Denali (@denalifoxx) of “RuPaul’s Drag Race” performed at Pitchers DC on April 9 for the Thirst Trap Thursday drag show. Other performers included Cake Pop!, Brooke N Hymen, Stacy Monique-Max and Silver Ware Sidora.

(Washington Blade photos by Michael Key)

Whitman-Walker Health, the D.C.-based community healthcare center that specializes in HIV/AIDS and LGBTQ-related health services, announced it will present its annual Dale Edwin Sanders Award for Pro Bono Excellence to the international law firm McDermott Will & Schulte at a May 6 ceremony.

“This year’s award is especially significant as it coincides with the 40^th anniversary of Whitman-Walker Health’s Legal Services Program, marking it as the nation’s longest running medical-legal partnership,” a statement released by Whitman-Walker says.

“As a national leader in public health, Whitman-Walker celebrates our partnership with McDermott to strengthen the health center and to enable Whitman-Walker to reach more medical and legal clients,” the statement adds.

“McDermott’s firm-wide commitment to Whitman-Walker’s medical-legal partnership demonstrates a shared vision to serve those most in need,” Amy Nelson, Whitman-Walker’s director of Legal Services, says in the statement. “Our work protects individuals and families who face discrimination and hostility as they navigate increasingly complex administrative  systems,” Nelson said.

“Pro bono legal services – like that of McDermott Will & Schulte – find solutions for people who have no place else to turn in the face of financial and health threats,” she added.

“Our partnership with Whitman-Walker Health is a treasured commitment to serving our neighbors and communities,” Steven Schnelle, one of the law firm’s partners said in the statement. “We are deeply moved by Whitman-Walker’s unwavering dedication to inclusion, respect, and equitable access to health care and social services,” he said.

The statement notes that the award for Pro Bono Excellence honors the legacy of the late gay attorney Dale Edwin Sanders. It says Sanders’s pro bono legal work for Whitman-Walker clients “shaped HIV/AIDS law for more than four decades by securing key victories on behalf of individuals whose employment and patient rights were violated.”

It says the Whitman-Walker Legal Services program began during the early years of the AIDS epidemic in the 1980s at a time when people with AIDS faced widespread discrimination and often needed legal assistance. According to the statement, the program evolved over the years and expanded to advocate for transgender people and immigrants.

Whitman-Walker spokesperson Lisa Amore said the presentation of the Dale Edwin Sanders Pro Bono Excellency Award will be held at the May 6 fundraising benefit for Whitman-Walker’s Legal Services Program. She said the event will take place at the offices of the DC law firm Baker McKenzie and ticket availability can be accessed here: https://www.whitman-walker.org/gtem-2026/

Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.

Hoy el escenario es distinto.

La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.

Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.

El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.

En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.

La diferencia radica en la aplicación.

El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.

El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.

Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.

El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.

Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.

Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.

Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.

Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.

El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.

A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.

Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.

El debate ya no es teórico.

Ahora es judicial.