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Velando por la no discriminación de la adultez mayor LGBTQ en Centroamérica

CIPAC de Costa Rica lanzó iniciativa para esta población

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Kassandra Bogantes es una mujer trans adulta mayor de Costa Rica que participa en el nuevo proyecto del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos

SAN JOSÉ, Costa Rica Partiendo de una serie de inquietudes desde su dirección ejecutiva acerca del abordaje del tema del envejecimiento y la vejez en poblaciones LGBTQ y sus retos, nace el proyecto de un grupo costarricense basado en los derechos humanos para tal población en Centroamérica.

El proyecto —”Desarrollo de un enfoque basado en los derechos humanos para la población LGBT discriminación en Centroamérica”— se logra concretar información para dar sustento a un proyecto específico para trabajar en el tema. Lo anterior, fue posible gracias a una investigación realizada en el año 2014 en El Salvador, Panamá y Costa Rica”, agrega al Washington Blade Daria Suárez, directora ejecutiva del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) de Costa Rica.

Entre los hallazgos de dicha investigación, está que hay una desprotección legal, dada por una predominante legislación asistencialista sobre personas mayores y que es excluyente de las realidades de vida de poblaciones LGBTQ; también existe una desinformación y estereotipos entre cuidadores de población adulta mayor en centros de cuido, también otro hallazgo fue redes de apoyo débiles y problemáticas asociadas al cuido en la vejez.

En la investigación se consultó a estas poblaciones sus inquietudes o preocupaciones y una de las más citadas frecuentemente era respecto al sistema de salud, en tanto manifestaron haber sufrido discriminación y sentir temor ante el desconocimiento del personal médico de sus especificidades como parte de la población LGBTQ.

“Las investigaciones realizadas han mostrado algunas tareas pendientes, entre ellas tenemos la capacitación a personal de salud, capacitación a personas cuidadoras de adultos/as mayores, capacitación a las personas adultas mayores sobre sexualidades e identidades, además de la inclusión e implementación del tema del envejecimiento y la vejez en las ONGs, colectivos y activismos”, expresó al Blade Daniela Bolaños, coordinadora del área de incidencia política del CIPAC.

En la última investigación del CIPAC sobre actitudes y percepciones sobre personas LGBTQ, se determinó que en El Salvador, Costa Rica y Panamá hay un nivel moderado de rechazo a los actos/situaciones discriminatorias hacia poblaciones mayores LGBTQ. No obstante, hay un evidente un retroceso en esta dimensión en los últimos cinco años, pues en 2013 se rechazaba —en promedio— un 84 por ciento de las situaciones evaluadas, mientras que para esta segunda investigación pasó a ser un 73 por ciento.

El actual proyecto que lleva a cabo el CIPAC tiene como objetivo principal que las personas adultas mayores en Centroamérica, con énfasis en población LGBTQ, viven con dignidad y libres de discriminación.

En el contexto de la realidad que se vive a nivel mundial a causa de la pandemia por coronavirus, provocó que el CIPAC modificara las acciones a realizar, como las capacitaciones, las cuales se están llevando a cabo de manera virtual, al igual que foros y conversatorios bajo el tema “Costo vital de la discriminación”; lo que también llevó a realizar apoyos audio visuales con entrevistas también titulado “El costo vital de la discriminación”, en el cual conocemos realidades de personas LGBTQ adultas mayores.

Kassandra Bogantes, una mujer trans adulta mayor de Costa Rica, comentó en un audiovisual que sufrió de discriminación desde que tiene uso de razón, tanto por su familia, compañeros de escuela y maestros; “toda clase de seudónimos peyorativos nos ponían, eso obviamente a mi me afectó bastante”, comenta.

“Cambié mi expresión de género, me costó mucho devolverme a lo que no quería, pero tenía que hacerlo, por mí”, cuenta Bogantes explicando su expresión de género masculina, quien ahora trabaja como cuidadora de personas adultas mayores.

Por su parte, las organizaciones LGBTQ han dado una respuesta positiva, por lo que han logrado una alianza con 15 organizaciones, 14 centroamericanas y una de Estados Unidos, llamada Alianza Americana por las Personas Adultas Mayores LGBT. Entre las organizaciones que la conforman están de Panamá Movimiento Panamá Inclusivo; de Honduras Asociación Arcoíris; de El Salvador están Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Aspidh Arcoíris Trans, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local; por Guatemala Asociación Lambda y la La Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH de Guatemala (REDNADS); de Nicaragua Red Temática de la Diversidad Sexual LGBTIQ, Red Gay Nicaragua; de Costa Rica Asociación Ciudadana ACCEDER, TicOsos, ICW Costa Rica, AGEPO y el CIPAC.

“A pesar de que nuestra región y nuestras poblaciones afrontan un sin número de otras circunstancias difíciles, las organizaciones están conscientes de que esta es una deuda que es urgente atender”, menciona Suárez.  

“Evidentemente, siempre se enfrentan algunas barreras, pero al menos sabemos que hay un interés en empezar a desarrollar acciones en el tema. Nuestras sociedades están envejeciendo rápidamente y la invisibilización, exclusión y aislamiento que han vivido las PAM (personas adultas mayores) LGBT no puede esperar más para ser atendidos”, agrega Bolaños.

Daria comenta que la inclusión del tema en las ONGs LGBTQ, es un primer paso importante para asegurar que al terminar un proyecto financiado no termine el trabajo sobre esta temática, la cual es compleja y, para algunos, poco atractiva pero que consideran una potencial “bomba de tiempo” si no se atiende.

La visibilización del tema para incluirlo en las agendas, tanto de ONGs como de organismos nacionales y regionales, es una de las principales metas que el CIPAC espera cumplir con este proyecto; “este es un tema que ha permanecido en las sombras, la endodiscrimicación, los estereotipos de población LGBT siempre joven, siempre alegre, contrastan con las creencias de cómo es la población adulta mayor; dando como resultado, su exclusión de los mismos espacios LGBT” agrega Bolaños.

“Las instituciones públicas, las familias, los centros privados de atención y cuido, el sistema de salud, las legislaciones de cada uno de nuestros países no están en capacidad de responder a las necesidades de esta población, se quedaron en la negación y no podrán manejar las demandas de una población LGBT que no se meterá nuevamente al closet, que no negará su sexualidad o su identidad de género, que no se callará ni estará dispuesta a recibir migajas de nuestras sociedades”, concluye Suárez con el Blade.

Además, el CIPAC recalca que las personas mayores LGBTQ ya eran invisibilizadas y no se comprende que dicha discriminación es sistemática y tiene efectos a lo largo de la vida, todo esto incide a que tengan una trayectoria de inestabilidad laboral (producto de la discriminación en el trabajo), en un desigual acceso a servicios de salud y seguro, pocas redes de apoyo y aislamiento; ahora con la nueva realidad que se vive a raíz de la pandemia del coronavirus, esas realidades se van a radicalizar.

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Corte Constitucional de Ecuador insiste a Asamblea que apruebe ley sobre reproducción asistida

Legisladores no han cumplido con una sentencia de 2018

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Asamblea Nacional del Ecuador (Foto cortesía de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de julio.

La Corte Constitucional nuevamente señaló a la Asamblea por incumplir con una sentencia en un caso relacionado a derechos de personas LGBTQ. En esta ocasión, en un fallo del 6 de junio de 2024, llamó la atención al Legislativo por no cumplir con el plazo dispuesto para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida.

Estos métodos, generalmente usados por parejas con problemas de fertilidad o que no pueden concebir naturalmente, no están contemplados en la legislación ecuatoriana y son una opción para parejas de mujeres lesbianas que deciden procrear.

En mayo de 2018, la Corte Constitucional falló a favor del caso Satya. En la sentencia de ese año, ordenó al Registro Civil la inscripción de Satya como hija de Nicola Susan Rothon y Helen Bicknell. La niña fue concebida por reproducción asistida.

El Registro Civil se había negado a inscribir a Satya con doble filiación materna. Nicola y Helen iniciaron una lucha de casi 6 años para que el Estado reconozca la identidad de su hija.

En ese fallo de 2018, la Corte Constitucional declaró que se vulneraron derechos como identidad, igualdad y no discriminación, y familia en sus diversos tipos.

Además, dispuso a la Asamblea que hasta junio de 2019 “adopte las disposiciones legales necesarias para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida”. Sin embargo, hasta la fecha el Legislativo no ha cumplido con esa disposición.

La Asamblea alegó a la Corte Constitucional que había aprobado los métodos de reproducción asistida en el Código Orgánico de la Salud en 2020, pero fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno. Aún así, desde el veto ha transcurrido más de un año para que el Legislativo pueda retomar el tratamiento de este tema y no lo volvió a hacer.

Por ese incumplimiento, la Corte dictó la sentencia del 6 de junio de 2024 en que llama la atención a la Asamblea, pero también ordenó a la Defensoría del Pueblo que, en un plazo de tres meses, elabore un proyecto de ley que regule los procedimientos de reproducción asistida. Este proyecto debe ser tramitado, debatido y aprobado de manera prioritaria por la Asamblea en un plazo máximo de 10 meses. 

Esta sentencia fue notificada el 26 de junio de 2024. Por ello, hasta finales de julio de 2025, debería estar aprobada la ley.

Corte también se pronuncia por otra demora

La Corte Constitucional emitió este nuevo fallo tras analizar dos demandas de acción de incumplimiento de dos sentencias del organismo: caso Satya (2018) y caso Bruno Paolo Calderón (2017).

En este último, la Corte ordenó en mayo de 2017 a la Asamblea reformar la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles para permitir a las personas transexuales cambiar en la cédula de identidad el campo de sexo; si bien la norma pemitía reemplazar sexo por género, se creó dos sistemas de cedulación. Sin embargo, la Asamblea tardó más de seis años en cumplir con la sentencia.

Por esta demora, la Corte también llamó la atención al Legislativo en la reciente sentencia, pero en mayo de 2022 ya lo había hecho en otro fallo en que dio un ultimátum.

Una de las acciones de incumplimiento que la Corte analizó para la reciente sentencia fue presentada por la Asociación Silueta X en diciembre de 2021.

Diane Rodríguez, presidenta de la organización, destacó en sus redes sociales el fallo de la Corte y habló incluso de un proyecto conjunto entre Silueta X y la Defensoría del Pueblo, pero la sentencia solamente otorgó esta atribución a este último organismo en coordinación con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional.

Sumilla: 47 inscripciones de progenitoras

Tras la sentencia del caso Satya, el Registro Civil ha realizado 47 inscripciones de nacimiento solicitadas por progenitoras del mismo sexo. 

Estas inscripciones se registraron desde julio de 2018 hasta junio de 2024, según información proporcionada por la institución a este medio de comunicación.

Edición Cientonce también consultó por la inscripción de hijxs de parejas conformadas por hombres, pero el Registro Civil señaló que, conforme a la sentencia del caso Satya, realiza la inscripción de nacimiento en caso de progenitoras del mismo sexo por reproducción asistida.

“En cuanto a la inscripción de nacimiento de dos progenitores, la normativa vigente no habilita este tipo de casos”, indica la institución en la información enviada.

Sin embargo, la sentencia del caso Satya señaló también que el Registro Civil no podía alegar en las inscripciones de nacimiento la falta de ley para reconocer la doble filiación paterna o materna, y los diversos tipos de familia.

Pese a esta regla jurisprudencial que emitió la Corte en la sentencia, ha habido casos como el de Denise y María, quienes por dos años no pudieron registrar a su hija Raphaella con doble filiación materna. Ellas la concibieron por inseminación casera y tuvieron que recurrir a la justicia para lograr la inscripción.

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Unas 24 mil personas participan en marcha del orgullo en la capital salvadoreña

Evento anual es un símbolo de resistencia y esperanza

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — El 29 de junio, aproximadamente 24.000 personas se reunieron en la capital de El Salvador para participar en la marcha del orgullo LGBTQ, según datos compartidos por El Salvador G. A pesar de la persistente lluvia, el evento se desarrolló sin contratiempos, mostrando la determinación y el espíritu de la población LGBTQ y sus aliados.

La marcha no solo fue una celebración de la identidad y la diversidad, sino también un acto de protesta contra las políticas y acciones del gobierno que han afectado negativamente a la población LGBTQ. El Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, en sus declaraciones, señaló los múltiples desafíos que enfrentan. 

“El escenario al cual nos enfrentamos es complicado no solo para nosotres, sino también para todos los ámbitos de la movilización social. Como Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, reconocemos los retrocesos que han marcado los últimos cinco años”, declara el colectivo.

Entre los retrocesos mencionados están la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto ejecutivo 56 que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y la exclusión de la atención en salud pública y educación. Además, han sido archivadas propuestas legislativas clave como la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación. Estos eventos, junto con una reelección presidencial que consideran ilegítima, representan, según el movimiento, “el fin de 32 años de una democracia, que, aunque débil y homo, trans y cuirfóbica, no empujaba a sus detractores al exilio y no afectaba, como hoy, el goce de todos los derechos de todas las poblaciones”.

La marcha también sirvió como un espacio para exigir el respeto y la garantía de sus derechos humanos, contando con el apoyo de movimientos feministas, estudiantiles y de juventudes. En sus consignas, también se hicieron eco de luchas internacionales, mostrando solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios afectados por regímenes antidemocráticos.

“Marchamos hoy en solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios donde regímenes antidemocráticos violentan los derechos humanos de sus poblaciones”, declararon los organizadores. “Desde el pueblo salvadoreño, nos identificamos con sus situaciones y compartimos su lucha por la justicia y la libertad”.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Escenarios adversos 

El pasado mes, la obra de teatro “Inmoral”, que pudo presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional de El Salvador, fue cancelada por el Ministerio de Cultura, mismo que había aprobado con anterioridad dicha puesta en escena, generando una ola de críticas y preocupaciones sobre la censura y la libertad de expresión por parte de la población LGBTQ, contra otra tendencia de comentarios en apoyo a la acción del gobierno del presidente Nayib Bukele. 

Días después, la situación se intensificó cuando alrededor de 300 empleados del Ministerio de Cultura fueron despedidos, con el gobierno argumentando que estos empleados promovían “agendas incompatibles” con la visión oficial.

A través de X, Bukele defendió la medida, afirmando que no solo se buscaba alinear las políticas ministeriales con la orientación gubernamental, sino que también se pretendía generar ahorros en los fondos públicos. Esta justificación no ha mitigado las críticas de diversos sectores que ven en estas acciones un intento de limitar la diversidad de pensamiento y expresión en el ámbito cultural.

En paralelo, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social Ricardo Sossa. Esta decisión se produjo poco después de la polémica cancelación de la declaratoria de interés cultural para la Marcha de la Diversidad.

La situación de El Salvador ha resonado en foros internacionales; Ambar Alfaro, una activista independiente de la población LGBTQ, junto con una delegada del Colectivo Alejandría, asistió a la Asamblea General de la OEA 2024. Durante el evento, intentaron abordar al equipo acompañante de la canciller salvadoreña para discutir el futuro de las políticas gubernamentales hacia la población LGBTQ en El Salvador. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa. Alfaro subrayó la contradicción en la disponibilidad del gobierno para reunirse con grupos pro-vida, incluyendo al controvertido Eduardo Verástegui, mientras evitaban el diálogo con representantes de la comunidad LGBTQ en dicha Asamblea.

Estas acciones han suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, subrayando la necesidad de un debate más amplio y una supervisión más crítica de las políticas gubernamentales. La cancelación de la obra “Inmoral” y los despidos en El Salvador, junto con los eventos en Costa Rica, plantean serias interrogantes sobre la dirección de la política cultural en la región y el compromiso con la inclusión y la diversidad.

La lucha del movimiento LGBTQ sigue

La Marcha del Orgullo, según el movimiento, “es una expresión poderosa de resistencia y esperanza”. Agregaron que celebran sus victorias, lloran sus pérdidas y renuevan su compromiso con la lucha por la igualdad, “marchamos para crear un futuro en el que todas las personas podamos vivir libres de violencia y opresión, donde la dignidad y la solidaridad prevalezcan sobre el odio, la discriminación y la violencia”.

La multitud que participó en la marcha, incluyendo personas de todas las edades y procedencias, demostró la creciente aceptación y el apoyo a la comunidad LGBTQ en El Salvador. Las banderas arcoíris y de las diferentes expresiones de la diversidad sexual, los mensajes de amor y aceptación, y las expresiones artísticas en forma de música, danza, acróbata, entre otras, llenaron las calles, convirtiendo la marcha en una colorida celebración de la diversidad y una protesta llena de color.

El evento culminó en El Salvador del Mundo, con discursos y llamados a la acción por parte de líderes del movimiento, instando a todos los presentes a seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva. Les líderes y activistas recordaron la importancia de la solidaridad y la unión en tiempos difíciles, destacando que cada persona tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor para todos/as.

La marcha del orgullo LGBTQ de este año en El Salvador fue más que una celebración; fue una declaración contundente de resistencia contra la opresión y un llamado a la solidaridad internacional. En un contexto de retrocesos políticos y sociales, la población LGBTQ y sus aliados demostraron que, a pesar de las adversidades, la lucha por la igualdad y la justicia continúa.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)
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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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