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Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre


SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
Afghanistan
ICC issues arrest warrants for Taliban leaders over persecution of LGBTQ people, women
Groups ‘non-conforming’ with group’s gender policy targeted

The International Criminal Court on Tuesday issued arrest warrants for two top Taliban officials accused of targeting LGBTQ people, women, and others who defy the group’s strict gender norms.
The warrants are for Hibatullah Akhundzada, the Taliban’s supreme leader, and Afghanistan Chief Justice Abdul Hakim Haqqani.
“Based on evidence presented by the Office (of the Prosecutor), the judges found that there are reasonable grounds to believe that they have committed — by ordering, inducing, or soliciting — the crime against humanity of persecution, under article 7(1)(h) of the Rome Statute, on gender grounds, against girls, women, and other persons non-conforming with the Taliban’s policy on gender, gender identity or expression; and on political grounds against persons perceived as ‘allies of girls and women,’” reads an ICC press release that announced the warrants.
Karim Khan, the ICC’s chief prosecutor, in January announced a request for warrants against Taliban officials over their treatment of women and other groups since they regained control of Afghanistan in 2021. The request marked the first time the court specifically named LGBTQ people as victims in a gender persecution case before it.
“The issuance of the first arrest warrants in the situation in Afghanistan is an important vindication and acknowledgement of the rights of Afghan women and girls,” reads the press release the ICC released on Tuesday. “It also recognizes the rights and lived experiences of persons whom the Taliban perceived as not conforming with their ideological expectations of gender identity or expression, such as members of the LGBTQI+ community, and persons whom the Taliban perceived as allies of girls and women.”
A report that Outright International released in 2023 notes Taliban officials have systematically targeted LGBTQ people — especially gay men and transgender women.
Taliban officials have subjected them to physical and sexual assault as well as arbitrary detention. The Outright International report also notes Taliban authorities have carried out public floggings for alleged same-sex sexual relations, and have collected intelligence on LGBTQ activists and community members.
Artemis Akbary, executive director of the Afghanistan LGBTIQ Organization, praised the ICC.
“Today is a historic moment for LGBTIQ victims and survivors,” he said on social media.
District of Columbia
LGBTQ voters divided in Ward 8 special election
All four candidates on DC Council seat ballot are allies

Political observers, including LGBTQ activists, believe LGBTQ voters in Ward 8, like most if not all voters in the ward, are divided over which of the four candidates to support in the July 15 special election to fill the ward’s vacant D.C. Council seat.
Each of the four candidates, all of whom are Democrats, including ousted Ward 8 council member Trayon White, who is running to recapture his seat, have expressed support for LGBTQ related issues.
The special election was called earlier this year after the D.C. Council voted unanimously to expel White following his indictment and arrest by the FBI on a federal bribery charge in August 2024.
He has pleaded not guilty to the charge and under D.C. law he can legally run for and regain his council seat until the time he is convicted of the charge. His trial is scheduled to begin in January 2026.
The three candidates challenging White — Sheila Bunn, Mike Austin, and Salim Adofo — are longtime Ward 8 community advocates who have been involved in local government affairs for many years and, according to LGBTQ activists who know them, have been supportive of LGBTQ rights.
White also has a record of supporting LGBTQ issues while serving on the council since 2017. Following his indictment, he won re-election by a wide margin in the November 2024 general election against a lesser-known Republican opponent.
Political observers say White’s indictment on a bribery charge is likely to alienate some of his past supporters, but they say he remains popular in the ward, and with three candidates dividing the opposition vote he could win the election with less than 50 percent of the divided vote count.
Two of the candidates, Bunn and Adofo, responded to a request by the Washington Blade sent to each of the four candidates asking for a statement summarizing their positions on LGBTQ related issues. In their respective statements Bunn and Adofo expressed strong support on a wide range of LGBTQ issues.
“In my nearly 30 years of public service, I have consistently supported the rights and worked to improve the quality of life for the LGBTQIA+ community,” Bunn said in her statement. She noted that much of her work on behalf of LGBTQ rights took place when she served as chief of staff for D.C. Congressional Delegate Eleanor Holmes Norton and as a senior staff member for former D.C. Mayor Vincent Gray.
In his statement, Adofo said he advocated for a wide range of LGBTQ issues, including housing programs for homeless LGBTQ youth and supportive employment training programs for transgender residents.
“At the heart of our platform is a steadfast commitment to uplifting LGBTQ+ communities, ensuring that policy is shaped not just for them, but with them,” his statement says. Adofo’s positions in support of LGBTQ rights are also posted on his campaign website.
GLAA D.C, formerly known as the Gay and Lesbian Activists of Washington, released its ratings of three of the four candidates on June 22, based on its recent policy of basing its ratings mostly on non-LGBTQ specific issues. The group rates candidates on a scale of -10, the lowest possible rating, to +10, its highest rating.
It assigned a rating of +7.5 for Bunn, +6.5 for Austin, and +4.5 for Adofo. In a statement accompanying its ratings, GLAA said each of the three have a record of support on LGBTQ issues, but they lost rating points for not supporting non-LGBTQ related issues deemed important by GLAA.
GLAA said it did not issue a rating for White based on its policy of not rating candidates who are removed from office or resign due to allegations of ethics violations.
The Capital Stonewall Democrats, D.C.’s largest local LGBTQ political group, chose not to make an endorsement in the Ward 8 special election.
“We thought that this is best because this is a special election and in these unfamiliar times, we decided not to take a stand,” Howard Garrett, the group’s president, told the Blade.
Ward 8 gay Democratic activist Phil Pannell is supporting Adofo, he told the Blade, on grounds of Adofo’s strong support on LGBTQ issues and Adofo’s role as the only candidate in the Ward 8 special election who supported Initiative 83, the ballot measure passed by D.C. voters in November 2024 calling for a ranked choice voting system and open D.C. primaries. A lawsuit challenging the initiative filed by the D.C. Democratic Party has delayed its implementation.
Another longtime Ward 8 gay Democratic activist, David Meadows, is supporting Bunn. Meadows cites Bunn’s support for LGBTQ rights and her positions on other issues he supports as his reason for backing her candidacy.
The D.C. Board of Elections website shows that the board mailed ballots for the special election to all Ward 8 registered voters. The website shows that as of July 7, 2,483 voters sent back their ballots by mail or placed them in drop boxes located throughout the ward.
Early in-person voting at several polling places was scheduled to begin July 11, the website says, prior to the official election date of July 15 at all polling places throughout the ward.
Salim Adofo statement on LGBTQ issues:
Our campaign is rooted in the belief that everyone deserves to live with dignity, security, and opportunity. We are committed to building a safer, healthier, and more equitable District for all — where every voice is heard and every community is empowered. At the heart of our platform is a steadfast commitment to uplifting LGBTQ+ communities, ensuring that policy is shaped not just for them, but with them. We recognize that the fight for equity is interconnected, and we prioritize action in the areas that most deeply impact our residents’ daily lives. As [a] council member, I will advocate for healthcare for all, boost funding for HIV/AIDS, Hepatitis, STD, and TB Administration (HAHSTA) programs to address disparities in health outcomes.
• Expand access to care by exempting digital-only telehealth services from the Certificate of Need (CON) process and increasing funding through the Department of Behavioral Health (DBH).
• Build a culturally competent workforce by removing licensure barriers and expanding the pipeline of LGBTQ+ mental health providers.
• Employment and economic equity: sustain workforce development efforts like Project LEAP, a successful investment in economic empowerment for TGD residents.
• Foster public-private partnerships by requiring D.C. HR to work with labor unions and local employers to host trans-affirming job fairs.
• Fund community-led training by supporting programs developed by TGD organizations, modeled after California’s Transgender Economic Empowerment Initiative.
• Housing with dignity: every LGBTQ+ resident deserves stable, affirming, and permanent housing. End youth homelessness with a community-centered strategic plan focused on expanding permanent housing and wraparound services.
• Support inclusive housing by continuing funding for LGBTQ+ housing vouchers and senior housing initiatives.
• Safety and community support: create safe shelters by investing $2 million in a 20-bed LGBTQIA2S+ shelter for survivors of intimate partner violence and sexual assault.
• Empower community organizations with no-cost capacity-building support and streamlined access to D.C. grants for LGBTQ+-serving CBOs.
Sheila Bunn statement on LGBTQ issues:
In my nearly 30 years of public service, I have consistently supported the rights and worked to improve the quality of life for the LGBTQIA+ community.
As chief of staff to Congresswoman Eleanor Holmes Norton, I helped prevent Congress from overturning the District’s 2009 marriage equality bill and worked on removing congressional riders from the District’s budget that prohibited the expenditure of locally raised funds for our needle-exchange program, which has been pivotal in HIV/AIDS prevention.
As part of Mayor Vincent C. Gray’s senior staff, I assisted in launching the District’s transgender employment initiative under the Project Empowerment Program, increasing training and job opportunities for transgender residents. We also employed a member of the transgender cohort in the Mayor’s Office of Community Affairs after their tenure, demonstrating our commitment to the program. I facilitated efforts to end health insurance discrimination based on gender identity with DISB’s 2013 bulletin, ensuring coverage for services like mastectomies and hormone replacement therapy. Additionally, I helped to coordinate Mayor Gray’s first LGBTQIA+ Youth Town Hall to address the concerns of LGBTQIA+ youth and participated in cultural competency training to better support the District’s significant LGBTQIA+ population.
Currently, I am a member of the Capital Stonewall Democrats, actively engaging in Pride events and supporting LGBTQIA+ causes like the DC LGBTQ+ Community Center, a one-stop shop for services and programs with critical social service partners. Through direct outreach to organizations serving the LGBTQIA+ community, I aim to understand and represent their issues effectively. I look forward to collaborating with GLAA, Capital Stonewall Democrats, and other allied organizations to shape legislation and policies that benefit our LGBTQIA+ residents and all District residents.
El Salvador
#JusticiaParaKarla: una lucha por el derecho a la identidad en El Salvador
Karla Guevara inició su camino legal y personal en 2020

Cinco años han pasado desde que Karla Guevara inició un camino legal y personal para lograr que su nombre y género sean reconocidos en su Documento Único de Identidad (DUI). Cinco años de sentencias, apelaciones, puertas cerradas y vulneraciones que hoy se resumen en una sola palabra: resistencia.
En medio de un país que aún arrastra estructuras jurídicas y sociales poco sensibles a las realidades trans, Guevara se ha convertido en una voz visible. No solo por la denuncia pública de su caso, sino por su capacidad de transformar el dolor en acción: ha iniciado la campaña #JusticiaParaKarla, la cual acompaña con conversatorios llamados “Si tú fueras yo” en diferentes zonas del país.
Su historia se remonta al año 2018, cuando, junto a otras tres defensoras de derechos humanos —Mónica Hernández, Bianca Rodríguez y Verónica López— interpuso una demanda para lograr el cambio de nombre legal. La acción se inspiró en la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó a los Estados miembros de la OEA a garantizar los derechos de las personas trans, incluyendo el reconocimiento de su identidad.
A diferencia de sus compañeras, cuyo proceso fue resuelto favorablemente, Guevara fue la única a quien el Estado salvadoreño le negó el derecho, incluso tras contar con una sentencia favorable. El camino ha sido empinado, desgastante y doloroso, y ha implicado múltiples etapas legales con resoluciones contradictorias.
El 8 de enero de 2020, el juzgado declaró su demanda improponible. Guevara apeló el 22 de ese mismo mes, pero la Cámara de Familia desestimó su recurso. Aun así, perseveró. En abril de 2021 presentó una segunda apelación, y en septiembre se revocó la decisión del juzgado, ordenando admitir su demanda. Una pequeña luz parecía abrirse.
En agosto de 2022, después de varios peritajes que, según Guevara, incluyeron momentos donde se sintió expuesta y violentada, recibió una sentencia favorable: se autorizaba su cambio de nombre y género en la partida de nacimiento. Sin embargo, esta victoria fue parcial y breve. Aunque se ordenó marginar su partida, no se ordenó cancelarla como en otros casos similares.
El 4 de octubre de ese mismo año, la sentencia fue enviada al Registro del Estado Familiar. Pero la respuesta institucional fue sorprendente: el 3 de noviembre, la Alcaldía de San Salvador se negó a realizar el cambio. El jefe del registro y el registrador presentaron un amparo ante la Sala de lo Constitucional, paralizando el proceso.
“No solo me lo negaron, sino que ahora me exponen a un juicio aún mayor”, expresa Guevara. La frustración y la indignación fueron creciendo. En febrero de 2023, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, aunque lo hizo con poca esperanza. “Temía que no harían nada”, dijo. Y el 16 de abril de 2024, sus temores se confirmaron: la Fiscalía archivó el caso alegando que “no existe delito que perseguir”.
El 19 de noviembre de ese mismo año, Guevara decidió acudir a instancias internacionales y presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH ya notificó al Estado salvadoreño y le otorgó un plazo de cuatro meses para responder por qué no ha ejecutado el cambio ordenado por el juzgado.
“Obviamente no van a dar respuesta”, lamenta Guevara. Lo dice con la voz entrecortada, como quien ya ha llorado mucho, pero no ha perdido la voluntad de hablar. Reconoce que el proceso le ha afectado emocionalmente. “Cada vez que hablo de esto se me corta la voz”.
Las heridas no solo vienen de las oficinas estatales, sino también de las calles. Las miradas, los comentarios, el momento de presentar el DUI en cualquier trámite. “Es como si cada vez tuviera que explicar mi existencia. Es un juicio constante sobre quién soy”.
Guevara no está sola. Reconoce que hay otras personas trans en la misma situación. “Lo preocupante es que solo pasa en algunas zonas del país. En otras ha habido casos exitosos”, afirma. La disparidad en el trato revela una preocupante arbitrariedad institucional.
Uno de esos casos exitosos es el de Valeria Mejía, coordinadora de monitoreo y evaluación de ASPIDH. Su DUI ya refleja su nombre identitario, aunque no su género.
“Cuando recibí mi DUI con el nombre que me identifico pensé: aquí empieza una nueva vida”, relata.
Para Mejía, el cambio fue profundamente simbólico. “Uno ve pasar toda su vida frente a los ojos. Toda la discriminación, todos los rechazos. Sentí que algo sanaba”. A pesar de ello, su género asignado al nacer sigue apareciendo en el documento, lo que le genera inseguridad.
“El problema es que tengo que ir a todas las instituciones donde aparezco con mi nombre anterior. En el Seguro Social, por ejemplo, aún estoy registrada con el nombre masculino y no pueden atenderme, aunque el número del DUI sea el mismo”, explica.
Casos como los de Guevara y Mejía visibilizan una problemática estructural: el Estado salvadoreño no garantiza de forma uniforme el derecho a la identidad de las personas trans. Las resoluciones favorables son solo el primer paso. Su implementación efectiva aún tropieza con prejuicios, burocracia y omisiones.
Con la campaña #JusticiaParaKarla, la activista busca más que una solución a su caso personal. Busca generar conciencia, exigir coherencia legal y empujar una transformación cultural. En la marcha del 17 de mayo contra la LGBTIfobia, su presencia se hizo notar con camisetas, banners y mensajes que interpelan directamente al sistema.
Guevara ha hecho de su cuerpo, su voz y su historia una herramienta de resistencia. En cada conversatorio de “Si tú fueras yo”, invita a imaginar, a empatizar, a incomodarse.
“Lo que me pasa a mí le puede pasar a cualquier persona trans. Y si el Estado no nos reconoce, nos niega también la posibilidad de existir plenamente”, expresa.
Hoy, la resolución está en manos de la CIDH y el tiempo corre. La lucha de Guevara ya no es solo por una partida de nacimiento. Es por el derecho a ser, a vivir sin miedo, a que el nombre que la representa no siga siendo un motivo de juicio, burla o rechazo.
Mientras tanto, sigue esperando. Sigue alzando la voz. Sigue sembrando esperanza en quienes vienen detrás. Porque como ella misma dice: “Esto no se trata solo de mí. Se trata de justicia”.