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Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

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Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

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European Union

European Commission says all EU countries should ban conversion therapy

Recommendation ‘an important step forward for LGBTI rights across Europe’

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(Photo by axelbueckert/Bigstock)

The European Commission on Wednesday said all European Union countries should ban so-called conversion therapy.

The recommendation comes weeks after the European Parliament voted in favor of prohibiting the widely discredited practice across the EU. More than 1.2 million people signed a campaign in support of the ban that ACT (Against Conversion Therapy) LGBT launched in 2024 through the EU’s European Citizens Initiative framework.

“We warmly welcome today’s commitment from the European Commission to a recommendation on ending conversion practices, an important step forward for LGBTI rights across Europe,” said ILGA Europe in a statement.

Seven EU countries — Belgium, Cyprus, France, Malta, Norway, Portugal, and Spain — have banned conversion therapy outright.

Greece in 2022 banned the practice for minors. German lawmakers in 2020 passed a law that prohibits conversion therapy for minors and for adults who have not consented to undergoing the widely discredited practice.

ILGA Europe said the European Commission’s recommendation “highlights how much work remains to be done.”

“Ending conversion practices cannot stop at symbolic commitments or fragmented national approaches,” stressed the advocacy group. “We need coordinated EU action, proper training for professionals, and survivor-centered support systems that recognize the serious harm these practices cause.”

“More than one million people supported the European Citizens’ Initiative calling for change,” added ILGA Europe. “The message is clear: conversion practices are not therapy or belief, they are a form of violence that Europe can and should end.”

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Delaware

Blade Foundation awards 9th journalism fellowship to AU student

Thomas Weaverling will cover LGBTQ issues in Delaware this summer

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Thomas Weaverling

The Blade Foundation this week announced the recipient of its 2026 Steve Elkins Memorial Fellowship in Journalism is Thomas Weaverling, who is scheduled to graduate from American University with a degree in communication, language, and culture this month.

He will cover issues of interest to Delaware’s LGBTQ community for 12 weeks this summer. The fellowship is named in honor of Steve Elkins, a journalist and co-founder of the CAMP Rehoboth LGBTQ community center. Elkins served as editor of Letters from CAMP Rehoboth for many years as well as executive director of the center before his death in March of 2018.

Kevin Naff, editor of the Blade, welcomed Weaverling and will introduce him to the Rehoboth Beach community at an event this week. 

“If the applicants to our fellowship program are any indication, the future of American journalism is very bright,” Naff said. “Thomas stood out for his broad skillset and strong writing and reporting skills and we’re all excited to work with him this summer.”

Weaverling is the ninth recipient of the Elkins fellowship, which is funded by community donations at the Blade Foundation’s annual fundraiser in Rehoboth Beach. This year’s event is scheduled for May 15 at Diego’s and includes a generous sponsorship from Realtor Justin Noble and remarks from Ashley Biden accepting an award on behalf of her brother Beau Biden for his LGBTQ advocacy while serving as Delaware’s attorney general.

“I am incredibly honored and excited to receive the Steve Elkins Memorial Fellowship in Journalism,” Weaverling said. “Writing for the Washington Blade has been a goal of mine since I began my freshman year of college and I could not be more thrilled to have this opportunity. I am looking forward to getting to know the LGBTQ+ community in Rehoboth Beach and throughout Delaware.”

Weaverling is graduating cum laude with a concentration in journalism and Spanish. He studied in Spain in 2025 and worked in the office of Rep. Bonnie Watson Coleman (D-N.J.) as a policy intern.

For more information on the fellowship program or to donate, visit bladefoundation.org.

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Poland

Polish government to recognize same-sex marriages from EU countries

Prime minister: recognition ‘no way a path to the possibility of adoption’

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The Polish Sejm in Warsaw in 2024. (Washington Blade photo by Michael K. Lavers)

The Polish government on Tuesday said it will recognize same-sex marriages legally performed in other European Union states.

The EU Court of Justice in Luxembourg last November ruled in favor of a same-sex couple who challenged Poland’s refusal to recognize their German marriage. Poland’s Supreme Administrative Court in March reaffirmed the decision.

The couple, who lives in Poland, brought their case to Polish courts in 2019. The Supreme Administrative Court referred it to the EU Court of Justice.

Prime Minister Donald Tusk on Tuesday apologized to same-sex couples for the “years of rejection and humiliation” they suffered because Poland did not recognize their relationships.

“I hope that after the ruling of the (European Union) court and the Supreme Administrative Court, we will also find swift and necessary legislative solutions in parliament,” said Tusk, according to TVP, Poland’s public broadcaster.

Warsaw Mayor Rafał Trzaskowski, a member of Tusk’s centrist Civic Coalition party, who supports LGBTQ rights, said his city will begin to recognize same-sex marriages legally performed in other EU countries before the national government does. Tusk, for his part, said this recognition is “no way a path to the possibility of adoption.”

Any marriage recognition bill that MPs pass will go to President Karol Nawrocki, who is a socially conservative Catholic, for his signature.

“We welcome these decisions and announcements with hope,” said the Campaign Against Homophobia, a Polish LGBTQ advocacy group. “The true confirmation of these words, however, will be the signing of the aforementioned regulation and the actual certificates held in the hands of those Polish couples who were forced to fight for their dignity and justice before Polish courts.”

Karolina Gierdal, a lawyer with Lambda Warszawa, another Polish LGBTQ rights organization, criticized Tusk’s adoption comments.

“It is sad that the LGBT community is once again presented as a threat, as if society needs reassurance that adoption rights ‘won’t happen.’” she told TVP. “The reality is that children are already being raised in same-sex families in Poland, and maintaining the current legal situation means reducing the level of legal protection available to those children.”

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