October 8, 2020 at 12:07 pm EDT | by Maykel González Vivero
Activistas LGBTQ independientes piden al gobierno cubano que reaccione ante una campaña evangélica
Cartel en apoyo de Elaine Saralegui y Adiel González Maimó publicado por la Plataforma 11M (Captura de pantalla cortesía de Tremenda Nota)

Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esa nota salió en su sitio web el 7 de octubre.

La Plataforma 11M, un grupo de activistas independientes que tomó su nombre de la marcha por los derechos LGBTI+ cancelada violentamente en La Habana el 11 de mayo de 2019, pidió esta semana al gobierno cubano que frene una campaña emprendida por varias iglesias cristianas.

“No es la primera vez que estos grupos cristianos arremeten contra las luchas de activistas por los derechos sexuales; del mismo modo en que disienten de la voluntad política del Estado por la ampliación y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+”, denunciaron los activistas en un comunicado dirigido al gobierno que apareció este 5 de octubre en la página de Facebook de la Plataforma 11M.

Las iglesias emplazadas en el comunicado, principalmente bautistas, pentecostales y metodistas, pertenecen a la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas (AIEC).

Según los activistas, la campaña se propone evitar que la comunidad LGBTI+ vea reconocidos algunos derechos jurídicos como el matrimonio igualitario, a punto de ser incluido en la Constitución de 2019 y finalmente retirado tras otra campaña que movilizó a numerosas comunidades cristianas en todo el país.

Los activistas denunciaron también que las iglesias evangélicas usaron “expresiones de odio” contra la pastora lesbiana Elaine Saralegui, a raíz de una entrevista que ofreciera a Russia Today.

Saralegui es la líder religiosa que se halla al frente de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM), una denominación fundada en Estados Unidos a finales de la década de 1960 con el propósito de garantizar un culto cristiano para las personas LGBTI+.

El activista Adiel González Maimó, uno de los fundadores del capítulo cubano de ICM, también denunció haber sido acosado por fundamentalistas en su perfil de Facebook.

“Es necesaria una ley de culto que regule y penalice los intentos de algunas denominaciones y organizaciones cristianas de invisibilizar, interferir, obstaculizar o negar los derechos de las personas”, afirmó la Plataforma 11M en su comunicado.

En el texto, los activistas LGBTI+ relacionaron a las iglesias evangélicas con la política del gobierno de Estados Unidos para influir en Cuba, en particular se refirieron al uso de “financiamientos de organizaciones estadounidenses” proveniente de organizaciones con una “agenda conservadora” y próximas a la administración Trump.

La Plataforma 11M recordó al gobierno cubano su actitud tradicional ante otros grupos de la sociedad civil independiente que se benefician de fondos estadounidenses y son perseguidos por ese motivo.

“El Estado cubano no ha respondido a los ataques y desacreditaciones de estas denominaciones cristianas contra quienes impulsan políticas públicas a favor de las personas LGBTIQ+”, dice el comunicado, para observar después que “sin embargo, ha respondido cuando los cuestionamientos a personas en cargos públicos e instituciones estatales provienen de activistas o personas no religiosas, acusándoles de mercenarismo”.

Los activistas concluyen solicitando que se adopte una ley de culto para regular “las crecientes manifestaciones públicas de conservadurismo político que se gestan dentro de estos grupos religiosos, sin que se coarte el derecho de cada persona a profesar su fe y creencias religiosas”.

La escritora y activista Yasmín Portales Machado, en un análisis publicado por La Joven Cuba, señaló que las iglesias integradas en AIEC quieren transformar Cuba en “un Estado confesional” y añadió que para conseguirlo se vinculan a “proyectos cuyo único objetivo es destruir al Estado cubano”.

A diferencia de la declaración publicada por la Plataforma 11M, Portales fue específica al relacionar a las iglesias evangélicas con organizaciones estadounidenses. Denunció que AIEC recibe subvenciones de la Evangelical Christian Humanitarian Outreach for Cuba (ECHO Cuba), una entidad sin fines de lucro subvencionada por USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo.

“Su fe no les da derecho a dictar cómo hacen sus familias, disfrutan sus cuerpos, o expresan su amor el resto de las personas de la nación”, escribió Portales, que definió al Estado como “garante” obligado a dar “una respuesta legal”.

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