Connect with us

News

Madre de Sergio Urrego lucha contra el bullying en Colombia

Alba Lucía Reyes Arenas se convirtió en una activista vocal

Published

on

Alba Lucía Reyes Arenas en Bogotá, Colombia, el 24 de septiembre de 2018. Su hijo, Sergio Urrego, se suicidó en 2014 después de ser víctima del bullying homofóbico por parte de la administración de su colegio en la capital colombiana. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)

BOGOTÁ, Colombia — Alba Lucía Reyes Arenas está bien orgullosa cuando habla de su hijo, Sergio Urrego.

Ella dijo al Washington Blade el 24 de septiembre durante una entrevista en la capital colombiana de Bogotá que le gustaba la opera desde era “bien joven” y leyó su primer libro, “Historias sin fin,” cuando tenía seis años. Reyes dijo que su hijo era ateo y le gustaba el arte y las políticas.

Urrego también era miembro de un grupo de estudiantes anarquistas.

“Tengo muchas cosas que contarte,” dijo Reyes. “Para todas las mamás, nuestros hijos son muy especiales, pero Sergio si es desde era una personita si se interesaba por las cosas que son eran más de su edad.”

Urrego tenía 16 años cuando se suicidó el 4 de agosto de 2014.

Administradores y un psicólogo al colegio católico de Urrego en Bogotá lo atacaron después de que un maestro vio una foto de él besando a su novio en su móvil.

Los padres del novio de Urrego le acusaron de abusar sexualmente a su hijo. Urrego debía haber comenzado a asistir otro colegio el día después de su suicidio.

La muerte del hijo ‘fue algo angustiaste’

Reyes estaba en la ciudad colombiana de Cali cuando supo por primera vez que algo andaba mal con su hijo.

Ella regresó a Bogotá y llegó a su hogar alrededor de las 9:30 p.m. Reyes dijo entre lágrimas que la primera cosa que encontró era una nota con “letra muy grande” de su hijo.

Reyes dijo que al principio pensó que se lo había dejado a su madre, pero fue por ella. Reyes dijo al Blade que su hijo escribió, “Yo no podía ir al colegio porque se me presento un problema.”

“Cuando yo vi esta nota, yo dije algo pasó,” ella dijo.

Reyes dijo que luego fue al dormitorio de su hijo y encontró libros en su cama y una nota que le pedía que se los diera a sus mejores amigos. Reyes también encontró otras notas que su hijo había escrito antes de su suicidio.

“Fue algo angustiaste,” ella dijo. “Fue doloroso.”

Ley colombiana ahora prohíbe discriminación homofóbica en escuelas

La muerte de Urrego provocó indignación entre los activistas LGBTI en Colombia.

Reyes el 11 de septiembre de 2014 presentó una tutela contra del colegio de Urrego.

Un tribunal en Bogotá, unas semanas después, falló que Urrego había sido víctima de discriminación, pero Reyes no recibió ningún daño y el fallo no ordenó al Ministerio de Educación de Colombia que revisará las políticas del colegio.

Reyes apeló el fallo ante el Consejo de Estado, que considera las apelaciones de los tribunales administrativos. El entonces Procurador Alejandro Ordóñez — un oponente vocal de los derechos LGBTI que el presidente Iván Duque el pasado mes nombró como el nuevo embajador colombiana ante la Organización de Estados Unidos — falló en contra de Reyes basándose en que las escuelas tenían el derecho de prohibir “los besos y los abrazos.”

La rectora del colegio, Amanda Azucena Castillo, renunció el 10 de octubre de 2014. La Corte Constitucional de Colombia el 21 de agosto de 2015 revocó la decisión del Consejo de Estado y falló a favor de Reyes el 11 de diciembre de 2015.

Escuelas en Colombia no pueden discriminar en contra de sus estudiantes por razón de su orientación sexual. Una enmienda a la ley de no discriminación que incluye el nombre de Urrego también requiere que las escuelas colombianas actualicen sus políticas para garantizar que no sean discriminatorias contra la comunidad LGBTI.

‘Siempre me acompaña’

Reyes desde la muerte de su hijo se ha convertido en una activista vocal contra el bullying.

Ella estaba entre los 31 activistas LGBTI desde todo el mundo que asistió una cumbre del Human Rights Campaign que se realizó en Washington en abril.

Reyes en mayo viajó a Cuba para participar en eventos del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que fueron organizados por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Mariela Castro, la directora del CENESEX que es la hija del expresidente cubano Raúl Castro, invitó a Reyes de participar en un taller a la sede del CENESEX en La Habana.

Reyes este año lanzó oficialmente la Fundación Sergio Urrego, que busca poner el fin a la discriminación en las escuelas colombianas y evitar el suicidio entre ellos que sufren la discriminación.

El dijo al Blade que el suicidio es la segunda causa de muerte en “nuestros jóvenes.” Reyes también notó estadísticas que indican 192 personas entre las edades de 15 y 24 en Bogotá se suicidaron este año.

“Es algo que aquí no se toca,” ella dijo. “No hay una institución que se brindando atención inmediatamente a los niños que están en crisis.”

La fundación ha respondido a casi 70 casos. También tiene talleres para niños y padres en empresas y en otros lugares por el país.

“Mi propósito es evitar que casos como los de Sergio de se sucede,” dijo Reyes.

Reyes en julio habló a un concierto en la Plaza Bolívar de Bogotá durante las celebraciones del Orgullo de la ciudad. Se terminó el 25 de septiembre una campaña de los medios sociales de la fundación con el hashtag “Celebro soy yo” que buscaba dar recursos y seguridad para aquellos que sufren discriminación.

“Esa campaña me da fuerza para continuar, para seguir,” dijo Reyes. “Ese tipo de campaña se ayudan. Ese tipo de campaña llegan al corazón de la gente.”

Alba Reyes participa en una marcha del Orgullo en Bogotá, Colombia, el 1 de julio de 2018. (Foto cortesía de Fundación Sergio Urrego.)

Reyes terminó la entrevista por decir que su hijo sería orgulloso de ella y del trabajo que hace en su nombre.

“Sea un angelito,” ella dijo. “Siempre me acompaña.”

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Congress

Marjorie Taylor Greene’s bill to criminalize gender affirming care advances

Judiciary Committee markup slated for Wednesday morning

Published

on

U.S. Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) (Washington Blade photo by Michael Key)

U.S. Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.)’s “Protect Children’s Innocence Act,” which would criminalize guideline-directed gender affirming health care for minors, will advance to markup in the House Judiciary Committee on Wednesday morning.

Doctors and providers who administer medical treatments for gender dysphoria to patients younger than 18, including hormones and puberty blockers, would be subject to Class 3 felony charges punishable by up to 10 years in prison if the legislation is enacted.

LGBTQ advocates warn conservative lawmakers want to go after families who travel out of state to obtain medical care for their transgender kids that is banned or restricted in the places where they reside, using legislation like Greene’s to expand federal jurisdiction over these decisions. They also point to the medically inaccurate way in which the bill characterizes evidence-based interventions delineated in standards of care for trans and gender diverse youth as “mutilation” or “chemical castration.”

Days into his second term, President Donald Trump signed “Protecting Children from Chemical and Surgical Mutilation,” an executive order declaring that the U.S. would not “fund, sponsor, promote, assist, or support the so-called ‘transition’ of a child from one sex to another, and it will rigorously enforce all laws that prohibit or limit” medical treatments and interventions intended for this purpose.

Greene, who has introduced the bill in years past, noted the president’s endorsement of her bill during his address to the joint session of Congress in March when he said “I want Congress to pass a bill permanently banning and criminalizing sex changes on children and forever ending the lie that any child is trapped in the wrong body.”

Continue Reading

Delaware

Delaware considers enshrining same-sex marriage into state Constitution

Senate Executive Committee will hear testimony on Wednesday

Published

on

Delaware state Sen. Russ Huxtable introduced the bill last month. (Washington Blade photo by Daniel Truitt)

Delaware is considering amending its state Constitution to codify same-sex marriage. The bill, SB 100, will be heard in committee on Wednesday. 

SB 100 was introduced in April 2025 by Democratic Sen. Russ Huxtable of the sixth district of Delaware and is the first leg of an amendment to the Delaware Constitution. The act would “establish the right to marry as a fundamental right and that Delaware and its political subdivisions shall recognize marriages and issue marriage licenses to couples regardless of gender.”

“[SB 100] really came from the community that I represent and so that was the inspiration behind it, addressing concerns that my constituents have,” Huxtable told the Washington Blade. 

CAMP Rehoboth, an LGBTQ community center and advocacy organization based in Rehoboth Beach, sent a letter to members of the Senate Executive Committee in support of SB 100. 

“We applaud this proactive approach because it ensures that even if federal protections are weakened, same-sex couples in Delaware will retain their rights under Delaware law,” the letter reads. “We believe that doing so NOW is crucial for several reasons, particularly in the context of evolving legal landscapes and the erosion of civil rights long recognized in Federal law.”

CAMP Rehoboth Board President Leslie Ledogar is scheduled to testify at the Wednesday hearing on behalf of CAMP Rehoboth. She hopes to convey how personal this bill is for the organization. 

Ledogar said CAMP Rehoboth has an almost 35-year history of advocating on behalf of LGBTQ people in the state of Delaware. Past Board President Chris Beagle and his husband were among the first couples to be married in Sussex County after same-sex marriage was legalized in the state in 2013, with CAMP Rehoboth hosting the ceremony. 

The letter cited concerns with the possibility of Obergefell v. Hodges being overturned in the future, the landmark 2015 Supreme Court case that guaranteed the right to marry for same-sex couples. 

“We really feel that this is a proactive and protective measure that ensures long-term security for LGBTQ+ couples,” Ledogar said. “While we do have that [protection] now, it could be just that temporary and just that fleeting, and everything we’ve worked for and built could fall apart, not by our own initiative but because of the stroke of a pen.”

The letter details the positive impact that the bill would have on Delaware’s LGBTQ community, such as affirming equality and human dignity, preventing legal backsliding and creating legal certainty and reflecting public support. 

“[SB 100] would align the law with the values of a majority of Delawareans, ensuring that legal frameworks reflect contemporary societal norms and standards,” Ledogar said. 

In 2024, the Public Religion Research Institution found that 61% of Delawareans favor allowing same-sex couples to marry. 

Some critics of the bill cite religious concerns, though SB 100 explicitly protects clergy refusal, saying that “the right to marry regardless of gender does not infringe upon the right to freedom of religion because religious organizations and members of the clergy have the right to refuse to solemnize a marriage.” 

The bill requires a vote of two-thirds of the members elected to each house of the General Assembly to pass. If passed, the next General Assembly after the next general election also has to pass it. Delaware is the only state in the country that can amend its state Constitution without a vote of the people. Constituents can register to watch the hearing virtually here.

Other states such as California, Colorado, and Hawaii have introduced and passed similar bills to protect the right of all people of all genders to marry under state law. 

Huxtable said he hopes Delaware can send a message to other states that they can do the same thing and “don’t need to feel the threat from extremists.”  

“I think it’s showing that the General Assembly in Delaware in particular are advocating for good policy celebrating the individual … We’re governing by our values and not our fears.”  

Continue Reading

Chile

Chilean lawmakers back report that calls for suspension of program for trans children

Country’s first transgender congresswoman condemned May 15 vote

Published

on

LGBTQ activists criticized Chilean lawmakers who endorsed a report that calls for the suspension of a program for transgender and nonbinary children. (Photo courtesy of Fundación Iguales)

The Chilean Chamber of Deputies on May 15 approved a report that recommends the immediate suspension of a program that provides psychosocial support to transgender and gender non-conforming children and adolescents and their parents.

The 56-31 vote in favor of the Investigation Commission No. 57’s recommendations for the Gender Identity Support Program sparked outrage among activists in Chile and around the world. Six lawmakers abstained.

The report proposes the Health Ministry issue a resolution against puberty blockers, cross-hormonalization, and other hormonal treatments for minors, regardless of whether they have been diagnosed with gender dysphoria. The report also suggests Chilean educational institutions should not respect trans students’ chosen names.

The report, among other recommendations, calls for a review of the background of all minors who are currently receiving hormone treatments. The report also calls for the reformulation of hormone therapy guidelines and sending this background information to the comptroller general.

Report ‘sets an ominous precedent’

Frente Amplio Congresswoman Emilia Schneider, the first trans woman elected to the Chilean Congress and a member of the commission, sharply criticized her colleagues who voted for the report.

“Today in the Chamber of Deputies the report of hatred against trans people was approved; a report that seeks to roll back programs so relevant for children, for youth, such as the Gender Identity Support Program; a program that, in addition, comes from the government of (the late-President) Sebastián Piñera,” Schneider told the Washington Blade. ”This is unacceptable because the right-wing yields to the pressures of the ultra-right and leaves the trans community in a very complex position.”

Schneider noted “this report is not binding; that is, its recommendations do not necessarily have to be taken into account, but it sets an ominous precedent.” 

“We are going backwards on such basic issues as the recognition of the social name of trans students in educational establishments,” she said.

Ignacia Oyarzún, president of Organizing Trans Diversities, a Chilean trans rights group, echoed Schneider’s criticisms. commented to the Blade. 

“We regret today’s shameful action in the Chamber of Deputies, where the CEI-57 report issued by the Republican Party was approved in a context of lies, misinformation and misrepresentation of reality,” Oyarzún told the Blade. “This only promotes the regression of public policies and conquered rights that have managed to save the lives of thousands of children in the last time.” 

Oyarzún added the “slogan ‘children first’ proves to be an empty phrase without content used by those who today promote measures that push to suicide a significant number of children for the fact of being trans.”

The Movement for Homosexual Integration and Liberation, a Chilean LGBTQ rights group known by the acronym Movilh also condemned the approval of the report, calling it “transphobic” and accusing the commission of omitting the opinions of organizations and families that support the current policies. 

Movilh notes lawmakers approved both the Gender Identity Law and Circular 812, which promotes respect for trans students’ rights, within the framework of an agreement with the Inter-American Commission on Human Rights.

“The text of the approved report is scandalous, because it seeks to take away the access to health to trans minors, including denying them the psychosocial accompaniment that also includes their respective families,” said María José Cumplido, executive director of Fundación Iguales, another Chilean LGBTQ advocacy group. “Likewise, it attempts against school inclusion, since it intends to eliminate something as essential as the use of the social name in educational spaces. In short, it takes away rights and freedoms to trans people, especially to minors.”

Cumplido, like Schneider, pointed out that “although its content is not binding, we will be alert to the political and legislative consequences that it may produce and we will continue working to avoid setbacks with respect to the rights of trans people.”

The report’s approval reflects a global trend that has seen neighboring Argentina, the U.S., and other countries reserve policies for trans and nonbinary young people. The Peruvian Health Ministry recently classified gender identity as a mental illness, and lawmakers have passed a law that prevents trans people from using public restrooms based on their identity.

Casa Rosada in Buenos Aires, Argentina, last month. Argentina is among the countries that have curtailed the rights of transgender and nonbinary children. (Washington Blade
photo by Michael K. Lavers)

Experts and human rights activists warn the suspension of Chile’s Gender Identity Support Program and other programs could adversely impact the mental health of trans and nonbinary children who already face high levels of discrimination and are at heightened risk to die by suicide.

“We will defend the Gender Identity Support Program and the right to exist of trans children and youth across the country,” said Schneider. “I want to reassure the trans families of our country that we will not rest until our rights are respected and that we can continue advancing because there is still much to be conquered.”

Continue Reading

Popular