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Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

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Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

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District of Columbia

Mayor Bowser signs bill requiring insurers to cover PrEP

‘This is a win in the fight against HIV/AIDS’

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D.C. Mayor Muriel Bowser (Washington Blade file photo by Michael Key)

D.C. Mayor Muriel Bowser on March 20 signed a bill approved by the D.C. Council that requires health insurance companies to cover the costs of HIV prevention or PrEP drugs for D.C. residents at risk for HIV infection.

Like all legislation approved by the Council and signed by the mayor, the bill, called the PrEP D.C. Amendment Act, was sent to Capitol Hill for a required 30-day congressional review period before it takes effect as D.C. law.

Gay D.C. Council member Zachary Parker (D-Ward 5) last year introduced the bill.

Insurance coverage for PrEP drugs has been provided through coverage standards included in the Affordable Care Act, known as Obamacare. But AIDS advocacy organizations have called on states and D.C. to pass their own legislation requiring insurance coverage of PrEP as a safeguard in case federal policies are weakened or removed by the Trump administration, which has already reduced federal funding for HIV/AIDS-related programs.

Like legislation passed by other states, the PrEP D.C. Amendment Act requires insurers to cover all PrEP drugs approved by the U.S. Food and Drug Administration.

Studies have shown that PrEP drugs, which can be taken as pills or by injection just twice a year, are highly effective in preventing HIV infection.

“I think this is a win for our community,” Parker said after the D.C. Council voted unanimously to approve the bill on its first vote on the measure in February. “And this is a win in the fight against HIV/AIDS.”  

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Hungary

JD Vance to travel to Hungary next week

Country’s elections to take place on April 12

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Vice President JD Vance speaks at CPAC on Feb. 20, 2024. He and his wife, Usha Vance, will travel to Hungary next week. (Washington Blade photo by Michael Key)

Vice President JD Vance and his wife, second lady Usha Vance, will visit Hungary next week.

An announcement the White House released on Thursday said the Vances will be in Budapest, the Hungarian capital, from April 7-8.

JD Vance “will hold bilateral meetings with” Hungarian Prime Minister Viktor Orbán. The announcement further indicates the vice president “will also deliver remarks on the rich partnership between the United States and Hungary.”

The Vances will travel to Hungary less than a week before the country’s parliamentary elections take place on April 12.

Orbán, who has been in office since 2010, and his Fidesz-KDNP coalition government have faced widespread criticism over its anti-LGBTQ crackdown.

The Associated Press notes polls indicate Orbán is trailing Péter Magyar and his center-right Tisza party.

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The White House

Pam Bondi ousted as attorney general

Donald Trump announced firing on Thursday

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Now former U.S. Attorney General Pam Bondi (Washington Blade photo by Michael Key)

President Donald Trump removed Attorney General Pam Bondi from her post Thursday, following growing criticism over how she and the Department of Justice handled a range of issues, including matters related to sex offender and Trump ally Jeffrey Epstein.

Trump announced Bondi’s removal on Truth Social, where he also said Todd Blanche will serve as acting head of the Justice Department.

“Pam Bondi is a great American patriot and a loyal friend, who faithfully served as my attorney general over the past year,” Trump wrote on the platform. “Pam did a tremendous job overseeing a massive crackdown on crime across our country, with murders plummeting to their lowest level since 1900.”

Trump was seen as recently as Wednesday with the now-former attorney general at a Supreme Court hearing on citizenship.

The decision contrasts with Trump’s previous public praise of Bondi, the 87th U.S. attorney general and former 37th attorney general of Florida, who served in that role from 2011-2019 before joining the Trump-Vance administration. He has frequently lauded her loyalty and said he speaks with her often. Bondi was also one of president’s defense lawyers during his first impeachment trial.

Privately, however, Trump had grown frustrated that Bondi was not “moving quickly enough” to prosecute critics and political adversaries he wanted to face criminal charges, according to multiple sources. The New York Times reported that her inability to charge former FBI Director James B. Comey and New York Attorney General Letitia James with any crimes is a large factor in the president’s choice to fire her from the government’s primary law enforcement agency.

The move comes as Trump has sought to minimize public turmoil within his administration, avoiding the perception of a revolving-door Cabinet that defined his first term.

Lee Zeldin, a former Republican congressman from New York who unsuccessfully ran for governor, has emerged as a leading contender to lead the Justice Department. He has been one of Trump’s most reliable allies.

“He’s our secret weapon,” Trump said of Zeldin in February during a White House event promoting the coal industry, adding, “He’s getting those approvals done in record-setting time.”

Bondi has also growing faced scrutiny from Congress.

The House Oversight Committee recently subpoenaed her to testify about the department’s handling of certain files, where she declined to answer key questions during a contentious House Judiciary Committee hearing in February.

The Tampa native has a long history of opposing LGBTQ rights through her roles in government. As Florida attorney general, she fought against the legalization of same-sex marriage, arguing it would cause “serious public harm,” pushing forward a legal battle that cost taxpayers nearly half a million dollars. She also asked the Florida Supreme Court to overturn a lower court ruling that found the state’s same-sex marriage ban unconstitutional.

More recently, Bondi established a “Title IX Special Investigations Team” within the Justice Department focused on restricting transgender women and girls from participating in women’s and girls’ sports teams and accessing facilities aligned with their gender identity. She also told Children’s Hospital of Philadelphia to turn over the medical records of anyone under 19 who received gender-affirming care.

Her removal follows Trump’s decision last month to oust another controversial female Cabinet figure, Kristi Noem.

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