Noticias en Español
El ‘manotazo’ ministerial, la negociación ‘secreta’, un ‘cumpleaños’ violento: Todo sobre la última protesta de La Habana
Ministro de Cultura atacó a periodista durante manifestación pacífica
LA HABANA — El ministro Alpidio Alonso apartó de un golpe el teléfono de un periodista independiente que lo tenía enfocado. El suceso, ocurrido en la mañana de este miércoles frente al Ministerio de Cultura (Mincult), desató la violencia contra un grupo de artistas y activistas que se manifestaba pacíficamente.
“Otra vez sabotean el diálogo. El Ministerio de Cultura no aceptará presiones de mercenarios. Los revolucionarios entendemos de razones, no de coacción. No permitiremos que empañen el homenaje de la Nación Cubana a José Martí”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.
El 27 de enero es la víspera del cumpleaños de José Martí, un pensador liberal que pasó a la historia como el “apóstol” de la independencia de Cuba. También se cumplen dos meses de la manifestación del 27 de noviembre de 2020, cuando un grupo de artistas, conocido desde entonces como 27N, se plantó frente al Mincult para demandar a las autoridades que respeten la libertad de creación artística y, en última instancia, la libertad de expresión de toda la ciudadanía.
Una nota del Ministerio de Cultura ofrece la versión oficial del incidente violento de este miércoles. La institución declara que había decidido reunirse con tres voceros de los artistas independientes, a pesar de la “actitud provocadora” del grupo 27N y de “su relación con los medios pagados por agencias federales estadounidenses”.
Lo cierto es que el Mincult había cancelado las conversaciones a principios de diciembre. “Con los mercenarios, no nos entendemos”, dijo entonces otro comunicado oficial.
Ni el ministerio ni los medios oficiales que lanzaron una campaña contra artistas, periodistas y activistas independientes, han probado la reiterada acusación.
Poco después de cancelar el intercambio pactado con los manifestantes del 27N, el viceministro Fernando Rojas hizo una jugada inesperada y contactó confidencialmente a la curadora Solveig Font, “para indagar si era posible un encuentro entre ellos dos”. El grupo reveló los detalles de esta negociación secreta en una cronología publicada ayer.
Font conversó con Rojas el 17 de diciembre y los miembros del grupo decidieron no hacerlo público por el momento. El viceministro preguntó a Font si seguían interesados en dialogar.
El 21 de diciembre le respondieron que sí y designaron tres voceros, la propia Font, la artista visual Camila Lobón y el dramaturgo Yunior García Aguilera, para que se entendieran directamente con el ministerio.
Esa postura la ratificaron en una carta dirigida a Alonso y a Rojas, hecha pública el 27 de diciembre. Se manifestaban dispuestos a “seguir abogando por una solución a la escalada de injusticias, violencia y odio hacia quienes tienen un pensamiento político diferente”.
Rojas prometió que el intercambio se produciría en 2020. El 29 de diciembre, en efecto, se reunió con los voceros y les comunicó que “el Ministerio de Cultura está dispuesto a dialogar”. La única condición del viceministro fue que no conversaría con “corresponsales de medios financiados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos”.
Por lo demás, Rojas propuso discutir sobre el decreto 349, los “espacios independientes” reclamados por los artistas independientes y la censura, una práctica común de las autoridades desde el comienzo de la Revolución Cubana.
A principios de enero, la negociación parecía estancada.
El 12 de enero, el grupo envió un correo electrónico al viceministro con “la nueva propuesta de condiciones del 27N”. Cuatro días después, como Rojas no respondía, le enviaron otro mensaje.
Este 26 de enero, finalmente, Rojas le pide a Solveig Font que vaya al Mincult sobre la media mañana, junto al resto de los voceros. A partir de ahí, se precipita la crisis.
Varios miembros del 27N amanecieron con vigilancia este miércoles. Algunos fueron detenidos. Solveig Font consiguió llegar a la cita. También Camila Lobón, después de ser detenida por un rato. Yunior García denunció, poco después, que la policía no le permitió pasar. La zona ya estaba cerrada. Una decena de personas llegó al ministerio, entre ellos varios periodistas independientes.
Tremenda Nota transmitió en vivo una discusión entre el viceministro y los artistas, entre los que se encontraba a esa hora el rapero Maykel Osorbo, uno de los huelguistas de hambre del Movimiento San Isidro, a quienes el gobierno considera “mercenarios”.
Poco después, se precipita el final. Ante la negativa de marcharse expresada por el 27N, que a esa hora exige la liberación de los detenidos esa mañana, varios funcionarios cruzan la calle con el ministro Alpidio Alonso a la cabeza.
Es Mauricio Mendoza, periodista de Diario de Cuba, el que alza su teléfono móvil ante el avance del ministro. Alpidio le da un manotazo.
Esta agresión, que desencadenó la violencia contra los artistas y activistas, fue transmitida en vivo por varios medios independientes. Un video difundido en las redes sociales captó algunos detalles dramáticos del arresto.
Una veintena de personas fueron detenidas en total, incluyendo a quienes acabaron interceptadas antes de llegar frente al ministerio.
La actitud del ministro generó una campaña por su renuncia en Facebook y Twitter, con etiquetas como #RenunciaAlpidio y #DimisiónYa.
Lo que pasó
Lo que pasó este 27 de enero no iba a pasar. No estaba en el plan de nadie, que se sepa. De esta historia, como siempre, no sabremos todo.
Asegura 27N que no quería manifestarse frente al Ministerio de Cultura. Pensaban celebrar el cumpleaños de José Martí frente a la estatua ecuestre que Anna Hyatt Huntington hizo para Nueva York y Eusebio Leal copió en La Habana Vieja.
Emilio Pagues, un perfil falso de Facebook, puso en evidencia este plan y comprometió la seguridad de los participantes.
“Aparecernos en la réplica de la estatua de Martí en Nueva York que tenemos en La Habana, mañana en la mañana, para que los del 27N perjudiquen algo que estamos ganando y se llama espacios de libertad, es una locura”, posteó Pagues, que dice tener amigos actores o él mismo ser actor. No se sabe. No ha vuelto a postear. No deja más pistas.
Pagues mencionó el proyecto de fundar una Asociación de Actores y comparó “el éxito de los actores que promueven un diálogo” con la “culpa de algunos del 27N como los del MSI (Movimiento San Isidro)”. No dijo tampoco cuál es la culpa que cargan.
“No aparezcamos a las 11 de la mañana ni a ninguna otra hora, busquemos otras acciones”, terminó.
Este martes, como Pagues dijo vagamente, 10 actores se reunieron durante cinco horas con funcionarios del Mincult para convencerlos de autorizar la nueva asociación. Los participantes no han hecho declaraciones públicas hasta ahora sobre el resultado de la discusión.
Emilio Pagues es un perfil falso que tiene 226 amigos. Tiene tres likes el post donde menciona al 27N. No obstante, la Seguridad del Estado llamó a varios miembros del grupo para decirles que supo por Pagues del homenaje a Martí y que no iba a permitirlo. El grupo decidió cambiar de sitio su conmemoración. Citaron para el Vedado, en 11 y 4, cerca del Ministerio de Cultura.
El mismo día que Pagues y la Seguridad del Estado intentaban frustrar el plan de los artistas y activistas, el viceministro llamó a Solveig Font para comunicarle que esperaba a los voceros aproximadamente a la misma hora que el 27N pensaba homenajear a Martí.
Todas las piezas empezaron a ubicarse en el Vedado. El ministerio, Martí, los voceros. Las detenciones de Camila Lobón y Camila Acosta cuando iban acercándose a Martí y bordeaban el ministerio. Camila Lobón era uno de los voceros que esperaba Rojas antes del mediodía.
“Los miembros del 27N que lograron llegar a 11 y 4 se trasladaron a un busto de José Martí ubicado a la entrada de un edificio en 15 y 2. Desde allí realizaron la actividad que habían planificado para ser llevada a cabo en el parque 13 de Marzo. Una vez terminada la acción, tienen noticias de la detención de Camila Acosta y Tania Bruguera y deciden trasladarse al Mincult para exigir sus liberaciones inmediatas”, explicó el grupo en su versión de lo que finalmente pasó.
Según ellos, el acuerdo establecido entre Solveig, Yunior, Camila y el viceministro, nunca fue firme. No pasaba de un preámbulo que no los comprometía a nada. Dicen también que el conato de manifestación de hoy no estaba planificado y que, si empezaron a reunirse frente al Mincult, fue porque ocurrieron detenciones en la mañana del miércoles.
“Aquí no pueden estar”, les dijo Fernando Rojas, en la acera del Mincult. Los activistas pidieron garantías para sus compañeros detenidos y se negaron a entrar al edificio, como exigía el viceministro.
Los funcionarios avanzaron sobre ellos lo mismo que un escuadrón.
Mauricio Mendoza se llama el periodista independiente que alzó el teléfono frente al ministro Alpidio Alonso. Vino un manotazo. Al poco rato, todos los medios cortaron las transmisiones. Un operativo policial dio jaque mate a los artistas. Las pocas imágenes salvadas muestran cómo los meten a la fuerza en un ómnibus.
De “show mediático” calificó el incidente en su cuenta de Twitter el Ministerio de Cultura. “Los trabajadores del organismo los enfrentaron y desalojaron del lugar”, admitió. Ningún medio oficial se refirió a la escena violenta, excepto para justificar el golpe que el ministro lanzó contra un periodista.
Que no aceptaran la invitación de Fernando Rojas para entrar al ministerio ha sido uno de los principales señalamientos de las autoridades contra el 27N. Los medios oficiales han mostrado a un viceministro hospitalario, convidando a pasar, frente a los artistas negándose.
“Ponían la condición de dejar los teléfonos fuera, que son la única, literalmente la única arma que tenemos para protegernos”, dijo Julio Llópiz Casal en Facebook.
“Además, nos negamos a entrar hasta que no liberaran a personas que estaban detenidas sin razón”, explicó el artista.
Lo que pasará
Ulises Padrón Suárez, activista LGBTI+ y colaborador de Tremenda Nota, llegó a su casa con el teléfono formateado, como la mayoría de los detenidos. Tardó en comunicarse con sus amigos. Seguirá al tanto.
Alfredo Martínez Ramírez, community manager de Tremenda Nota, tenía un dedo fracturado cuando llegó a su casa. Este jueves lo enyesaron en el hospital. Pasará 21 días así.
“Yo estaba transmitiendo en vivo cuando un policía me hace una llave, intenta quitarme el teléfono. Me echó el dedo atrás, bien duro, y ahí se partió”, dijo.
Nelson Julio Álvarez Mairata, reportero de ADN Cuba y colaborador de Tremenda Nota, llegó ripiado a su casa. La ropa descosida, rasguños en la piel.
“Me arrastraron, aunque no hice resistencia”, dijo. “Cuando me vi el pulóver roto de arriba hasta abajo, me sentí más queer y ‘modelé’ para la policía”.
Mairata es el único periodista en la isla que se define a sí mismo como “una persona no binaria”. No tiene residencia legal en La Habana. En el interrogatorio que le hicieron después de detenerlo frente al Mincult, la policía le exigió que regresara a su provincia. Va a desobedecer.
La plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba denunció la violencia ejercida en el Mincult contra las mujeres que integran el 27N.
“Lamentamos en especial las agresiones sufridas por mujeres como Camila Lobón y Celia González, fueron desnudadas y registradas en sus genitales con la justificación de buscar dispositivos de grabación, en la estación de policía a donde fueron conducidas”, dijo la plataforma en un comunicado.
En su post compartido por la página del 27 en Facebook, Julio Llópiz Casal dijo: “Yo siempre voy a intentar dialogar porque es lo que sé hacer y quiero hacer”.
A pesar de la “golpiza”, el artista insistió en que no responderá con violencia ni cancelará su disposición a debatir. Esta parece ser la postura del 27N, que este viernes ofrecerá una conferencia de prensa para evaluar los incidentes de esta semana.
“Me siento intentando hablar con una entidad que me lanza trompadas, me pone trampas, rara vez media palabra transparente”, escribió el artista. “Esquivo, me protejo en lo posible, y sigo apelando a la palabra”.
Noticias en Español
La X vuelve al tribunal
Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico
Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.
Hoy el escenario es distinto.
La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.
Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.
El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.
En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.
La diferencia radica en la aplicación.
El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.
El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.
Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.
El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.
Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.
Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.
Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.
Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.
El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.
A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.
Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.
El debate ya no es teórico.
Ahora es judicial.
Cuba
Cuba bajo presión y sin respuestas
Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir
Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.
Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.
Pero esa es solo una parte.
Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.
Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.
La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.
Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.
Entonces la pregunta sigue siendo la misma.
Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?
¿Dónde fue a parar ese recurso?
¿Dónde está el dinero que generó?
Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.
Hay una historia más larga que no se puede ignorar.
Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.
Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.
Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.
Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.
Y hay algo más duro.
Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.
Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.
¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?
Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.
La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.
Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.
Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.
Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.
Esa es la contradicción.
El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.
Pero hay otra pregunta que también está ahí.
¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?
La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.
Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.
Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.
Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.
Esa parte no se puede seguir esquivando.
Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.
Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.
Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.
Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
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