News
Madre de Sergio Urrego lucha contra el bullying en Colombia
Alba Lucía Reyes Arenas se convirtió en una activista vocal

Alba Lucía Reyes Arenas en Bogotá, Colombia, el 24 de septiembre de 2018. Su hijo, Sergio Urrego, se suicidó en 2014 después de ser víctima del bullying homofóbico por parte de la administración de su colegio en la capital colombiana. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)
Ella dijo al Washington Blade el 24 de septiembre durante una entrevista en la capital colombiana de Bogotá que le gustaba la opera desde era “bien joven” y leyó su primer libro, “Historias sin fin,” cuando tenía seis años. Reyes dijo que su hijo era ateo y le gustaba el arte y las políticas.
Urrego también era miembro de un grupo de estudiantes anarquistas.
“Tengo muchas cosas que contarte,” dijo Reyes. “Para todas las mamás, nuestros hijos son muy especiales, pero Sergio si es desde era una personita si se interesaba por las cosas que son eran más de su edad.”
Urrego tenía 16 años cuando se suicidó el 4 de agosto de 2014.
Administradores y un psicólogo al colegio católico de Urrego en Bogotá lo atacaron después de que un maestro vio una foto de él besando a su novio en su móvil.
Los padres del novio de Urrego le acusaron de abusar sexualmente a su hijo. Urrego debía haber comenzado a asistir otro colegio el día después de su suicidio.
La muerte del hijo ‘fue algo angustiaste’
Reyes estaba en la ciudad colombiana de Cali cuando supo por primera vez que algo andaba mal con su hijo.
Ella regresó a Bogotá y llegó a su hogar alrededor de las 9:30 p.m. Reyes dijo entre lágrimas que la primera cosa que encontró era una nota con “letra muy grande” de su hijo.
Reyes dijo que al principio pensó que se lo había dejado a su madre, pero fue por ella. Reyes dijo al Blade que su hijo escribió, “Yo no podía ir al colegio porque se me presento un problema.”
“Cuando yo vi esta nota, yo dije algo pasó,” ella dijo.
Reyes dijo que luego fue al dormitorio de su hijo y encontró libros en su cama y una nota que le pedía que se los diera a sus mejores amigos. Reyes también encontró otras notas que su hijo había escrito antes de su suicidio.
“Fue algo angustiaste,” ella dijo. “Fue doloroso.”
Ley colombiana ahora prohíbe discriminación homofóbica en escuelas
La muerte de Urrego provocó indignación entre los activistas LGBTI en Colombia.
Reyes el 11 de septiembre de 2014 presentó una tutela contra del colegio de Urrego.
Un tribunal en Bogotá, unas semanas después, falló que Urrego había sido víctima de discriminación, pero Reyes no recibió ningún daño y el fallo no ordenó al Ministerio de Educación de Colombia que revisará las políticas del colegio.
Reyes apeló el fallo ante el Consejo de Estado, que considera las apelaciones de los tribunales administrativos. El entonces Procurador Alejandro Ordóñez — un oponente vocal de los derechos LGBTI que el presidente Iván Duque el pasado mes nombró como el nuevo embajador colombiana ante la Organización de Estados Unidos — falló en contra de Reyes basándose en que las escuelas tenían el derecho de prohibir “los besos y los abrazos.”
La rectora del colegio, Amanda Azucena Castillo, renunció el 10 de octubre de 2014. La Corte Constitucional de Colombia el 21 de agosto de 2015 revocó la decisión del Consejo de Estado y falló a favor de Reyes el 11 de diciembre de 2015.
Escuelas en Colombia no pueden discriminar en contra de sus estudiantes por razón de su orientación sexual. Una enmienda a la ley de no discriminación que incluye el nombre de Urrego también requiere que las escuelas colombianas actualicen sus políticas para garantizar que no sean discriminatorias contra la comunidad LGBTI.
‘Siempre me acompaña’
Reyes desde la muerte de su hijo se ha convertido en una activista vocal contra el bullying.
Ella estaba entre los 31 activistas LGBTI desde todo el mundo que asistió una cumbre del Human Rights Campaign que se realizó en Washington en abril.
Reyes en mayo viajó a Cuba para participar en eventos del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que fueron organizados por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Mariela Castro, la directora del CENESEX que es la hija del expresidente cubano Raúl Castro, invitó a Reyes de participar en un taller a la sede del CENESEX en La Habana.
Reyes este año lanzó oficialmente la Fundación Sergio Urrego, que busca poner el fin a la discriminación en las escuelas colombianas y evitar el suicidio entre ellos que sufren la discriminación.
El dijo al Blade que el suicidio es la segunda causa de muerte en “nuestros jóvenes.” Reyes también notó estadísticas que indican 192 personas entre las edades de 15 y 24 en Bogotá se suicidaron este año.
“Es algo que aquí no se toca,” ella dijo. “No hay una institución que se brindando atención inmediatamente a los niños que están en crisis.”
La fundación ha respondido a casi 70 casos. También tiene talleres para niños y padres en empresas y en otros lugares por el país.
“Mi propósito es evitar que casos como los de Sergio de se sucede,” dijo Reyes.
Reyes en julio habló a un concierto en la Plaza Bolívar de Bogotá durante las celebraciones del Orgullo de la ciudad. Se terminó el 25 de septiembre una campaña de los medios sociales de la fundación con el hashtag “Celebro soy yo” que buscaba dar recursos y seguridad para aquellos que sufren discriminación.
“Esa campaña me da fuerza para continuar, para seguir,” dijo Reyes. “Ese tipo de campaña se ayudan. Ese tipo de campaña llegan al corazón de la gente.”

Alba Reyes participa en una marcha del Orgullo en Bogotá, Colombia, el 1 de julio de 2018. (Foto cortesía de Fundación Sergio Urrego.)
Reyes terminó la entrevista por decir que su hijo sería orgulloso de ella y del trabajo que hace en su nombre.
“Sea un angelito,” ella dijo. “Siempre me acompaña.”
Senegal
Senegalese president signs bill that further criminalizes homosexuality
Measure passed in National Assembly with near unanimous support
Senegalese President Bassirou Diomaye Faye on Tuesday signed into law a bill that further criminalizes consensual same-sex sexual relations in the country.
Lawmakers in the African country on March 11 nearly unanimously passed the measure that increases the penalty for anyone convicted of engaging in consensual same-sex sexual relations from one to five years in prison to five to 10 years. The bill that Prime Minister Ousmane Sonko introduced also prohibits the “promotion” or “financing” of homosexuality in Senegal.
Reuters on March 16 reported MassResistance, an anti-LGBTQ group based in the U.S., worked with Senegalese groups that support the bill. Volker Türk, the U.N. high commissioner for human rights, is among those who urged Faye not to sign it.
The Senegalese National Assembly in 2021 rejected a bill that would have further criminalized homosexuality in the country.
Police in February arrested a dozen men and charged them with committing “unnatural acts.”
Maryland’s legislative caucuses outlined their legislative priorities heading into the final weeks of the 2026 General Assembly during a joint press conference on March 24.
The press conference was titled “We are Maryland,” where a representative for each of the legislative caucuses outlined priorities.
State Del. Kris Fair (D-Frederick County) of the LGBTQ+ Caucus opened the press conference with a statement on the unity of Maryland’s caucus.
“Together we can show our state and our community a different world, one where we mutually support one another and through that support uplift every Marylander,” he said.
In a press conference on March 5, the LGBTQ+ Caucus outlined its top legislative priorities. Fair highlighted two of those bills again during the “We are Maryland” press conference.
The first of the two highlighted pieces of legislation was Senate Bill 626 and House Bill 1589.
The bills would simplify the process of updating an individual’s birth certificate and align the Department of Health and DMV systems to reflect those changes. The bill is being led by state Sen. Clarence Lam (D-Anne Arundel and Howard Counties) and state Del. Ashanti Martinez (D-Prince George’s County).
The second piece of legislation is Senate Bill 950 and House Bill 1209, which would update and modernize laws and regulations around so-called conversion therapy. The bills have failed to pass either chamber thus far. They are being led by state Sen. Cheryl Kagan (D-Montgomery County) and state Del. Bonnie Cullison (D-Montgomery County).
(The U.S. Supreme Court on Tuesday ruled against a Colorado law that bans so-called conversion therapy for minors. Maryland is among the U.S. jurisdictions that prohibit the widely discredited practice for anyone under 18.)
Martinez and Lam have introduced bills in their respective chambers that would expand PrEP access in Maryland. Martinez did not attend the press conference, and Fair did not mention it when he spoke.
State Del. N. Scott Phillips (D-Baltimore County) represented the Black Caucus during the press conference. State Del. Dana Jones (D-Anne Arundel County) spoke on behalf of the Women’s Caucus, State Del. Teresa Woorman (D-Montgomery County) represented the Latino Caucus, and State Del. Lily Qi (D-Montgomery County) represented the Asian-American and Pacific Islander Caucus. State Del. Jared Solomon (D-Montgomery County) represented the Jewish Caucus, and state Del. Sean Stinnett (D-Baltimore County) represented the Muslim Caucus during the press conference.
Solomon ended the press conference by explaining the importance of all the caucuses coming out together.
“We are stronger when we’re together, and many of these issues that we have talked about, again, impact all of us,” said Solomon.
U.S. Supreme Court
Supreme Court rules against Colo. law banning conversion therapy for minors
8-1 decision could have sweeping impact
The U.S. Supreme Court on Tuesday ruled against a Colorado law that bans so-called conversion therapy for minors.
The justices last October heard oral arguments in Chiles v. Salazar. Today they ruled 8-1 in favor of Kaley Chiles, a Christian therapist who challenged the 2019 law.
In the case, which was heard by the justices in October 2025, Chiles successfully argued to the court that the law restricting this type of therapy was unconstitutional, leading to it being struck down.
The Supreme Court ultimately found that lower state and federal courts has “erred by failing to apply sufficiently rigorous First Amendment scrutiny,” ultimately reversing the widely discredited “medical” treatment that has support by a very narrow margin of mental health specialists — specifically religious and socially conservative ones. This is despite the fact that Colorado state officials have never enforced the measure in practice, and included a religious exemption for people “engaged in the practice of religious ministry.” The now moot law carried fines of up to $5,000 for each violation and possible suspension or revocation of a counselor’s license.
In the ruling, the court said the law, that specifically applies to talk therapy “impermissibly” interferes with free speech rights of Americans, and despite it being “regard[ed] its policy as essential to public health and safety, but the First Amendment stands as a shield against any effort to enforce orthodoxy in thought or speech in this country,” Justice Neil Gorsuch wrote for himself and seven other justices from across the ideological spectrum who overturned the low court’s ruling. He went on to add that the original ban “trains directly on the content of her speech and permits her to express some viewpoints but not others.”
Only Justice Ketanji Brown Jackson dissented, which included an in depth summary of her departure from the other eight justices, explaining her fears about the verdict — and its eventual chilling effect on legislation that could attempts to restrict regulatory speech for religious attitudes— despite that these regulations are often made as a direct creation of years of essentially unanimous research, and are vetted though regulatory boards for specific jobs.
“This decision might make speech-only therapies and other medical treatments involving practitioner speech effectively unregulatable,” Jackson wrote on page 32 of the 35-page opinion issued by court in response to her opposing eight members comments on the bench.
Since the ruling late Tuesday morning, a slew of LGBTQ advocacy groups, as well as groups promoting LGBTQ discrimination, have issued statements on the direct impact this will have across the country for LGBTQ people.
Democratic Senator, running for reelection in Colorado, John Hickenlooper issued a condemnation of the practice on his X (formerly Twitter). “Conversion therapy is cruel and inhumane, plain and simple. This SCOTUS decision is dangerous for LGBTQ+ Americans,” Our LGBTQ+ community deserves safety, acceptance, and love. We won’t ever let up in our fight for a better nation.”
Conversion therapy is cruel and inhumane, plain and simple. This SCOTUS decision is dangerous for LGBTQ+ Americans.,” the former Governor said on the platform. “Our LGBTQ+ community deserves safety, acceptance, and love. We won’t ever let up in our fight for a better nation.”
Polly Crozier, director of family advocacy at GLBTQ Legal Advocates & Defenders (GLAD Law), provided a statement to the Washington Blade on the court’s decision.
“Today’s Supreme Court ruling limited Colorado’s statute that preemptively shielded minors from conversion therapy, but it leaves open avenues for states to protect families from harmful, unscrupulous, and misleading practices that divide parents from their children and put LGBTQ+ youth at risk,” Crozier wrote, pointing to the overwhelming evidence on conversion therapy that argues this type of regulatory legislation is helping those suffering rather than harming. “The evidence is clear that conversion practices lead to increased anxiety, depression, and suicidality. This is a dangerous practice that has been condemned by every major medical association in the country. Today’s decision does not change the science, and it does not change the fact that conversion therapists who harm patients will still face legal consequences, and that family advocates, mental health practitioners, and all of us who care about the wellbeing of youth will continue working to shield LGBTQ+ young people and their families from this dangerous practice.”
Human Rights Campaign President Kelley Robinson, who leads the nation’s largest LGBTQ advocacy group, also provided a statement, calling the courts choice a “reckless decision.” The statement also points out how their own data (from the group’s philanthropic arm of the organization) was cited in Brown Jackson’s dissent in the amicus brief.
“The court has weaponized free-speech in order to prioritize anti-LGBTQ+ bias over the safety, health and wellbeing of children,” her statement reads. “So-called ‘conversion therapy’ is pseudoscience, not real therapy. It has been condemned by every mainstream medical and mental health association and harms families, traumatizes children, and robs people of their faith communities. It is cruel and should never be offered under the guise of legitimate mental healthcare. To undermine protections that keep kids and families safe from these abusive practices is shocking — and our children deserve better.”
Liberty Counsel, a nonprofit, tax-exempt Christian ministry that uses litigation to promote evangelical Christian values and limit LGBTQ protections, which was designated as a hate group by the Southern Poverty Law Center, was also cited in the court’s amicus brief, but in support of overturning the law.
“The U.S. Supreme Court’s resounding decision in Chiles v. Salazar is a major victory for the integrity of the counseling profession,” Mat Staver, Founder and Chairman of Liberty Council said today. “This ruling ensures the government cannot strip the First Amendment away from licensed counselors and dictate a state-mandated ideology between counselor and client. Talk therapy is speech, and the government has no authority to restrict that speech to just one viewpoint. Counseling bans can now be struck down nationwide so that people can get the counseling they need.”
GLAAD, one of the nation’s oldest non-profit organizations focused on LGBTQ advocacy and cultural change issued a statement pon the verdict, emphasizing what multiple advocate groups have said – this decision will impact an already vulnerable youth population at an elevated high risk.
“The Court once again prioritized malice over best practice medicine,” Sarah Kate Ellis, President and CEO of GLAAD said in a statement. “In the face of this harmful decision, we need to amplify the voices of survivors of this dangerous and disproven practice, and continue to hold anyone who peddles in this junk science liable.”
Truth Wins Out, an organization that works towards “advancing liberty and democracy through protecting the rights of LGBTQ people and other minorities” called out the court’s majority opinion for its potential for religious extremism and spread of disinformation.
“This ruling is a profound failure of both logic and moral responsibility that confuses ‘free speech’ with ‘false speech’,” Wayne Besen, the Executive Director of Truth Wins Out said in a comment. ” It opens the door for quackery to flourish and allows practitioners of a thoroughly debunked practice to continue harming LGBTQ youth under a thin veneer of legitimacy
Adrian Shanker, the former Deputy Assistant Secretary for Health Policy at Health and Human Services under President Biden, who also led LGBTQI+ policy at the agency spoke about the detrimental impact this will have on rules and regulations within the healthcare field that are supposed to be inherently secular by nature.
“No matter what the Supreme Court decided today, it is irrefutable that conversion therapy is harmful to the health and wellbeing of LGBTQI+ youth,” Shanker told the Blade, continuing the Trump Administration’s choice to no longer formally support LGBTQ inclusive policy. “That’s why in the Biden administration we advanced policies to safeguard youth from this harmful practice.”
In an consistently updated document started in 2018 that cites the major harms risks conversion therapy poses to LGBTQ people, the Trevor Project, the leading suicide prevention and crisis intervention organization for LGBTQ young people, included that the federal government’s own research proved the practice at best questionable and at worst deadly.
In a 2023 report entitled Moving Beyond Change Efforts: Evidence and Action to Support and Affirm LGBTQI+ Youth, the U.S. Department of Health and Human Services’ Substance Abuse and Mental Health Services Administration stressed that “[sexual orientation and gender identity] change efforts are harmful practices that are never appropriate with LGBTQI+
youth, and efforts are needed to end these practices,” the summary of the fight against conversion therapy in the U.S. reads.
More than 20 states and D.C. banned the widely discredited practice for minors prior to the Supreme Court’s ruling.
The Blade last October spoke to conversion therapy survivors after the justices heard oral arguments in the Chiles case.
-
Out & About4 days agoCelebrate cherry blossoms the drag way
-
Botswana4 days agoLorato ke Lorato: marriage equality, democracy, and the unfinished work of justice in Botswana
-
Japan4 days agoJapanese Supreme Court to consider marriage equality
-
Opinions4 days agoThe outrage economy is not the LGBTQ community
