News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre


SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
District of Columbia
Sinners and Saints bar vandalized in suspected anti-LGBTQ hate crime
Blade spoke with General Manager Blair Nixon after incident

On Thursday, shattered glass, broken doors, and homophobic slurs were discovered in the entryway of Adams Morgan queer bar Sinners and Saints (2309 18th St. N.W.) Images of the destruction were posted to the bar’s Instagram, and news of the break-in began to spread.
The Washington Blade sat down with one of the co-partners and general manager of Sinners and Saints, Blair Nixon, to discuss the break-in and the overwhelming response from the LGBTQ community.
“Our door was broken-so the glass was shattered,” Nixon told the Blade when describing the damage done to the space. “They wrote a slur on our wall, and unfortunately-we’re not sure to the extent that it was, but there’s a bunch of inventory missing from our liquor closet. It does seem like it was targeted because of what they wrote on the wall.”
Nixon, who has been with Washington’s only QTBIPOC (queer, trans, Black, Indigenous, and people of color) bar since its opening last August, explained that upon learning of the break-in, fear was his first reaction.
“It was really scary,” Nixon said. “To know that somebody was in our space, vandalizing it-it was very scary and honestly, devastating.”
He went on to say that if it weren’t for the restaurant above Sinners and Saints, La Grotta, they wouldn’t have known until hours later.
“We found out because of the restaurant upstairs that we’re partnered with,” he said. “The electricity to the entire building was turned off-including apartments and the restaurant above us. Whoever broke in went into the closet that’s outside of the building and turned the electricity off to the entire building. When the restaurant owners got there, they tried to figure out why there wasn’t any electricity. They went downstairs and saw the shattered glass, the door broken, and the slur on the wall.”
Once Sinners and Saints staff arrived to survey the damage, they posted the images to their Instagram and called the Metropolitan Police Department. Nixon was grateful for both MPD and the Mayor’s Office of LGBTQ Affairs’s quick reaction.
“We were really happy with the response,” Nixon said. “The mayor’s office reached out relatively quickly, and I had a conversation with them, and the police came shortly afterwards, and they did a really good job. So we’re very appreciative of the response. They took a statement, they looked at the damage, took photos of everything, and made a report.”
“They actually sent, like, the entire department,” he added. “There were multiple police officers, multiple detectives, and the LGBTQ liaison came a little bit later. In general, I just really appreciated the response overall.”
The Blade obtained a copy of the filed police report, which described the break-in as a felony-more specifically, MPD considered it a second-degree burglary. MPD’s report also classified the break-in and subsequent graffiti as having “a hate bias or motivation” against sexual minorities who own and frequent the bar.

Unfortunately, there were no cameras on the premises at the time of the break-in, which MPD estimates happened sometime between 2-6 p.m., but Sinners and Saints were able to obtain footage from nearby businesses.
“We did have some camera footage from the hostel next door, and we submitted that to law enforcement,” he said. “We’re just going to let them do their investigation, and I don’t want to make any suppositions about what might have happened.”
When asked what he believed motivated the assailant(s), Nixon didn’t offer a definitive answer. He suggested it was likely someone hostile to LGBTQ businesses in Washington but assured the Blade that Sinners and Saints would not back down-and that the LGBTQ community stands firmly behind them.
“I don’t want to make any statements about what we think happened. We’re going to let the police do their job. But, as the only QTBIPOC bar in D.C., I think it’s important to note that we’re still here. We’re not going to close. We appreciate the support of our community, and I think that overall, it’s really important that we’re a safe space for the underserved and marginalized communities in D.C. Given that D.C. has, you know, one of the largest queer populations-but there aren’t very many spaces for the communities that we serve-we’re very proud to serve those communities. And we aren’t going to stop.”
Nixon had one critique for MPD, but was overall with their quick response.
“We hope that law enforcement would have a greater presence in Adams Morgan,” he said. “I think that, especially from talking to other establishment owners and bar owners, there’s definitely been some increased issues in Adams Morgan, and we hope that that doesn’t continue. We talked to the Mayor’s Office about it and to the police when they came-to have a greater presence in Adams Morgan.”
Since its opening, Nixon said the support from the QTBIPOC and broader LGBTQ community felt strong-but now, after the break-in, that connection has only grown stronger.
“We opened in August of last year, and we think that D.C. in general has really responded to our mission, and the community has really shown up for us-just like the same way that we’ve shown up for them.”
That community support for Sinners and Saints, Nixon said, extends past the diverse group of QTBIPOC people buying shots and tipping 20 percent nightly. Some of the city’s LGBTQ organizations showed up, offering to help. One of those community members who reached out owns a popular gay bar just up 18th Street.
“The response has been really strong, and we definitely appreciate the support. A few of the other LGBT bar owners in Adams Morgan actually stopped by in person. We really appreciated that Dave Perruzza from Pitchers came by, and just in general that the community has been rallying around us.”
On Thursday night, Sinners and Saints opened as planned and hosted their “Sapphic Sailor Moon” party. Despite the break-in, the LGBTQ community came out to support them.
“I was working-actually bartending,” Nixon said. “I wasn’t originally supposed to be working, but I thought it was important for all the partners to be there. So everyone that’s involved in Sinners and Saints’ leadership team came out. Obviously, we were dealing with the incident, but being there the entire night, we thought that the response from the community was really strong. We wanted to make sure that we posted on social media the fact that we were still open, because a lot of people were contacting us and asking if we were going to be continuing on, if we were going to close. We thought it was really important to make sure that we were there and still open and still available.”

That community, Nixon said, includes members of the LGBTQ population who are often overlooked-which makes the attack on a space intentionally dedicated to them-particularly trans people and people of color-even more painful.
“I think that DC in general, as one of the cities with the biggest queer populations, has adopted the LGBT community in general-and it’s great. However, the adoption of people of color and the overall QTBIPOC community, you know, our trans community, hasn’t been the same. It’s super important to us to make sure that that community is protected and that there are safe spaces for them, and that’s what our core mission is. We never want that to stop. The most important thing is that the safe space for those marginalized and underrepresented communities continues. And I would hope that the acceptance of the community that we serve continues-and is just as important as the acceptance of the LGBT community as a whole.”
If you have any information about the break in, please contact MPD at (202) 727-9099. Sinners and Saints has set up a GoFundMe page for repairs. It can be accessed here.
India
Indian Supreme Court orders government to reconsider trans blood donor policy
Transgender people, MSM ineligible to donate under 2017 guidelines

The Indian Supreme Court on May 14 ordered the central government to consult experts and address policies that label transgender people as “high-risk” blood donors, a designation rooted in assumptions rather than scientific evidence.
“Are we going to brand all transgender individuals as risky and stigmatize them?” said Justices Surya Kant and Nongmeikapam Kotiswar Singh. “You cannot say that all transgender individuals are indulging in sexual activity.”
These restrictions stem from guidelines that the National Blood Transfusion Services, under India’s Health and Family Welfare Ministry, issued on Oct. 11, 2017. The regulations categorize trans people, men who have sex with men, female sex workers, IV drug users, and those with multiple sexual partners as ineligible to donate blood due to presumed risks of HIV, Hepatitis B or C, and require clearance by a medical officer.
The justices considered a petition that contested the constitutional validity of Sections 12 and 51 of the guidelines.
Solicitor General Aishwarya Bhati, representing the central government, stated the rules, which the National Blood Transfusion Council’s panel of medical experts crafted, aimed to prioritize public health and safety without intending to stigmatize any group. The justices during the hearing noted barring trans people from donating blood reinforces their social exclusion, questioning whether these restrictions deepen existing societal biases.
“Just think of something that such feeling does not come, and health standards are not compromised,” they said, granting the government time to address these concerns while maintaining medical safety.
The justices further observed that evolving times and emerging medical technologies offer solutions to screen blood donations for infections without excluding entire groups, allowing broader participation in civic programs.
Bhati said she would relay the court’s recommendations to medical experts for consideration. She explained that donated blood goes directly to blood banks, critical for thalassemia patients and other vulnerable groups who depend entirely on these supplies for their survival.
“As a group, transgenders are considered a high-risk group the world over, with certain exceptions,”Bhati told the justices. “There is a period within which infection has to be identified, and the risk window has to be carefully considered. Nobody can claim to have a fundamental right to donate blood. These guidelines must be seen from the perspective of public health as the idea is not to stigmatize anyone.”
The Washington Blade on Aug. 28, 2024, reported Shariff D. Rangnekar, a gay man from Delhi and director of the Rainbow Literature Festival, challenged the constitutionality of India’s blood donor rules, which bar trans people, MSM, female sex workers, and others from donating blood due to presumed health risks.
The Supreme Court on July 30, 2024, agreed to hear Rangnekar’s petition that Ibad Mushtaq filed and lawyer Rohin Bhatt wrote. It questions the policy’s reliance on outdated stereotypes from the 1980s. Rangnekar notes the U.S., the U.K., Canada, and Israel are among the countries that have updated their blood donor policies. He urged India to adopt individualized risk assessments.
South Asian countries have varying blood donation policies for trans people and gay men, with some avoiding blanket bans and others enforcing them.
Equaldex notes Nepal allows MSM to donate blood without specific restrictions based on sexual orientation or gender identity, suggesting trans people and gay men face no categorical bans. Bangladesh also lacks a specific ban on such donors, although its policies remain ambiguous due to limited documentation.
Pakistan, Sri Lanka, and Malaysia ban MSM and trans people from donating blood, categorizing them as high-risk groups for HIV and other infections.
“It is not just LGBTQIA+ people whose blood can test positive for infections, it could be anybody. All blood that is transfused needs to be tested before transfusion,” said Harish Iyer, a prominent LGBTQ activist in India. “If that is not happening, we have much reason to worry. There is no test on fidelity, regardless of the sex, gender, or sexual orientation. There are open marriages and clandestine affairs that happen in every sexuality. The solution is to speak of safe sex practices and not to take anyone’s word and to test every packet of blood before transfusion.”
Iyer told the Blade that branding and banishing minorities by stereotyping them is an underlying cause of hate crimes. He highlighted that MSM and trans people for years have been seen as simply vectors of HIV, and not as people who lead happy, fulfilling lives. Iyer added the blood donor ban further accentuates this divide and further marginalizes the community.
Iyer said the government should enhance public awareness campaigns around safer sex practices and ensure that all blood undergoes rigorous testing before transfusion. Ankit Bhupatani, a global DEI leader and LGBTQ activist, told the Blade the justices’ directive represents a long-overdue recognition that India’s blood donation guidelines require scientific scrutiny rather than perpetuating stigma.
“By asking the government to seek expert opinion, the bench has opened a path toward evidence-based policy reform. The bench’s observation that labeling all transgender persons as ‘risky’ is troubling, shows judicial wisdom in identifying how these guidelines institutionalize prejudice,” said Bhupatani. “This intervention creates an opportunity to align our healthcare policies with constitutional values of equality and dignity while maintaining necessary medical safeguards.”
He said the 2017 guidelines are a form of structural discrimination.
“Such policies do not merely restrict access to a civic activity; they codify stigma into our healthcare system and reinforce harmful stereotypes about LGBT individuals,” said Bhupatani. “The international trend has indeed moved toward individual risk assessment rather than categorical exclusions. India’s policy remains anachronistic in its approach.”
“The government absolutely should implement individualized medical screening based on specific behaviors rather than identity,” he added. “The current policy creates the paradoxical situation where a heterosexual person engaging in high-risk behaviors faces less scrutiny than a transgender person in a monogamous relationship. The selective application of supposed ‘public health concerns’ reveals that these guidelines are more informed by social prejudice than medical evidence. Rigorous individual screening would better protect our blood supply while eliminating discriminatory practices.”
District of Columbia
Adams Morgan queer bar broken into and vandalized
Sinners and Saints targeted Thursday night

On Thursday night, Sinners and Saints, a popular queer bar in Adams Morgan and the only QTBIPOC (queer, trans, Black, Indigenous and people of color) bar in D.C., was broken into and vandalized with homophobic slurs, according to a recent Instagram post from the establishment.

“Last night, our bar — the only QTBIPOC bar in DC — was broken into and hate-crimed during DC Black Pride, a time meant for celebration, resilience, and joy — and on the eve of WorldPride 2025. We are heartbroken, but we are not broken,” the post read.
The statement was accompanied by a slideshow showing the damage: the front iron gate door and its glass counterpart shattered, glass strewn across the floor, and the word “FAGGOT” scrawled in black ink on the wall.
“This space exists to protect and celebrate queer and trans BIPOC communities, and this attack only strengthens our resolve,” the post continued. “We will NOT be silenced. We will NOT be intimidated. We will NOT back down.”
“To those who tried to harm us: hate fuels our defiance. To our community: we see you, we love you, and we will continue fighting for you. Sinners and Saints is resistance. We will rebuild. We will STAY OPEN. And we will keep our doors — and hearts — wide open for all who need refuge.”
They ended the message with a call to action: “Stand with us. Share this. Show up. We keep us safe.”
“What happened was truly disheartening, but we won’t be silenced,” co-owner Fazeel Ashraf told the Washington Blade. “QTBIPOC spaces are so important in this current political climate. I’d love to do a phone interview with one of my fellow partners.”
Despite the heartbreak surrounding the break-in and what Ashraf described as “a hate crime,” the LGBTQ community quickly rallied in the comments, offering support and assistance.
“Please let us know how we can help!” wrote Nik Battaglia. “I’m a handy queer with handy queer friends — I can fix shit, paint shit, and am happy to stand guard outside.”
Even national figures chimed in.
“RuPaul’s Drag Race” star Laganja Estranja commented, “Incredible response! I believe in you. Sending so much love and strength.”
The Blade reached out to the Metropolitan Police Department regarding the break-in but has not received a response.
To view the damage, and some of the LGBTQ community’s supportive statements, visit the Sinners and Saints’s Instagram page.
-
a&e features2 days ago
Looking back at 50 years of Pride in D.C
-
Maryland3 days ago
Wes Moore signs HIV decriminalization bill
-
District of Columbia3 days ago
D.C. Black Pride 2025: Events, parties, and empowerment
-
Congress4 days ago
Marjorie Taylor Greene’s bill to criminalize gender affirming care advances