Connect with us

News

Madre de Sergio Urrego lucha contra el bullying en Colombia

Alba Lucía Reyes Arenas se convirtió en una activista vocal

Published

on

Alba Lucía Reyes Arenas en Bogotá, Colombia, el 24 de septiembre de 2018. Su hijo, Sergio Urrego, se suicidó en 2014 después de ser víctima del bullying homofóbico por parte de la administración de su colegio en la capital colombiana. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)

BOGOTÁ, Colombia — Alba Lucía Reyes Arenas está bien orgullosa cuando habla de su hijo, Sergio Urrego.

Ella dijo al Washington Blade el 24 de septiembre durante una entrevista en la capital colombiana de Bogotá que le gustaba la opera desde era “bien joven” y leyó su primer libro, “Historias sin fin,” cuando tenía seis años. Reyes dijo que su hijo era ateo y le gustaba el arte y las políticas.

Urrego también era miembro de un grupo de estudiantes anarquistas.

“Tengo muchas cosas que contarte,” dijo Reyes. “Para todas las mamás, nuestros hijos son muy especiales, pero Sergio si es desde era una personita si se interesaba por las cosas que son eran más de su edad.”

Urrego tenía 16 años cuando se suicidó el 4 de agosto de 2014.

Administradores y un psicólogo al colegio católico de Urrego en Bogotá lo atacaron después de que un maestro vio una foto de él besando a su novio en su móvil.

Los padres del novio de Urrego le acusaron de abusar sexualmente a su hijo. Urrego debía haber comenzado a asistir otro colegio el día después de su suicidio.

La muerte del hijo ‘fue algo angustiaste’

Reyes estaba en la ciudad colombiana de Cali cuando supo por primera vez que algo andaba mal con su hijo.

Ella regresó a Bogotá y llegó a su hogar alrededor de las 9:30 p.m. Reyes dijo entre lágrimas que la primera cosa que encontró era una nota con “letra muy grande” de su hijo.

Reyes dijo que al principio pensó que se lo había dejado a su madre, pero fue por ella. Reyes dijo al Blade que su hijo escribió, “Yo no podía ir al colegio porque se me presento un problema.”

“Cuando yo vi esta nota, yo dije algo pasó,” ella dijo.

Reyes dijo que luego fue al dormitorio de su hijo y encontró libros en su cama y una nota que le pedía que se los diera a sus mejores amigos. Reyes también encontró otras notas que su hijo había escrito antes de su suicidio.

“Fue algo angustiaste,” ella dijo. “Fue doloroso.”

Ley colombiana ahora prohíbe discriminación homofóbica en escuelas

La muerte de Urrego provocó indignación entre los activistas LGBTI en Colombia.

Reyes el 11 de septiembre de 2014 presentó una tutela contra del colegio de Urrego.

Un tribunal en Bogotá, unas semanas después, falló que Urrego había sido víctima de discriminación, pero Reyes no recibió ningún daño y el fallo no ordenó al Ministerio de Educación de Colombia que revisará las políticas del colegio.

Reyes apeló el fallo ante el Consejo de Estado, que considera las apelaciones de los tribunales administrativos. El entonces Procurador Alejandro Ordóñez — un oponente vocal de los derechos LGBTI que el presidente Iván Duque el pasado mes nombró como el nuevo embajador colombiana ante la Organización de Estados Unidos — falló en contra de Reyes basándose en que las escuelas tenían el derecho de prohibir “los besos y los abrazos.”

La rectora del colegio, Amanda Azucena Castillo, renunció el 10 de octubre de 2014. La Corte Constitucional de Colombia el 21 de agosto de 2015 revocó la decisión del Consejo de Estado y falló a favor de Reyes el 11 de diciembre de 2015.

Escuelas en Colombia no pueden discriminar en contra de sus estudiantes por razón de su orientación sexual. Una enmienda a la ley de no discriminación que incluye el nombre de Urrego también requiere que las escuelas colombianas actualicen sus políticas para garantizar que no sean discriminatorias contra la comunidad LGBTI.

‘Siempre me acompaña’

Reyes desde la muerte de su hijo se ha convertido en una activista vocal contra el bullying.

Ella estaba entre los 31 activistas LGBTI desde todo el mundo que asistió una cumbre del Human Rights Campaign que se realizó en Washington en abril.

Reyes en mayo viajó a Cuba para participar en eventos del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que fueron organizados por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Mariela Castro, la directora del CENESEX que es la hija del expresidente cubano Raúl Castro, invitó a Reyes de participar en un taller a la sede del CENESEX en La Habana.

Reyes este año lanzó oficialmente la Fundación Sergio Urrego, que busca poner el fin a la discriminación en las escuelas colombianas y evitar el suicidio entre ellos que sufren la discriminación.

El dijo al Blade que el suicidio es la segunda causa de muerte en “nuestros jóvenes.” Reyes también notó estadísticas que indican 192 personas entre las edades de 15 y 24 en Bogotá se suicidaron este año.

“Es algo que aquí no se toca,” ella dijo. “No hay una institución que se brindando atención inmediatamente a los niños que están en crisis.”

La fundación ha respondido a casi 70 casos. También tiene talleres para niños y padres en empresas y en otros lugares por el país.

“Mi propósito es evitar que casos como los de Sergio de se sucede,” dijo Reyes.

Reyes en julio habló a un concierto en la Plaza Bolívar de Bogotá durante las celebraciones del Orgullo de la ciudad. Se terminó el 25 de septiembre una campaña de los medios sociales de la fundación con el hashtag “Celebro soy yo” que buscaba dar recursos y seguridad para aquellos que sufren discriminación.

“Esa campaña me da fuerza para continuar, para seguir,” dijo Reyes. “Ese tipo de campaña se ayudan. Ese tipo de campaña llegan al corazón de la gente.”

Alba Reyes participa en una marcha del Orgullo en Bogotá, Colombia, el 1 de julio de 2018. (Foto cortesía de Fundación Sergio Urrego.)

Reyes terminó la entrevista por decir que su hijo sería orgulloso de ella y del trabajo que hace en su nombre.

“Sea un angelito,” ella dijo. “Siempre me acompaña.”

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Federal Government

Republicans attach five anti-LGBTQ riders to State Department funding bill

Spending package would restrict Pride flags on federal buildings, trans healthcare, LGBTQ envoys

Published

on

(Washington Blade photo by Michael Key)

As Congress finalizes its funding for fiscal year 2027, Republicans are attempting to include five anti-LGBTQ riders in the National Security and Department of State Appropriations Act.

A rider is an unrelated provision tacked onto a bill that must pass — in this instance, the bill provides funding for national security policy and for the State Department.

The riders range from restricting Pride flags in federal buildings to banning transgender healthcare, but all aim to limit the visibility and rights of LGBTQ Americans.

The five riders are:

Section 7067(a) prohibits Pride flags from being flown over federal buildings.

Section 7067(c) restricts the United States’ ability to appoint special envoys, representatives, or coordinators unless expressly authorized by Congress. These roles have historically been used to promote U.S. interests in international forums — including advancing human and LGBTQ and intersex rights and other policy priorities. The change would halt what the Congressional Equality Caucus describes as providing “critical expertise to U.S. foreign policy and leadership abroad.”

Section 7067(d) reinforces multiple anti-equality executive orders signed by President Donald Trump, effectively requiring that foreign assistance funded by the United States comply with those orders. This includes rescinding federal contractor nondiscrimination protections, including for LGBTQ people.

Section 7067(e) prohibits funding for any organization that provides or promotes medically necessary healthcare for trans people or “promotes transgenderism” — effectively banning funds for organizations that recognize trans people exist. This is despite the practice of gender-affirming care being supported by nearly every major medical association.

Section 7067(g) reinforces two global gag rules put forward by the Trump-Vance administration. One is the Trans Global Gag Rule, which prohibits foreign assistance funding for organizations that acknowledge the existence of trans people or advocate for nondiscrimination protections for them, among other activities. The second is the DEI Global Gag Rule, which prohibits foreign assistance funding for organizations that engage in efforts to address the ongoing effects of racism, sexism, and other forms of bigotry outside the United States.

The global gag rule has its roots in anti-abortion policy introduced by President Ronald Reagan in 1984, when the 40th president barred foreign organizations receiving U.S. global health assistance from providing information, referrals, or services for legal abortion, or from advocating for access to abortion services in their own countries. Planned Parenthood notes that the policy also affects programs beyond abortion, including efforts to expand access to contraception, prevent and treat HIV/AIDS, combat malaria, and improve maternal and child health.

If organizations funded by the State Department engage in these activities, they could lose funding.

This anti-LGBTQ push aligns with broader actions from the Trump-Vance administration since the start of Trump’s second term, which have focused on restricting human rights — particularly those of trans Americans.

The House Appropriations Committee is responsible for drafting the appropriations legislation. U.S. Rep. Tom Cole (R-Okla.) serves as chair, with U.S. Rep. Rosa DeLauro (D-Conn.) as ranking member. The committee includes 34 Republicans and 27 Democrats.

For FY27 appropriations, Congress is supposed to pass and have the president sign the funding bills by Sept. 30, 2026.

Continue Reading

Noticias en Español

The university that refuses to let go

Joanna Cifredo is a trans woman participating in University of Puerto Rico strike

Published

on

Joanna Cifredo outside the University of Puerto Rico campus in Mayagüez, Puerto Rico. (Washington Blade photo by Ignacio Estrada Cepero)

Over the past days, I have been walking with a question that refuses to leave me. Not the kind of question you answer from a desk or from a distance, but one that grows out of what you witness in real time, at the gates, in the faces of those who remain there without knowing how any of this will end. What is truly happening inside the University of Puerto Rico, and why have so many students decided to risk everything at a moment when they can least afford to lose anything.

I write as someone who lives just steps away from the Río Piedras campus. These days, the silence has replaced the constant movement that once defined this space. The absence is felt in every corner where students used to pass at all hours. Since arriving in Puerto Rico three years ago, I have come to know firsthand stories that rarely make it into reports or official statements. One of the reasons I chose to stay was precisely this, to serve the university community, to help create a space where students could find something as basic as a safe meal at night and, in some way, ease burdens that are often carried in silence.

I have listened, asked questions, and tried to understand without imposing answers. What I have found is not a collective outburst or a generational whim. What exists is a fracture, a deep break between those making decisions and those living with their consequences every single day.

There has been an effort to reduce this strike to an issue of order, scheduling, or academic disruption. Conversations revolve around missed classes, delayed semesters, and students supposedly unaware of the consequences of their actions. What is rarely addressed are the conditions that lead an entire student body to pause its own future to sustain a protest that offers no guarantees.

Because that is the reality. These are students who fully understand what they are risking, and yet they remain. When someone reaches that point, the least they deserve is not judgment, but to be heard.

From the outside, there have also been attempts to discredit what is happening. Familiar narratives are repeated, legitimacy is questioned, and doubt is cast over intentions. It is easier to do that than to acknowledge that this did not begin at the gates, but long before, in decisions made without building trust.

And something must be said clearly. This is not limited to the gates of Río Piedras. What we are witnessing extends across every unit of the University of Puerto Rico system. Mayagüez, Ponce, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao, Carolina, Aguadilla, Utuado, and the Medical Sciences Campus. This is not an isolated reaction. It is a movement that runs through the entire institution. Río Piedras may be more visible, but it is not alone. What is happening there reflects a broader unrest felt across the system.

Within that context, one demand has grown increasingly present, the call for the resignation of University of Puerto Rico President Zayira Jordán Conde. This is not the voice of a small group. It reflects a deeper level of mistrust that has spread across multiple campuses.

The Puerto Rican Association of University Professors has also made it clear that this is not solely a student issue. There is real concern among faculty, and a shared recognition of the conditions currently shaping the university. When students and professors arrive at the same conclusion, the problem can no longer be minimized.

Meanwhile, the administration continues to speak in the language of dialogue. But dialogue is not a word, it is a practice. And when trust has been broken, it cannot be restored through statements alone, but through decisions that prove a willingness to truly listen.

In the midst of all of this, there are voices that cannot be ignored. Voices grounded not in theory, but in lived experience. One of them is Joanna Cifredo, a student at the Mayagüez campus, a young Puerto Rican trans woman, and someone widely recognized for her advocacy.

I spoke with her in recent days. What follows is her voice, exactly as it is.

How would you describe what is happening inside the University of Puerto Rico right now, beyond what people see from the outside?

Estamos viviendo momentos muy difíciles, en el sentido de que hay mucha incertidumbre y una presión constante por parte de la administración para reabrir el recinto, pero, entre todo el caos e inestabilidad provocado por las decisiones de esta administración, también hemos vivido momentos muy poderosos. Esta lucha ha sacado lo mejor de nuestra comunidad.

Lo vimos en las asambleas y plenos, donde 1,500, 1,700, hasta 1,800 estudiantes llegaron —bajo lluvia, bajo advertencias de inundaciones— y aun así se quedaron, participaron y votaron a favor de una manifestación indefinida hasta que se atiendan nuestros reclamos.

He conocido a tantas personas en los diferentes portones, estudiantes graduados, aletas, estudiantes de intercambio, estudiantes de todo tipo de concentraciones y se unieron para apoyar el movimiento estudiantil. Estudiantes que vienen a los portones después del trabajo o antes de trabajar. Estudiantes que vienen a dejar agua y suministros entre turnos de trabajo. Viejitos que vienen a los portones con desayuno, almuerzo o cena.

Más allá de lo que se ve desde afuera, lo que estamos viviendo es una mezcla de tensión y resistencia, pero también de comunidad, solidaridad y compromiso colectivo.

Much of what is discussed remains at the level of headlines or social media. From your direct experience, what specific decisions or actions from the administration have led to this level of mobilization?

Desde el inicio, la designación de la Dra. Zayira Jordán Conde careció de respaldo dentro de la comunidad universitaria. No contaba con experiencia administrativa en la UPR ni con un conocimiento básico de nuestros procesos, cultura y reglamentos. Por eso, en asamblea, el estudiantado votó para solicitarle a la Junta de Gobierno que no considerara su candidatura, y múltiples organizaciones docentes hicieron lo mismo. Existía un consenso amplio de que no tenía la experiencia necesaria para liderar una institución como la nuestra.

A pesar de ese rechazo claro, la Junta de Gobierno decidió ignorar los reclamos de la comunidad universitaria e imponer su nombramiento.

Una vez en el cargo, su estilo de gobernanza ha sido poco transparente y poco colaborativo. Sin embargo, el detonante principal de la movilización en el Recinto Universitario de Mayagüez fue su decisión de destituir, de manera unilateral y en medio del semestre, a cinco rectores, incluyendo al nuestro, el Dr. Agustín Rullán Toro, para reemplazarlo por un rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz.

Esta acción, tomada de forma abrupta, provocó de inmediato un clima de caos e inestabilidad dentro de la institución. Y deja una pregunta inevitable: ¿no anticipó el impacto de esa decisión, lo que evidenciaría una falta de experiencia? ¿O lo anticipó y aun así decidió proceder? No está claro cuál de las dos es más preocupante.

Además, esta decisión tuvo consecuencias concretas para el estudiantado, incluyendo el retiro de becas educativas para nuevos integrantes del RUM por parte de la Fundación Ceiba, que calificó la movida como “sorprendente” y “preocupante”. Decisiones impulsivas como la que tomó la presidenta ponen en peligro la estabilidad de nuestra institución y la acreditación de la universidad.

As a trans woman within this movement, how does your identity intersect with what is happening, and why does this also shape the future of people like you?

Soy una de varias chicas trans que formamos parte activa de este movimiento estudiantil.

For those outside the UPR who believe this does not affect them, what are the real consequences of this crisis?

La Universidad de Puerto Rico se fundó para servir al pueblo.

It is impossible to overstate the role the University of Puerto Rico and its students have played in shaping the social, cultural, and economic life of this country. Its impact extends into science, medicine, and every profession that has sustained Puerto Rico over time. No other educational institution has contributed more.

After listening to her, one thing becomes undeniable. This is not just another protest, but a generation refusing to let go of what little remains within its reach. And when a generation reaches that point, the issue is no longer the strike, the issue becomes the country itself.

Continue Reading

District of Columbia

Judge issues revised order in Capital Pride stalking case

Defendant Darren Pasha agreed to accept less restrictive directive

Published

on

Darren Pasha (Washington Blade photo by Lou Chibbaro, Jr.)

A D.C. Superior Court judge on April 30 reinstated an anti-stalking order requested by the Capital Pride Alliance against local gay activist Darren Pasha based on allegations that Pasha engaged in a year-long effort to harass, intimidate, and stalk the organization’s staff, board members, and volunteers.

The reinstated order by Judge Robert D. Okun followed an April 17 court hearing in which he rescinded a similar order he initially approved in February on grounds that more evidence was needed to substantiate the need for the order.   

At the time he rescinded the earlier order he scheduled an evidentiary hearing for April 29 at which three Capital Pride staff members testified in support of the anti-stalking order. But Okun discontinued the hearing after Pasha, who was representing himself without an attorney, announced he was willing to accept a revised, less restrictive temporary restraining order.

The judge said Pasha’s decision to accept a restraining order made it no longer necessary to continue the evidentiary hearing. He then asked Capital Pride and Pasha to submit their suggested revisions for the order which they submitted a short time later.

The case began when Capital Pride Alliance, the D.C.-based LGBTQ group that organizes the city’s annual Pride events, filed a civil complaint on Oct. 27, 2025, against Pasha, accusing him of engaging in a year-long effort to harass, intimidate, and stalk Capital Pride staff, board members, and volunteers. It includes a 167-page addendum of “supporting exhibits” that includes multiple statements by unidentified witnesses.

Pasha, who has represented himself without an attorney, has argued in multiple court filings and motions that the stalking allegations are untrue. In his initial court response to the complaint, he said it appears to be a form of retaliation against him for a dispute he has had with Capital Pride and its former board president, Ashley Smith, who has since resigned from the board.

Similar to his earlier anti-stalking order against Pasha, Okun’s reissued order on April 30 states, a “Temporary Anti-Stalking Order is GRANTED, effective immediately and remaining in effect until further order of the Court or final disposition of this matter.”

It adds, “The defendant shall not contact, attempt to contact, harass, threaten, or otherwise communicate with any protected person, directly or indirectly, including through third parties, social media, electronic communication, or any other means.”

Unlike the earlier order, which did not identify the “protected persons” by name, the latest order includes a list of 34 people, 13 of whom are Capital Pride staff members or volunteers, including CEO Ryan Bos and Chief Operating Officer June Crenshaw. The other 21 people listed are identified as Capital Pride board members, including board chair Anna Jinkerson.

Possibly because Pasha addressed this in his suggested version of the order, the judge’s revised order says Pasha is allowed to visit the D.C. LGBTQ+ Community Center, where the Capital Pride office is located, if he gives the community center a 24 hour advance notice that he will be visiting the center, which hosts many events unrelated to Capital Pride. The earlier order required him to stay at least 100 feet away from the Capital Pride office.

The new order also prohibits Pasha from attending 21 named events that Capital Pride Alliance either organizes itself or with partner organizations that were scheduled to take place from April 30 through June 21. The order says he is allowed to attend the two largest events, the June 20 Pride Parade and the June 21 Pride Festival and Concert, in which 500,000 or more people are expected to attend.

It says Pasha is also allowed to attend the June 15 Pride At The Pier event organized by the Washington Blade.

But for those three events the order says he is restricted from entering “ticketed and controlled access areas.”

At the April 29 court hearing, Okun also scheduled a mandatory remote mediation session for July 23, in which efforts would be made to resolve the civil complaint case brought by Capital Pride without going to trial. 

Continue Reading

Popular