The Turks and Caicos Islands’ Court of Appeal has ruled the British territory’s government must recognize a same-sex couple’s marriage.

Richard Sankar, a realtor who has lived in the British territory for nearly three decades and is a Turks and Caicos citizen, married Tim Haymon in Fort Lauderdale, Fla., in 2020.

Haymon, who is American, in August 2021 applied for a spousal exemption under the Turks and Caicos’ immigration law on the basis of his status as a spouse that would have allowed him to legally live and work in the territory.

The Turks and Caicos’ Director of Immigration initially denied the application because its definition of marriage used does not include same-sex couples.

Haymon and Sankar filed their lawsuit in October 2021. The Supreme Court heard the case in November 2022.

The court in March 2024 ruled the government’s refusal to issue a work permit exemption for Haymon violates the Turks and Caicos’ constitution that bans discrimination based on sexual orientation. The government appealed the decision, and the Court of Appeal heard it in January 2025.

The Court of Appeal in September dismissed the government’s appeal. It released its decision on Oct. 27.

Stanbrook Prudhoe, a law firm in the Turks and Caicos, represents Haymon and Sankar.

“Just like any other spouse coming to the Turks and Caicos Islands and marrying a Turks and Caicos islander, we’re just wanting the same rights,” Haymon told the Blade during a March 2024 interview.

Haymon told the Blade he has received his “spousal certificate that gives me residency and the right to work” in the British territory in the British territory. The government appealed a 2022 Supreme Court ruling that ordered it to give him the certificate, but the Court of Appeals denied it.

The Supreme Court ordered the Director of Immigration to grant Haymon a residence permit. He told the Blade he received it on Monday.

The Turks and Caicos are a group of islands that are located roughly 650 miles southeast of Miami.

Consensual same-sex sexual relations have been decriminalized in the British territory since 2001.

The constitution states “every unmarried man and woman of marriageable age (as determined by or under any law) has the right to marry a person of the opposite sex and found a family.” The constitution also says “every person in the islands is entitled to the fundamental rights and freedoms of the individual, that is to say, the right, without distinction of any kind, such as race, national or social origin, political or other opinion, color, religion, language, creed, association with a national minority, property, sex, sexual orientation, birth, or other status.”

Then-Cayman Islands Grand Court Chief Justice Anthony Smellie in 2019 ruled same-sex couples can legally marry in the Cayman Islands. The Caymanian Court of Appeal later overturned the decision, and the British territory’s Civil Partnership Law took effect in 2020. 

Then-Bermuda Supreme Court Justice Charles-Etta Simmons in 2017 issued a ruling that paved the way for gays and lesbians to legally marry in the British territory. The Domestic Partnership Act — a law then-Gov. John Rankin signed that allows same-sex couples to enter into domestic partnerships as opposed to get married — took effect in 2018.

Bermuda’s top court later found the Domestic Partnership Act unconstitutional. The Privy Council, a British territories appellate court in London, upheld the law. It also ruled same-sex couples do not have the constitutional right to marry in the Cayman Islands.

The Turks and Caicos government has until Nov. 24 to appeal the Court of Appeals decision. It remains possible the Privy Council’s Judicial Committee could hear Haymon and Sankar’s case.

En El Salvador, la violencia contra la población LGBTQ no ha disminuido: ha mutado. Lo que antes se expresaba en crímenes de odio, hoy se manifiesta en discriminación institucional, abandono y silencio estatal. Mientras el discurso oficial evita cualquier referencia a inclusión o diversidad, las cifras muestran un panorama alarmante.

Según el Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH, con el apoyo de Hivos y Arcus Foundation, desde el 1 de enero al 22 de septiembre de 2025 se registraron 301 denuncias de vulneraciones de derechos.

El departamento de San Salvador concentra 155 de esas denuncias, reflejando la magnitud del problema en la capital.

Violencia institucionalizada: el Estado como principal agresor

El informe revela que las formas más recurrentes de violencia son la discriminación (57 por ciento), seguida de intimidaciones y amenazas (13 por ciento), y agresiones físicas (10 por ciento). Pero el dato más inquietante está en quiénes ejercen esa violencia.

Los cuerpos uniformados, encargados de proteger a la población, son los principales perpetradores:

• 31.1 por ciento corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC),

• 26.67 por ciento al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM),

• 12.22 por ciento a militares desplegados en las calles bajo el régimen de excepción.

A ello se suma un 21.11 por ciento de agresiones cometidas por personal de salud pública, especialmente por enfermeras, lo que demuestra que la discriminación alcanza incluso los espacios que deberían garantizar la vida y la dignidad.

Loidi Guardado, representante de ASPIDH, comparte con Washington Blade un caso que retrata la cotidianidad de estas violencias:

“Una enfermera en la clínica VICITS de San Miguel, en la primera visita me reconoció que la persona era hijo de un promotor de salud y fue amable. Pero luego de realizarle un hisopado cambió su actitud a algo despectiva y discriminativa. Esto le sucedió a un hombre gay.”

Este tipo de episodios reflejan un deterioro en la atención pública, impulsado por una postura gubernamental que rechaza abiertamente cualquier enfoque de inclusión, y tacha la educación de género como una “ideología” a combatir.

El discurso del Ejecutivo, que se opone a toda iniciativa con perspectiva de diversidad, ha tenido consecuencias directas: el retroceso en derechos humanos, el cierre de espacios de denuncia, y una mayor vulnerabilidad para quienes pertenecen a comunidades diversas.

El miedo, la desconfianza y el exilio silencioso

El estudio también señala que el 53.49 por ciento de las víctimas son mujeres trans, seguidas por hombres gays (26.58 por ciento). Sin embargo, la mayoría de las agresiones no llega a conocimiento de las autoridades.

“En todos los ámbitos de la vida —salud, trabajo, esparcimiento— las personas LGBT nos vemos intimidadas, violentadas por parte de muchas personas. Sin embargo, las amenazas y el miedo a la revictimización nos lleva a que no denunciemos. De los casos registrados en el observatorio, el 95.35 por ciento no denunció ante las autoridades competentes”, explica Guardado.

La organización ASPIDH atribuye esta falta de denuncia a varios factores: miedo a represalias, desconfianza en las autoridades, falta de sensibilidad institucional, barreras económicas y sociales, estigma y discriminación.

Además, la ausencia de acompañamiento agrava la situación, producto del cierre de numerosas organizaciones defensoras por falta de fondos y por las nuevas normativas que las obligan a registrarse como “agentes extranjeros”.

Varias de estas organizaciones —antes vitales para el acompañamiento psicológico, legal y educativo— han migrado hacia Guatemala y Costa Rica ante la imposibilidad de operar en territorio salvadoreño.

Educación negada, derechos anulados

Mónica Linares, directora ejecutiva de ASPIDH, lamenta el deterioro de los programas educativos que antes ofrecían una oportunidad de superación para las personas trans:

“Hubo un programa del ACNUR que lamentablemente, con todo el cierre de fondos que hubo a partir de las declaraciones del presidente Trump y del presidente Bukele, pues muchas de estas instancias cerraron por el retiro de fondos del USAID.”

Ese programa —añade— beneficiaba a personas LGBTQ desde la educación primaria hasta el nivel universitario, abriendo puertas que hoy permanecen cerradas.

Actualmente, muchas personas trans apenas logran completar la primaria o el bachillerato, en un sistema educativo donde la discriminación y el acoso escolar siguen siendo frecuentes.

Organizaciones en resistencia

Las pocas organizaciones que aún operan en el país han optado por trabajar en silencio, procurando no llamar la atención del gobierno. “Buscan pasar desapercibidas”, señala Linares, “para evitar conflictos con autoridades que las ven como si no fueran sujetas de derechos”.

Desde el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), su cofundadora Leslie Schuld coincide. “Hay muchas organizaciones de derechos humanos y periodistas que están en el exilio. Felicito a las organizaciones que mantienen la lucha, la concientización. Porque hay que ver estrategias, porque se está siendo silenciado, nadie puede hablar; hay capturas injustas, no hay derechos.”

Schuld agrega que el CIS continuará apoyando con un programa de becas para personas trans, con el fin de fomentar su educación y autonomía económica. Sin embargo, admite que las oportunidades laborales en el país son escasas, y la exclusión estructural continúa.

Matar sin balas: la anulación de la existencia

“En efecto, no hay datos registrados de asesinatos a mujeres trans o personas LGBTIQ+ en general, pero ahora, con la vulneración de derechos que existe en El Salvador, se está matando a esta población con la anulación de esta.”, reflexiona Linares.

Esa “anulación” a la que se refiere Linares resume el panorama actual: una violencia que no siempre deja cuerpos, pero sí vacíos. La negación institucional, la falta de políticas públicas, y la exclusión social convierten la vida cotidiana en un acto de resistencia para miles de salvadoreños LGBTQ.

En un país donde el Ejecutivo ha transformado la narrativa de derechos en una supuesta “ideología”, la diversidad se ha convertido en una amenaza política, y los cuerpos diversos, en un campo de batalla. Mientras el gobierno exalta la “seguridad” como su mayor logro, la población LGBTQ vive una inseguridad constante, no solo física, sino también emocional y social.

El Salvador, dicen los activistas, no necesita más silencio. Necesita reconocer que la verdadera paz no se impone con fuerza de uniformados, sino con justicia, respeto y dignidad.

“When the sun rose on 1 Nov., 2025, Pride morning in Palapye, the open space where the march was scheduled to begin was empty. I stood there trying to look calm, but inside, my chest felt tight. I was worried that no one would come. It was the first-ever Pride in Palapye, a semi-urban village where cultural norms, religious beliefs, and tradition are deeply woven into everyday life.

I kept asking myself if we were being naive. Maybe people weren’t ready. Perhaps fear was going to win. For the first 30 minutes, it was me, a couple of religious leaders and a handful of parents. That was it. The silence was loud, and every second felt like it stretched into hours. I expected to see the queer community showing up in numbers, draped in color and excitement. Instead, only the wind was moving.

But slowly, gently, just like courage often arrives, people started to show up with a rainbow flag appearing from behind a tree and a hesitant wave from someone standing at a distance.

That’s when I understood that people weren’t late, just that they were afraid. And their fear made sense. Showing up openly in a small community like Palapye is a radical act. It disrupts silence. It challenges norms. It forces visibility. Visibility is powerful, but it is never easy. We marched with courage, pulling from the deepest parts of ourselves. We marched with laughter that cracked through the tension. We marched not because it was easy, but because it was necessary,” narrates activist Seipone Boitshwarelo from AGANG Community Network, which focuses on families and friends of LGBTIQ+ people in Botswana. She is also a BW PRIDE Awards nominee for the Healing and Justice Award, a category which acknowledges contributions to wellness, mental health, and healing for the LGBTIQ+ community across Botswana.

Queer Pride is Botswana Pride!

Pride is both a celebration and a political statement. It came about as a response to systemic oppression, particularly the criminalization and marginalization of LGBTIQ+ people globally, including in Botswana at some point. It is part of the recognition, equality, and assertion of human rights. It also reminds us that liberation and equality are not automatically universal, and continued activism is necessary. A reminder of the famous saying by Fannie Lou Hamer, “Nobody is free until everybody’s free.”

The 2023 Constitutional Review process made one thing evident, which is that Botswana still struggles to acknowledge the existence of LGBTIQ+ people as full citizens. Instead of creating a democratic space for every voice, the process sidelined and erased an entire community. In Bradley Fortuin’s analysis of the Constitutional review and its final report, he highlighted how this erasure directly contradicts past court decisions that explicitly affirmed the right of LGBTIQ+ people to participate fully and openly in civic life. When the state chooses to ignore court orders and ignore communities, it becomes clear that visibility must be reclaimed through alternative means. This is why AGANG Community Network embarked on Palapye Pride. It is a radical insistence on belonging, rooted in community and strengthened through intersectionality with families, friends, and allies who refuse to let our stories be erased.

Motho ke motho ka batho!

One of the most strategic decisions made by the AGANG Community Network was to engage parents, religious leaders, and local community members, recognizing their value in inclusion and support. Thus, their presence in the march was not symbolic, but it was intentional.

Funding for human rights and LGBTIQ+ advocacy has been negatively impacted since January 2025, and current funding is highly competitive, uneven and scarce, especially for grassroots organizations in Botswana. The Palapye Pride event was not funded, but community members still showed up and donated water, a sound system, and someone even printed materials. This event happened because individuals believed in its value and essence. It was a reminder that activism is not always measured in budgets but in willingness and that “motho ke motho ka batho!” (“A person is a person because of other people!”).

Freedom of association for all

In March 2016, in the the Attorney General of Botswana v. Rammoge and 19 Others case, also known as the LEGABIBO registration case, the Botswana Court of Appeal stated that “members of the gay, lesbian, and transgender community, although no doubt a small minority, and unacceptable to some on religious or other grounds, form part of the rich diversity of any nation and are fully entitled in Botswana, as in any other progressive state, to the constitutional protection of their dignity.” Freedom of association, assembly, and expression is a foundation for civic and democratic participation, as it allows all citizens to organize around shared interests, raise their collective voice, and influence societal and cultural change, as well as legislative reform.

The Botswana courts, shortly after in 2021, declared that criminalizing same-sex sexual relations is unconstitutional because they violated rights to privacy, liberty, dignity, equality, and nondiscrimination. Despite these legal wins, social stigma, cultural, and religious opposition continue to affect the daily lived experience of LGBTIQ+ people in Botswana.

The continuation of a declaration

AGANG Community Network is committed to continuing this work and creating safe and supportive spaces for LGBTIQ+ people, their families, friend, and allies. Pride is not just a day of fun. It is a movement, a declaration of queer existence and recognition of allyship. It is healing and reconciliation while amplifying queer joy.

Seipone Boitshwarelo is a feminist, activist, social justice healer, and founder of AGANG Community Network. Bradley Fortuin is a social justice activist and a consultant at the Southern Africa Litigation Center.