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Madre de Sergio Urrego lucha contra el bullying en Colombia
Alba Lucía Reyes Arenas se convirtió en una activista vocal

Alba Lucía Reyes Arenas en Bogotá, Colombia, el 24 de septiembre de 2018. Su hijo, Sergio Urrego, se suicidó en 2014 después de ser víctima del bullying homofóbico por parte de la administración de su colegio en la capital colombiana. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)
Ella dijo al Washington Blade el 24 de septiembre durante una entrevista en la capital colombiana de Bogotá que le gustaba la opera desde era “bien joven” y leyó su primer libro, “Historias sin fin,” cuando tenía seis años. Reyes dijo que su hijo era ateo y le gustaba el arte y las políticas.
Urrego también era miembro de un grupo de estudiantes anarquistas.
“Tengo muchas cosas que contarte,” dijo Reyes. “Para todas las mamás, nuestros hijos son muy especiales, pero Sergio si es desde era una personita si se interesaba por las cosas que son eran más de su edad.”
Urrego tenía 16 años cuando se suicidó el 4 de agosto de 2014.
Administradores y un psicólogo al colegio católico de Urrego en Bogotá lo atacaron después de que un maestro vio una foto de él besando a su novio en su móvil.
Los padres del novio de Urrego le acusaron de abusar sexualmente a su hijo. Urrego debía haber comenzado a asistir otro colegio el día después de su suicidio.
La muerte del hijo ‘fue algo angustiaste’
Reyes estaba en la ciudad colombiana de Cali cuando supo por primera vez que algo andaba mal con su hijo.
Ella regresó a Bogotá y llegó a su hogar alrededor de las 9:30 p.m. Reyes dijo entre lágrimas que la primera cosa que encontró era una nota con “letra muy grande” de su hijo.
Reyes dijo que al principio pensó que se lo había dejado a su madre, pero fue por ella. Reyes dijo al Blade que su hijo escribió, “Yo no podía ir al colegio porque se me presento un problema.”
“Cuando yo vi esta nota, yo dije algo pasó,” ella dijo.
Reyes dijo que luego fue al dormitorio de su hijo y encontró libros en su cama y una nota que le pedía que se los diera a sus mejores amigos. Reyes también encontró otras notas que su hijo había escrito antes de su suicidio.
“Fue algo angustiaste,” ella dijo. “Fue doloroso.”
Ley colombiana ahora prohíbe discriminación homofóbica en escuelas
La muerte de Urrego provocó indignación entre los activistas LGBTI en Colombia.
Reyes el 11 de septiembre de 2014 presentó una tutela contra del colegio de Urrego.
Un tribunal en Bogotá, unas semanas después, falló que Urrego había sido víctima de discriminación, pero Reyes no recibió ningún daño y el fallo no ordenó al Ministerio de Educación de Colombia que revisará las políticas del colegio.
Reyes apeló el fallo ante el Consejo de Estado, que considera las apelaciones de los tribunales administrativos. El entonces Procurador Alejandro Ordóñez — un oponente vocal de los derechos LGBTI que el presidente Iván Duque el pasado mes nombró como el nuevo embajador colombiana ante la Organización de Estados Unidos — falló en contra de Reyes basándose en que las escuelas tenían el derecho de prohibir “los besos y los abrazos.”
La rectora del colegio, Amanda Azucena Castillo, renunció el 10 de octubre de 2014. La Corte Constitucional de Colombia el 21 de agosto de 2015 revocó la decisión del Consejo de Estado y falló a favor de Reyes el 11 de diciembre de 2015.
Escuelas en Colombia no pueden discriminar en contra de sus estudiantes por razón de su orientación sexual. Una enmienda a la ley de no discriminación que incluye el nombre de Urrego también requiere que las escuelas colombianas actualicen sus políticas para garantizar que no sean discriminatorias contra la comunidad LGBTI.
‘Siempre me acompaña’
Reyes desde la muerte de su hijo se ha convertido en una activista vocal contra el bullying.
Ella estaba entre los 31 activistas LGBTI desde todo el mundo que asistió una cumbre del Human Rights Campaign que se realizó en Washington en abril.
Reyes en mayo viajó a Cuba para participar en eventos del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que fueron organizados por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Mariela Castro, la directora del CENESEX que es la hija del expresidente cubano Raúl Castro, invitó a Reyes de participar en un taller a la sede del CENESEX en La Habana.
Reyes este año lanzó oficialmente la Fundación Sergio Urrego, que busca poner el fin a la discriminación en las escuelas colombianas y evitar el suicidio entre ellos que sufren la discriminación.
El dijo al Blade que el suicidio es la segunda causa de muerte en “nuestros jóvenes.” Reyes también notó estadísticas que indican 192 personas entre las edades de 15 y 24 en Bogotá se suicidaron este año.
“Es algo que aquí no se toca,” ella dijo. “No hay una institución que se brindando atención inmediatamente a los niños que están en crisis.”
La fundación ha respondido a casi 70 casos. También tiene talleres para niños y padres en empresas y en otros lugares por el país.
“Mi propósito es evitar que casos como los de Sergio de se sucede,” dijo Reyes.
Reyes en julio habló a un concierto en la Plaza Bolívar de Bogotá durante las celebraciones del Orgullo de la ciudad. Se terminó el 25 de septiembre una campaña de los medios sociales de la fundación con el hashtag “Celebro soy yo” que buscaba dar recursos y seguridad para aquellos que sufren discriminación.
“Esa campaña me da fuerza para continuar, para seguir,” dijo Reyes. “Ese tipo de campaña se ayudan. Ese tipo de campaña llegan al corazón de la gente.”

Alba Reyes participa en una marcha del Orgullo en Bogotá, Colombia, el 1 de julio de 2018. (Foto cortesía de Fundación Sergio Urrego.)
Reyes terminó la entrevista por decir que su hijo sería orgulloso de ella y del trabajo que hace en su nombre.
“Sea un angelito,” ella dijo. “Siempre me acompaña.”
Florida
Fla. Senate passes ‘Anti-Diversity’ bill that could repeal local LGBTQ protections
Bipartisan coalition urges Florida House to reject ‘extremism’ measure
The Florida Senate on March 4 voted 25-11 to approve an “Anti-Diversity in Local Government” bill that critics have called a sweeping and extreme measure that, among other things, could repeal local LGBTQ rights protections.
According to Equality Florida, a statewide LGBTQ advocacy organization, if approved by the Florida House of Representatives and signed by Republican Gov. Ron DeSantis, the bill “would ban, repeal, and defund any local government programming, policy, or activity that provides ‘preferential treatment or special benefits’ or is designed or implemented’ with respect to race, color, sex, ethnicity, sexual orientation, or gender identity.”
In a March 4 statement, Equality Florda added that the bill would also threaten city and county officials with removal from office “for activities vaguely labeled as DEI,” with only limited exceptions.
The Florida House was scheduled to vote on the bill on Monday, March 9, with opponents hopeful that a broad coalition of both Democratic and Republican lawmakers would secure enough votes to defeat the bill.
“Once again, Gov. DeSantis and Florida lawmakers are advancing one of the most sweeping and extreme bills in the country — this time threatening decades of local progress supporting diverse communities, including the LGBTQ community,” said Equality Florida Senior Political Director Joe Saunders. “This legislation is a sledgehammer aimed at cities and counties that recognize and address the diversity of the people they serve,” he said.
Among the LGBTQ organizations that could be adversely impacted by the bill is the highly acclaimed Stonewall National Museum, Archives and Library located in Fort Lauderdale.
Robert Kesten, the Stonewall organization’s president and CEO, told the Washington Blade the organization receives some funding from Broward County, in which Fort Lauderdale is located, and the city of Fort Lauderdale has provided support by purchasing tables at some of the museum’s fundraising events.
“Based on this legislation, hose things would be gone,” he said. “We also are based in a government building. So, we don’t know what potential side effects that could have.” He noted that the building in question is owned by Broward County and leased by Fort Lauderdale, with the bill’s vaguely worded provision making it unclear whether Stonewall would be forced to leave its building.
“It’s unknown, and we’re really in unchartered waters,” he said.
Uganda
Ugandan activist named Charles F. Kettering Foundation fellow
Clare Byarugaba founded PFLAG-Uganda
The Charles F. Kettering Foundation has named a prominent Ugandan LGBTQ activist as one of its 2026 fellows.
Clare Byarugaba, founder of PFLAG-Uganda, is one of the foundation’s five 2026 Global Fellows.
Byarugaba, among other things, has been a vocal critic of Uganda’s Anti-Homosexuality Act. Byarugaba in 2024 met with Pope Francis — who criticized criminalization laws during his papacy — at the Vatican.
The foundation on its website says it “is dedicated to bringing research and people together to make the promise of democracy real for everyone, everywhere.”
“Clare is the kind of hero who rushes toward the emergency to help,” said PFLAG CEO Brian K. Bond in a Feb. 27 statement to the Washington Blade. “She founded PFLAG-Uganda as the country pushed to criminalize homosexuality and those who support LGBTQ+ people. Yet, she never hesitated in her courage, telling us that families wanted to organize to keep their LGBTQ+ loved ones safe, and PFLAG was the way to do it. Clare Byarugaba not only deserves this honor, but she will use her compassion and experience to teach the world about LGBTQ+ advocacy as a Kettering Global Fellow.”
U.S. Capitol Police on Thursday arrested 13 HIV/AIDS activists in the Cannon House Office Building Rotunda.
The activists — members of Housing Works, Health GAP, and the Treatment Action Group — joined former PEPFAR staffers in demanding full funding of the program that President George W. Bush created in 2003. They chanted “AIDS cuts kill, PEPFAR now!” and unfurled banners from the Rotunda’s second floor that read “Trump and (Office of Management and Budget Director Russell) Vought kill people with AIDS worldwide,” “Over 200,000 deaths since January 2025,” and “Hands off PEPFAR” before their arrest.
(Washington Blade video by Michael K. Lavers)
This protest is the latest against the Trump-Vance administration’s HIV/AIDS policies since it took office.
Secretary of State Marco Rubio on Jan. 28, 2025, issued a waiver that allowed PEPFAR and other “life-saving humanitarian assistance” programs to continue to operate during a freeze on nearly all U.S. foreign aid spending. HIV/AIDS service providers around the world with whom the Washington Blade has spoken say PEPFAR cuts and the loss of funding from the U.S. Agency for International Development, which officially closed on July 1, 2025, has severely impacted their work.
The State Department last September announced PEPFAR will distribute lenacapavir in countries with high prevalence rates. Zambia is among the nations in which the breakthrough HIV prevention drug has arrived.
The New York Times last summer reported Vought “apportioned” only $2.9 billion of $6 billion that Congress set aside for PEPFAR for fiscal year 2025. (PEPFAR in the coming fiscal year will use funds allocated in fiscal year 2024.)
Bipartisan opposition in the U.S. Senate prompted the Trump-Vance administration last July withdraw a proposal to cut $400 million from PEPFAR’s budget. Vought on Aug. 29, 2025, said he would use a “pocket rescission” to cancel $4.9 billion for HIV/AIDS prevention and global health programs and other foreign aid assistance initiatives that Congress had already approved.
The White House in January announced an expansion of the global gag rule to ban U.S. foreign aid for groups that promote “gender ideology.” President Ronald Reagan in 1985 implemented the original regulation, also known as the “Mexico City” policy, which bans U.S. foreign aid for groups that support abortion and/or offer abortion-related services. The Council for Global Equality and other groups say the expanded rule will adversely impact HIV prevention efforts around the world.
A press release that Housing Works and Health GAP issued on Thursday notes more than $977 million “in appropriated PEPFAR funding for HIV prevention and treatment was unspent by the end of fiscal year (FY) 2025 — triple amount unspent at the end of FY 2024.”
“Activists predict this backlog will worsen rapidly in FY 2026 unless Congress immediately reasserts its Constitutionally-mandated oversight authority,” notes the press release.
The press release also indicates funding for the Centers for Disease Control and Prevention’s PEPFAR programs “will run out” by April 1 because “only 45 percent of their FY26 funding has been transferred from the State Department.
“Unless funding is transferred immediately, CDC’s global HIV programs across sub-Saharan Africa, Asia and the Caribbean will grind to a halt,” notes the press release.
The activists demanded Trump, Vought, Rubio, and Congress do the following:
- Activists are calling for full obligation of appropriated PEPFAR funds and rejection of growing political interference in global and domestic HIV programs
- Immediately release already-appropriated, unobligated PEPFAR funds
- Break the blackout on PEPFAR data, so Congress and people with HIV know how funding is being spent and can program based on data
- Activists are calling for full obligation of appropriated PEPFAR funds and rejection of growing political interference in global and domestic HIV programs.
“PEPFAR has saved more than 26 million lives and changed the trajectory of an epidemic,” said Housing Works CEO Charles King. “However, the Trump administration’s decision, over the objection of Republicans in Congress, to freeze PEPFAR funding has caused decades of progress to come undone and has been a death sentence for people with HIV relying on life-saving treatment. The U.S. must immediately restore PEPFAR funding and regain our standing in the global fight against HIV.”
King is among the activists who were arrested.
(Washington Blade video by Michael K. Lavers)
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