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Responsabilizan a varios policías con un incidente transfóbico ocurrido en Cuba
Merlía Somers sufrió abusos por parte de la PNR en Cabaiguán
CABAIGUÁN, Cuba — Merlía Somers, una mujer trans, denunció haber sufrido transfobia por parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cabaiguán, un municipio perteneciente a la provincia de Sancti Spíritus, en el centro de Cuba.
La denuncia se hizo pública este domingo en el perfil de Facebook del médico y activista LGBTI+ Alberto Roque.
“Me han contactado por la denuncia de Merlía Somers, cuyos hechos y copia de la multa son públicos en redes sociales. Se requiere respuesta inmediata, además de la queja que la persona afectada hará por las vías formales”, comunicó Roque.
El activista publicó íntegramente el relato de Somers. El incidente ocurrió el pasado sábado mientras intentaba comprar productos de aseo en una de las tiendas que operan en dólares estadounidenses.
“Cuando llego que empiezo a pedir el último se acerca a mí un oficial de los que visten de verde y me preguntó, qué yo hacía vestido así allí y llamó a un policía de los que estaban controlando la cola y el policía me dijo que yo les estaba faltando el respeto al yo aparecerme vestida así allí (de mujer), que eso era desacato a la ley y que yo estaba violando un artículo … “, aseguró la mujer.
Merlía pidió una explicación a los agentes del orden acerca del artículo específico que ella estaba violando o la ilegalidad que estaba cometiendo. Explicó que solo hacía una cola como los demás, necesitada de los productos que escasean cada vez más en el país.
“Si fuera por eso tienen que coger preso a todos los trans, si vestirse de mujer o ser trans fuera desacato o violación de algún artículo. El problema de ustedes es que son todos unos homofóbicos y se creen superiores porque tienen ese uniforme”, dijo Merlía a los oficiales.
Según continúa relatando, la mandaron a callar, a lo que respondió que no se iba a callar porque estaban violando sus derechos y los iba a defender. Acto seguido, Merlía fue esposada y trasladada hacia una unidad de policía donde la multaron con 1000 cup, según la disposición que permite multar por el uso incorrecto del nasobuco (mascarilla).
“Yo uso dos nasobucos porque tengo problemas en el corazón y de respiración. Mi cuerpo no aguantaría la pandemia, por lo cual uso dos y correctamente puestos. Les dije que yo eso no lo iba a pagar y que me iba a quejar. Me dijeron que yo podía ir a donde quisiera, pero que tenía un mes para pagarla, si no la multa se duplicaba, y que si al tercer mes no la pagaba iba a juicio por peligrosidad”, relató Merlía.
Alberto Roque publicó una foto de la notificación de multa como evidencia del incidente. En el recibo, Merlía Somers fue designada con el nombre masculino que aparece en sus documentos de identidad. En Cuba sigue siendo difícil que una persona trans pueda registrar legalmente su nombre.
Q de Cuir, una revista cubana “para el empoderamiento de las personas LGBTI+”, también informó en Facebook y Twitter sobre esta violación a los derechos de Merlía Somers y denunció el acto de transfobia atribuido a las autoridades.
“Mientras que la ciudadana Merlía Somers no estaba violando ninguna ley, los oficiales sí violaron el derecho constitucional de no discriminación por identidad de género, recogido en el Artículo 42 de la Carta Magna“, publicó Q de Cuir en su cuenta de Facebook.
El artículo citado plantea la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y prohíbe discriminar, entre varias razones, por “identidad de género”.
Ante la denuncia de Alberto Roque, numerosos usuarios de las redes sociales han salido en defensa de Somers y contra la transfobia.
La activista trans Yenny Yanes Romero comentó, en referencia a la multa aplicada a Merlía, que “ese decreto está mal aplicado, yo soy autoridad sanitaria y ese decreto-ley 31, en su artículo 2.1, inciso C establece: No use o use incorrectamente el nasobuco o mascarilla en las vías públicas, ómnibus, autos e interiores de los centros laborales y de servicios: 2000 pesos”.
Por su parte, la usuaria Rossana Reyes Rosa argumentó que “la homofobia es institucional, y sin leyes no creo que nadie aprenda”.
Según aseguró Alberto Roque en uno de los comentarios de su propia publicación, la denuncia de la policía por transfobia ya está en curso, “con acompañamiento del CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual) más cartas redactadas a varias instituciones”.
La policía ofreció excusas a Somers, la multó
Merlía Somers, la mujer trans que fue discriminada el 19 de marzo por la policía de Cabaiguán, una ciudad del centro de Cuba, fue citada para este lunes con el propósito de indagar sobre el incidente y determinar la responsabilidad de los oficiales implicados.
También le ofrecieron excusas, según relató Merlía a Tremenda Nota.
“Una patrulla vino a citarme el domingo para que estuviera el lunes en la unidad de policía, al principio tuve miedo porque pensé que venían a detenerme”, contó la mujer.
“Este lunes, después de hacerme esperar un poco, el oficial que me atendió hizo que volviera a explicarle qué había pasado. Hizo muchas preguntas, para confirmarlo todo y dijo, finalmente, que la multa era injusta y que la retirarían esta semana”, añadió.
El incidente se hizo público este domingo en el perfil de Facebook del activista LGBTI+ Alberto Roque. Según el relato publicado por Roque, la mujer se encontraba en la fila de una tienda cuando un policía le reprochó ir vestida según su identidad de género. En pocos minutos fueron más lejos y acabaron esposando a Merlía y trasladándola a una unidad, donde fue multada con 1.000 pesos con el argumento de que no usaba correctamente el nasobuco (mascarilla) exigido por las disposiciones sanitarias.
“Me dijo que yo les estaba faltando el respeto al yo aparecerme vestida así allí (de mujer), que eso era desacato a la ley y que yo estaba violando un artículo”, recordó la mujer.
Merlía asegura que estaba usando la mascarilla con especial cuidado. “Yo uso dos nasobucos porque tengo problemas en el corazón y de respiración. Mi cuerpo no aguantaría la pandemia, por lo cual uso dos y correctamente puestos”, explicó.
La denuncia provocó decenas de publicaciones en las redes sociales para apoyar a Merlía Somers y criticar a la policía por su transfobia.
“No pienso quedarme así”, dijo la mujer a Tremenda Nota. “Si esta misma semana la multa no es retirada, como prometieron, le dije al oficial que voy a enviar cartas a todas las instituciones posibles, para que se haga justicia”.
La activista trans Kiriam Gutiérrez ha asesorado a Merlía en su reclamo, se refirió al caso en una transmisión desde su perfil de Facebook en la tarde este lunes y lo calificó de “una violación total de los derechos humanos de una mujer trans”.
La Constitución de 2019 prohíbe discriminar, entre varias razones, por “identidad de género” y “orientación sexual”.
“Cuando pasen estas cosas con la policía tenemos que conocer qué leyes nos amparan”, señaló la activista.
“En Cuba urge una ley de identidad de género. Es lamentable que la comunidad LGBTI+ en Cuba solamente se pronuncie por el famoso matrimonio igualitario y no nos pronunciemos por una ley de identidad de género”, declaró Gutiérrez.
La activista aprovechó la transmisión para denunciar la situación de las personas trans en Cuba, expuestas a una vulnerabilidad económica mayor en medio de la crisis incrementada por la epidemia de covid-19.
“La comunidad trans en Cuba está pasando por una grandísima crisis. La comunidad trans en Cuba está emigrando en masa, se están yendo muchas mujeres trans para Rusia, a exponerse a cruzar fronteras, porque el 90 por ciento son prostitutas y llevan un año de pandemia que no tienen trabajo”, denunció.
Cuba
Cuba bajo presión y sin respuestas
Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir
Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.
Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.
Pero esa es solo una parte.
Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.
Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.
La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.
Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.
Entonces la pregunta sigue siendo la misma.
Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?
¿Dónde fue a parar ese recurso?
¿Dónde está el dinero que generó?
Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.
Hay una historia más larga que no se puede ignorar.
Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.
Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.
Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.
Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.
Y hay algo más duro.
Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.
Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.
¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?
Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.
La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.
Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.
Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.
Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.
Esa es la contradicción.
El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.
Pero hay otra pregunta que también está ahí.
¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?
La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.
Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.
Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.
Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.
Esa parte no se puede seguir esquivando.
Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.
Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.
Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.
Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
Ecuador
Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador
Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023
A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.
Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso.
Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).
El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.
Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía.
Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase.
La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.
Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.
#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.
Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm
— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025
“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado.
Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso.
En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.
El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.
De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.
Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.
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