleres para niños y padres en empresas y en otros lugares por el país.
“Mi propósito es evitar que casos como los de Sergio de se sucede,” dijo Reyes.
Reyes en julio habló a un concierto en la Plaza Bolívar de Bogotá durante las celebraciones del Orgullo de la ciudad. Se terminó el 25 de septiembre una campaña de los medios sociales de la fundación con el hashtag “Celebro soy yo” que buscaba dar recursos y seguridad para aquellos que sufren discriminación.
“Esa campaña me da fuerza para continuar, para seguir,” dijo Reyes. “Ese tipo de campaña se ayudan. Ese tipo de campaña llegan al corazón de la gente.”

Alba Reyes participa en una marcha del Orgullo en Bogotá, Colombia, el 1 de julio de 2018. (Foto cortesía de Fundación Sergio Urrego.)
Reyes terminó la entrevista por decir que su hijo sería orgulloso de ella y del trabajo que hace en su nombre.
“Sea un angelito,” ella dijo. “Siempre me acompaña.”
District of Columbia
Man charged with carjacking, kidnapping after having sex in D.C. park pleads guilty
Arrest followed year-long investigation into incident at Fort Dupont Park
A D.C. man initially charged with armed carjacking, armed kidnapping, and armed robbery of a male victim he met and with whom he engaged in sex at D.C.’s Fort Dupont Park in September 2024 pleaded guilty on March 12 to two lesser charges as part of a plea bargain deal offered by prosecutors.
Records filed in D.C. Superior Court show that Da’Andre Pardlow, 31, who has been held in jail since the time of his arrest in December 2025, pleaded guilty to unarmed carjacking and possession of a firearm during a crime of violence. Court records show the agreement includes a recommendation by prosecutors that Pardlow be sentenced to seven years in prison.
The agreement allows him to withdraw the guilty plea if the judge rejects the sentencing recommendation and calls for a harsher sentence. He is scheduled to be sentenced by Superior Court Judge Robert Salermo on May 29.
Details of the incident that led to Pardlow’s arrest and guilty plea are included in a 12-page arrest affidavit prepared by U.S. Park Police detective Christopher Edmund, the lead investigator in the case.
According to the affidavit, which is part of the public court records, Park Police received a call at approximately 6:30 a.m. on Sept. 13, 2024, regarding an armed robbery that occurred around 3 a.m. that day at D.C.’s Fort Dupont Park. The affidavit says Park Police officers drove the person who called, who is identified only as Victim 1 or V-1, from his residence to the Park Police Anacostia Operations facility where he was interviewed.
“V-1 reported that they were at their residence at approximately 2:30 a.m. on September 13, 2024, and decided to drive to Fort Dupont Park in hopes of meeting a man for a sexual encounter,” the affidavit states. “V-1 arrived at Fort Dupont Park at approximately 3:00 a.m. and parked their vehicle on the south side of Alabama Avenue, SE, in Washington, D.C. adjacent to the park entrance,” the affidavit continues.
It says the victim stated the park was empty and he decided to leave, but while walking back to his car he encountered a black male appearing in his 20s or 30s and gave a full description of the man’s appearance and clothing, saying he was wearing a ski mask.
“V-1 and the male conversed and agreed to engage in consensual sexual acts on a bench under the pavilion near the restroom,” the affidavit says. It says V-1 then told detectives that the man, who is initially identified only as Suspect 1 or S-1, “had ejaculated onto V-1’s face. V-1 then used a napkin that he found on the ground nearby to wipe S-1’s semen from V-1’s face. V-1 then discarded the napkin on the ground.”
The affidavit states that investigators later recovered the napkin and through DNA testing linked the semen to Pardlow. But prior to that, it says during their sexual encounter in the park V-1 agreed to suspect 1’s request that he take off all his clothes.
“When V-1 disrobed, S-1 got behind V-1 and held a hard, metal item that V-1 believed to be a handgun, to the back of V-1’s head,” according to the affidavit. It says V-1 added that S-1 “threatened to shoot him ‘over and over again’” if he did not comply with S-1’s demands to surrender his phone and wallet, provide the code to access the phone, and then to take possession of and drive V-1’s car to a nearby bank, with V-1 sitting in the passenger’s seat, to withdraw money from V-1’s bank account. The affidavit says he withdrew $500 from V-1’s account at a Bank of America ATM at 3821 Minnesotta Ave., NE.
“S-1 then drove V-1 back to the park and told them to get their clothes, which were still in the pavilion area,” the affidavit says. “When V-1 exited the vehicle, S-1 drove out of the park in V-1’s vehicle at a high rate of speed toward Massachusetts Avenue,” it says. “V-1 walked back to their residence and contacted the police.”
The affidavit says that over the course of the next several months investigators used tracking devices linked to V-1’s car, cell phone, and Apple Watch that Pardlow had taken to locate the car and a residence where Pardlow was possibly living.
The Park Police investigators also pulled up FBI DNA records to identify a suspect that matched the DNA sample taken from the napkin V1 used at the park to a man arrested in Prince George’s County, Md., on an unrelated charge of Use of a Firearm In A Violent Felony. That person turned out to be Da’Andre Pardlow, the affidavit states.
It says investigators obtained additional evidence linking Pardlow to the park incident involving V-1, including video images of his face from a Bank of America security camera at the time he withdraws money from V-1’s ATM account. A tracking of Pardlow’s own mobile phone also placed him at the site of the park at the time of his alleged interaction with V-1.
When Park Police detectives first interviewed Pardlow at the Eastern Correctional Institute prison in Westover, Md., where he was being held in connection with the unrelated firearm arrest, “he denied having ever been to Fort Dupont Park since he was in high school and said that he had no involvement in this incident,” the affidavit says.
Court records show a warrant was obtained for his arrest on Nov. 25, 2025, for the Fort Dupont incident and he was officially charged on Dec. 17, 2025, with Armed Carjacking, Robbery While Armed, and Kidnapping While Armed.
Pardlow’s attorney, Patrick Nowak, couldn’t immediately be reached for comment on Pardlow’s decision to plead guilty to the lesser charges of Unarmed Carjacking and Possession of a Firearm During A Crime of Violence, with the other charges being dropped by prosecutors with the Office of the U.S. Attorney for D.C.
Botswana
The rule of law, not the rule of religion
Bonolo Selelo and Tsholofelo Kumile are challenging the Botswana Marriage Act
Botswana was in a whole frenzy as religious and traditional fundamentalists kept mixing religion and constitutional law as if it were harmless. It is not. One is a private matter of belief between you and God, while the other is the framework that protects and governs us all. When these two systems get fused, the result is rarely justice. It results in discrimination.
The ongoing case brought by Bonolo Selelo and Tsholofelo Kumile challenging provisions of the Botswana Marriage Act has reignited a familiar debate in Botswana. Some commentators insist that marriage equality violates religious values and therefore should not be recognized by law. It is a predictable argument. It is also fundamentally incompatible with constitutional governance.
Botswana is not a Christian state. It is a constitutional democracy governed by the Constitution of Botswana. That distinction matters. In a constitutional democracy, laws are interpreted in accordance with constitutional principles such as equality, dignity, protection, inclusion and the rule of law, rather than the doctrinal beliefs of any particular religion.
Religion has no place in constitutional law and democracy
The central problem with religious arguments in constitutional disputes is simple in that they divide, they other, they contest equality and they are personal. Constitutional law by contrast, must apply equally to everyone.
Botswana’s Constitution guarantees fundamental rights and freedoms under Sections 3 and 15, including protection from discrimination and the right to equal protection of the law. These provisions are not conditional on religious approval. They exist precisely to protect minorities from the preferences or prejudices of the majority.
Legal experts, such as Anneke Meerkotter, in her policy brief in Defense of Constitutional Morality, point out that constitutional rights function as a safeguard against majoritarian morality. If rights depended on whether the majority approved of a minority’s identity or relationships, they would not be rights at all. They would merely be privileges.
This principle has already been affirmed in Botswana’s jurisprudence. In the landmark decision of Letsweletse Motshidiemang v Attorney General, the High Court held that criminalizing consensual same-sex relations violated constitutional protections of liberty, dignity, privacy, and equality. This judgment noted that constitutional interpretation must evolve with society and must be guided by human dignity and equality. The court emphasized that the Constitution protects all citizens, including those whose identities, expressions or relationships may be unpopular. That ruling was later upheld by the Court of Appeal of Botswana in 2021, reinforcing the principle that constitutional rights cannot be restricted on grounds of moral disapproval alone. These decisions were not theological pronouncements. They were legal determinations grounded in constitutional principles.
The danger of religious majoritarianism
When religion is used to justify legal restrictions, the result is what constitutional scholars call “majoritarian moralism.” It allows the dominant religious interpretation in society to dictate the rights of everyone else. That approach is fundamentally incompatible with constitutional democracy. Botswana is religiously diverse. While Christianity is the majority faith, there are also Muslims, Hindus, traditional spiritual communities, Sikh and people who practice no religion at all. If the law were to follow the doctrines of one religious group, which interpretation would it adopt? Christianity alone contains dozens of denominations with different views on love, equality, marriage, sexuality, and gender. The moment the state begins to legislate on the basis of religious doctrine, it implicitly privileges one belief system over others. That undermines both religious freedom and constitutional equality. Ironically, keeping religion separate from constitutional law is what protects religious freedom in the first place.
Judicial independence is the cornerstone of Botswana’s governance system
The current case involving Bonolo Selelo and Tsholofelo Kumile is before the judiciary, where it belongs. Courts exist to interpret the Constitution and determine whether legislation complies with constitutional rights. Political and religious lobbying, as well as public outrage, must not influence that process.
Judicial independence is the cornerstone of Botswana’s governance system. According to the International Commission of Jurists, judicial independence ensures that courts can make decisions based on law and evidence rather than political or social pressure.
When governments, political, religious, or traditional actors attempt to interfere in constitutional litigation, they weaken the rule of law. Botswana has historically prided itself on having one of the most stable constitutional systems in Africa. The judiciary has played a critical role in safeguarding rights and maintaining legal certainty. The decriminalization case demonstrated this. Despite strong public debate and political sensitivity, the courts assessed the law according to constitutional principles rather than moral panic. The same standard must apply in the current marriage equality case.
This article was first published in the Botswana Gazette, Midweek Sun, and Botswana Guardian newspapers and has been edited for the Washington Blade.
Bradley Fortuin is a consultant at the Southern Africa Litigation Center and a social justice activist.
District of Columbia
D.C. journalist, video producer Sean Bartel dies
Beloved member of Gay Flag Football League found deceased on hiking trail in Argentina
Sean Christopher Bartel, 47, who began his career as a television news reporter and news anchor at stations in Louisville, Ky., and Evansville, Ind., before serving as Senior Video Producer for the D.C.-based International Brotherhood of Electrical Workers union from 2013 to 2024, was found deceased on a hiking trail near a glacier in Argentina on or around March 15, according to a report by an Argentine newspaper.
The newspaper Clarín reports no foul play was suspected regarding his death, and other local media reports indicate authorities believe he suffered some sort of accident while on the hiking trail.
The Clarín report says Bartel arrived in Argentina on March 3 and visited Buenos Aires and the city of El Chaltén, which is near Argentina’s Los Glaciares National Park and a glacial lagoon popular with hikers. It says his body was found on the trail leading to the glacier.
“The D.C. Gay Flag Football League is heartbroken to learn of the passing of Sean Bartel, one of the most devoted members this league has ever known,” the organization said in a statement. “The story of DCGFFL could not be told without Sean.”
“He was not only a dedicated teammate and a model league member – he was our storyteller and our champion, honoring the competitive greatness, the radiant humor, and the beautiful bonds that make our community so special,” the statement says.
It adds that for years, Bartel served as “our man behind the camera, he drew our community tighter by portraying us with the skill of a professional and the care of a family member.”
Bartel’s LinkedIn page shows he most recently worked for 12 years as Senior Video Producer for the International Brotherhood of Electrical Workers, which is described as North America’s largest labor union.
Matt Spense, a spokesperson for the union, told the Washington Blade that Bartel resigned from his job there in 2024 to pursue other career endeavors, but he didn’t know what he did career wise after that time.
Bartel’s LinkedIn page shows he served as a video producer and account supervisor at the Edelman global communications firm based in D.C. from 2010-2013. Prior to that, he worked as a reporter for Sirius XM Radio, Inc. from 2007 to 2012. It shows that from a little over a year — from 2009 to 2010 — he worked as video producer and account executive for the firm North Ridge Communications, but it doesn’t give the company’s location.
He began his career in journalism, his LinkedIn page shows, as a reporter and news and sports anchor at the WHAS TV station in Louisville, Ky., from January 2005 through January 2008.
It says he received a bachelor’s degree in Sports Marketeing and Management in 1999 from Indiana University in Bloomington and a master’s degree from the School of Media and Public Affairs from D.C.’s George Washington University in 2010.
The Blade couldn’t immediately obtain information about surviving family members or funeral arrangements.
-
The White House4 days agoTrump proclamation targets trans rights as State Dept. shifts visa policy
-
Cameroon4 days agoGay Cameroonian immigrant will be freed from ICE detention — for now
-
Music & Concerts4 days agoGaga, Cardi B, and more to grace D.C. stages this spring
-
Opinions5 days ago‘Are you on PrEP?’
