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Madre de Sergio Urrego lucha contra el bullying en Colombia
Alba Lucía Reyes Arenas se convirtió en una activista vocal

Alba Lucía Reyes Arenas en Bogotá, Colombia, el 24 de septiembre de 2018. Su hijo, Sergio Urrego, se suicidó en 2014 después de ser víctima del bullying homofóbico por parte de la administración de su colegio en la capital colombiana. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)
Ella dijo al Washington Blade el 24 de septiembre durante una entrevista en la capital colombiana de Bogotá que le gustaba la opera desde era “bien joven” y leyó su primer libro, “Historias sin fin,” cuando tenía seis años. Reyes dijo que su hijo era ateo y le gustaba el arte y las políticas.
Urrego también era miembro de un grupo de estudiantes anarquistas.
“Tengo muchas cosas que contarte,” dijo Reyes. “Para todas las mamás, nuestros hijos son muy especiales, pero Sergio si es desde era una personita si se interesaba por las cosas que son eran más de su edad.”
Urrego tenía 16 años cuando se suicidó el 4 de agosto de 2014.
Administradores y un psicólogo al colegio católico de Urrego en Bogotá lo atacaron después de que un maestro vio una foto de él besando a su novio en su móvil.
Los padres del novio de Urrego le acusaron de abusar sexualmente a su hijo. Urrego debía haber comenzado a asistir otro colegio el día después de su suicidio.
La muerte del hijo ‘fue algo angustiaste’
Reyes estaba en la ciudad colombiana de Cali cuando supo por primera vez que algo andaba mal con su hijo.
Ella regresó a Bogotá y llegó a su hogar alrededor de las 9:30 p.m. Reyes dijo entre lágrimas que la primera cosa que encontró era una nota con “letra muy grande” de su hijo.
Reyes dijo que al principio pensó que se lo había dejado a su madre, pero fue por ella. Reyes dijo al Blade que su hijo escribió, “Yo no podía ir al colegio porque se me presento un problema.”
“Cuando yo vi esta nota, yo dije algo pasó,” ella dijo.
Reyes dijo que luego fue al dormitorio de su hijo y encontró libros en su cama y una nota que le pedía que se los diera a sus mejores amigos. Reyes también encontró otras notas que su hijo había escrito antes de su suicidio.
“Fue algo angustiaste,” ella dijo. “Fue doloroso.”
Ley colombiana ahora prohíbe discriminación homofóbica en escuelas
La muerte de Urrego provocó indignación entre los activistas LGBTI en Colombia.
Reyes el 11 de septiembre de 2014 presentó una tutela contra del colegio de Urrego.
Un tribunal en Bogotá, unas semanas después, falló que Urrego había sido víctima de discriminación, pero Reyes no recibió ningún daño y el fallo no ordenó al Ministerio de Educación de Colombia que revisará las políticas del colegio.
Reyes apeló el fallo ante el Consejo de Estado, que considera las apelaciones de los tribunales administrativos. El entonces Procurador Alejandro Ordóñez — un oponente vocal de los derechos LGBTI que el presidente Iván Duque el pasado mes nombró como el nuevo embajador colombiana ante la Organización de Estados Unidos — falló en contra de Reyes basándose en que las escuelas tenían el derecho de prohibir “los besos y los abrazos.”
La rectora del colegio, Amanda Azucena Castillo, renunció el 10 de octubre de 2014. La Corte Constitucional de Colombia el 21 de agosto de 2015 revocó la decisión del Consejo de Estado y falló a favor de Reyes el 11 de diciembre de 2015.
Escuelas en Colombia no pueden discriminar en contra de sus estudiantes por razón de su orientación sexual. Una enmienda a la ley de no discriminación que incluye el nombre de Urrego también requiere que las escuelas colombianas actualicen sus políticas para garantizar que no sean discriminatorias contra la comunidad LGBTI.
‘Siempre me acompaña’
Reyes desde la muerte de su hijo se ha convertido en una activista vocal contra el bullying.
Ella estaba entre los 31 activistas LGBTI desde todo el mundo que asistió una cumbre del Human Rights Campaign que se realizó en Washington en abril.
Reyes en mayo viajó a Cuba para participar en eventos del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que fueron organizados por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Mariela Castro, la directora del CENESEX que es la hija del expresidente cubano Raúl Castro, invitó a Reyes de participar en un taller a la sede del CENESEX en La Habana.
Reyes este año lanzó oficialmente la Fundación Sergio Urrego, que busca poner el fin a la discriminación en las escuelas colombianas y evitar el suicidio entre ellos que sufren la discriminación.
El dijo al Blade que el suicidio es la segunda causa de muerte en “nuestros jóvenes.” Reyes también notó estadísticas que indican 192 personas entre las edades de 15 y 24 en Bogotá se suicidaron este año.
“Es algo que aquí no se toca,” ella dijo. “No hay una institución que se brindando atención inmediatamente a los niños que están en crisis.”
La fundación ha respondido a casi 70 casos. También tiene talleres para niños y padres en empresas y en otros lugares por el país.
“Mi propósito es evitar que casos como los de Sergio de se sucede,” dijo Reyes.
Reyes en julio habló a un concierto en la Plaza Bolívar de Bogotá durante las celebraciones del Orgullo de la ciudad. Se terminó el 25 de septiembre una campaña de los medios sociales de la fundación con el hashtag “Celebro soy yo” que buscaba dar recursos y seguridad para aquellos que sufren discriminación.
“Esa campaña me da fuerza para continuar, para seguir,” dijo Reyes. “Ese tipo de campaña se ayudan. Ese tipo de campaña llegan al corazón de la gente.”

Alba Reyes participa en una marcha del Orgullo en Bogotá, Colombia, el 1 de julio de 2018. (Foto cortesía de Fundación Sergio Urrego.)
Reyes terminó la entrevista por decir que su hijo sería orgulloso de ella y del trabajo que hace en su nombre.
“Sea un angelito,” ella dijo. “Siempre me acompaña.”
Rehoboth Beach
BLUF leather social set for April 10 in Rehoboth
Attendees encouraged to wear appropriate gear
Diego’s in Rehoboth Beach hosts a monthly leather happy hour. April’s edition is scheduled for Friday, April 10, 5-7 p.m. Attendees are encouraged to wear appropriate gear. The event is billed as an official event of BLUF, the free community group for men interested in leather. After happy hour, the attendees are encouraged to reconvene at Local Bootlegging Company for dinner, which allows cigar smoking. There’s no cover charge for either event.
District of Columbia
Celebrations of life planned for Sean Bartel
Two memorial events scheduled in D.C.
Two celebrations of life are planned for Sean Christopher Bartel, 48, who was found deceased on a hiking trail in Argentina on or around March 15. Bartel began his career as a television news reporter and news anchor at stations in Louisville, Ky., and Evansville, Ind., before serving as Senior Video Producer for the D.C.-based International Brotherhood of Electrical Workers union from 2013 to 2024.
A memorial gathering is planned for Friday, April 10, 11:30 a.m.-1:30 p.m. at the IBEW International Office (900 7th St., N.W.), according to a statement by the DC Gay Flag Football League, where Bartel was a longtime member. A celebration of life is planned that same evening, 6-8 p.m. at Trade (1410 14th St., N.W.).
Puerto Rico
The ‘X’ returns to court
1st Circuit hears case over legal recognition of nonbinary Puerto Ricans
Eight months ago, I wrote about this issue at a time when it had not yet reached the judicial level it faces today. Back then, the conversation moved through administrative decisions, public debate, and political resistance. It was unresolved, but it had not yet reached this point.
That has now changed.
Lambda Legal appeared before the 1st U.S. Court of Appeals in Boston, urging the court to uphold a lower court ruling that requires the government of Puerto Rico to issue birth certificates that accurately reflect the identities of nonbinary individuals. The appeal follows a district court decision that found the denial of such recognition to be a violation of the U.S. Constitution.
This marks a turning point. The issue is no longer theoretical. A court has already determined that unequal treatment exists.
The argument presented by the plaintiffs is grounded in Puerto Rico’s own legal framework. Identity birth certificates are not static historical records. They are functional documents used in everyday life. They are required to access employment, education, and essential services. Their purpose is practical, not symbolic.
Within that framework, the exclusion of nonbinary individuals does not stem from a legal limitation. Puerto Rico already allows gender marker corrections on birth certificates for transgender individuals under the precedent established in Arroyo Gonzalez v. Rosselló Nevares. In addition, the current Civil Code recognizes the existence of identity documents that reflect a person’s lived identity beyond the original birth record.
The issue lies in how the law is applied.
Recognition is granted within specific categories, while those who do not identify within that binary structure remain excluded. That exclusion is now at the center of this case.
Lambda Legal’s position is straightforward. Requiring individuals to carry documents that do not reflect who they are forces them into misrepresentation in essential aspects of daily life. This creates practical barriers, exposes them to scrutiny, and places them in a constant state of vulnerability.
The plaintiffs, who were born in Puerto Rico, have made clear that access to accurate identification is not symbolic. It is a basic condition for moving through the world without contradiction imposed by the state.
The fact that this case is now being addressed in the federal court system adds another layer of significance. This is not a pending policy discussion or a legislative proposal. It is a constitutional question. The analysis is not about political preference, but about rights and equal protection under the law.
This case does not exist in isolation.
It unfolds within a broader context in which debates over identity and rights have increasingly been shaped by the growing influence of conservative perspectives in public policy, both in the United States and in Puerto Rico. At the local level, this influence has been reflected in legislative discussions where religious arguments have begun to intersect with decisions that should be grounded in constitutional principles. That intersection creates tension around the separation of church and state and has direct consequences for access to rights.
Recognizing this context is not an attack on faith or religious practice. It is an acknowledgment that when certain perspectives move into the realm of public authority, they can shape outcomes that affect specific communities.
From within Puerto Rico, this is not a distant debate. It is a lived reality. It is present in the difficulty of presenting identification that does not match one’s identity, and in the consequences that follow in workplaces, schools, and government spaces.
The progression of this case introduces the possibility of change within the applicable legal framework. Not because it resolves every tension surrounding the issue, but because it establishes a legal examination of a practice that has long operated under exclusion.
Eight months ago, the conversation centered on ongoing developments. Today, there is already a judicial finding that identifies a violation of rights. What remains is whether that finding will be upheld on appeal.
That process does not guarantee an immediate outcome, but it shifts the ground.
The debate is no longer theoretical.
It is now before the courts.
