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Mi voto en nombre de los excluidos
La democracia no existe en mi patria de Cuba
En mis 30 años jamás he elegido al presidente de mi país. Y no es algo que diga con orgullo, más bien con vergüenza. A esta altura de mi vida debería, al menos, haber votado por tres candidatos presidenciales, pero de dónde vengo esa posibilidad fue exterminada como una pandemia de las más letales.
En Cuba no hay elecciones presidenciales, sino que se eligen diputados que, entre ellos, eligen al presidente. Este engañoso y conveniente sistema electoral fue fabricado varios años luego del triunfo de la Revolución y le permitió a un mismo hombre gobernar durante 49 años. Fidel Castro se enamoró tanto del poder que solo una letal enfermedad pudo arrebatárselo en 2008.
En ese entonces, transfirió las riendas del país a su hermano, Raúl Castro, quien estableció los mandatos presidenciales de cinco años, con derecho a una reelección pero mantuvo el mismo sistema electoral. ¡Qué conveniente! Con 87 años y cansado de timonear un barco sin rumbo durante una década, Castro designó un candidato a la presidencia, Miguel Díaz-Canel, un ingeniero de 58 años, a quien había previamente entrenado.
Sin embargo, el presidente designado de mi tierra natal es una marioneta, cuidadosamente cosida y manejada por delgadísimos hilos que le indican qué hacer o decir, pues es la dinastía Castro quien verdaderamente comanda los destinos de la isla comunista tras bambalinas.
El ex-presidente Castro sigue a la cabeza del Partido Comunista, el único permitido, proclamado por la propia Constitución cubana como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. No hay que decir más.
Por lo tanto, Díaz-Canel no tuvo que conquistar el aplauso de las masas con propuestas de gobierno; no compitió durante meses con adversarios; ni se enfrentó a sus contrarios en debates televisados a nivel nacional. A Díaz-Canel lo eligieron de forma mecánica y unánime 605 diputados encerrados en un salón, no los más de ocho millones de cubanos inscritos para votar.
Aun así, nadie puede discutir su “liderazgo”. Cuba no reconoce ni legaliza la oposición, que pudiera hacerle frente, como normalmente sucede en las democracias. Los pocos valientes que se enfrentan al régimen son perseguidos o encarcelados como criminales, acusados de recibir dólares que Estados Unidos les envía para “subvertir” el “orden soberano y democrático escogido por el pueblo”.
Como periodista en Cuba, fui acusado varias veces por la dictadura de formar parte de “campañas subversivas” lanzadas desde medios independientes a la dictadura y que, según ellos, pretenden un cambio de régimen, cuando en verdad solo pretendía mostrarle al mundo la cruda realidad de mi gente.
Me refugié en este país luego de pasar 11 meses retenido en las cárceles del Servicio de Inmigración en mi proceso de asilo. Mi salida a la verdadera libertad, hace tan solo siete meses, ha coincidido con el epílogo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las cuales no tengo aún derecho a participar.
Aun así, ser espectador de este proceso es sumamente emocionante. Transitar de una dictadura sin elecciones presidenciales a un país con una de las democracias más sólidas del planeta es un giro de 360 grados, que aún estoy asimilando y comenzando a comprender.
Por el momento, mi voto, como el de millones de inmigrantes, será excluido. Sin embargo, eso no significa que no pueda integrarme a la efervescencia electoral previa al tres de noviembre.
Es una sensación rara, lo confieso. Tantos años de inexperiencia no pueden recuperarse así de golpe. Por momentos me siento tímido, hasta temeroso. Toma algo de tiempo acostumbrarse a la idea de que nada te sucederá por hacer proselitismo en contra del propio presidente.
Uno de mis primeros aportes fue colocar junto a mi novio una pancarta de apoyo a Biden en el jardín de nuestro apartamento. Ese pequeño cartel constituyó para mí la señal inequívoca de la libertad política que ahora tengo y que por tantos años me fue arrebatada.
Luego un amigo, ferviente activista pro-Biden en Fort Lauderdale, me invitó a una manifestación de apoyo al ex-vicepresidente. Cuando me ví allí supe que realmente estaba contribuyendo al bien de esta nación.
De alguna forma, apoyar al candidato que creo idóneo es mi forma de hacerle el bien a este país, de devolverle el favor por acogerme, de decir “gracias”: gracias por permitirme elegir, gracias por protegerme de la intolerancia, gracias por liberarme, gracias por dejarme crecer, soñar, vivir …
Mi contribución a la democracia estadounidense no estará definitivamente en las estadísticas, ni viajará por correo. Mi voto no es secreto ni personal. Mi voto lo lanzo al viento cada vez que salgo a la calle con una bandera demócrata; cuando alzo un cartel en nombre del candidato azul; cuando salto emocionado si alguien suena el claxon de su auto en señal de simpatía; cuando coloco el pulgar hacia arriba si un trumpista me muestra el suyo hacia abajo; cuando recorro las avenidas en una caravana incitando a todo el que veo a votar.
Porque en este país votar sí que puede marcar la diferencia, sobre todo en la Florida, un estado que ha sido clave en las últimas contiendas presidenciales y donde reside una gran comunidad inmigrante, que cada día adquiere más fuerza.
Prueba de ello es la suma a la actual contienda electoral de más de 23 millones de inmigrantes naturalizados en Estados Unidos y que son elegibles para votar, según un informe del Pew Research Center, lo cual representa aproximadamente 1 de cada 10 votantes elegibles en el país, todo un récord.
En las próximas elecciones tampoco podré votar, pero estaré más cerca. Mientras, seguiré alzando mi voz, por mí y en nombre de los millones de excluidos. Puede que mi contribución no sea tomada en cuenta ahora, pero definitivamente nadie podrá silenciarla nunca más.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
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