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El ‘manotazo’ ministerial, la negociación ‘secreta’, un ‘cumpleaños’ violento: Todo sobre la última protesta de La Habana
Ministro de Cultura atacó a periodista durante manifestación pacífica
LA HABANA — El ministro Alpidio Alonso apartó de un golpe el teléfono de un periodista independiente que lo tenía enfocado. El suceso, ocurrido en la mañana de este miércoles frente al Ministerio de Cultura (Mincult), desató la violencia contra un grupo de artistas y activistas que se manifestaba pacíficamente.
“Otra vez sabotean el diálogo. El Ministerio de Cultura no aceptará presiones de mercenarios. Los revolucionarios entendemos de razones, no de coacción. No permitiremos que empañen el homenaje de la Nación Cubana a José Martí”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.
El 27 de enero es la víspera del cumpleaños de José Martí, un pensador liberal que pasó a la historia como el “apóstol” de la independencia de Cuba. También se cumplen dos meses de la manifestación del 27 de noviembre de 2020, cuando un grupo de artistas, conocido desde entonces como 27N, se plantó frente al Mincult para demandar a las autoridades que respeten la libertad de creación artística y, en última instancia, la libertad de expresión de toda la ciudadanía.
Una nota del Ministerio de Cultura ofrece la versión oficial del incidente violento de este miércoles. La institución declara que había decidido reunirse con tres voceros de los artistas independientes, a pesar de la “actitud provocadora” del grupo 27N y de “su relación con los medios pagados por agencias federales estadounidenses”.
Lo cierto es que el Mincult había cancelado las conversaciones a principios de diciembre. “Con los mercenarios, no nos entendemos”, dijo entonces otro comunicado oficial.
Ni el ministerio ni los medios oficiales que lanzaron una campaña contra artistas, periodistas y activistas independientes, han probado la reiterada acusación.
Poco después de cancelar el intercambio pactado con los manifestantes del 27N, el viceministro Fernando Rojas hizo una jugada inesperada y contactó confidencialmente a la curadora Solveig Font, “para indagar si era posible un encuentro entre ellos dos”. El grupo reveló los detalles de esta negociación secreta en una cronología publicada ayer.
Font conversó con Rojas el 17 de diciembre y los miembros del grupo decidieron no hacerlo público por el momento. El viceministro preguntó a Font si seguían interesados en dialogar.
El 21 de diciembre le respondieron que sí y designaron tres voceros, la propia Font, la artista visual Camila Lobón y el dramaturgo Yunior García Aguilera, para que se entendieran directamente con el ministerio.
Esa postura la ratificaron en una carta dirigida a Alonso y a Rojas, hecha pública el 27 de diciembre. Se manifestaban dispuestos a “seguir abogando por una solución a la escalada de injusticias, violencia y odio hacia quienes tienen un pensamiento político diferente”.
Rojas prometió que el intercambio se produciría en 2020. El 29 de diciembre, en efecto, se reunió con los voceros y les comunicó que “el Ministerio de Cultura está dispuesto a dialogar”. La única condición del viceministro fue que no conversaría con “corresponsales de medios financiados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos”.
Por lo demás, Rojas propuso discutir sobre el decreto 349, los “espacios independientes” reclamados por los artistas independientes y la censura, una práctica común de las autoridades desde el comienzo de la Revolución Cubana.
A principios de enero, la negociación parecía estancada.
El 12 de enero, el grupo envió un correo electrónico al viceministro con “la nueva propuesta de condiciones del 27N”. Cuatro días después, como Rojas no respondía, le enviaron otro mensaje.
Este 26 de enero, finalmente, Rojas le pide a Solveig Font que vaya al Mincult sobre la media mañana, junto al resto de los voceros. A partir de ahí, se precipita la crisis.
Varios miembros del 27N amanecieron con vigilancia este miércoles. Algunos fueron detenidos. Solveig Font consiguió llegar a la cita. También Camila Lobón, después de ser detenida por un rato. Yunior García denunció, poco después, que la policía no le permitió pasar. La zona ya estaba cerrada. Una decena de personas llegó al ministerio, entre ellos varios periodistas independientes.
Tremenda Nota transmitió en vivo una discusión entre el viceministro y los artistas, entre los que se encontraba a esa hora el rapero Maykel Osorbo, uno de los huelguistas de hambre del Movimiento San Isidro, a quienes el gobierno considera “mercenarios”.
Poco después, se precipita el final. Ante la negativa de marcharse expresada por el 27N, que a esa hora exige la liberación de los detenidos esa mañana, varios funcionarios cruzan la calle con el ministro Alpidio Alonso a la cabeza.
Es Mauricio Mendoza, periodista de Diario de Cuba, el que alza su teléfono móvil ante el avance del ministro. Alpidio le da un manotazo.
Esta agresión, que desencadenó la violencia contra los artistas y activistas, fue transmitida en vivo por varios medios independientes. Un video difundido en las redes sociales captó algunos detalles dramáticos del arresto.
Una veintena de personas fueron detenidas en total, incluyendo a quienes acabaron interceptadas antes de llegar frente al ministerio.
La actitud del ministro generó una campaña por su renuncia en Facebook y Twitter, con etiquetas como #RenunciaAlpidio y #DimisiónYa.
Lo que pasó
Lo que pasó este 27 de enero no iba a pasar. No estaba en el plan de nadie, que se sepa. De esta historia, como siempre, no sabremos todo.
Asegura 27N que no quería manifestarse frente al Ministerio de Cultura. Pensaban celebrar el cumpleaños de José Martí frente a la estatua ecuestre que Anna Hyatt Huntington hizo para Nueva York y Eusebio Leal copió en La Habana Vieja.
Emilio Pagues, un perfil falso de Facebook, puso en evidencia este plan y comprometió la seguridad de los participantes.
“Aparecernos en la réplica de la estatua de Martí en Nueva York que tenemos en La Habana, mañana en la mañana, para que los del 27N perjudiquen algo que estamos ganando y se llama espacios de libertad, es una locura”, posteó Pagues, que dice tener amigos actores o él mismo ser actor. No se sabe. No ha vuelto a postear. No deja más pistas.
Pagues mencionó el proyecto de fundar una Asociación de Actores y comparó “el éxito de los actores que promueven un diálogo” con la “culpa de algunos del 27N como los del MSI (Movimiento San Isidro)”. No dijo tampoco cuál es la culpa que cargan.
“No aparezcamos a las 11 de la mañana ni a ninguna otra hora, busquemos otras acciones”, terminó.
Este martes, como Pagues dijo vagamente, 10 actores se reunieron durante cinco horas con funcionarios del Mincult para convencerlos de autorizar la nueva asociación. Los participantes no han hecho declaraciones públicas hasta ahora sobre el resultado de la discusión.
Emilio Pagues es un perfil falso que tiene 226 amigos. Tiene tres likes el post donde menciona al 27N. No obstante, la Seguridad del Estado llamó a varios miembros del grupo para decirles que supo por Pagues del homenaje a Martí y que no iba a permitirlo. El grupo decidió cambiar de sitio su conmemoración. Citaron para el Vedado, en 11 y 4, cerca del Ministerio de Cultura.
El mismo día que Pagues y la Seguridad del Estado intentaban frustrar el plan de los artistas y activistas, el viceministro llamó a Solveig Font para comunicarle que esperaba a los voceros aproximadamente a la misma hora que el 27N pensaba homenajear a Martí.
Todas las piezas empezaron a ubicarse en el Vedado. El ministerio, Martí, los voceros. Las detenciones de Camila Lobón y Camila Acosta cuando iban acercándose a Martí y bordeaban el ministerio. Camila Lobón era uno de los voceros que esperaba Rojas antes del mediodía.
“Los miembros del 27N que lograron llegar a 11 y 4 se trasladaron a un busto de José Martí ubicado a la entrada de un edificio en 15 y 2. Desde allí realizaron la actividad que habían planificado para ser llevada a cabo en el parque 13 de Marzo. Una vez terminada la acción, tienen noticias de la detención de Camila Acosta y Tania Bruguera y deciden trasladarse al Mincult para exigir sus liberaciones inmediatas”, explicó el grupo en su versión de lo que finalmente pasó.
Según ellos, el acuerdo establecido entre Solveig, Yunior, Camila y el viceministro, nunca fue firme. No pasaba de un preámbulo que no los comprometía a nada. Dicen también que el conato de manifestación de hoy no estaba planificado y que, si empezaron a reunirse frente al Mincult, fue porque ocurrieron detenciones en la mañana del miércoles.
“Aquí no pueden estar”, les dijo Fernando Rojas, en la acera del Mincult. Los activistas pidieron garantías para sus compañeros detenidos y se negaron a entrar al edificio, como exigía el viceministro.
Los funcionarios avanzaron sobre ellos lo mismo que un escuadrón.
Mauricio Mendoza se llama el periodista independiente que alzó el teléfono frente al ministro Alpidio Alonso. Vino un manotazo. Al poco rato, todos los medios cortaron las transmisiones. Un operativo policial dio jaque mate a los artistas. Las pocas imágenes salvadas muestran cómo los meten a la fuerza en un ómnibus.
De “show mediático” calificó el incidente en su cuenta de Twitter el Ministerio de Cultura. “Los trabajadores del organismo los enfrentaron y desalojaron del lugar”, admitió. Ningún medio oficial se refirió a la escena violenta, excepto para justificar el golpe que el ministro lanzó contra un periodista.
Que no aceptaran la invitación de Fernando Rojas para entrar al ministerio ha sido uno de los principales señalamientos de las autoridades contra el 27N. Los medios oficiales han mostrado a un viceministro hospitalario, convidando a pasar, frente a los artistas negándose.
“Ponían la condición de dejar los teléfonos fuera, que son la única, literalmente la única arma que tenemos para protegernos”, dijo Julio Llópiz Casal en Facebook.
“Además, nos negamos a entrar hasta que no liberaran a personas que estaban detenidas sin razón”, explicó el artista.
Lo que pasará
Ulises Padrón Suárez, activista LGBTI+ y colaborador de Tremenda Nota, llegó a su casa con el teléfono formateado, como la mayoría de los detenidos. Tardó en comunicarse con sus amigos. Seguirá al tanto.
Alfredo Martínez Ramírez, community manager de Tremenda Nota, tenía un dedo fracturado cuando llegó a su casa. Este jueves lo enyesaron en el hospital. Pasará 21 días así.
“Yo estaba transmitiendo en vivo cuando un policía me hace una llave, intenta quitarme el teléfono. Me echó el dedo atrás, bien duro, y ahí se partió”, dijo.
Nelson Julio Álvarez Mairata, reportero de ADN Cuba y colaborador de Tremenda Nota, llegó ripiado a su casa. La ropa descosida, rasguños en la piel.
“Me arrastraron, aunque no hice resistencia”, dijo. “Cuando me vi el pulóver roto de arriba hasta abajo, me sentí más queer y ‘modelé’ para la policía”.
Mairata es el único periodista en la isla que se define a sí mismo como “una persona no binaria”. No tiene residencia legal en La Habana. En el interrogatorio que le hicieron después de detenerlo frente al Mincult, la policía le exigió que regresara a su provincia. Va a desobedecer.
La plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba denunció la violencia ejercida en el Mincult contra las mujeres que integran el 27N.
“Lamentamos en especial las agresiones sufridas por mujeres como Camila Lobón y Celia González, fueron desnudadas y registradas en sus genitales con la justificación de buscar dispositivos de grabación, en la estación de policía a donde fueron conducidas”, dijo la plataforma en un comunicado.
En su post compartido por la página del 27 en Facebook, Julio Llópiz Casal dijo: “Yo siempre voy a intentar dialogar porque es lo que sé hacer y quiero hacer”.
A pesar de la “golpiza”, el artista insistió en que no responderá con violencia ni cancelará su disposición a debatir. Esta parece ser la postura del 27N, que este viernes ofrecerá una conferencia de prensa para evaluar los incidentes de esta semana.
“Me siento intentando hablar con una entidad que me lanza trompadas, me pone trampas, rara vez media palabra transparente”, escribió el artista. “Esquivo, me protejo en lo posible, y sigo apelando a la palabra”.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
Ecuador
Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador
Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023
A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.
Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso.
Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).
El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.
Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía.
Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase.
La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.
Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.
#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.
Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm
— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025
“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado.
Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso.
En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.
El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.
De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.
Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
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