News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre


SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
Spain
Spanish women detail abuses suffered in Franco-era institutions
Barcelona-based photographer Luca Gaetano Pira created ‘Las Descarriadas’ exhibit

A Barcelona-based photographer, audiovisual artist, and activist has created an exhibit that profiles Spanish women who suffered abuse in institutions that Gen. Francisco Franco’s dictatorship established.
Luca Gaetano Pira, who is originally from Italy, spoke with women who the regime, which governed Spain from 1936-1975, sent to Women’s Protection Board institutions.
The regime in 1941 created the board the country’s Justice Ministry oversaw.
Franco named his wife, Carmen Polo, as the board’s honorary president. Then-Prime Minister Felipe González fully dissolved the board in 1985, a decade after Franco’s death.
Gaetano’s exhibit is called “Las Descarriadas” or “The Misguided Women” in English.
“These are women who were detained between 1941 and 1985 for reasons that are unthinkable today: being lesbian, poor, pregnant out of wedlock, rebellious, politically active … or simply considered ‘morally suspect,'” Gaetano noted to the Washington Blade.
Groups affiliated with the Spanish Catholic Church ran these institutions. Gaetano pointed out they were “presented as social assistance centers.”
“In reality, they were spaces of punishment and forced reeducation, where isolation, unpaid work, and psychological violence were the norm,” he said. “Many of the survivors are still alive. Their testimonies are powerful, urgent, and of extraordinary current relevance.”
The regime sent more than 40,000 women to Women’s Protection Board institutions.
“Despite its seemingly benevolent name, it was in fact one of the most powerful instruments of moral and social control over women during and after the dictatorship,” notes the exhibit. “Under the guise of care and re-education, this institution functioned as a repressive apparatus that punished women who deviated from the ideal feminine model imposed by Franco’s regime: submissive, obedient, married, and dedicated to motherhood within the Catholic family structure.”
The Spanish Catholic Church last month issued a public apology, but Gaetano described it as “very soft” and noted “the women did not accept it.” Gaetano also compared the Women’s Protection Board institutions to Ireland’s Magdalene Laundries.
The Associated Press notes tens of thousands of “fallen” women were sent to the laundries that Catholic nuns operated in Ireland from the 18th century until the mid-1990s. Then-Irish Prime Minister Edna Kenny in 2013 issued a formal apology for the abuses that women suffered in the laundries and announced the government would compensate them.
The Spanish government has yet to offer compensation to the women abused in Women’s Protection Board institutions.
“My work focuses on recovering the historical memory of marginalized communities, particularly through the portrayal of survivors of institutional violence and the use of archival materials,” Gaetano told the Blade, noting he has also sought to highlight the repression that LGBTQ people suffered during dictatorships in Portugal and Latin America.
Gaetano’s exhibit can be found here:
District of Columbia
Gay GOP group hosts Ernst, 3 House members — all of whom oppose Equality Act
Log Cabin, congressional guest speakers mum on June 25 event

U.S. Sen. Joni Ernst (R-Iowa) and three women Republican members of the U.S. House appeared as guest speakers at the June 25 meeting of Log Cabin Republicans of D.C., the local chapter of the national LGBTQ Republican group with that same name.
The U.S. House members who joined Ernst as guest speakers at the Log Cabin meeting were Celeste Maloy (R-Utah), Kat Cammack (R-Fla.), and Julia Letlow (R-La.).
Neither D.C. Log Cabin Republicans President Andrew Minik nor spokespersons for Ernst or the three congresswomen immediately responded to a request by the Washington Blade for comment on the GOP lawmakers’ appearance at an LGBTQ GOP group’s meeting.
“Please join us for an inspiring evening as we celebrate and recognize the bold leadership and accomplishments of Republican women in Congress,” a D.C Log Cabin announcement sent to its members states.
“This month’s meeting will highlight the efforts of the Republican Women’s Caucus and explore key issues such as the Protection of Women and Girls In Sports Act and the broader fight to preserve women’s spaces in society,” the message says.
It was referring to legislation pending in Congress calling for banning transgender women from participating in women’s sports events.
According to media reports, Ernst and the three congresswomen have expressed opposition to the Equality Act, the longstanding bill pending in Congress calling for prohibiting discrimination based on sexual orientation and gender identity in the areas of employment, housing, and public accommodations.
The Log Cabin announcement says the meeting was scheduled to take place at the Royal Sands Social Club, which is a restaurant and bar at 26 N St., S.E. in the city’s Navy Yard area.
D.C. Log Cabin member Stuart West, who attended the meeting, confirmed that Ernst and the three congresswomen showed up and spoke at the event.
“It was a good turnout,” he said. “I would definitely say probably 30 or 40 people attended.” West added, “Four women came to talk to a group of mostly gay men. That’s something you don’t see very often.”
District of Columbia
D.C. police seek public’s help in July 5 murder of trans woman
Relative disputes initial decision not to list case as hate crime

D.C. police are seeking help from the public in their investigation into the murder of a transgender woman who they say was shot to death at about 12:30 a.m. on Saturday, July 5, on the 2000 block of Benning Road, N.E.
But the police announcement of the fatal shooting and a police report obtained by the Washington Blade do not identify the victim, 28-year-old Daquane ‘Dream’ Johnson of Northeast D.C., as transgender. And the police report says the shooting is not currently listed as a suspected hate crime.
It was local transgender activists and one of Johnson’s family members, her aunt, who confirmed she was transgender and said information they obtained indicates the killing could have been a hate crime.
“On Saturday, July 5, at approximately 12:51 a.m., Sixth District officers were flagged down in the 2000 block of Benning Road, Northeast, for an unconscious female,” a July 5 D.C. police statement says. “Upon arrival, officers located an adult female victim suffering from gunshot wounds,” it says.
“D.C. Fire and EMS responded to the scene and transported the victim to a local hospital where after all lifesaving efforts failed and the victim was pronounced dead,” the statement says.
A separate police flyer with a photo of Johnson announces an award of $25,000 was being offered for information leading to the arrest and conviction of the person or persons responsible for the murder.
The flyer identifies D.C. police Homicide Detective Natasha Kennedy as being the lead investigator in the case and says anyone with information about the case should contact her at 202-380-6198.
Longtime D.C. transgender rights advocate Earline Budd told the Blade that one of the police investigators contacted her about the case and that she also spoke to Detective Kennedy. Budd said police confirmed to her that Johnson was a transgender woman.

One of Johnson’s family members, Vanna Terrell, who identified herself as Johnson’s aunt, told the Blade that Johnson used the first name of Dream and had planned to legally adopt that name instead of Daquane but had not gotten around to doing so.
Terrell said she and other family members learned more about the incident when one of two teenage high school students who knew Johnson’s brother contacted a friend and told the friend that they recognized Johnson as they witnessed the shooting. Terrell said the friend then called her to tell her what the friend learned from the two witnesses.
According to Terrell, the witnesses reportedly saw three men approach Johnson as Johnson walked along Benning Road and one of them called Johnson a derogatory name, leading Terrell to believe the men recognized Johnson as a transgender woman.
Terrell said one of the witnesses told the friend, who spoke to Terrell, that the man who shot Johnson kept shooting her until all of the bullets were fired. Budd, who said she spoke to Terrell, who also told her what the witnesses reported, said she believed the multiple shots fired by the shooter was an “overkill” that appears to have been a hate crime. Terrell said she too believes the murder was a hate crime.
In response to an inquiry from the Blade, Officer Ebony Major, a D.C. police spokesperson, stated in an email, “At this point there is nothing in the investigation that indicates the offense was motivated by hate or bias.”
Terrell said a memorial gathering to honor Johnson’s life was scheduled to be held Saturday, July 12, at River Terrace Park, which is located at 500 36th St., N.E. not far from where the shooting occurred.

-
Virginia2 days ago
Defying trends, new LGBTQ center opens in rural Winchester, Va.
-
South Africa4 days ago
Lesbian feminist becomes South African MP
-
Travel3 days ago
Manchester is vibrant tapestry of culture, history, and Pride
-
Opinions3 days ago
USAID’s demise: America’s global betrayal of trust with LGBTQ people